Formalmente, el Gobierno acaba de pedirle a la Corte Constitucional que modere los efectos fiscales de su decisión sobre la reforma pensional, que estableció el 1.º de abril de 2027 como fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que fueron declaradas exequibles.Acuérdense: la reforma pensional fue aprobada durante el gobierno anterior y posteriormente demandada, entre otros motivos, por la senadora Paloma Valencia. Después de un proceso judicial que se extendió durante varios años, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-264 de 2026, declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 y estableció que esas disposiciones comenzarán a regir el 1.º de abril de 2027. Algunos artículos y apartes, sin embargo, fueron devueltos a la Cámara de Representantes para que se subsanen los problemas de trámite identificados por la Corte.¿Qué es lo nuevo? El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó formalmente ante la Corte una solicitud para que se abra un Incidente de Impacto Fiscal, dentro del expediente de la reforma pensional.Este es un mecanismo que permite discutir ante la Corte las consecuencias económicas de una decisión judicial y la manera en que debe cumplirse teniendo en cuenta la sostenibilidad fiscal. La Corte debe estudiar la solicitud, pero eso no significa que tenga que aceptar los argumentos del Gobierno. En este caso, el ministerio pide expresamente la apertura del incidente frente a la Sentencia C-264 de 2026.Según el Ministerio de Hacienda, la decisión de la Corte cambia de manera importante las proyecciones fiscales del Estado hacia el futuro en especial cuando se habla de las obligaciones de financiación y en los recursos que deberán movilizarse para la implementación del nuevo sistema pensional. También advierte que, según las estimaciones de la cartera, la entrada en vigencia de la reforma podría generar requerimientos adicionales de recursos del orden de $5 billones, en un escenario fiscal que el propio Ministerio describe como de alta rigidez y con necesidad de ajustes.“... a la fecha no existe para el Gobierno nacional una certeza absoluta sobre las implicaciones fiscales de la reforma, pues existen algunos puntos cuya discusión o eventual declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad pueden modificar el escenario actuarial, prestacional y financiero”.El Gobierno, en otras palabras, le está diciendo a la Corte: la decisión judicial se debe cumplir, pero hay que revisar cómo hacerlo para que sus efectos sean compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas y con la programación presupuestal de la nación. De hecho, esa es la finalidad que expresamente plantea el ministerio en su solicitud.La decisión queda ahora en manos de la Corte Constitucional: primero, tendrá que tramitar la solicitud de incidente y, posteriormente, determinar qué efectos puede tener frente a la sentencia.
Cuando una persona se acerca a la edad de jubilación y descubre que su historia laboral registra menos semanas de las que esperaba, una de las primeras preguntas que puede hacerse es si existe alguna forma de pagar esos periodos faltantes para completar el requisito de pensión.Sin embargo, pagar dinero no permite convertir automáticamente un periodo que nunca fue trabajado en semanas cotizadas. El punto de partida, según explica Marcelo Duque, director de Cómo Me Pensiono y experto en temas pensionales, debe ser otro: establecer por qué esas semanas no aparecen en la historia laboral.La diferencia es importante, especialmente en un escenario en el que los cambios del sistema pensional hacen necesario que los trabajadores conozcan con precisión la información registrada a su nombre.No todas las semanas que faltan tienen el mismo origenEncontrar menos semanas de las esperadas no necesariamente significa que la persona deba resignarse a no contabilizarlas. Hay que determinar primero qué ocurrió durante el periodo que no figura en los registros.Por ejemplo, puede tratarse de una persona que efectivamente trabajó para un empleador, pero los aportes correspondientes nunca fueron realizados o no quedaron registrados correctamente. En ese escenario, el trabajador puede contar con elementos que permitan demostrar que existió una relación laboral durante ese tiempo.La situación es distinta cuando simplemente se pretende agregar semanas correspondientes a periodos en los que no hubo trabajo ni cotización.Duque enfatiza que una corrección de la historia laboral no puede hacerse únicamente con el propósito de alcanzar el número de semanas requerido para pensionarse.Por eso, contratos, comprobantes, documentos laborales y demás soportes que permitan acreditar la existencia de una relación de trabajo pueden adquirir relevancia cuando se presenta una inconsistencia.¿Y qué pasa con quienes trabajaron como independientes?Otro escenario corresponde a quienes ejercieron actividades como trabajadores independientes y durante determinados periodos no hicieron las cotizaciones correspondientes.En estos casos, dependiendo de las circunstancias particulares, pueden existir procedimientos para regularizar determinados periodos. Algunas situaciones pueden requerir cálculos actuariales y el pago de los valores establecidos para ese trámite.Esto, no obstante, no equivale a comprar semanas de manera directa. Primero debe establecerse cuál era la situación de la persona durante ese periodo y qué mecanismo contempla la normativa para regularizarla.Por eso, dos trabajadores que aparentemente tienen el mismo problema —un número de semanas inferior al esperado— podrían tener rutas diferentes para resolverlo.Por qué conviene revisar la historia laboralLa revisión de las semanas cotizadas también cobra importancia por los cambios que se avecinan en el sistema pensional colombiano.La Corte Constitucional fijó el 1 de abril de 2027 como fecha para la entrada en vigencia de las disposiciones de la reforma pensional. En este contexto, conocer cuál es la información que aparece oficialmente en la historia laboral puede ayudar a determinar la situación particular de cada trabajador.La Ley 2381 de 2024 estableció, para el régimen de transición, como uno de sus referentes 750 semanas para las mujeres y 900 para los hombres, junto con las demás condiciones contempladas en la norma.Por eso, revisar la historia laboral con anticipación puede permitir detectar inconsistencias antes de que llegue el momento de solicitar la pensión.¿Qué debería hacer si encuentra un error?El primer paso es verificar el número de semanas que aparecen registradas y compararlo con los periodos en los que efectivamente trabajó o realizó aportes.Si existe una diferencia, la persona debería identificar exactamente qué periodo falta, qué actividad desarrolló durante ese tiempo y qué documentos conserva para demostrarlo.De acuerdo con el experto, tampoco es recomendable tomar decisiones apresuradas únicamente porque faltan semanas.“Antes de tomar una decisión, es fundamental revisar las semanas, entender cada caso y determinar cuál es la ruta adecuada”, concluye Duque.En ese sentido, revisar la historia laboral no debería ser un trámite que se deje para el último momento. Detectar con anticipación los periodos que no aparecen registrados y conservar las pruebas correspondientes puede facilitar la corrección de inconsistencias cuando haya razones para solicitarla.La clave, entonces, no está en “comprar” semanas, sino en establecer si realmente existen periodos laborales o de cotización que deberían hacer parte de la historia laboral y cuál es el procedimiento que corresponde en cada caso.
