Reforma pensional

Las personas que lleguen a la edad de retiro sin completar las semanas exigidas para pensionarse podrían recuperar la totalidad de sus ahorros si avanza en el Congreso la contrarreforma pensional radicada por el Centro Democrático. Así lo explicó en Mañanas Blu la senadora Claudia Margarita Zuleta, una de las promotoras del proyecto, que busca modificar la reforma pensional del expresidente Gustavo Petro (Ley 2381 de 2024), cuya entrada en vigencia está prevista para el 1 de abril de 2027.La iniciativa, que según el partido busca corregir desequilibrios financieros del nuevo sistema, será liderada por los senadores Andrés Forero, Claudia Margarita Zuleta y Zandra Bernal. Devolución de ahorros: el cambio para quienes no alcanzan la pensiónDe acuerdo con la congresista, el grupo más favorecido con la propuesta sería el de los cotizantes que no logran reunir los requisitos. Zuleta lo planteó así: “Las personas que han cotizado pero no alcanzan a cumplir los requisitos serían las más beneficiadas con nuestro proyecto de contrarreforma”.La senadora calificó como “muy injusta” la Ley 2381, porque, según explicó, obliga a mujeres de 57 años y hombres de 62 que no han completado los requisitos a trabajar tres años más, y al cumplir ese plazo les ofrece una renta vitalicia calculada con base en lo ahorrado y en las semanas cotizadas, en lugar de devolverles el dinero. Sobre esas mesadas, afirmó: “Los estudios muestran que van a ser mesadas muy bajas, la mayoría de ellas por debajo de 500 mil pesos”.La contrarreforma propone dos cambios en este punto. El primero es mantener la edad de referencia en 57 años para mujeres y 62 para hombres. “No vamos a aumentar edad para optar por la pensión”, aseguró la senadora. El segundo es dar libertad de elección. En palabras de Zuleta, el proyecto “le deja a la persona la libertad de elegir entre o tomo la mesada que me ofrece la Ley 2381, o puedo recuperar mis ahorros, puedo pedir la devolución de mi saldo si estoy en AFP, o la indemnización sustitutiva si estoy en Colpensiones”.Para ilustrarlo, la congresista propuso un caso hipotético: una persona con 100 millones de pesos ahorrados podría decidir entre recibir ese monto en efectivo o una mesada de 300.000 pesos mensuales. Algunos, dijo, preferirán la renta por tener una situación estable, mientras que otros optarán por el dinero para terminar de pagar su vivienda, educar a sus hijos o invertir. “Démosle libertad a los colombianos para que cada uno, en virtud de su realidad, pueda decidir”, señaló.Fin de la obligatoriedad de cotizar en ColpensionesEl otro eje de la contrarreforma es la coexistencia de los regímenes. Zuleta lo resumió así: “Lo más importante es que rompemos un monopolio que intenta la Ley 2381 en el recaudo pensional en Colpensiones”.Según explicó, con la reforma aprobada todos los colombianos, salvo quienes están en régimen de transición, deberán cotizar en Colpensiones hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos, y solo el excedente podrá ir a cuentas individuales en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). El proyecto del Centro Democrático permitiría que cada afiliado elija entre el régimen público y el de ahorro individual, y que quienes ya están en un fondo privado puedan permanecer allí.Traslados entre regímenes cada cinco años y sin límite de edadLa propuesta también modifica las reglas de traslado. Hoy, bajo la Ley 100, los cambios entre regímenes solo pueden hacerse cada 10 años y hasta 10 años antes de la edad de pensión. La contrarreforma permitiría traslados cada cinco años y sin límite de edad. “Si un año antes de pensionarse usted quiere trasladarse, lo puede hacer”, afirmó Zuleta.La senadora sostuvo que esto es viable porque el proyecto busca reducir las diferencias entre ambos regímenes, de manera que la tasa de reemplazo que obtiene un afiliado en cada uno sea similar.El umbral de 2,3 salarios mínimos, el debate que se anticipaEl proyecto conserva el umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones y respeta el sistema de pilares para quienes elijan el régimen público. “Nosotros no destruimos la idea del sistema de pilares”, precisó.Sin embargo, Zuleta anticipó que este será uno de los puntos más álgidos del trámite. Según la congresista, entre el 40 % y el 49 % de los recursos que necesita Colpensiones para cumplir sus compromisos provienen del Presupuesto General, lo que implica un subsidio mayor para las pensiones más altas. “El número 2.3 salió de una decisión política, no de una decisión técnica”, dijo, y agregó: “Una decisión técnica nos demuestra que el umbral de Colpensiones debe ser máximo de 1.5 o 1.6 salarios mínimos”.¿Qué dice el Gobierno De la Espriella sobre la contrarreforma?Frente al respaldo del Ejecutivo, la senadora reconoció: “No hay un mensaje definitivo, un mensaje oficial de apoyo todavía de parte del gobierno”. No obstante, aseguró que en diálogos con la ministra de Trabajo, el ministro de Hacienda y el viceministro ha percibido que “el gobierno ve con buenos ojos el proyecto”, por la presión financiera que enfrenta Colpensiones.Como contexto, la Corte Constitucional le otorgó 30 días hábiles al Gobierno para sustentar su solicitud de aplazar hasta abril de 2028 la entrada en vigencia de la reforma, luego de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y Colpensiones pidieran más tiempo, y para ello abrió un incidente de impacto fiscal. Bono de semanas por hijo y régimen étnico, en la miraTras la decisión de la Cámara de Representantes, que al negar o retirar las proposiciones de los nueve artículos devueltos por la Corte dejó la reforma igual al texto aprobado en 2024, Zuleta anunció que la bancada estudia incorporar dos temas que no están en el texto radicado.El primero es el bono de 50 semanas por hijo, hasta un máximo de tres, para las mujeres. Según explicó, como a partir de 2036 las mujeres se pensionarán con 1.000 semanas, una mujer con tres hijos podría hacerlo con 850 semanas, lo que a su juicio tiene un impacto fiscal adicional. El segundo es el artículo 93, que establece condiciones especiales para poblaciones étnicas. La senadora sostuvo que, en su opinión, esa norma crea un régimen exceptuado, prohibido por el Acto Legislativo 01 de 2005.

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