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Medida de aseguramiento a exmilitares implicados en una red de ‘chuzadas'

El Juez aseguró que, al parecer, esta organización funcionaba desde hace por lo menos 10 años y que pretendía extenderse a Ecuador.

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Diana Ruiz / BLU Radio

Tras una larga audiencia el Juez 29 penal con control de garantías de Cali ordenó medida de aseguramiento en centro de detencion especial a los tres militares retirados del Ejército, señalados por conformar una red de interceptaciones ilegales puesta al descubierto por la Fiscalía.

Se trata de los coroneles en retiro Carlos Andrés Pérez Cardona, exjefe de Seguridad de la alcaldía de Ipiales, y Jorge Humberto salinas muñoz, así mismo el mayor en retiro Luis Mesías Quiroga Cubillos.

Según el la determinación del togado, para este proceso las pruebas aportadas por la Fiscalía fueron contundentes y que estarían constituidas en interceptaciones telefónicas con las que se demostraría la participación de los tres exmilitares en esta red criminal.

Entre los delitos que les fueron imputados está el de concierto para delinquir agravado y otros cinco más.

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Por su parte María Eliza Pinzón Montenegro, exfuncionaria del Ministerio de las TIC y señalada como hacker, se le imputó el delito de concierto para delinquir simple, y tendrá casa por cárcel por colaborar con la Fiscalía en la investigación.

Sin embargo, el juez explicó que la medida se determinó porque los implicados “son un peligro para la comunidad y podría entorpecer la investigación” dada la cantidad de recursos con los que cuenta está organización para acceder a información de forma ilegal.

El juez señaló además que la organización estaba manejando información "muy sensible" sobre el ámbito político del país.

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Durante la audiencia de medida de aseguramiento, el Juez aseguró que, al parecer, la red de ‘chuzadas’ funciona desde hace por lo menos 10 años y que pretendía extenderse a otras ciudades del país e incluso a Ecuador.

Afirmó que según la investigación, gracias a equipos técnicos y capital humano calificado la organización logro acceder a información privilegiada de forma  ilegal de entidades estatales como La Fuerza Aérea, el CTI, la alcaldía de Ipiales, la Gobernación de Nariño, Policía, Fiscalía y Gaula.
 

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