El aumento anual de las pensiones en Colombia tendría una modificación si avanza una propuesta que busca cambiar la fórmula utilizada para actualizar las mesadas de los jubilados. La iniciativa plantea establecer un criterio diferente para las personas según el valor de su pensión y tomar como referencia el incremento del salario mínimo o el Índice de Precios al Consumidor.El proyecto de ley propone modificar el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que establece las reglas para llevar a cabo el reajuste anual de las pensiones de vejez, jubilación, invalidez y de sustitución o sobrevivientes.La propuesta aún no se encuentra vigente. Para convertirse en ley, debe completar el trámite correspondiente en el Congreso de la República y luego ser promulgada.¿Cómo cambiaría el aumento de las pensiones en Colombia?Según el proyecto, se busca dividir las mesadas en dos grupos de acuerdo con el número de salarios mínimos que representan. Las pensiones iguales o inferiores a seis salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) tendrían un reajuste anual equivalente al mismo porcentaje de aumento definido para el salario mínimo de ese año.En cambio, las pensiones superiores a seis SMMLV seguirían usando como referencia el IPC. La modificación aplicaría a las diferentes modalidades contempladas en la propuesta y tendría alcance en cualquiera de los regímenes del Sistema General de Pensiones.De esta manera, el esquema planteado quedaría así:Pensiones de hasta seis SMMLV: aumento con el mismo porcentaje del salario mínimo.Pensiones superiores a seis SMMLV: aumento con el porcentaje correspondiente al IPC.El cambio modificaría el punto de referencia utilizado actualmente para determinar el reajuste de las mesadas que se encuentren dentro del primer grupo.¿Por qué se cambiaría la fórmula para aumentar las pensiones?La exposición de motivos señala que el mecanismo vigente puede generar pérdidas reales de ingreso para algunos pensionados cuando el comportamiento del IPC difiere del incremento del salario mínimo.Los autores del proyecto también han sostenido que el IPC corresponde a un promedio estadístico general y que no refleja únicamente los gastos que tienen los adultos mayores.En ese sentido, el proyecto menciona rubros como la salud, los medicamentos, la alimentación básica, los servicios públicos y la vivienda como parte de los gastos que tienen los pensionados.Con base en ese argumento, la iniciativa plantea que utilizar el salario mínimo como referencia para las pensiones de hasta seis SMMLV podría contribuir a mantener el poder adquisitivo de estos ingresos.¿Cuándo aplicaría el nuevo aumento de pensiones?El proyecto establece que la eventual modificación comenzaría a regir el primero de enero siguiente a la fecha en que sea promulgada la ley.Además, contempla que el Gobierno Nacional tendría un plazo de seis meses después de la promulgación para reglamentar las nuevas disposiciones.La propuesta también sustenta sus planteamientos en los artículos 1, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política, relacionados con asuntos como la dignidad humana, la igualdad, la protección del adulto mayor, la seguridad social y el reajuste periódico de las pensiones.Por ahora, el cambio corresponde únicamente a una iniciativa legislativa. Su contenido podría modificarse durante el trámite en el Congreso antes de una eventual aprobación.
