Los ministros de Trabajo y Hacienda le acaban de pedir a la Superfinanciera que establezca si las AFP le trasladaron a Colpensiones los recursos correspondientes a los afiliados de manera suficiente, íntegra y completa.“Se solicita adoptar las medidas necesarias que permitan establecer con claridad la suficiencia, integridad y completitud de los recursos trasladados, por trasladar a la fecha o que deban trasladarse, en atención a que dicha información resulta esencial para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y de Colpensiones”, señala la comunicación.Según el Gobierno, existe un riesgo financiero derivado de la incertidumbre generada por las discrepancias en las cifras y en el número de afiliados reportados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en relación con los traslados de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones.Sin embargo, la petición tiene como telón de fondo una disputa de varias semanas entre el Gobierno de Gustavo Petro y el régimen privado de pensiones por 25 billones de pesos.En varias declaraciones, el Gobierno ha sugerido que el no traslado de recursos pone en aprietos las finanzas públicas, aunque descartó que se vayan a suspender los pagos a unas 20 mil personas que se trasladaron y ya están tramitando o cobrando la pensión.El Gobierno estima que unas 132 mil personas se han trasladado desde fondos privados hacia Colpensiones y que esos ahorros siguen en manos del sistema privado.¿En qué va la disputa entre los fondos privados de pensiones y el Gobierno nacional?Hace unas semanas, el Gobierno emitió un decreto que daba a los fondos de pensiones 15 días para entregarle a Colpensiones 25 billones de pesos correspondientes a los ahorros de afiliados al sistema de pensiones que se trasladaron desde el régimen privado hacia Colpensiones. Sin embargo, el decreto terminó demandado ante el Consejo de Estado y ese tribunal suspendió el traslado de los recursos mientras la Corte Constitucional decide si la reforma pensional puede regir o no como ley de la República.La decisión del Consejo de Estado provocó la molestia del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a su Gobierno “investigar” a los fondos privados de pensiones por apropiarse de los recursos del público. La investigación fue abierta de inmediato y está en curso.Los fondos privados de pensiones deben reportar información al regulador con una base prácticamente diaria, pero además el Gobierno conserva la facultad de hacer visitas de inspección, aprobar reglamentos de inversión, entre otras funciones.El Gobierno también elevó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica, pidiéndole que reconsidere su decisión, y aún no hay una respuesta a ese pedido.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró este jueves que el Gobierno Nacional contempla “todas las medidas que sean necesarias” frente a la negativa de los fondos privados de pensiones de trasladar recursos a Colpensiones, en medio de la controversia jurídica que rodea la implementación parcial de la reforma pensional.Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Hacienda defendió la posición del Ejecutivo frente al traslado de 6,6 billones de pesos correspondientes a afiliados que ya consolidaron su derecho pensional y que actualmente reciben mesadas por parte de Colpensiones. Sus declaraciones se producen luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que reglamentaba dichos traslados.“Están consideradas todas las medidas que sean necesarias. Creemos que hay una obligación de parte de los fondos privados de cumplir con estos traslados”, afirmó Ávila.El choque entre Colpensiones y las AFPEl debate gira en torno al artículo 76 de la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque la iniciativa permanece bajo revisión de la Corte Constitucional, ese apartado sigue vigente y permitió que miles de afiliados solicitaran el traslado desde los fondos privados hacia Colpensiones.Según cifras entregadas por el ministro, en los últimos meses se han registrado más de 132.000 solicitudes de traslado, lo que equivale a “una persona cada dos minutos” pidiendo pasar al régimen público. De ese total, alrededor de 24.000 ciudadanos ya estarían siendo atendidos por Colpensiones, mientras que otros 8.000 habrían cumplido los requisitos para pensionarse.Ávila cuestionó duramente la postura de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), señalando que mantienen retenidos recursos que pertenecen a ciudadanos que ya no hacen parte de ese régimen.