La llegada masiva de visitantes para la Feria de las Flores no solo ha puesto a prueba la capacidad hotelera y la logística de Medellín, sino que también ha activado un estricto cerco de seguridad en el aeropuerto José María Córdova para evitar delitos sexuales.“Tenemos por un lado un operativo amplio de seguridad con el apoyo de 4.000 hombres de la fuerza pública que van a estar en la ciudad, además el alcalde Federico Gutiérrez ha estado al frente además de este esfuerzo desde hace varios meses. Hay un refuerzo en el control que se realiza en la entrada al aeropuerto José María Cordova”, explicó Santiago Silva, secretario de Cultura de Medellín.En medio de estas acciones, en las últimas horas cuatro ciudadanos estadounidenses fueron obligados a regresar a su país al considerar que su llegada a la capital antioqueña representaba un riesgo por posibles conductas de este tipo.Entre los casos está el de un influencer que ganó visibilidad en los últimos meses por difundir en internet el movimiento denominado ‘Passport Bros’. A través de esa tendencia, miles de hombres viajan a otros países para buscar pareja, lo que alertó a las autoridades migratorias sobre la posible comisión de delitos sexuales en la capital antioqueña.“El país no abrirá sus puertas a quienes pretendan promover o facilitar la explotación sexual de mujeres o niñas, niños y adolescentes. Seguiremos utilizando todas las herramientas legales y los controles migratorios para identificar estos perfiles y adoptar las medidas administrativas correspondientes”, señaló Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia.Los otros tres estadounidenses inadmitidos en las últimas horas, según la entidad, fueron detectados durante los procedimientos habituales de control. Las entrevistas realizadas a su llegada despertaron sospechas entre los oficiales y dieron paso a verificaciones adicionales. En uno de esos casos, la revisión voluntaria del equipaje permitió encontrar elementos como cantidades inusuales de preservativos de diferentes marcas y diversos objetos sexuales, los cuales sumados al análisis del perfil del viajero terminaron sustentando la decisión de inadmitirlo.
Un ciudadano de nacionalidad mexicana, que era buscado mediante una Circular Roja de Interpol por un proceso de feminicidio en su país, fue detenido en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro.El hombre llegó a Colombia en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México. Durante el control migratorio, los sistemas de verificación de Migración Colombia emitieron una alerta que permitió establecer que tenía un requerimiento internacional vigente por parte de las autoridades mexicanas.Tras confirmar la información, funcionarios de Migración Colombia lo dejaron a disposición de la autoridad competente para que avance el procedimiento correspondiente."A través de nuestros controles migratorios, identificamos personas requeridas por la justicia nacional e internacional, y, al mismo tiempo, reforzamos las acciones para prevenir delitos como la explotación sexual y garantizar el cumplimiento de la normatividad migratoria", informó la directora regional Antioquia-Chocó de la entidad, Paola Salazar.Este caso se suma a otras capturas realizadas recientemente por Migración Colombia en la regional Antioquia-Chocó. En el último mes, la entidad ha puesto a disposición de las autoridades a ocho personas requeridas por la justicia. Entre ellas figura un ciudadano neerlandés buscado mediante Circular Roja de Interpol por narcotráfico, así como tres colombianos requeridos por tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas, quienes ingresaban al país desde Panamá.Además, el pasado 7 de julio fueron detectados dos colombianos con órdenes de captura por delitos como acto sexual, hurto calificado y agravado, receptación y concierto para delinquir. En Medellín, la entidad también reportó la captura de uno de los delincuentes más buscados del país, quien tenía nueve órdenes de captura vigentes y notificaciones Azul y Roja de Interpol.De acuerdo con cifras de Migración Colombia, desde agosto de 2022 la regional Antioquia-Chocó ha puesto a disposición de las autoridades a más de 230 personas requeridas por la justicia. En lo corrido de 2026 se han registrado 35 detecciones durante los controles migratorios, de las cuales ocho correspondían a personas con circulares de Interpol.