El partido de oposición Centro Democrático prepara una contrarreforma pensional tras culminar una mesa de trabajo en el Congreso de la República, orientada a modificar la ley aprobada recientemente.El proyecto, que busca preservar los aspectos positivos de la reforma del gobierno de Gustavo Petro y corregir sus mayores falencias, estará plasmado en un articulado corto que no superaría los 15 artículos para modificar la Ley 2381. El senador de la colectividad, Andrés Forero, advirtió sobre las principales preocupaciones que motivan esta iniciativa legislativa, enfocadas en recuperar la libertad de los cotizantes y proteger el ahorro nacional. La batalla por devolver la "libertad" de elecciónEl propósito central de la propuesta de la bancada de oposición es revertir la obligatoriedad de cotizar en el sistema público. Bajo el esquema actual, la libre elección de los ahorradores quedó prácticamente eliminada.Al respecto, Forero puntualizó: "La idea es, entre otras cosas, que se devuelva la libertad de elección que con la reforma aprobada por la Corte quedó prácticamente eliminada, porque al final todos tenemos que cotizar obligatoriamente en el sistema público, en Colpensiones".Para el Centro Democrático, el flujo de recursos no puede quedar bajo un único administrador estatal. El congresista insistió en la necesidad de "romper el monopolio que en el marco de la ley del presidente Petro tiene Colpensiones de los flujos pensionales".Según su visión, lo ideal sería que Colpensiones opere como un fondo público que compita en igualdad de condiciones con los privados. Alerta por el desfinanciamiento y el fin del ahorro nacionalUna de las críticas más agudas del partido hacia la reforma gubernamental radica en el impacto macroeconómico y la sostenibilidad a largo plazo. Forero recordó que el propio gobierno del presidente Petro preveía que para el año 2070 se iba a "desfondear" el sistema, convirtiéndolo en insostenible.Con la contrarreforma, se plantea que al reestablecer la libertad de decidir, "cada colombiano va a tener su cuenta individual y de esa manera hay una senda de ahorro más grande para el país y el pasivo para la nación va a ser más bajo". Aunque reconocen positivamente que la reforma oficial acotó los subsidios a las altas pensiones —medida que planean mantener—, buscan que los subsidios se dirijan exclusivamente a quienes devengan salarios bajos.Protección para quienes no logran pensionarseEl proyecto del Centro Democrático enfatiza la defensa de los cotizantes que no alcanzan las semanas requeridas para jubilarse, un grupo que consideran "perjudicado sensiblemente" por el nuevo pilar semicontributivo.En el esquema previo de la Ley 100, estas personas podían solicitar la devolución de sus saldos o una indemnización sustitutiva al cumplir la edad de retiro.Con la reforma de Petro, según Forero, se les aumentó en 3 años el tiempo de espera bajo un sistema análogo a los BEPS.Para los trabajadores de menores ingresos, Forero argumenta que la permanencia en fondos privados resulta sustancialmente más rentable en caso de no pensionarse: "Para las personas hasta 1.5 o dos salarios mínimos, la verdad es que les convienen los fondos privados, porque si por distintas razones no alcanzan a llegar... es mejor que ellos tengan los rendimientos que están teniendo hoy... en el caso de las devoluciones de saldos de los fondos privados era IPC + 8 real", mientras que en Colpensiones solo se devolvía el aporte indexado al IPC.Financiación de los adultos mayores sin afectar las cotizacionesFrente al pilar solidario y el aumento del subsidio para la vejez desprotegida, Forero aclaró que este programa ya operaba de facto a través de "Colombia Mayor" sin necesidad de una reforma legislativa. Sostuvo que el fondeo de este beneficio no debe provenir de los aportes de los cotizantes activos."El pilar solidario... tampoco se podía fondear con los aportes pensionales de las personas que están cotizando en Colombia, porque ese es el derecho para el que ellos están cotizando... tiene que hacerlo con recortes en otros temas del presupuesto general de la nación", concluyó el parlamentario.Escuche aquí la entrevista:
La bancada del Centro Democrático se reunió para analizar los ajustes que propone al texto de la reforma pensional. En el encuentro participó de manera virtual el expresidente Álvaro Uribe.Entre las propuestas planteadas está permitir la devolución de los saldos ahorrados a las personas que no alcancen las semanas requeridas para pensionarse o que prefieran utilizar esos recursos para acceder a una renta vitalicia.La colectividad también propone recuperar la libertad de elección entre un fondo privado y Colpensiones. La iniciativa contempla que los trabajadores puedan cotizar en el sistema público, pero manteniendo un umbral de cotización. Además, plantea reducir ese umbral a un salario mínimo.Le puede interesar: ¿Qué pasará con el dinero que ya tiene en un fondo privado tras la reforma pensional?Uno de los puntos analizados fue el impacto que tendría la reforma sobre Colpensiones y las obligaciones que asumiría el Estado. Frente a la posibilidad de que la entidad deje de recibir nuevos afiliados bajo algunas de las modificaciones planteadas, Zuleta explicó que la bancada continúa evaluando cuál sería la fórmula más adecuada para garantizar la sostenibilidad del régimen de prima media.“Lo que queremos es seguir evaluando cuál es la mejor fórmula para que el régimen de prima media no siga siendo un costo tan elevado y sostenible para el Estado”, señaló.Según Zuleta, en el Presupuesto General de la Nación, que se discute actualmente, cerca de 96 billones de pesos están destinados a atender la deuda pensional del Estado. Esta cifra, afirmó, representa el segundo gasto más grande de la Nación, después del servicio de la deuda.La preocupación de la bancada está relacionada con el posible aumento de las obligaciones pensionales si la Ley 2381, correspondiente a la reforma pensional, incorpora nuevos afiliados a Colpensiones. Aunque esto significaría inicialmente un mayor flujo de cotizaciones, también implicaría mayores compromisos futuros para el Estado.Zuleta advirtió que esas obligaciones podrían pasar de representar el 3,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) a cerca del 5 %.“¿Cuál es el modelo ideal? En el cual Colpensiones siga garantizando un piso mínimo de protección a todos los colombianos, pero con un modelo que sea sostenible, que no piense solamente en las actuales, sino también en las futuras generaciones”, afirmó Zuleta.El senador Andrés Forero explicó que buscan corregir algunos de los efectos que, según la colectividad, perjudican a los trabajadores que llegan a la edad de jubilación sin contar con las semanas suficientes para pensionarse.Se refirió particularmente a quienes hacen parte del denominado pilar semicontributivo. Se trata de personas que llegan a la edad de jubilación, pero no cumplen con las semanas requeridas para acceder a una pensión. Según Forero, la reforma aumentó la edad para que estas personas puedan acceder a un esquema de mensualidades. En el caso de las mujeres, aseguró que pasó de 57 a 60 años, mientras que para los hombres aumentó de 62 a 65 años.Frente a esta situación, el senador plantea que las personas puedan recuperar la posibilidad de escoger qué hacer con los recursos que acumularon durante su vida laboral.Forero también manifestó preocupación por el impacto de la reforma sobre el ahorro nacional, para “romper el monopolio del manejo de los flujos de pensión que le dio la reforma al presidente Petro a Colpensiones”.