“¿Cómo es posible que se trasladen las personas, lleguen a Colpensiones, Colpensiones atienda el cumplimiento de su mesada pensional y los fondos privados se queden con los recursos de sus propios ahorradores?”, cuestionó.Posible intervención y revisión administrativaAunque el ministro evitó confirmar una decisión concreta, dejó abierta la posibilidad de medidas extraordinarias respecto a los fondos de pensiones. “No es necesario anticiparnos a situaciones excepcionales”, respondió inicialmente, aunque reiteró que tanto el Ministerio de Hacienda como la Superintendencia Financiera adelantan revisiones detalladas sobre el manejo de los recursos pensionales por parte de las administradoras privadas.La declaración ocurre días después de que la Superfinanciera anunciara investigaciones administrativas relacionadas con el traslado de afiliados y los recursos correspondientes. El organismo informó que más de 32.800 afiliados ya consolidaron su derecho pensional, mientras que más de 24.000 reciben actualmente sus pagos desde Colpensiones.El tamaño del sistema pensionalDurante la entrevista, Ávila insistió en que los fondos privados administran actualmente cerca de 551 billones de pesos, una cifra superior incluso al Presupuesto General de la Nación para este año, calculado en 546 billones.“El Gobierno está pidiendo que trasladen apenas el 1,2 % de los recursos administrados”, señaló el ministro, quien calificó de “desproporcionada” la reacción de las AFP frente al requerimiento estatal.Asimismo, defendió el papel financiero del Estado en el sostenimiento del sistema público de pensiones. Según explicó, el Gobierno destina anualmente cerca de 33 billones de pesos para cubrir las obligaciones de Colpensiones, cuyo costo total ronda los 70 billones. “El Estado está colocando una cantidad muy grande de recursos para atender el sistema pensional”, enfatizó.La incertidumbre jurídica de la reforma pensionalEl panorama sigue marcado por la incertidumbre legal. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que ordenaba los traslados de recursos, mientras la Corte Constitucional aún no emite una decisión definitiva sobre la reforma pensional aprobada por el Congreso.Pese a ello, el ministro defendió que actualmente la Ley 100 continúa vigente y que esa norma establece claramente que una persona no puede estar afiliada a un régimen mientras sus recursos permanecen en otro.Crece la presión sobre el sistema privadoLas declaraciones del ministro se producen en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las AFP. Desde sectores cercanos al Ejecutivo se insiste en que los fondos privados estarían generando un ambiente de desconfianza dentro del sistema pensional. Ávila incluso aseguró que la postura de las administradoras podría incentivar nuevos traslados hacia Colpensiones.“Están acumulando razones para que los cotizantes del sistema pensional tengan mayores motivos para hacer el traslado al sistema público”, advirtió. Mientras tanto, el Gobierno mantiene garantizado el pago de las mesadas para los pensionados ya trasladados, aun si persiste el bloqueo judicial sobre los recursos reclamados a las AFP.
El presidente Gustavo Petro anunció nuevas medidas regulatorias y posibles acciones penales contra los fondos privados de pensiones, luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el traslado de cerca de $25 billones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.Durante el más reciente Consejo de Ministros, el mandatario aseguró que el Gobierno expedirá nuevos decretos y resoluciones para proteger los recursos pensionales y defender lo que calificó como el ahorro público administrado por entidades privadas.“Voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público”, afirmó el jefe de Estado durante la reunión ministerial.Petro cuestiona decisión del Consejo de EstadoEl Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0415 de 2026, norma que ordenaba el traslado de recursos desde las AFP hacia Colpensiones para afiliados que cambiaron de régimen tras la reforma pensional. El alto tribunal argumentó que el Gobierno habría excedido sus competencias al definir el destino de esos recursos sin autorización expresa del Congreso.Frente a esa decisión, el presidente Petro sostuvo que el tribunal “prejuzgó” el decreto antes de estudiarlo a fondo y aseguró que hubo actuaciones