El Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla ordenó sancionar con cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes al presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, y al director de Historia Laboral de la entidad, José Luis Santaella Bermúdez, al concluir que incumplieron una orden judicial relacionada con una acción de tutela sobre la corrección de una historia laboral.La decisión impone a ambos funcionarios una multa de 5 salarios mínimos, al considerar que incurrieron en desacato frente a una orden impartida por el Tribunal Superior de Antioquia.El proceso se originó por una acción de tutela presentada por un ciudadano contra Colpensiones y AFP Protección S.A. El accionante manifestó que trabajó para la Armada Nacional - Ministerio de Defensa entre el 1 de febrero de 1982 y el 1 de octubre de 1990, tiempo que dio origen a un bono pensional tipo A.Según la decisión judicial, el ciudadano indicó que permaneció afiliado a AFP Protección hasta agosto del año pasado y que su último reporte registraba 1.494 semanas cotizadas, de las cuales 610 correspondían al tiempo certificado para el bono pensional. Sin embargo, al trasladarse a Colpensiones, la entidad solo le reconoció 1.045 semanas, omitiendo períodos laborados.El despacho señaló que el accionante había elevado múltiples reclamaciones administrativas sin obtener una respuesta de fondo, situación que, según expuso, afectaba su derecho a acceder a la pensión de vejez.En mayo de este año, el Tribunal Superior de Antioquia resolvió la impugnación y ordenó “Conceder la acción de tutela promovida. En consecuencia, se ordena a Colpensiones que dentro del término máximo de quince (15) días resuelva de fondo la reclamación relacionada con la corrección de la historia laboral del accionante”.La decisión también dispuso que AFP Protección debía colaborar con la entrega de información y explicar, entre otros aspectos, “el origen de la discrepancia entre las semanas de cotización certificadas por esa administradora y las que actualmente registra Colpensiones”, así como establecer si los aportes efectuados en el periodo cuestionado fueron incorporados a la historia laboral transferida.Durante el incidente de desacato, Colpensiones sostuvo que sí había cumplido la orden judicial. En su respuesta indicó que “dio respuesta de fondo, clara, concreta y suficiente a la solicitud del accionante mediante comunicación del 7 de mayo de 2026”.La administradora explicó además que adelantó gestiones ante el Ministerio de Defensa Nacional para verificar la posibilidad de corregir los tiempos laborados reclamados. No obstante, señaló que esa entidad certificó que al accionante “le fue reconocido un cupón de cuota parte mediante resolución expedida en el año 2001, razón por la cual no era viable expedir una certificación CETIL. En consecuencia, manifestó que se encuentra imposibilitada para efectuar la corrección y actualización de los ciclos laborales reclamados”.Pese a esos argumentos, el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla concluyó que la orden impartida por el Tribunal Superior de Antioquia no había sido satisfecha en los términos establecidos y, por esa razón, resolvió imponer la sanción de arresto y multa contra el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, y el director de Historia Laboral de la entidad, José Luis Santaella Bermúdez, por desacato a la decisión de tutela.
A solo cuatro días de que venza el plazo para que miles de colombianos realicen sus traslados de régimen pensional, la plataforma de Colpensiones presenta graves fallas de estabilidad. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, manifestó una “preocupación enorme” debido a que los ciudadanos que están a menos de diez años de pensionarse podrían quedar fuera del proceso por problemas técnicos. Según Velasco, Colpensiones está realizando una migración de su centro de datos que ha generado indisponibilidad desde el primero de julio.“Desde principios de julio estamos identificando que al parecer ese proceso pues ha presentado problemas y Colpensiones ha estado indisponible en muchos periodos”, señaló el directivo, enfatizando que el sistema se encuentra inestable en momentos críticos para los usuarios. El cuello de botella de la doble asesoríaEl proceso para trasladarse requiere de una "doble asesoría" obligatoria para garantizar que el ciudadano esté bien informado. Velasco reportó que, de las 280,000 solicitudes de doble asesoría, cerca de 160,000 han logrado completar el traslado aprobado.Sin embargo, el problema radica en quienes intentan iniciar el trámite ahora y se encuentran con un sistema caído que impide incluso verificar la afiliación.El presidente de Asofondos describió las dificultades que enfrentan los asesores de las AFP privadas al intentar conectar con la administradora pública: “Cuando se está consultando la historia laboral, por ejemplo, hoy la historia laboral está inestable. El sistema se cae, se vuelve disponible, queda dando circulitos... y eso obviamente genera impaciencia y preocupación”.Planes de contingencia manuales en la era digitalAnte la imposibilidad de procesar las solicitudes digitalmente, Colpensiones ha propuesto recurrir a métodos físicos. Velasco criticó que se pretenda retroceder en la modernización del sistema: “Colpensiones dijo: 'vamos a empezar a hacer cosas manuales, o sea, hojas de papel y hacer autorizaciones'. Es un plan de contingencia que funciona, pero no es el deseable en un sistema como el colombiano que lleva funcionando más de 30 años de forma electrónica, telefónica o digital”. El líder gremial recordó que los sistemas del sector financiero son "hiperregulados e hipervigilados" y deberían ser robustos ante estas contingencias.Escuche aquí la entrevista:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo clave al determinar que, ante la ausencia de pruebas que demuestren el traslado de un afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), se debe preservar su afiliación al Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones. Con este argumento jurídico, la corporación judicial negó una demanda interpuesta por Colpensiones con la que pretendía anular los actos administrativos que le habían reconocido y reliquidado una pensión de vejez a una ciudadana. Dicha prestación se había otorgado desde el año 2013 bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, haciendo uso del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993. La controversia inició porque Colpensiones sostenía que la ciudadana había perdido los beneficios de dicho régimen de transición. Según la entidad pública, la usuaria supuestamente se había trasladado del régimen público al régimen privado manejado por los fondos de pensiones, para luego retornar nuevamente a Colpensiones. Bajo esa premisa, la entidad pretendía exigir que la prestación económica fuera liquidada mediante las reglas generales de la Ley 100 de 1993 para que la beneficiaria fuera obligada a devolver el dinero que se le había pagado.Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca evidenció que las pretensiones de Colpensiones carecían de sustento probatorio. La corporación judicial enfatizó que la entidad demandante nunca acreditó de manera concreta el traslado de régimen que estaba alegando en los estrados. Al revisar el expediente, los magistrados comprobaron que Colpensiones no aportó elementos fundamentales para validar su tesis, tales como el formulario oficial de vinculación al fondo privado, la certificación de la respectiva administradora privada, entre otros.Finalmente, el fallo judicial resaltó la importancia de amparar a la ciudadana debido a sus condiciones actuales de edad, señalando que modificar su situación pensional vulneraría directamente sus derechos laborales, económicos y su mínimo vital.