El gobierno nacional ya está trabajando en derogar el decreto que obliga hoy a los fondos privados de pensiones a tener la mayor parte del ahorro de los afiliados invertido en Colombia y no en el exterior, según fuentes consultadas por Blu Radio.El objetivo del gobierno anterior era forzar el regreso a Colombia de unos 125 billones de pesos en cinco años y aunque aún no se habían traído todos los recursos la sola expectativa es uno de los factores que están llevando a la caida del precio del dólar, según el Banco de la República. La medida había causado una inmensa polémica y le costó la cabeza a la entonces directora de la Unidad de Regulación Financiera, URF, Mónica Higuera, quien le advirtió al gobierno que traer recursos "por traerlos" podía perjudicar los intereses de los afiliados. La decisión del actual gobierno es derogar ese decreto, así como otras dos polémicas decisiones de la administración anterior: la de no pagar en su totalidad el seguro de deslizamiento del salario mínimo y la de obligar a fondos privados de pensiones a entregar hasta 25 billones de pesos en ahorro de afiliados que se trasladaron a Colpensiones por cuenta del traslado exprés avalado en la reforma pensional.La protección ante el deslizamiento del salario mínimo llevó a que el gobierno transfiriera menos recursos de los necesarios para cubrir la diferencia entre la inflación y el aumento del salario mínimo, y se hizo justo en los años en que esa diferencia fue más alta. Como consecuencia se encareció el valor de la pensión mínima y se puso en riesgo el funcionamiento del seguro previsional.Hoy el Ministerio de Hacienda está evaluando las distintas peticiones del sector empresarial para establecer cuáles son los asuntos prioritarios, una agenda que avanza al mismo tiempo que se discute el presupuesto del próximo año y el plan de recortes.
La reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y aprobada en su mayoría por la Corte Constitucional cambia la forma en que los colombianos cotizarán para su jubilación. Uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con los ahorros que millones de trabajadores ya tienen en los fondos privados.Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y actual vicerrector de la Universidad de los Andes, explicó en El Radar que el nuevo modelo no elimina de inmediato el ahorro individual ni significa que los recursos que ya están en los fondos privados desaparezcan.El cambio estructural está en que los dos regímenes que hasta ahora competían —Colpensiones y los fondos privados— pasarán a complementarse mediante un sistema de pilares.Por ejemplo, una persona que gane cinco salarios mínimos cotizará sobre los primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y el excedente, equivalente a 2,7 salarios mínimos, en un fondo de ahorro individual. Al momento de pensionarse, las prestaciones de ambos componentes se sumarán.¿Y qué pasa con lo que ya está ahorrado en un fondo privado? Olivera señaló que “todavía hay parte del ahorro que tenemos” que permanecerá en manos de las administradoras privadas. Además, estas entidades podrán continuar participando en el sistema mediante fondos voluntarios de pensiones y administrando parte del ahorro.Sin embargo, el peso de los fondos privados en las nuevas cotizaciones será menor. Esto se debe a que más del 80 % de los trabajadores colombianos gana menos de 2,3 salarios mínimos, por lo que, según explicó el economista, la mayoría de las cotizaciones terminará concentrándose en Colpensiones.“Yo no me atrevería a llamar exactamente que es la estatización del sistema, pero sí la participación de los fondos privados va a ser menor”, afirmó.Olivera también defendió el nuevo esquema frente a la pérdida de libertad para escoger entre los dos regímenes. A su juicio, los trabajadores no siempre toman decisiones pensionales con suficiente anticipación.La reforma, por tanto, no implica que los ahorros existentes en fondos privados simplemente se pierdan. El principal cambio está en cómo se distribuirán las nuevas cotizaciones y en que, hacia el futuro, la pensión será el resultado de la combinación de los componentes público y privado.
La vocera del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional frente a la reforma pensional, luego de que el alto tribunal devolviera partes puntuales del texto al Congreso la posibilidad de subsanar los vicios de procedimiento detectados durante su trámite, pero dando luz verde a la mayoría de la Ley.Valencia, quien además fue la demandante de la reforma que generó el primer análisis por parte de la Corte, porque hay otras decenas de demandas, cuestionó que la Corte haya reconocido irregularidades, pero ordenara revisar únicamente nueve artículos, mientras el resto de la norma continúa vigente. A su juicio, esto podría comprometer la sostenibilidad financiera del país y el futuro pensional de las nuevas generaciones.“Quiero disentir del fallo de la Corte Constitucional”, afirmó Valencia, quien sustuvo que esta es la segunda oportunidad que se le da al Congreso para corregir el trámite de una reforma que, según señaló, estuvo marcada por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).“No olvidemos que esta reforma está manchada por el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo”, escribió la dirigente política.La vocera también cuestionó los efectos de la reforma sobre la libertad de elección de los trabajadores. “Esta reforma elimina el derecho legítimo del ciudadano de elegir el sistema pensional en el que quiere estar, el público o el privado”, señaló.Según Valencia, el cambio podría afectar a trabajadores que han cotizado durante años y posteriormente pierden su empleo formal, pues tendrían que retirar saldos que, en el sistema público, podrían resultar insuficientes.La dirigente del Centro Democrático también alertó sobre el impacto fiscal y generacional de la reforma y calificó el eventual costo futuro como una “bomba atómica pensional”.“Lo más grave de todo es que pasa una deuda pensional que ya era una bomba a una bomba atómica pensional, que será impagable para las nuevas generaciones de colombianos”, sostuvo.Para la también excandidata a la presidencia el país debe debatir sobre el sistema pensional con responsabilidad, buscando proteger los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