Migración Colombia inadmitió a un ciudadano de nacionalidad rusa que pretendía ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, procedente de un vuelo comercial de Avianca desde Nueva York.En el procedimiento de control de las autoridades se evidenciaron múltiples inconsistencias entre el motivo de viaje declarado y la información suministrada por el extranjero, por lo que se concluyó que el propósito real de su ingreso representaba un riesgo de explotación sexual, especialmente para niños, niñas, adolescentes y mujeres.Durante la entrevista migratoria se estableció que el ciudadano extranjero mantenía contactos con distintas mujeres en Medellín, acuerdos sexuales pactados, principalmente en establecimientos del sector de El Poblado, con citas acordadas e incluso había realizado pagos anticipados."En la inspección voluntaria de equipaje fueron hallados preservativos, memorias USB y discos duros externos. Estos elementos fueron puestos en conocimiento de las autoridades estadounidenses para que adelanten las verificaciones correspondientes dentro del ámbito de sus competencias y detectar así posibles evidencias de explotación sexual infantil", manifestó Paola Salazar directora regional Antioquia Chocó de Migración Colombia.Por su parte, el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía, destacó la importancia de los controles para evitar que extranjeros lleguen a la ciudad a cometer delitos."En lo que va corrido de esta administración ya son más de 215 inadmitidos, personas que venían con esos fines y que aquí afortunadamente fuimos capaces de decirles oportunamente que no eran bienvenidos. En el 2021, en el 2022 y en el 2023 fueron en 3 años 40 los inadmitidos", destacó.Con esta decisión, ya son 103 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en Medellín durante lo corrido de 2026 por situaciones relacionadas con presunto turismo con fines de explotación sexual, superando los cerca de 80 casos registrados durante todo 2025.A nivel nacional, la cifra ya supera las 140 inadmisiones por esta causa, frente a las 110 registradas en todo el año anterior.
El activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, llegó este jueves a Colombia deportado de Estados Unidos tras permanecer un mes detenido por las autoridades migratorias de ese país y aseguró que continuará su labor política y de denuncia, al tiempo que renunció a solicitar asilo en territorio estadounidense."Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos", afirmó Coral a su llegada a Bogotá, donde fue recibido por la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.El activista colombiano explicó que, por ahora, no se referirá a las circunstancias de su detención porque busca garantizar la salida de su familia de Estados Unidos y evitar posibles represalias.En diálogo con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, calificó como un hecho sin precedentes la intervención directa de altos funcionarios de los Estados Unidos en el proceso de deportación del activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral. Según el diplomático, el caso estuvo marcado por una "motivación política electoral" que desvirtuó el carácter migratorio del proceso. Una intervención "insólita" y políticaEl embajador García-Peña fue enfático al señalar la irregularidad del procedimiento. Durante el diálogo, destacó la existencia de un documento que confirmaría la presión política: “Ya la publica totalmente lo que es algo insólito... con este memorando de Rubio se ve claramente que es un evento inspirado electoralmente hablando”.Para el funcionario, que un secretario de Estado emita órdenes para un caso migratorio específico es algo que “hace nunca se ha hecho realmente”, calificándolo además como un “exabrupto” desde el punto de vista legal. García-Peña vinculó estas acciones con la campaña electoral en Colombia, sugiriendo que la detención y posterior deportación de Coral fueron utilizadas como una “cuña publicitaria” para sectores políticos afines al expresidente Trump. “No se trata de un asunto meramente migratorio, sino claramente político electoral”, sentenció el embajador, subrayando que el momento (timing) en que se dieron los hechos hace evidente esta intención.Sobre el estatus legal de Coral, el embajador explicó que el activista contaba con un proceso de asilo legítimo, respaldado por amenazas reales vinculadas al asesinato de su padre en Colombia. Sin embargo, denunció que dicho proceso fue “injustamente abortado por una decisión política desde arriba”.Ante esta situación, y siguiendo el consejo de sus abogados de la ACLU, Coral decidió desistir de su solicitud: “Él decidió desistir de su proceso de asilo y la abogada negoció con el fiscal federal para que le dieran ya la orden final de deportación”El diplomático defendió el trato especial dado por el gobierno de Gustavo Petro al recibirlo, argumentando que “Beto Coral es un caso especial, distinto que demuestra que el trato que se le tuvo que dar correspondió precisamente a esa situación extraordinaria”. Escuche aquí la entrevista:
El activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, llegó este jueves a Colombia deportado de Estados Unidos tras permanecer un mes detenido por las autoridades migratorias de ese país y aseguró que continuará su labor política y de denuncia, al tiempo que renunció a solicitar asilo en territorio estadounidense."Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos", afirmó Coral a su llegada a Bogotá, donde fue recibido por la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.El activista explicó que, por ahora, no se referirá a las circunstancias de su detención porque busca garantizar la salida de su familia de Estados Unidos y evitar posibles represalias."No puedo referirme a los detalles de mi detención (...) lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país", señaló.Coral fue detenido el pasado 16 de junio en el estado de Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), un caso que el presidente Gustavo Petro, denunció como una "persecución política" y que atribuyó en su momento al candidato y hoy presidente electo, Abelardo De La Espriella.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos asegura que Coral permaneció en el país después del vencimiento de su visado y lo considera un "extranjero ilegal".El activista sostiene que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2015 y que desde 2016 tiene una solicitud de asilo pendiente, al tiempo que niega haber cometido delitos o haber actuado como agente del Gobierno.DenunciasCoral, conocido por sus denuncias contra sectores de la derecha colombiana y por su apoyo a Petro, aseguró que su detención no logró silenciarlo."Creo que se equivocaron los que pretendían silenciarme. Antes solamente tenía mi celular y un micrófono. Creo que desde ahora en adelante van a ser muchos más micrófonos, van a ser muchas más cámaras para enviar un mensaje de lucha", afirmó.Asimismo, hizo un llamado a De La Espriella para que atienda la situación de los colombianos detenidos en centros migratorios de Estados Unidos."El mensaje es para que el próximo presidente, más allá de cualquier diferencia, entienda la problemática de la inmigración colombiana", manifestó Coral, al denunciar que hay connacionales que permanecen detenidos durante largos periodos "sin el debido proceso".Por su parte, la canciller aseguró que el Gobierno hizo todas las gestiones diplomáticas para facilitar el retorno de Coral y anunció que continuará acompañando el proceso para lograr la salida de su familia de Estados Unidos.La ministra recordó que, desde el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses en enero de 2025, tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Colombia ha realizado más de 78 vuelos de repatriación con aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.En estos vuelos, los colombianos son deportados "de manera digna, sin esposas ni cadenas", dijo la ministra, quien señaló además que durante el Gobierno de Gustavo Petro han retornado al país 16.988 colombianos bajo esa modalidad.
Tres personas de nacionalidad colombiana y que provenían en diferentes vuelos desde la Ciudad de Panamá fueron capturadas en el aeropuerto José María Córdova por requerimientos judiciales vigentes relacionados con tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas.Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó la captura en un trino en su cuenta de X: “Tres colombianos con requerimientos judiciales vigentes fueron capturados por tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas. Al llegar desde Panamá al José María Córdova.”A renglón seguido, el alcalde Gutiérrez también señaló en el mismo trino: “En Medellín no hay refugio para quienes le hacen daño a la gente. Seguimos trabajando de la mano con Migración Colombia y las autoridades para que la justicia actúe”.Asimismo, y en el mismo terminal aéreo, las autoridades inadmitieron a cuatro extranjeros que buscaban pasar una temporada en Medellín y hacer entras actividades turismo sexual.En relación con este hecho, Migración Colombia en su cuenta de X señaló: “Fueron inadmitidos cuatro extranjeros que pretendían ingresar al país por el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, por causas asociadas a turismo con fines de explotación sexual, entre ellos una mujer estadounidense con alerta Angel Watch.”Le puede interesar: Aumenta a 80 cifra de inadmitidos en Medellín por riesgo de explotación sexualDe acuerdo con registros de Migración Colombia, Antioquia, es el departamento que más deportaciones registró en los últimos tres años con 542 casos.