por fuera de la ley. Las declaraciones del mandatario generaron reacciones dentro de la rama judicial. Según se conoció, distintos tribunales acusaron al presidente de descontextualizar las decisiones judiciales y de deteriorar la confianza institucional mediante sus pronunciamientos públicos.Además, las altas cortes advirtieron que ese tipo de mensajes pueden derivar en señalamientos y hostigamientos contra jueces y magistrados que actúan conforme a la ley.Gobierno anuncia acciones administrativas y penalesEl presidente también lanzó fuertes advertencias contra los fondos privados de pensiones. Petro aseguró que las AFP incumplieron el traslado de recursos correspondientes a pensionados que cambiaron de régimen y afirmó que el Ejecutivo actuará si no se realizan los giros.“Si los fondos privados no devuelven los ahorros conforme a las sentencias de la Corte Suprema, se iniciarán acciones administrativas y penales”, indicó el mandatario.El jefe de Estado también le pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia actuar contra funcionarios de las tres ramas del poder público que, según dijo, hayan violado el artículo 76 de la reforma pensional. Petro sostuvo que ese artículo sigue vigente y ordenó a la Superintendencia Financiera adoptar medidas inmediatas frente al caso.En ese contexto, la SuperFinanciera abrió investigaciones contra varios fondos privados por el presunto incumplimiento en el traslado de $8,7 billones correspondientes a 32.803 afiliados que debían pasar a Colpensiones.Las fechas y montos del traslado suspendidoEl Decreto 0415 de 2026 establecía que las AFP debían trasladar aproximadamente $25 billones correspondientes a unos 120.000 afiliados que cambiaron de régimen con la reforma pensional.Según la reglamentación suspendida, las personas que aún no tenían consolidada su pensión debían recibir el traslado del 50 % de los recursos antes del 10 de mayo de 2026 y el restante 50 % antes del 20 de mayo.Para quienes ya tenían consolidado el derecho pensional, el plazo máximo para transferir la totalidad de los recursos vencía el pasado 5 de mayo. Petro aseguró que los fondos privados ya habían anunciado transferencias por cerca de $5 billones, pero sostuvo que esos recursos finalmente no fueron consignados debido a la medida cautelar del Consejo de Estado.Petro advierte que los fondos privados “van a quebrar”Durante el mismo Consejo de Ministros, el presidente lanzó nuevas críticas contra el sistema privado de pensiones y afirmó que las AFP enfrentan una crisis financiera.Según Petro, cálculos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla indican que los egresos de recursos de los fondos privados ya superan los ingresos desde la aprobación de la reforma pensional. El mandatario aseguró además que las utilidades de las administradoras privadas han disminuido y afirmó que estas entidades buscan “sobrevivir” frente al impacto que tendría la reforma sobre el modelo actual.Incluso, el presidente advirtió que si la Corte Constitucional tumba la reforma pensional aprobada por el Congreso, los fondos privados “quiebran de una vez”. Finalmente, el mandatario comparó la situación de las AFP con la crisis financiera que atraviesan las EPS y aseguró que el Gobierno prepara nuevos controles y medidas sustentadas en el mismo artículo constitucional que, según él, continúa vigente.Escuche aquí el informe:
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, en entrevista con Néstor Morales en En medio de la creciente tensión entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes por las decisiones relacionadas con la reforma pensional y otros temas de alto impacto político, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, marcó distancia frente al tono utilizado desde algunos sectores del Gobierno y aseguró que preferiría “otro tono” en las discusiones públicas entre las ramas del poder.Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Justicia reconoció que el ambiente institucional atraviesa un momento complejo, aunque insistió en que las relaciones entre el Ministerio y las cabezas de las cortes continúan siendo “armónicas, fluidas y respetuosas”.Las declaraciones del ministro llegan luego de varios pronunciamientos del presidente Petro contra magistrados y jueces, especialmente por las decisiones judiciales que frenaron aspectos relacionados con el traslado de recursos de fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.