“Colpensiones lo estoy entendiendo”, “me tiraron a los toros” y “sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente” fueron algunas de las frases pronunciadas por Carlos René Montoya durante su primera intervención ante la Comisión Séptima del Senado, un día antes de que el presidente Abelardo De La Espriella le solicitara su renuncia a la presidencia de Colpensiones. La decisión fue confirmada este jueves, 24 de septiembre, y estuvo relacionada con las dificultades que tuvo el funcionario para responder preguntas sobre el presupuesto, el funcionamiento de la entidad y los retos del sistema pensional.Montoya llevaba apenas dos días en el cargo cuando fue citado al Congreso para explicar asuntos relacionados con el presupuesto de Colpensiones. Al comenzar su intervención, reconoció que todavía estaba conociendo la entidad y pidió que una de sus asesoras, Sandra Camargo, explicara algunos detalles. Sin embargo, desde la Comisión Séptima le señalaron que, al ser el funcionario citado, debía ser él quien respondiera directamente los cuestionamientos de los senadores.Fue entonces cuando pronunció una de las frases que terminaría marcando su breve paso por la entidad: “Administrativamente, Colpensiones, lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”. También manifestó durante la sesión: “Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”. Esta intervención generó cuestionamientos de congresistas por las dificultades para explicar las cifras presupuestales y aspectos relacionados con la operación de la entidad y la implementación del nuevo modelo pensional.La Comisión Séptima terminó aplazando la discusión y había previsto una nueva citación para que Montoya ampliara sus explicaciones sobre el presupuesto de 2027. Sin embargo, antes de que pudiera regresar al Senado, el Gobierno decidió solicitarle la renuncia. Según la Presidencia, la determinación se produjo después de evidenciarse dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales de Colpensiones y del sistema pensional.Así, las expresiones que Montoya utilizó para explicar que apenas comenzaba su gestión terminaron convirtiéndose en el centro de la controversia que derivó en su salida. La renuncia fue presentada y puesta a disposición del Gobierno tras la solicitud del presidente De La Espriella.
Carlos Montoya sale de la presidencia de Colpensiones. El presidente Abelardo De La Espriella pidió su renuncia tras las dificultades que tuvo durante su intervención en la Comisión Séptima del Senado de la República donde no respondió todos los requerimientos sobre el sistema pensional del país.La decisión se conoció apenas unos días después de que Montoya asumiera la dirección de Colpensiones y luego de su presentación ante los congresistas, donde reconoció que todavía estaba conociendo el funcionamiento de la entidad. Durante la sesión, incluso solicitó apoyo de una funcionaria para responder algunas de las preguntas, pero desde la mesa directiva le recordaron que, al ser el funcionario citado, era él quien debía entregar las respuestas.“Administrativamente, Colpensiones, lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”, dijo Montoya en la comisión.La situación generó cuestionamientos en la Comisión Séptima, al punto de que los congresistas decidieron aplazar la sesión y plantearon la posibilidad de volver a citar al funcionario para que respondiera posteriormente los interrogantes pendientes. Entre las frases pronunciadas por Montoya durante su intervención estuvieron “me tiraron a los toros”, “estamos en un momento bisagra” y “Colpensiones lo estoy entendiendo”, expresiones que marcaron su paso por el Congreso antes de que se conociera su salida del cargo.Según el comunicado de la Presidencia de la República, la solicitud de renuncia estuvo relacionada precisamente con las dificultades que tuvo Montoya para responder con precisión asuntos fundamentales sobre el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional. La Casa de Nariño señaló que, aunque reconocía su trayectoria, el Gobierno esperaba que los funcionarios encargados de responsabilidades de esta magnitud contaran con la preparación necesaria para asumir sus funciones.La salida de Montoya se produce en un momento clave para Colpensiones y para el sistema pensional colombiano, debido a la implementación de los cambios contemplados en la reforma pensional y a los desafíos financieros que enfrenta la entidad.