En medio de la temporada alta de viajeros, las autoridades migratorias reforzaron los controles en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, en donde recientemente fueron inadmitidos seis ciudadanos estadounidenses que pretendían ingresar al país para realizar turismo con fines de explotación sexual.Los seis extranjeros arribaron al departamento de Antioquia en un vuelo procedente de Miami y fueron sometidos al protocolo de entrevistas migratorias. Durante el proceso, los oficiales establecieron que el propósito real de su viaje no coincidía con la información suministrada inicialmente y estaría relacionado con actividades de explotación sexual.La directora de Migración Antioquia, Paola Salazar, aseguró que la entidad fortaleció los controles migratorios para prevenir el ingreso de personas que representen un riesgo de explotación sexual, especialmente contra niños, niñas, adolescentes y mujeres."Nuestro compromiso es proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes, y mujeres en cualquier riesgo de explotación. Adicionalmente, durante otro procedimiento de control migratorio en el mismo aeropuerto, detectamos a un ciudadano mexicano que registraba una notificación roja de Interpol", manifestó la funcionaria.En la revisión fueron encontrados varios paquetes con billetes de un dólar estadounidense, equivalentes a 50 dólares cada uno, que, de acuerdo con la información recopilada por las autoridades, serían utilizados como propinas en establecimientos nocturnos y otras actividades previstas durante su permanencia en Colombia.Con estas seis nuevas inadmisiones, Antioquia completa 101 ciudadanos extranjeros rechazados por delitos sexuales con corte al 12 de julio de 2026, superando ampliamente los cerca de 80 casos registrados durante todo 2025.
De acuerdo con el reciente reporte de Migración Colombia, en el puesto de control del aeropuerto José María Córdova fueron inadmitidos, en la última semana, cinco ciudadanos extranjeros.El primer caso corresponde a una ciudadana procedente de Estados Unidos que registraba una anotación en la plataforma Angel Watch como agresora sexual de menores de edad.“La alerta surgió de las consultas realizadas por oficiales de Migración Colombia en sus sistemas de información, lo que impulsó la decisión de aplicar la medida administrativa de inadmisión en su intento de ingreso al país y regresarla en un vuelo a su país de origen. Esta extranjera es la segunda mujer que se inadmite por esta causa”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.Por otra parte, se registraron tres casos de ciudadanos extranjeros que llegaron al país en diferentes vuelos procedentes también de Estados Unidos con la intención de realizar turismo con fines de explotación sexual. Así lo establecieron las autoridades en los chequeos y entrevistas migratorias.“Estas acciones hacen parte del fortalecimiento de los controles migratorios en este último año, 2026, para prevenir la explotación sexual y proteger a la niñez y la adolescencia en contextos de viajes y turismo. Con estos resultados, se superan las 130 inadmisiones por turismo con fines de explotación sexual en el país, de las cuales 95 corresponden a Antioquia”, indicó Paola Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.Finalmente, se registró un insólito caso de un ciudadano extranjero de nacionalidad peruana quien, durante el procedimiento de control migratorio, evidenció su intención de desarrollar actividades laborales para las cuales no acreditó la visa reglamentaria, lo que constituye una causal de inadmisión.Al indagar sobre el motivo de su viaje al país, las autoridades migratorias obtuvieron un testimonio relacionado con el ejercicio de minería ilegal en los municipios de Segovia y Mutatá, en el Urabá antioqueño, hasta donde tenía planeado desplazarse para trabajar en minas de oro no registradas en el Registro Minero Nacional.
