Colpensiones dice “estar preparado” para recibir a 18 millones de afiliados el 1 de julio

Colpensiones señaló en las últimas horas estar preparada para implementar la Ley 2381 de 2024, la cual establece la reforma pensional, a partir del próximo 1 de julio.Así lo aseguró Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, en respuesta al concepto No. 7433 emitido por la Procuraduría General de la Nación el pasado 22 de abril y remitido a la Corte Constitucional. En dicho concepto, el Ministerio Público solicita al tribunal declarar la reforma pensional como exequible.Dussán enfatizó que Colpensiones “está preparada para la implementación de la Ley 2381, y así recibir a los 18 millones de personas que pasan de los fondos privados”. Además, calificó el concepto del procurador Gregorio Eljach como “un gran espaldarazo a la Reforma Pensional del Gobierno nacional”.El presidente de Colpensiones también destacó los avances en la modernización de los servicios de la entidad, señalando que “el 90 % de los trámites se realizan virtualmente”. Adicionalmente, informó sobre la firma de convenios tecnológicos y la existencia de “cuatro o cinco contratos que van a permitir la atención de las personas, a partir del 1 de julio de 2025”.Según Dussán, tanto Colpensiones como el Ministerio de Trabajo han presentado un informe al presidente Gustavo Petro detallando los avances en la implementación de la reforma. Asimismo, indicó que “estamos trabajando para que, al 1 de mayo de 2025, todos los decretos de la norma queden publicados”.El directivo resaltó un fragmento del concepto de la Procuraduría donde se advierte que “la reforma pensional ha sembrado confianza y esperanza de millones de colombianos y colombianas con escasos medios económicos y precariedad laboral, de recibir algún auxilio económico en su vejez, asunto que el régimen pensional hasta ahora vigente no contempla”.La Procuraduría también informó a la Corte que, “según los informes entregados por parte de la entidad (Colpensiones) más de 40 mil personas han trasladado sus ahorros pensionales de fondos privados a la Administradora”. El concepto agrega que revertir estas operaciones podría generar una compleja litigiosidad si los fondos privados alegan la improcedencia de los traslados por inconstitucionalidad sobrevenida.La Procuraduría, en su concepto a la Corte Constitucional, también destacó la importancia de proteger la seguridad jurídica y la confianza legítima, y consideró que el trámite legislativo de la reforma no quebrantó preceptos constitucionales relevantes. En caso de que la Corte encontrara alguna irregularidad, la Procuraduría sugirió mecanismos de subsanación o efectos diferidos en la sentencia para permitir al Congreso corregir los vicios o tramitar una nueva reforma sin afectar los derechos ya operativos.