El nuevo sistema pensional en Colombia se encamina de forma irreversible a entrar en vigencia el próximo 1 de abril, tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional que respaldó la gran mayoría del articulado de la reforma.Andrés Velasco, presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones (Asofondos), en diálogo con Mañanas Blu, señaló que, aunque la Corte devolvió nueve artículos a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de forma en su trámite, "tenemos una reforma pensional que según el mandato de la corte tendrá que entrar en vigor el próximo año el primero de abril". El trámite legislativo y el Fondo del Banco de la RepúblicaA pesar de que el nuevo modelo basado en pilares ya es prácticamente un hecho, el Congreso de la República deberá discutir a contrarreloj las disposiciones devueltas por la Corte.Velasco aclaró que se trata de "temas de precisión administrativa operativa" que calificó como "relativamente marginales si se ponen en contexto con el cuerpo de la reforma".El Legislativo dispondrá de un mes para discutir estos artículos una vez se publique formalmente el fallo de la Corte.Por otro lado, el traslado de los ahorros pensionales desde los fondos privados hacia el sector público no se dará de manera inmediata. Velasco explicó que estos recursos "se trasladarán cuando el fondo ahorro del primer contributivo del Banco de la República se cree y empieza a funcionar". Mientras esto ocurre, las administradoras privadas continuarán con la gestión de esos capitales. Este fondo, concebido para evitar el manejo directo del gobierno, captaría en el corto plazo recursos cercanos al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), y se proyecta que para los años 2060 o 2070 alcance aproximadamente el 15% del PIB.Alertas sobre sostenibilidad y pasivo pensionalEl presidente de Asofondo expresó serias dudas sobre la viabilidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo del nuevo esquema, enfatizando que el modelo está excesivamente volcado hacia el reparto y no hacia el ahorro real.Velasco fue categórico al afirmar: "Colombia merece un sistema pensional mejor que el que teníamos y pero también un sistema mucho mejor que el que queda con la reforma 2381".De acuerdo con el gremio y con estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, los beneficios introducidos, las reducciones de semanas para mujeres y la ventana de oportunidad de traslado provocarán un fuerte incremento en los costos del sistema."La reforma nueva (...) aumenta el pasivo pensional. Es más costosa en términos del pasivo pensional", sostuvo Velasco, detallando que el pasivo total "realmente se esté cerca de que duplicando frente al escenario de que teníamos en la ley 100".Finalmente, el presidente de Asofondo ejemplificó el impacto del nuevo esquema basándose en lo que les dice a sus propios hijos de 17 y 15 años sobre su futuro.Escuche aquí la entrevista:
Luego de 2 años de debate y más de 9 horas de discusión, la Sala Plena de la Corte Constitucional, aprobó con una votación de 7 a 1 la validez en el trámite de 85 artículos de la reforma pensional impulsada por el exmandatario Gustavo Petro. El conjuez Carlos Márquez fue quien salvó el voto.Con este fallo, el alto tribunal determinó que estas normas entrarán en vigor formalmente hasta abril de 2027, otorgando un margen de preparación al sistema antes de su aplicación definitiva.Sin embargo, la Corte ordenó devolver a la Cámara de Representantes 10 apartes y proposiciones clave que no fueron debatidos adecuadamente. Entre estos se encuentran dos artículos de forma completa y ajustes a otros seis puntos de la ley.La plenaria de la Cámara de Representantes contará con un plazo de 30 días hábiles para subsanar este procedimiento.De esta forma la discusión de la reforma pensional volvió a estar sobre la mesa de la Sala Plena de la Corte Constitucional, puesto que los magistrados debían revisar si el Congreso había corregido el problema de trámite que llevó a la Corte a devolver la ley en 2025. El caso era clave porque estaba en juego el futuro del sistema pensional y de los ahorros de cerca de 25 millones de colombianos.El origen de la discusión se remonta a 2024, cuando la reforma fue aprobada por el Congreso. La Corte encontró que, en el último debate de la Cámara de Representantes, no se había dado una discusión adecuada de los artículos, pues se había votado el texto que venía del Senado. Por esa razón, el 17 de junio de 2025 ordenó regresar la reforma al Congreso para que se corrigiera ese problema y se garantizara una deliberación adecuada.El Congreso volvió a tramitar la reforma en junio de este año, puesto que el gobierno Nacional de Gustavo Petro citó a sesiones extraordinarias, sin conocer el auto de la Corte Constitucional, por lo que la Corte tuvo que revisar si esta vez se había cumplido correctamente con lo ordenado.Tras este hecho, la magistrada Paola Andrea Meneses presentó una ponencia en la que consideraba que el error no había sido corregido y planteaba devolver nuevamente la norma a la Cámara para que el último debate se realizara de manera adecuada, revisando los artículos como correspondía, ponencia que fue discutida el día de hoy, 25 de agosto de 2026.La discusión estuvo en manos de siete magistrados: Paola Meneses, Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés, Vladimir Fernández, Miguel Polo, Lina Escobar y Carlos Camargo. También participó el conjuez Carlos Pablo Márquez, que fue decisivo en caso.No participaron Héctor Carvajal, apartado del proceso tras prosperar una recusación relacionada con sus vínculos contractuales con Colpensiones, ni Jorge Enrique Ibáñez, quien quedó impedido para intervenir en el caso.De esta forma, la Sala Plena tenía sobre la mesa varias posibilidades: mantener la reforma, tumbarla, devolverla nuevamente al Congreso para corregir el trámite o permitir su aplicación bajo determinadas condiciones. La decisión debía definir si el procedimiento utilizado por la Cámara había sido suficiente para superar el problema señalado por la Corte o si, por el contrario, era necesario repetir nuevamente el último debate.
Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información que permita esclarecer el asesinato de dos uniformados de la Policía ocurrido este viernes 25 de septiembre en Ábrego, Norte de Santander, y que conduzca a la identificación y captura de los responsables.De acuerdo con el coronel Carlos Angarita, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, el ataque ocurrió hacia las 9:30 de la mañana, cuando los uniformados se desplazaban en un vehículo institucional para adelantar una actividad preventiva en un colegio del municipio. Según la información preliminar, fueron atacados con armas de fuego por sujetos que se movilizaban en otro vehículo y que posteriormente huyeron en dirección hacia Cúcuta.En el hecho murieron el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar de Policía Brian Steven Lizarazo Torres, de 19 años, quienes se encontraban en cumplimiento de sus funciones.Tras el ataque, la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional, desplegó capacidades operativas e investigativas para ubicar a los responsables y establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen. “Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita esclarecer los hechos ocurridos y llegar con los responsables de este acto criminal”, señaló el coronel Angarita.Las autoridades pidieron a la ciudadanía suministrar cualquier información que pueda contribuir a la investigación, mientras los equipos de inteligencia e investigación criminal adelantan la búsqueda de los responsables. La Policía también expresó su solidaridad con las familias de los dos uniformados y aseguró que continuará con las acciones para lograr su judicialización.
Un árbitro fue suspendido en Bolivia por pitar un penal inexistente que provocó una reacción insólita: en protesta por la decisión, el portero dio la espalda al ejecutor y se plantó al lado de un poste, desde donde vio caer su valla.El juez central Carlos Arteaga fue suspendido "por un lapso de tiempo indefinido" a raíz de su polémica determinación, que se ha viralizado en redes sociales, dijo el viernes a la AFP un vocero de la Federación Boliviana de Fútbol.La situación ocurrió el domingo en el encuentro del torneo de ascenso boliviano que Atlético Independiente y Wilstermann Cooperativas disputaron en Cochabamba, sin la asistencia del VAR.A pocos minutos del final, cuando el juego iba empatado 2-2, Arteaga decretó un penal por una supuesta falta en un mano a mano entre el portero argentino Gustavo Tesonotte y un delantero rival.El juez sancionó "un penal inexistente en una jugada de disputa normal", una decisión que "ha incidido en el resultado final del partido", aseguró la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia al justificar la suspensión del referí.El fallo arbitral inmediatamente generó reclamos de los jugadores visitantes del Wilstermann, pero Tesonotte fue más allá y optó por ni siquiera intentar atajar el penal.El guardameta, de 28 años, se puso de espaldas al delantero Ernesto Adiri, se ubicó en la esquina del arco junto al poste y dejó que su contrincante rematara sin ninguna resistencia.Cuando Adiri, de 24 años, anotó el gol que le dio la victoria 3-2 a Atlético Independiente, Tesonotte aplaudió mientras sus compañeros discutían con el árbitro."Me generó muchísima bronca", contó el arquero a Cadena 3 de Argentina tras el partido. Aseguró que la manera en que encaró el penal fue "en forma de protesta" y concertada con sus compañeros y el cuerpo técnico del club.
La Fiscalía General de la Nación avanzó este 23 y 24 de septiembre en los interrogatorios de los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho, que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.Las diligencias hacen parte de la indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción para establecer si la información reportada al Consejo Nacional Electoral sobre los gastos, créditos y aportes de las campañas corresponde con su realidad financiera y contable.Por la campaña de Carolina Corcho fueron citados Nelson Emiro Linares, quien se desempeñó como gerente, y Libardo Hinestroza Palacios, como contador. Por la campaña de Iván Cepeda fueron llamados Carlos Saúl Garzón, en calidad de gerente, y Sandra Yurany López Cortés, como contadora. Las dos personas vinculadas a la campaña de Corcho no se conectaron a la diligencia, por lo que sus interrogatorios deberán ser reprogramados.El propósito de estas actuaciones es contrastar las declaraciones de quienes tuvieron responsabilidades en el manejo y reporte de los recursos con los registros contables y los soportes recopilados durante la investigación. La Fiscalía busca establecer si los gastos, créditos y aportes registrados ante el CNE corresponden a la realidad financiera de las campañas y verificar quiénes fueron los verdaderos financiadores.Esta etapa se suma a las diligencias de Policía Judicial realizadas previamente. El pasado 15 de septiembre, servidores de la Dijín de la Policía Nacional, con autorización de un juez de control de garantías, realizaron una inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, inmueble utilizado por el Pacto Histórico. Allí se buscó recopilar documentos, cuentas y soportes financieros y contables relacionados con la consulta.De manera paralela, la Fiscalía también adelanta verificaciones sobre la contabilidad de dos organizaciones privadas que están bajo investigación por la posible utilización como intermediarias para canalizar recursos de una eventual fuente prohibida o con un reporte irregular. En este componente fueron practicados nuevos interrogatorios a los 2 contadores de esas organizaciones, con el propósito de establecer el origen y manejo de los recursos que aparecen relacionados con la investigación.Con los interrogatorios y las demás diligencias, los fiscales continúan con el análisis de los documentos, registros contables, declaraciones y demás elementos recopilados. El objetivo será determinar si existieron inconsistencias en la información reportada ante el CNE o si se utilizaron recursos provenientes de una fuente prohibida.A partir de esos resultados, la Fiscalía establecerá por cuáles delitos existen elementos suficientes para avanzar hacia la imputación de cargos por las conductas que logren ser acreditadas durante la investigación.