El turismo colombiano atraviesa uno de sus mejores momentos de recuperación y crecimiento, luego de superar en 2024 los niveles registrados antes de la pandemia. En este contexto, el gremio presentó una serie de propuestas encaminadas a consolidar al turismo como una política de Estado, con medidas enfocadas en seguridad, promoción internacional, fortalecimiento institucional y mayor inversión para garantizar la competitividad del país como destino turístico.Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Migración Colombia, durante 2024 el país recibió 6,9 millones de visitantes internacionales, lo que representó un incremento del 13,3 % frente al año anterior. Este crecimiento se dio en línea con la recuperación global del turismo, que alcanzó cerca de 1.465 millones de llegadas internacionales, aunque en 2025 Colombia registró 6,5 millones de visitantes no residentes, una disminución del 8,1 % frente al año anterior, los turistas extranjeros no residentes crecieron 3,8 %, alcanzando 4,7 millones de llegadas.Ante este panorama, una de las principales apuestas es fortalecer la seguridad en los destinos turísticos que plantea una política integral que involucre a entidades nacionales, autoridades regionales y al sector privado para garantizar la protección de los viajeros aumentando el número de policías de turismo, realizar monitoreos permanentes sobre las condiciones de seguridad y trabajar para reducir las advertencias de viaje emitidas por gobiernos extranjeros hacia Colombia.Además, el país recibió 6,5 millones de visitantes no residentes en 2025, según cifras de Migración Colombia recopiladas por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes, ANATO. Aunque la cifra representa una caída de 8,1% frente a 2024, el país mantiene niveles superiores a los registrados antes de la pandemia.El 2024 marcó el pico histórico con 7 millones de llegadas, impulsado por un crecimiento de 14,6% anual. Del total de visitantes de 2025, el 72% correspondió a extranjeros no residentes, el 23,1% a colombianos residentes en el exterior y el 4,9% a pasajeros de cruceros internacionales.La recuperación del sector ha sido evidente tras el desplome del 2020, cuando solo ingresaron 1,4 millones de visitantes, una caída de 69,4%.Estados Unidos se mantiene como el principal país emisor con 24% de los visitantes, seguido por Venezuela con 12,8%, México con 8,1% y Ecuador con 6,3%, según Migración Colombia.
Hacían uso de sofisticados métodos informáticos para vulnerar cajeros automáticos y extraer grandes sumas de dinero. Esa sería la modalidad con la que operaba la mujer de 36 años nacionalidad venezolana capturada en las últimas horas en un puesto de control migratorio sobre la vía Bucaramanga–Cúcuta, quien era requerida mediante Circular Roja de INTERPOL por las autoridades de Estados Unidos.Tras su captura, la Policía Metropolitana de Bucaramanga reveló nuevos detalles sobre el papel que tendría dentro de una red criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua. De acuerdo con las investigaciones, la mujer sería una de las personas encargadas de apoyar el manejo de recursos obtenidos mediante actividades fraudulentas contra entidades financieras.Las autoridades estadounidenses la requieren por delitos relacionados con asociación ilícita para cometer estafa bancaria, fraude financiero, robo y actividades conexas con sistemas informáticos, dentro de un proceso judicial que podría derivar en su extradición.Según los expedientes conocidos por las autoridades, la organización criminal utilizaba una modalidad conocida como “jackpotting”, que consiste en manipular los sistemas internos de los cajeros automáticos mediante programas maliciosos y herramientas tecnológicas especializadas para obligarlos a dispensar dinero en efectivo sin autorización.Las investigaciones indican que la red habría ejecutado más de 102 ataques contra cajeros automáticos de bancos y cooperativas de crédito en diferentes estados de Estados Unidos, ocasionando pérdidas superiores a 6,8 millones de dólares, afectando de manera significativa al sistema financiero de ese país.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que este resultado es producto de la cooperación entre organismos nacionales e internacionales."Este resultado demuestra el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen transnacional y la cooperación permanente con organismos nacionales e internacionales para ubicar y poner a disposición de las autoridades a personas requeridas por delitos que afectan la seguridad y la economía de diferentes países", afirmó el oficial.La ubicación de la mujer fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional, INTERPOL y Migración Colombia, mediante labores de inteligencia, verificación de bases de datos internacionales y el intercambio de información con autoridades extranjeras.La capturada fue dejada a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los trámites correspondientes dentro de la solicitud presentada por el Gobierno de Estados Unidos.Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades continúan verificando posibles conexiones de esta estructura criminal en Colombia y no descartan nuevas actuaciones derivadas de la cooperación internacional contra las organizaciones dedicadas al fraude financiero y los delitos informáticos