“Preferiría que el lenguaje fuera en otro tono”Cuervo admitió que no comparte el nivel de confrontación pública que se ha evidenciado en los últimos días y sostuvo que las diferencias jurídicas deben tramitarse mediante argumentos y recursos legales, no a través de ataques personales.“Yo preferiría que el lenguaje institucional de todos los que hacemos parte del Gobierno fuera en otro tono”, afirmó el ministro durante la conversación radial.El funcionario explicó que, aunque tiene profundas diferencias jurídicas frente a algunas decisiones del Consejo de Estado relacionadas con la reforma pensional, considera que la vía correcta es acudir a mecanismos institucionales.“Uno puede ser muy duro con los argumentos en el ámbito jurídico, pero yo sí creo que el tono de la discusión a nivel público y a nivel personal debe ser distinto y siempre orientado a preservar la armonía institucional entre las ramas del poder público”, señaló.La controversia por los fondos pensionalesUno de los puntos centrales de la entrevista fue la discusión sobre la suspensión del traslado de recursos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, tema que ha generado un fuerte choque entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado.Cuervo explicó que existen dos escenarios distintos dentro de la controversia jurídica. El primero corresponde a ciudadanos que todavía no consolidan los requisitos para pensionarse y cuyos recursos continúan administrados por los fondos privados. Sobre ese punto, aseguró que la decisión judicial le parece razonable.Sin embargo, expresó reparos frente al segundo auto del Consejo de Estado, relacionado con personas que ya consolidaron edad y semanas para acceder a la pensión tras acogerse a la denominada “ventana de oportunidad”.“Es apenas lógico que si usted se trasladó y ya le van a tener que pagar su pensión porque consolidó su edad, pues esa plata tiene que estar en Colpensiones”, sostuvo el ministro.El titular de Justicia cuestionó además que el Consejo de Estado haya utilizado normas de la reforma pensional que actualmente se encuentran suspendidas por la Corte Constitucional.“Eso jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó Cuervo al referirse a la decisión judicial.Relaciones con las cortes y la Fiscalía siguen “fluidas”A pesar de la tensión política, el ministro insistió en que el trabajo institucional continúa desarrollándose con normalidad. Según explicó, recientemente sostuvo conversaciones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de Estado y la fiscal general.“En lo que tiene que ver con mi relación como ministro de Justicia con las cabezas de las altas cortes y con la fiscal sigue siendo armónica y fluida y respetuosa”, indicó.Cuervo señaló que su papel dentro del Gobierno consiste precisamente en facilitar el diálogo entre las ramas del poder público y contribuir a la construcción de consensos, especialmente en momentos de polarización política.El ministro también recordó que recientemente participó en discusiones relacionadas con la jurisdicción agraria en el Congreso, donde ayudó a acercar posiciones entre distintas bancadas.Debate por órdenes de captura y paz totalOtro de los temas abordados durante la entrevista fue la controversia sobre la suspensión de órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total del Gobierno.Cuervo explicó que la Fiscalía busca mayores garantías y pruebas sobre la voluntad de desmovilización de los integrantes de esas estructuras antes de proceder con la suspensión de las órdenes judiciales.“El problema es de aquí al 26 de junio porque la Fiscalía pide más evidencia de lo que exige la ley: voluntad de desmovilización”, detalló el ministro.El funcionario precisó que situaciones similares ya ocurren con otros actores armados, como alias “Araña” y miembros del grupo Comuneros, cuyos procesos también contemplan beneficios condicionados dentro de las negociaciones de paz.
