La Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar para determinar si el deterioro de la gramilla del estadio El Campín generó un daño al patrimonio público. Así lo confirmó la contralora auxiliar de Bogotá, Verónica Peláez, en entrevista con Mañanas Blu. La decisión se tomó tras las primeras verificaciones en el escenario, donde el mal estado del césped obligó a cancelar partidos de fútbol profesional.
La funcionaria indicó que la actuación se abrió el día anterior, con base en los análisis preliminares y en la información que el ente de control solicitó al concesionario. Aclaró que aún hay documentos que no ha recibido. Ese mismo día, a las 8:45 a. m., la Contraloría instalaría una auditoría de cumplimiento sobre el proyecto de asociación público-privada (APP) del estadio.
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¿Qué es una indagación preliminar?
Peláez explicó que se trata de un mecanismo previo a un eventual proceso de responsabilidad fiscal. Según dijo, los órganos de control fiscal lo usan para establecer si hubo un hecho y si existe daño al erario: “La indagación preliminar es una actuación que pueden realizar los órganos de control fiscal cuando van a verificar ocurrencia de hechos, si efectivamente hay un daño al patrimonio público”.
Al término de esa indagación, la entidad solo puede tomar dos decisiones: archivar la actuación o determinar que hay mérito para abrir un proceso de responsabilidad fiscal. La contralora precisó que la ley fija un máximo de seis meses para decidir, aunque no necesariamente se agotará todo ese tiempo. Prometió informar a los medios y a los bogotanos cuando haya una determinación.
¿Quiénes podrían ser responsables?
Consultada sobre si la indagación apunta a la Alcaldía, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), a la concesión o a la firma subcontratada para el mantenimiento del césped, Peláez evitó señalar responsables. Explicó que primero hay que identificar quién ejerce la gestión fiscal, es decir, el manejo de recursos públicos. Luego deben verificarse las obligaciones de cada actor y si su incumplimiento causó el daño.
La contralora recordó que el concesionario Cencia administra y mantiene El Campín, “que es un bien público”. Aun así, subrayó que no puede adelantar conclusiones: la determinación de presuntos responsables corresponde al final de la indagación y, de haber mérito, al proceso de responsabilidad fiscal. En ese marco, dijo, entrarán en análisis todos los posibles responsables.
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Reserva sobre los hallazgos
Peláez contó que la Contraloría hizo presencia en el estadio desde el jueves anterior, mediante una visita administrativa ordenada por el contralor de Bogotá. Esa visita obedeció a denuncias periodísticas y a cuestionamientos de concejales sobre el estado del terreno de juego. En esa ocasión, según relató, se estaba reemplazando la gramilla y se escuchó al concesionario.
La funcionaria dijo que no podía entregar conclusiones específicas porque los análisis y cualquier hallazgo preliminar son información reservada. Esa reserva cubre el trabajo de la Dirección de Reacción Inmediata, que adelanta la indagación.
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Auditoría de cumplimiento sobre la APP
Además de la indagación, la Contraloría instalaría la auditoría de cumplimiento del contrato de concesión. La contralora aclaró que esta actuación no responde a la situación de la gramilla, pues ya estaba prevista en el plan distrital de auditoría. Revisará la construcción de la APP, su marco normativo, la etapa de prefactibilidad y el modelo financiero.
Sobre la sostenibilidad económica del esquema, indicó que el concesionario recibe una retribución y que el distrito percibe un porcentaje por los eventos realizados en el escenario. Precisó que ese análisis financiero hace parte de la auditoría.
Respecto al nuevo estadio, Peláez afirmó que el proyecto contempla un escenario multipropósito, con fútbol y grandes eventos culturales, y que en ese caso no debería presentarse este inconveniente. Frente a la situación actual, señaló que deberían primar los eventos deportivos. Recordó que los conciertos, sin embargo, cuentan con autorización previa.