Una investigación de la Policía permitió capturar en Bogotá a un exmilitar, señalado de haber retenido durante nueve días a su pareja sentimental y de someterla a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica.El caso fue conocido el pasado 6 de septiembre, cuando la mujer ingresó a un hospital en el sur de la ciudad y manifestó que había permanecido contra su voluntad en un inmueble de la localidad de Kennedy. Según su relato, durante ese periodo fue sometida a agresiones por parte de su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año, aunque nunca habían convivido.El señalado agresor es un exmilitar y permanecía constantemente en el inmueble donde ocurrieron los hechos. Con estos elementos, la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías una orden de registro y allanamiento para lograr su captura y recolectar elementos de prueba.Según la información conocida por las autoridades, el hombre habría utilizado diferentes mecanismos para mantener sometida a la mujer. Entre ellos estaría el suministro de gotas para dormir y la utilización de gas pimienta. La investigación también señala que el hombre habría utilizado el teléfono celular de la víctima para contactar a otras personas y hacerse pasar por ella, con el propósito de solicitarles dinero.Los relatos incorporados al caso describen además presuntas agresiones con elementos cortopunzantes. En uno de los episodios, el señalado victimario habría colocado la mano de la mujer sobre una mesa y clavado cuchillos entre sus dedos para posteriormente cauterizar las heridas.La víctima también denunció que el hombre utilizó un taladro eléctrico para arrancarle cabello y que, en otros momentos, la habría quemado con una pipa. Según su relato, además, le aplicaba alcohol directamente sobre las heridas abiertas.En cuanto a la violencia sexual, la mujer manifestó ante las autoridades que habría sido abusada sexualmente en diez ocasiones durante los nueve días que permaneció retenida. También aseguró que durante ese periodo el señalado agresor no le habría proporcionado alimentación adecuada.Tras su captura, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento. Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. La investigación continúa para establecer plenamente las circunstancias de los hechos y recaudar los elementos materiales probatorios correspondientes.
Cuando llegaron a Johannesburgo, unos supuestos turistas mexicanos explicaron a los agentes de migración que iban a descubrir los parques naturales sudafricanos para poder contemplar elefantes, rinocerontes, leones, leopardos y búfalos. En realidad, según la policía, eran químicos enviados por el cártel mexicano de Sinaloa para instalar un laboratorio de metanfetamina a escala industrial en el pueblo de Swartruggens, uno de los siete descubiertos en el sur de África en los últimos dos años.Los investigadores sospechan que este laboratorio forma parte de una red de esa organización para abastecer a Australia y Nueva Zelanda, los mercados de metanfetamina más lucrativos del planeta, con precios entre 65 y 100 veces más altos que en Estados Unidos.Cuando fue desarticulado en mayo, tenía capacidad de producir cinco toneladas al mes de esta droga sintética, que puede venderse al por mayor en Australia por más de mil millones de dólares, agregan estas fuentes.Devon Naicker, jefe de la Oficina de Lucha contra los Estupefacientes de Sudáfrica, explica que están investigando si un cargamento incautado este año en el país oceánico procedía de Swartruggens, a dos horas y media de Johannesburgo.El hecho de que "pasó por el puerto de Durban", en la costa este de Sudáfrica, y la "manera en que estaba embalada" llevan a pensar que fue fabricada en esa instalación.Sudáfrica es el "lugar perfecto" para producir metanfetamina, declaró a la AFP una fuente de seguridad.Cuenta con enormes extensiones en las que ocultar los laboratorios, conexiones marítimas y aéreas a nivel mundial y "corrupción, que desempeña un papel importante", señaló.Además, casi un tercio del comercio nacional se realiza con China e India, de donde proceden los productos químicos esenciales para fabricar metanfetamina.La policía australiana confirmó a la AFP que había detectado "un aumento del interés de los carteles mexicanos en el mercado de drogas ilícitas de Australia".No obstante, "debido a la sensibilidad de las operaciones, no comentaremos sobre los carteles mexicanos que operan en Sudáfrica", añadió.El contrabando parece no limitarse a la vía marítima. En enero, una mujer de 32 años fue detenida en el aeropuerto de Sídney, en un vuelo procedente de Sudáfrica, con 39 kilos de metanfetamina en polvo en su equipaje.En Australia, "la metanfetamina es la droga ilícita más consumida" detrás del cannabis, según un informe de 2024 elaborado por la agencia antidroga estadounidense DEA y las policías de ese país y Nueva Zelanda.Estos dos cuerpos de seguridad ya habían establecido con anterioridad que secciones locales de la banda de moteros Comancheros se abastecían de drogas del cártel de Sinaloa.La huella mexicanaLas diferentes investigaciones policiales en curso empiezan a arrojar luz sobre la cadena de suministro que el cartel mexicano ha tejido en el sur de África para satisfacer la demanda australiana.El mismo modus operandi se observa en Nigeria, en el oeste de África, donde este año fueron arrestados cuatro mexicanos durante redadas en laboratorios de metanfetamina.En Sudáfrica, la cifra de arrestados mexicanos se eleva a 16 desde 2024. El primer laboratorio con estas características se descubrió en 2020 en la localidad agrícola de Marble Hall, al noreste de Johannesburgo.Cuando se produjo la redada en Swartruggens en mayo, la enorme magnitud de la operación ya apuntaba claramente al sindicato de Sinaloa.Cinco de los 13 detenidos eran mexicanos, todos ellos químicos, según la policía. Habrían empezado a fabricar la droga poco después de llegar en marzo de 2025 con visados turísticos de tres meses.También arrestaron a dos mozambiqueños, un zimbabuense y cuatro sudafricanos, tres de ellos miembros de la familia afrikáner, propietaria de la extensa finca de caza donde se estableció el laboratorio.Los carteles "parecen acercarse a los agricultores que atraviesan dificultades", aunque no siempre es así, declaró a la AFP una fuente cercana al caso.La familia afrikáner compró la finca en 2024. Además, los padres se enfrentaban a un proceso judicial por alquilar terrenos en los que se fabricaba ilegalmente Mandrax, un sedante hipnótico para el mercado