El presidente Gustavo Petro volvió a protagonizar un fuerte enfrentamiento con distintas instituciones del Estado, esta vez por dos controversias que han elevado la tensión entre el Gobierno, la Fiscalía y las altas cortes: la negativa de suspender órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo y la decisión judicial que frenó el traslado de recursos de fondos privados de pensiones a Colpensiones.Fiscalía negó levantar órdenes de captura contra cabecillas del Clan del GolfoLa primera disputa se originó tras la solicitud realizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”, máximo jefe de esa organización criminal y solicitado en extradición por Estados Unidos.La fiscal general Luz Adriana Camargo respondió que su despacho revisó individualmente cada caso y decidió no levantar las órdenes de captura. Además, aclaró que las denominadas zonas de ubicación temporal no implican la suspensión automática de investigaciones penales ni autorizan a los integrantes de ese grupo armado a quedar sin requerimientos judiciales.Desde Timbiquí, Cauca, el presidente Petro cuestionó públicamente la decisión y aseguró que las zonas de concentración son legales y dependen de la Presidencia de la República: “Y hay zonas de concentración pactándose, y las zonas de concentración son legales, y el presidente las ordena, no la fiscal. Y aquí se respeta la Constitución. Si no, el pueblo las hace respetar”, afirmó el mandatario.El jefe de Estado también señaló que no fue consultado sobre el listado de personas incluidas en la solicitud para levantar las órdenes de captura, lo que fue interpretado como una desautorización pública al alto comisionado para la paz, Otty Patiño.Nueva confrontación por el traslado de recursos a ColpensionesLa segunda controversia gira en torno a la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno buscaba trasladar cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La medida fue frenada por el Consejo de Estado, decisión que generó fuertes críticas del presidente Petro.En un discurso desde el Cauca, el mandatario acusó al presidente de Asofondos y cuestionó la decisión judicial.“El magistrado y sus amigos que dicen que no se puede trasladar el ahorro que entregaron los actuales pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones está cometiendo un delito y he ordenado su denuncia. Como me corresponde por la ley”, aseguró Petro.Las declaraciones provocaron respuestas inmediatas desde las altas cortes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Mauricio Lenis, defendió la legitimidad de las decisiones judiciales y pidió tramitar las diferencias institucionales dentro de los canales democráticos.“Es normal que se puedan presentar, digamos, en un marco de diálogo institucional, algunas tensiones. Y bienvenida la diferencia y las críticas dentro de ese diálogo, pero lo que no es normal es que se agreda a una de las ramas del poder público o a la justicia”, manifestó Lenis.Por su parte, la vicepresidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Natalia Ángel Cabo, advirtió sobre el impacto de los ataques contra las instituciones judiciales.“Cuando las instituciones se atacan de manera arbitraria sin que haya ni siquiera una prueba, eso va generando que se vaya minando la confianza”, afirmó la magistrada.Gobierno impulsa “tutelatón” por traslado de afiliadosEn medio de la controversia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, planteó la posibilidad de que los afiliados acudan masivamente a acciones de tutela para lograr el traslado de fondos privados hacia Colpensiones.“Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón”, señaló el funcionario.El Consejo de Estado aclaró posteriormente que la suspensión del decreto no afecta el pago de las mesadas pensionales, luego de advertencias realizadas desde el Ejecutivo sobre eventuales riesgos para los pensionados.Altas cortes y Registraduría alertan por ataques al proceso electoralLas tensiones también alcanzaron el escenario electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil recibió respaldo de magistrados y organismos de control frente a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.El vicepresidente de la Corte Suprema, Hugo Quintero Bernate, alertó sobre discursos que podrían afectar la confianza ciudadana en las elecciones.“Las elecciones funcionan sin problema. El gran problema que hoy pasa en el país, y la Corte lo ha advertido varias veces”, expresó el magistrado.A su vez, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, defendió la labor de la Registraduría y pidió prudencia frente a las críticas.“Es válido tener dudas, lo que sí no me parece válido es sembrar dudas, desconfianza y presumir mala fe”, afirmó. Desde la Registraduría, el delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, aseguró que el software de escrutinio cuenta con garantías suficientes y mecanismos de control técnico para las elecciones que se aproximan.