La Contraloría lanzó una alerta sobre la financiación de las pensiones en Colombia. De acuerdo con un análisis de la Delegada para el Sector Trabajo, se necesitarían más de $4,2 billones adicionales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pensionales durante 2026.El organismo de control encontró un desbalance entre el comportamiento utilizado para proyectar el presupuesto y el incremento que finalmente tuvo el salario mínimo. Mientras las estimaciones presupuestales contemplaban un crecimiento cercano al 7,5 %, el aumento efectivo del salario mínimo fue del 23 %. Esta diferencia habría generado un incremento no previsto en las obligaciones que debe atender el sistema pensional, particularmente en las mesadas que están vinculadas al salario mínimo. El presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para este año contempló gastos por $75,58 billones. De ese total, $72,80 billones fueron destinados al pago de pensiones y jubilaciones.Una parte importante de estos recursos proviene directamente del Presupuesto General de la Nación. Para 2026 se habían contemplado $33,7 billones en aportes nacionales, equivalentes al 44,6 % de la financiación prevista.Según el análisis de la Contraloría, la ejecución de esos recursos asciende a los mismos $33,7 billones. Es decir, si las transferencias ya fueron efectivamente giradas, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de los recursos nacionales que estaban inicialmente presupuestados. El problema estaría entonces en que las obligaciones aumentaron por encima de las previsiones utilizadas al momento de elaborar el presupuesto. La Contraloría aclaró que el hecho de que exista un posible faltante no significa que actualmente se hayan suspendido los pagos de las pensiones. La advertencia está relacionada con la necesidad de garantizar recursos adicionales para cubrir las obligaciones que se generaron durante la vigencia.Por esta razón, el organismo de control pidió al Gobierno Nacional prever y disponer los recursos necesarios para evitar que las mayores obligaciones pensionales afecten el cumplimiento de los pagos.
El anuncio sobre un faltante de $5 billones para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre generó preguntas entre pensionados y trabajadores sobre el futuro de sus pagos. En Sala de Prensa Blu, Andrés Izquierdo, CEO de Soluciones Pensionales ISP, explicó los factores que, según su análisis, están detrás de la situación.Izquierdo señaló que el incremento del salario mínimo tuvo un efecto importante sobre los gastos asociados al sistema pensional. Según explicó, el presupuesto había contemplado un crecimiento de 7 % en estos gastos, mientras que posteriormente el salario mínimo aumentó 23 %. “En promedio, todos en Colombia sabemos que el salario mínimo siempre aumenta por encima de la inflación, porque la Constitución ordena que los ingresos de los trabajadores aumenten por encima del mínimo para que no haya una, digamos, una pérdida del poder adquisitivo”, explicó.¿Por qué se generó el faltante para las pensiones?El experto sostuvo que el problema está relacionado con la diferencia entre el crecimiento de los gastos y el comportamiento de los ingresos del sistema. Para explicarlo, comparó la situación con las finanzas de un hogar.“Si yo me gasto hoy 2 millones de pesos en mis gastos mensuales y preveo que mi aumento de sueldo el año entrante va a ser del 5 %, pues yo no me pongo a comprarme un carro de 100 millones que me hace pagar una cuota o un incremento de mis gastos de más del 30 %, porque simplemente pues los números no me dan”, precisó.De acuerdo con Izquierdo, esta situación representa una presión fiscal para Colpensiones, debido a que una proporción importante de sus pensionados recibe una mesada equivalente al salario mínimo. ¿Está garantizado el pago de las pensiones?Ante las dudas sobre las mesadas y la prima de los pensionados, Izquierdo aseguró que existe una garantía constitucional para estos pagos y descartó que el faltante implique que puedan dejar de cumplirse esas obligaciones.“Las mesadas están garantizadas porque primero, constitucionalmente no lo pueden hacer. Segundo, y este dato es muy importante, pues popularmente sería insostenible”, afirmó.El experto agregó que el Gobierno tendría que buscar mecanismos para cubrir los recursos que hacen falta, entre ellos trasladar presupuesto de otros rubros o recurrir al endeudamiento.¿Qué recomendó sobre el sistema pensional?Durante la entrevista también se refirió a los jóvenes que actualmente cotizan. Izquierdo destacó que la cotización pensional funciona como protección frente a tres riesgos: vejez, invalidez y muerte.“Cuando uno cotiza, pues tiene la posibilidad de que lo que uno cotiza al Sistema General de Seguridad Social lo puede deducir de su declaración de renta. Entonces le puede bajar los impuestos si quiere un beneficio tributario”, mencionó.