local."Huele realmente mal"Según la policía, estos laboratorios suelen encontrarse casi siempre en fincas aisladas pero con fácil acceso a las principales carreteras, lo que es el caso de Swartruggens."Necesitan un suministro continuo de productos químicos" para fabricar los precursores y también "sacar rápidamente la sustancia final del laboratorio", dijo Naicker, de la unidad antiestupefacientes.Eso implica "múltiples cargamentos que llegaban con camiones", señaló.El Cartel de Sinaloa utiliza el método P2P, basado en el compuesto fenil-2-propanona, hasta ahora desconocido en Sudáfrica, y productos químicos importados de China y la India, según afirmó otro agente."Pero la fabricación de los precursores huele realmente mal", declaró Naicker. "Se puede oler a kilómetros de distancia si el viento sopla en esa dirección", explicó.En agosto, la policía incautó cinco toneladas de disolventes, catalizadores y reactivos usados por los carteles en una redada en la frontera con Zimbabue, llevada a cabo con la ayuda de Estados Unidos.Previamente rastrearon un contenedor sospechoso que había entrado por el puerto de Durban hasta dar con cinco naves de almacenamiento llenas de productos químicos en Midrand, a medio camino entre Pretoria y Johannesburgo.Y a principios de este mes, desmantelaron un laboratorio a escala industrial que "parece una instalación mexicana" en una finca de Klipvoor, a unas tres horas al norte de Johannesburgo, explicó Naicker.Los grandes tanques encontrados allí, cada uno con una capacidad de varios cientos de litros, son otro indicio de la mano de los carteles."Se trata de equipamiento industrial, pero fabricado a mano. No se puede encontrar en ninguna tienda", afirmó una fuente cercana a la investigación."Creemos que traen a sus propios caldereros para construir todos estos tanques. Así de característico es", agregó.Enseñando a los localesEl general de brigada Naicker afirma que suelen llegar mexicanos de "alto nivel" para montar los laboratorios. Pero luego "dejan a otros mexicanos a cargo de la operación, personas con formación en química que entienden el proceso (...) para continuar con la fabricación de metanfetamina".A veces enseñan a los locales "cómo llevar a cabo la producción y solo venían a supervisarles", como en un laboratorio desmantelado en 2024 a 35 km de Johannesburgo, precisa.Una fuente de seguridad aseguró que los mexicanos detenidos "se encuentran en la parte inferior de la cadena" de mando, incluidos los arrestados en Swartruggens en mayo, aunque tuvieran conocimientos técnicos.Los cinco declararon a la policía que les vendaron los ojos y los tomaron como rehenes al llegar a Sudáfrica.Pero un investigador se burló de sus afirmaciones y replicó que "se les proporcionó todo lo que querían" para que su "estancia fuera cómoda". "¿Qué secuestrador va a dar a sus rehenes... comida y alcohol caros?"Laboratorios industriales en NigeriaEn Nigeria se observa un patrón similar. Una década después de que las autoridades creyeran haber expulsado a los carteles mexicanos, han comenzado a reaparecer laboratorios de metanfetamina presuntamente vinculados a los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.Como Sudáfrica, Nigeria cuenta con vastas extensiones de terreno remoto en las que ocultar los laboratorios, así como puertos y aeropuertos porosos por los que filtrar la mercancía.En mayo se desmanteló el mayor laboratorio de metanfetamina jamás descubierto en el país, en la zona rural del estado de Ogun.Tres mexicanos fueron detenidos acusados de estar vinculados a los cárteles, además de siete nigerianos. Otro mexicano fue detenido en una redada en junio en el estado de Oyo."La producción a escala industrial descubierta en los dos laboratorios confirma que su objetivo era el mercado internacional, especialmente Europa, el sudeste asiático y Oceanía", declaró a la AFP Femi Babafemi, portavoz de la Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas.El laboratorio del estado de Ogun se encontraba en un bosque entre las aldeas de Abidagba y de Iroto. Sus residentes acogieron inicialmente con agrado a los forasteros."Escuchamos rumores de que iban a construir allí una urbanización", dijo Florence Banjo, de 59 años. "Me alegré porque por fin iban a asfaltar la carretera que conduce a nuestra aldea", pero "nos quedamos decepcionados"."Gran capacidad para corromper" Cinco de los 28 laboratorios de metanfetamina desarticulados en Nigeria desde 2016 tenían a mexicanos implicados, señaló Babafemi.Según él, los mexicanos aparecieron por primera vez hace una década. "Vinieron para transmitir sus conocimientos técnicos a sus colaboradores locales. Una vez que fueron expulsados, los colaboradores locales tomaron el relevo".La reactivación de los cárteles en África se debe, en parte, a la presión que ejercen sobre ellos Estados Unidos y los gobiernos regionales de América Latina, afirmó Babafemi."Debemos preocuparnos seriamente por la expansión" de estos grupos "fuera de su principal bastión", dice Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Grupos Armados No Estatales de la Brookings Institution.Según ella, África es "un entorno operativo propicio para los mexicanos, que tienen una gran capacidad para corromper a las personas".Su metanfetamina es mucho más potente y letal que la versión de la droga que solían introducir de contrabando en Australia los grupos criminales procedentes de China y Birmania, añade.En Mozambique, antes considerado un mero país de tránsito de las drogas, dos mexicanos fueron detenidos en el aeropuerto de Maputo, la capital, en abril.Posteriormente se encontró una gran cantidad de productos químicos utilizados para fabricar metanfetamina en el domicilio de su presunto cómplice local.Consumo localLa producción y el tránsito a gran escala de drogas sintéticas en África también fomentan su consumo local, lo que preocupa a las autoridades de Nigeria y del sur del continente."A menudo se paga a los intermediarios con drogas, en lugar de solo con dinero en efectivo, y posteriormente tienen que colocar ese producto en los mercados locales", afirmó Antonio De Vivo, jefe de la oficina de Maputo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).Paulo Ferrao, de 27 años, un exadicto que trabaja en un centro de desintoxicación cerca de Maputo, es testigo del daño que la metanfetamina cristalina está causando allí."Estamos recibiendo más casos relacionados con la metanfetamina, lo que significa que la heroína ya no es suficiente para quienes están detrás del tráfico de drogas", señaló Ferrao.