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la totalidad del decreto con el que el Gobierno nacional ordenó el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, en medio de la implementación de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro.La decisión del alto tribunal frenó el movimiento de los 5 billones de pesos restantes que debían ser transferidos en las próximas semanas, ampliando así la medida cautelar que ya había sido adoptada días atrás sobre otros 20 billones de pesos.Consejo de Estado freno el decreto 415 del 20 de abrilEl Consejo de Estado suspendió la totalidad del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, con el que el Gobierno Nacional ordenó el traslado de recursos de los fondos privados hacia Colpensiones, en el marco de la reforma pensional.El alto tribunal explicó que tramitó de manera urgente la solicitud de medida cautelar debido a que el decreto fijaba plazos cortos para ejecutar el traslado de los recursos, situación que podía volver ineficaz una decisión judicial posterior.El Consejo de Estado determinó que el Gobierno ordenó a las administradoras de fondos de pensiones trasladar a Colpensiones los recursos de las cuentas de ahorro individual de los afiliados que se acogieron a la oportunidad de traslado establecida en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), pese a que esa misma norma, en uno de sus artículos, dispuso que dichos recursos debían destinarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.Para el alto tribunal, el cambio introducido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro se apartaba del esquema legal inicialmente previsto en la reforma pensional.“Teniendo en cuenta que el estudio realizado permite advertir, de manera suficiente, la configuración de la infracción alegada, se hace innecesario abordar, en esta fase cautelar, los demás cargos formulados en las demandas acumuladas, sin perjuicio de que estos sean analizados en la sentencia que decida de fondo la controversia”, señaló el alto tribunal.El Consejo Gremial había pedido frenar el traslado de $5 billones de los fondos privados a Colpensiones antes de que tuvieran que hacerse efectivos esos giros.
El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Trabajo radicaron esta solicitud ante el Consejo de Estado tras la medida cautelar que pesa sobre el decreto de traslado de recursos pensionales.Señaló el Consejo de Estado en su decisión de suspender provisionalmente el decreto que aunque la ley permitió que ciertos afiliados se trasladaran de los fondos privados al régimen público, también estableció que los recursos ahorrados debían permanecer en las administradoras hasta que el afiliado cumpliera los requisitos para pensionarse.Sin embargo, el decreto del Gobierno dispuso que esos dineros se trasladaran de manera acelerada: el 50 % en un plazo máximo de 20 días y el otro 50 % en los 10 días siguientes.¿Qué le pidió el gobierno al Consejo de Estado?Argumentó el Gobierno a través de este recurso de suplica que el decreto no crea nuevas reglas, sino que desarrolla la ley para garantizar la sostenibilidad del sistema.“La suspensión provisional habilita la materialización de un efecto jurídico y financiero nocivo, consistente en el descalce entre obligaciones y activos, con impacto directo sobre la sostenibilidad del sistema y el equilibrio actuarial del régimen público”, señaló el Gobierno.El alto tribunal aún no toma una decisión de fondo sobre este decreto, pero sí adoptó una medida cautelar hasta tanto avance el estudio del mismo.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la legalidad del decreto 415 y aseguró que el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones no tiene fines electorales. El funcionario calificó de "decisión exprés" la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió dicha normativa, la cual buscaba que los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen siguieran a la entidad encargada de pagar su pensión, es una "decisión de Consejo de Estado es reprochable", sentenció.Crítica a la celeridad del Consejo de EstadoSanguino expresó su sorpresa y desacuerdo ante la rapidez con la que el alto tribunal falló en contra del decreto gubernamental. Según el ministro, el Consejo de Estado "valoró, entre comillas, un riesgo y un perjuicio irreparable y en cuestión de horas expidió una medida cautelar que deja sin efecto el decreto 415".Para el jefe de la cartera laboral, lo