La reforma pensional modificará la manera en la que los trabajadores realizan sus aportes y reciben su pensión. Uno de los principales cambios se relaciona con la distribución de las cotizaciones entre Colpensiones y los fondos privados.El nuevo sistema establece que, dentro del pilar contributivo, las cotizaciones correspondientes a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes estarán a cargo de Colpensiones. Cuando el ingreso supere ese límite, la parte restante irá hacia el componente de ahorro individual.¿Cómo funcionarán las cotizaciones con la reforma pensional?En este nuevo modelo se contemplan cuatro pilares: solidario, contributivo, semicontributivo y de ahorro voluntario.En el contributivo, Colpensiones administrará las cotizaciones que correspondan hasta 2,3 salarios mínimos. El excedente, cuando el trabajador tenga un ingreso superior a ese monto, será destinado al componente complementario de ahorro individual, que será administrado por una administradora de fondos de pensiones.Esto significa que una persona con ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos podrá tener aportes distribuidos entre el componente público y el ahorro individual.¿Cuál es el tope de cotización en Colpensiones?El límite de 2,3 salarios mínimos corresponde al monto de ingreso sobre el que se realizarán las cotizaciones dentro del componente administrado por Colpensiones. Esto no quiere decir que esa cifra sea el tope de la pensión que recibirá cada persona.El valor de la mesada dependerá de factores como el ingreso base de liquidación, las semanas cotizadas y las condiciones establecidas por la legislación pensional.Por esta razón, un trabajador que gane más de 2,3 salarios mínimos no necesariamente tendrá una pensión limitada a ese monto. Su mesada podrá estar conformada por los recursos correspondientes al componente de prima media y por el ahorro acumulado en el complementario.¿Cómo se calculará la pensión con aportes públicos y privados?Para quienes superen el límite establecido, la pensión podrá tener una composición mixta. Una parte corresponderá al componente administrado por Colpensiones y otra estará relacionada con los recursos acumulados en el fondo privado.El monto final dependerá de la historia laboral, las semanas cotizadas, los ingresos sobre los que se realizaron los aportes y el ahorro acumulado durante la vida laboral. Por eso, el valor de la pensión no se determinará únicamente con base en lo administrado por Colpensiones.
La Junta Directiva de Colpensiones eligió a Carlos René Montoya Muñoz como nuevo presidente de la entidad, según informó este jueves 17 de septiembre el Ministerio del Trabajo.Montoya Muñoz es abogado de la Universidad del Sinú y cuenta con especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo. Además, tiene formación en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).El nuevo presidente de Colpensiones tiene 25 años de experiencia en los sectores público y privado. Durante su trayectoria ha trabajado en entidades como la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, además de tener experiencia en la academia y el sector empresarial.De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, Montoya Muñoz también cuenta con experiencia en relaciones laborales y negociación colectiva. Participó en la negociación y administración de ocho convenciones colectivas de trabajo y ejerció como inspector del Trabajo y Seguridad Social.La sesión de la Junta Directiva estuvo presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, en representación del presidente de la República. También participaron Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolás Farfán Namen, representantes del jefe de Estado.“Esta nueva etapa debe permitirnos seguir fortaleciendo una entidad que escuche, responda con eficiencia y entienda que detrás de cada trámite hay una persona que espera un servicio oportuno y respetuoso de sus derechos", afirmó la ministra López.