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
En medio de la tensión por el terremoto, un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se salió de control dejando fuertes afectaciones en cultivos del Occidente antioqueño. En lo corrido del año van más de 60 incendios de este tipoLa conflagración, que habría iniciado como una quema controlada, se reportó desde la noche del lunes 10 de agosto y ha estado activo por más de 10 horas en el occidente antioqueño. Las autoridades ambientales recordaron que, en lo corrido del año, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado al DAGRAN un total de 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.De acuerdo con los organismos de socorro, las labores de control se han dificultado debido a la elevada inclinación de las montañas en esta zona del cañón de Cativo, lo que impide el acceso seguro del personal de emergencia y la entrada de maquinaria pesada.Desde temprano, unidades de bomberos y la Defensa Civil trabajan de manera articulada para sofocar el incendio con máquinas extintoras y herramientas manuales, los organismos de socorro buscan contener las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas de la zona rural."Se va a verificar la necesidad de apoyo por parte del departamento de la gobernación con helicópteros, pero estamos en la valoración. En este momento se encuentran los cuerpos de bomberos in situ. Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso, entonces, es lo que estamos valorando en este instante", manifestó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron a la ciudadanía evitar todo tipo de quemas y no arrojar elementos inflamables en áreas verdes.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció que el Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará en Cartagena entre el 12 y el 14 de agosto, tendrá como eje central la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Durante los tres días del Congreso se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial que buscará concretar donaciones y articular recursos para atender la emergencia. Por eso, la ANDI habilitará diferentes rutas para recibir donaciones de dinero y en especie, entre ellas alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad. También se recibirán medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Para quienes quieran aportar dinero, la ANDI estableció dos opciones. Una está destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas damnificadas en Abaco, a través de la plataforma habilitada por la organización, y la otra corresponde a la Fundación ANDI, cuyos recursos estarán dirigidos a los procesos de reconstrucción.Para esta segunda opción, la ciudadanía puede contribuir a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 04800004794, cuyo titular es la Fundación ANDI, con NIT 811003959-3. En cuanto a las donaciones en especie, la ANDI habilitó formularios para que empresas y ciudadanos puedan reportar sus aportes de alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas y a los colombianos a sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó el líder gremial.
Leyton Barrios Torres retomó esta semana sus funciones como rector de la Universidad del Atlántico, en la que fue recibido por un grupo de docentes, egresados y estudiantes, tras la orden del Tribunal Administrativo del Atlántico de suspender la intervención iniciada por el Ministerio de Educación Nacional sobre esta alma máter y con ello el nombramiento de Rafael Castillo Pacheco, quien había llegado como encargado provisional.Durante su discurso, Barrios Torres manifestó su intención de construir una “ institución más sólida, participativa y comprometida”, además hizo un llamado a la unidad de los diferentes estamentos de la Universidad para así defender su autonomía.Entre sus planes, está la dignificación de la labor docente, la atención a las reivindicaciones laborales de los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad interna en los campus.Por eso, hizo un llamado directo al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación para que dirijan su atención a las necesidades urgentes de la Universidad del Atlántico. Además, reiteró su intención de consolidar los procesos académicos, investigativos y de extensión en la sede principal de Puerto Colombia y en las sedes regionales del departamento.Recordemos que la Procuraduría anunció una suspensión provisional contra Rafael Castillo Pacheco, por tres meses, y la apertura de una investigación disciplinaria, al parecer, por negarse a dejar el cargo, pese al auto que ratificó su salida.