natural es que si un ahorrador decide trasladarse al fondo público, sus recursos deben acompañarlo para garantizar la "sostenibilidad financiera y los activos para poder atender ese derecho pensional" de la persona. El ministro insistió en que el Gobierno no está actuando fuera de la ley, sino que se ampara en el artículo 16 de la Ley 100, el cual estipula que un ciudadano no puede pertenecer a dos regímenes pensionales simultáneamente. "Nosotros estamos acudiendo al artículo 16 de la ley 100 y estamos acudiendo al artículo 76 de la 2381", afirmó, anunciando que interpondrán recursos de reposición y súplica ante la decisión judicial. Niega fines políticos"¿Usted cree que la plata de las mesadas de los 25,000 nos las estamos gastando en campaña electoral, en publicidad electoral?", señaló en medio de la conversación con Mañanas Blu. El ministro explicó que, de los 120,000 trasladados, ya hay 25,000 pensionados cuyas mesadas están siendo cubiertas por Colpensiones, lo que representa un costo anual de un billón de pesos. "Eso no se está gastando ni en cuñas, ni en publicidad ni en actos electorales. Se le está pagando a la gente las pensiones", subrayó el funcionario, argumentando que Colpensiones requiere esos activos para operar sin traumatismos. Sanguino atribuyó la actual confusión a un "limbo" generado por el retraso de la Corte Constitucional en decidir sobre la Ley 2381 (Reforma Pensional), la cual se encuentra "atrancada". El ministro cuestionó el "prurito ideológico" de quienes prefieren que los recursos estén en fondos privados y no en el Estado, y pidió a la Corte una pronta resolución para dar seguridad al sistema. Escuche aquí la entrevista:
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseguró que si el Consejo de Estado no suspende en su totalidad el decreto que ordena el traslado de recursos pensionales, los fondos privados tendrían que girar cerca de $5 billones a Colpensiones en mayo. La advertencia se dio en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.El pronunciamiento se produce luego de que el alto tribunal suspendiera parcialmente el decreto del Gobierno, en una medida cautelar que frenó el traslado de $20 billones correspondientes a afiliados no pensionados, mientras aún estudia otras demandas relacionadas con el resto de los recursos.Suspensión parcial y recursos en juegoVelasco explicó que la decisión del Consejo de Estado solo cobija una parte del decreto, dejando vigente la obligación de transferir los recursos de aproximadamente 20.000 personas ya pensionadas.Según el dirigente gremial, existen múltiples demandas que buscan frenar también este traslado, con el argumento de que el decreto no se ajusta a la ley vigente sobre el manejo del ahorro pensional.“Esperamos que el Consejo de Estado termine de revisar las 12 demandas que quedan pendientes y ojalá suspenda también el traslado de esos otros 5 billones de pesos”, señaló. De concretarse esa suspensión total, el proceso pasaría a un análisis de fondo que podría derivar en la anulación definitiva del decreto.Riesgos financieros y presión sobre el sistemaEl presidente de Asofondos advirtió que el traslado de estos recursos no es menor y podría generar efectos relevantes sobre el sistema pensional y las finanzas públicas.Velasco explicó que, independientemente de si los recursos permanecen en administración estatal o se liquidan, el cambio de esquema implica diferencias en la gestión del ahorro de largo plazo. Según dijo, el estándar de manejo en una fiducia no es equivalente al de los fondos privados, lo que podría afectar la sostenibilidad del sistema. Además, insistió en que la ley establece que estos recursos deben mantenerse como ahorro pensional, no utilizarse para otros fines.Obligación legal y riesgo de intervenciónUno de los puntos centrales de la entrevista fue la advertencia sobre las implicaciones jurídicas de no cumplir el decreto mientras esté vigente. “Si se cumplen las fechas del decreto… a nosotros nos toca girar esos recursos, porque si nosotros incumplimos un decreto… podríamos ser sujetos a una intervención”, afirmó Velasco.El presidente de Asofondos explicó que el riesgo no se limita a los $5 billones en discusión, sino que podría comprometer la totalidad de los recursos administrados por el sistema privado, que ascienden a más de $500 billones.Debate con el Gobierno y naturaleza de los recursosDurante la entrevista también se abordaron las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el papel de los fondos privados. Velasco rechazó las acusaciones de apropiación indebida de recursos.En cuanto a la propiedad de los recursos, explicó que, tras el traslado de afiliados al régimen público, estos dejan de ser ahorro individual y pasan a tener carácter colectivo. “Esos recursos son de la nación colombiana… son la garantía de que en el futuro vamos a poder soñar con una pensión”, señaló.