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó en Mañanas Blu las razones detrás del déficit fiscal que afronta el sistema público de pensiones para cubrir los pagos de fin de año.Según el dirigente gremial, el faltante responde a la diferencia entre las proyecciones presupuestales y el incremento definitivo del salario mínimo decretado para la vigencia 2026.El presupuesto inicial se construyó bajo la premisa de un ajuste cercano al 7.5 %, correspondiente a la inflación esperada más un punto porcentual. Sin embargo, el Gobierno nacional fijó un aumento del 23.7 %.Debido a que cerca del 60 % de las pensiones que paga Colpensiones corresponden al salario mínimo, el costo de estas mesadas se elevó en una proporción muy superior a la calculada.El gasto total en pensiones de salario mínimo en Colpensiones ronda entre 8 y 9 billones de pesos. Aunque la entidad recibe mayores ingresos por las cotizaciones de los trabajadores que ganan un mínimo más alto, la suma neta deja un déficit de 5 billones de pesos."Esa es nuestra estimación, pero se compensa con mayores cotizaciones por el salario mínimo que liquida el 16 % sobre un mínimo más alto. Entonces hay más cotizaciones, como usted bien dice, pero en neto quedan faltando 5 billones de pesos", explicó.Para financiar este hueco en los últimos tres meses del año, el Ministerio de Hacienda deberá reasignar partidas dentro del Presupuesto General de la Nación. Velasco aclaró que el pago de las pensiones es una obligación prioritaria en la ley colombiana, ubicada solo por detrás de la deuda pública."Yo no creo que lleguemos hasta un punto de afectación de los pensionados. Yo creo que la alerta que hace la ministra es una alerta que obviamente van a poder solucionar", señaló el dirigente de Asofondos.El impacto de este reajuste también alcanzó al Presupuesto General de la Nación presentado para 2027. La propuesta corregida del Ministerio de Hacienda incluyó 6.5 billones de pesos adicionales para atender las obligaciones del sistema pensional.Actualmente, Colpensiones desembolsa 80 billones de pesos anuales en mesadas dentro del régimen general. La mitad de esa suma se financia con transferencias directas del presupuesto provenientes de impuestos como el IVA y la renta, mientras que los otros 40 billones provienen del uso de cotizaciones y traslados de afiliados desde el régimen privado.Velasco dio un mensaje de tranquilidad a los adultos mayores al manifestar que "la nación colombiana no los va a dejar atrás, no los va a olvidar, les va a pagar su pensión", aunque reiteró la necesidad de solucionar el problema fiscal del país.
Tras la emergencia generada por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026, Colpensiones confirmó la reapertura de 12 Puntos de Atención Colpensiones (PAC) en varias regiones del país. De igual forma, la entidad habilitó esquemas itinerantes y una línea telefónica exclusiva para la atención de los ciudadanos residentes en las zonas impactadas por el sismo.Según informó la administradora pública de pensiones en un comunicado oficial, para acudir a los puntos presenciales que retomaron su operación es obligatorio agendar una cita previa a través de la línea telefónica (601) 487 0305.Oficinas de Colpensiones que ya están prestando servicioDe las sedes que fueron cerradas temporalmente por las afectaciones físicas del movimiento telúrico, las siguientes oficinas ya se encuentran operando con normalidad:IbaguéArmeniaPalmiraTuluáBugaCali SurCali NortePopayánPastoIpialesTumacoBarrancabermejaOficinas que mantienen el cierre temporalPor el contrario, la entidad decidió extender la suspensión de la atención presencial en las sedes donde persisten las evaluaciones de seguridad estructural:Cali Centro y oficina regionalPereira y oficina regionalManizalesQuibdóBuenaventuraPara atender a la población de los municipios impactados por el desastre natural, Colpensiones dispuso la línea de atención exclusiva (601) 487 0303.En alianza con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la entidad instaló puntos de atención itinerante en carpas. No obstante, con la reapertura de las sedes fijas en Cali y Armenia a partir del 31 de agosto, los puntos itinerantes en esas dos ciudades dejaron de prestar servicio.En Manizales, la atención temporal mediante carpas se mantiene en el Parque Ernesto Gutiérrez (carrera 22 n.º 31-08). La entidad proyecta instalar un punto similar en Pereira una vez las autoridades locales dispongan de un espacio físico idóneo para la carpa.La administradora recordó a los afiliados y pensionados que dispone de 96 trámites y procedimientos digitales a través de su portal web oficial (colpensionestransaccional.gov.co).Asimismo, se priorizó la gestión virtual y presencial para cinco trámites fundamentales:Pensión de vejez.Pensión de invalidez.Pensión de sobrevivientes.Sustitución pensional.Auxilio funerario.Colpensiones enfatizó que todos los servicios y gestiones ante la entidad son completamente gratuitos, e hizo un llamado a la ciudadanía a no acudir a gestores o intermediarios para evitar fraudes o pérdida de dinero.
La reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y aprobada en su mayoría por la Corte Constitucional cambia la forma en que los colombianos cotizarán para su jubilación. Uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con los ahorros que millones de trabajadores ya tienen en los fondos privados.Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y actual vicerrector de la Universidad de los Andes, explicó en El Radar que el nuevo modelo no elimina de inmediato el ahorro individual ni significa que los recursos que ya están en los fondos privados desaparezcan.El cambio estructural está en que los dos regímenes que hasta ahora competían —Colpensiones y los fondos privados— pasarán a complementarse mediante un sistema de pilares.Por ejemplo, una persona que gane cinco salarios mínimos cotizará sobre los primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y el excedente, equivalente a 2,7 salarios mínimos, en un fondo de ahorro individual. Al momento de pensionarse, las prestaciones de ambos componentes se sumarán.¿Y qué pasa con lo que ya está ahorrado en un fondo privado? Olivera señaló que “todavía hay parte del ahorro que tenemos” que permanecerá en manos de las administradoras privadas. Además, estas entidades podrán continuar participando en el sistema mediante fondos voluntarios de pensiones y administrando parte del ahorro.Sin embargo, el peso de los fondos privados en las nuevas cotizaciones será menor. Esto se debe a que más del 80 % de los trabajadores colombianos gana menos de 2,3 salarios mínimos, por lo que, según explicó el economista, la mayoría de las cotizaciones terminará concentrándose en Colpensiones.“Yo no me atrevería a llamar exactamente que es la estatización del sistema, pero sí la participación de los fondos privados va a ser menor”, afirmó.Olivera también defendió el nuevo esquema frente a la pérdida de libertad para escoger entre los dos regímenes. A su juicio, los trabajadores no siempre toman decisiones pensionales con suficiente anticipación.La reforma, por tanto, no implica que los ahorros existentes en fondos privados simplemente se pierdan. El principal cambio está en cómo se distribuirán las nuevas cotizaciones y en que, hacia el futuro, la pensión será el resultado de la combinación de los componentes público y privado.
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) anunció el cierre temporal y preventivo de varios Puntos de Atención en distintas regiones del país, tras el terremoto registrado en las últimas horas.Según informó la entidad a través de un comunicado oficial, la medida busca revisar las condiciones de seguridad en la infraestructura y resguardar a los usuarios y trabajadores.Puntos de Atención presencial suspendidosEl cierre preventivo aplica para oficinas distribuidas en cinco regionales del territorio nacional:Regional Antioquia-Chocó: Quibdó.Regional Eje Cafetero: Pereira, Armenia y Manizales.Regional Santander: Barrancabermeja.Regional Sur: Ibagué.Regional Occidente: Cali, Buenaventura, Buga, Palmira, Tuluá, Tumaco, Popayán, Pasto e Ipiales.Alternativas para realizar trámites de pensionesPara los afiliados, pensionados y beneficiarios BEPS en estas zonas, la entidad precisó que los trámites y consultas se mantienen de forma virtual y telefónica.Los canales habilitados son los siguientes:Portal institucional: www.colpensiones.gov.coLínea gratuita nacional: 018000 41 09 09Atención en Bogotá: (601) 489 09 09Atención en Medellín: (604) 283 60 90Colpensiones recomendó a los usuarios consultar únicamente los canales oficiales para verificar la reapertura de las sedes.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.