España vs. Uruguay afrontarán este viernes uno de los partidos más importantes de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en el estadio de Guadalajara, donde ambas selecciones buscarán asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, aunque llegan con panoramas muy diferentes. Mientras la Roja depende de sí misma para terminar como líder del Grupo H, la Celeste está obligada a sumar para evitar una eliminación prematura.El conjunto dirigido por Luis de la Fuente lidera la zona con cuatro puntos, producto del empate frente a Cabo Verde y la contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí. Uruguay, por su parte, solo suma dos unidades tras igualar en sus dos primeros compromisos y necesita un resultado positivo para seguir con vida en el torneo.Posibles alineaciones de Uruguay vs. EspañaEspaña: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.Uruguay: Fernando Muslera o Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio o Darwin Núñez, Federico Viñas y Ronald Araújo.Seleccionador: Marcelo Bielsa.¿Qué necesita España para asegurar el primer lugar del Grupo H?La selección española llega al compromiso con el impulso que dejó la goleada sobre Arabia Saudí, un resultado que disipó las dudas generadas tras el inesperado empate en el debut frente a Cabo Verde.Con cuatro puntos en la clasificación, España depende de sí misma para avanzar a la siguiente ronda. Un empate le alcanzaría para asegurar el boleto a los dieciseisavos de final, aunque el objetivo del cuerpo técnico pasa por conseguir una victoria que garantice el liderato del grupo y permita afrontar la fase eliminatoria sin depender de otros resultados.Luis de la Fuente parece haber encontrado la base del equipo tras introducir varias modificaciones en la segunda jornada, por lo que la mayoría de esos cambios tendrían continuidad frente a Uruguay. La principal incógnita estaría en el lateral derecho, donde Marcos Llorente podría recuperar la titularidad en lugar de Pedro Porro.Uno de los futbolistas que concentrará la atención será Lamine Yamal.El extremo regresó frente a Arabia Saudí después de superar la lesión muscular con la que llegó al Mundial y apenas necesitó disputar el primer tiempo para convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro.Todo apunta a que tendrá una mayor carga de minutos ante Uruguay, en un ataque que también contará con Mikel Oyarzabal, Álex Baena y el respaldo de un mediocampo liderado por Rodri, Pedri y Dani Olmo.Además, el cuerpo técnico español espera seguir sumando ritmo competitivo para futbolistas como Nico Williams y Mikel Merino, considerados piezas importantes de cara a las rondas eliminatorias.Uruguay llega con presión y varias dudas en su alineaciónLa situación de la selección dirigida por Marcelo Bielsa es mucho más compleja.Después de empatar frente a Arabia Saudí y Cabo Verde, la Celeste necesita puntuar para mantener opciones de clasificación. Una victoria le permitiría incluso aspirar al liderato del grupo, mientras que un empate la obligaría a esperar el resultado del compromiso entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Una derrota, en cambio, la dejaría prácticamente eliminada.El entrenador argentino recupera una pieza importante para este compromiso. José María Giménez, ausente en los dos primeros partidos por un problema en el tobillo, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a regresar al centro de la defensa.En contraste, Giorgian De Arrascaeta continúa recuperándose de una lesión muscular y Ronald Araújo sigue siendo duda, aunque en los últimos entrenamientos ya realizó trabajos con balón y mantiene opciones de estar disponible.Otra de las incógnitas pasa por la portería. Fernando Muslera fue titular en los dos primeros encuentros tras regresar a la selección, pero un error cometido frente a Cabo Verde reabrió el debate sobre la posibilidad de que Sergio Rochet recupere el puesto bajo los tres palos.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.