Miles de pensionados en Colombia ya empiezan a revisar el calendario para conocer cuándo recibirán la anhelada mesada 14, un beneficio económico adicional que solamente recibirán algunos jubilados del país.Aunque muchas personas creen que este pago llegará al bolsillo de todos los pensionados, lo cierto es que no. De acuerdo con la legislación colombiana, solo algunos grupos de pensionados conservan este derecho, especialmente quienes pertenecen a regímenes especiales o porque alcanzaron su pensión antes de determinados cambios de la ley.De acuerdo con lo revelado por Colpensiones, los pagos se llevarán a cabo entre el 15 y 30 de junio de 2026, fecha que coincide con el pago de la prima de servicios de los trabajadores en Colombia.Mesada 14 en Colombia: quiénes recibirán el pago adicional en junioLa mesada 14 corresponde a un pago adicional que equivale al valor completo de la pensión mensual que recibe el trabajador ya jubilado. Es decir, si un pensionado recibe $3 millones de mesada al mes, esa misma suma la recibirá como beneficio adicional durante junio.Sin embargo, este pago no será para todos los pensionados del sistema colombiano. La norma indica que el beneficio se mantiene solo para ciertos sectores y personas que adquirieron el derecho antes de las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 01 de 2005.Por lo tanto, entre quienes conservan el beneficio aparecen integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y docentes del sector público.Colpensiones confirmó fechas de pago de mesada 14Según lo reveló Colpensiones, los pagos se realizarán desde la segunda mitad de junio y se extenderán hasta finalizar el mes.La entidad recordó que los pensionados no deben realizar trámites adicionales para recibir el dinero, solo deben cumplir las condiciones que exige la ley.Eso sí, la entidad destacó que el pago se verá reflejado en el cronograma habitual de consignaciones, por lo que los beneficiarios podrán revisar sus cuentas bancarias o canales oficiales de consulta para confirmar la fecha del desembolso.Quiénes son los beneficiados con la mesada 14La mesada 14 fue limitada desde hace varios años tras cambios constitucionales que eliminaron progresivamente el beneficio para nuevos jubilados.Las personas del régimen común solo pueden recibirla si obtuvieron su pensión antes del 25 de julio de 2011 y siempre que el valor de la jubilación no supere los tres salarios mínimos mensuales.Una medida que ha generado molestia en gran parte de los beneficiados, quienes no consideran equitativa la norma, pues los pensionados posteriores a esa fecha solo reciben la mesada 13 en diciembre, así como todos los jubilados que disfrutan de la llamada prima de Navidad.
Los ministros de Trabajo y Hacienda le acaban de pedir a la Superfinanciera que establezca si las AFP le trasladaron a Colpensiones los recursos correspondientes a los afiliados de manera suficiente, íntegra y completa.“Se solicita adoptar las medidas necesarias que permitan establecer con claridad la suficiencia, integridad y completitud de los recursos trasladados, por trasladar a la fecha o que deban trasladarse, en atención a que dicha información resulta esencial para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y de Colpensiones”, señala la comunicación.Según el Gobierno, existe un riesgo financiero derivado de la incertidumbre generada por las discrepancias en las cifras y en el número de afiliados reportados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en relación con los traslados de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones.Sin embargo, la petición tiene como telón de fondo una disputa de varias semanas entre el Gobierno de Gustavo Petro y el régimen privado de pensiones por 25 billones de pesos.En varias declaraciones, el Gobierno ha sugerido que el no traslado de recursos pone en aprietos las finanzas públicas, aunque descartó que se vayan a suspender los pagos a unas 20 mil personas que se trasladaron y ya están tramitando o cobrando la pensión.El Gobierno estima que unas 132 mil personas se han trasladado desde fondos privados hacia Colpensiones y que esos ahorros siguen en manos del sistema privado.¿En qué va la disputa entre los fondos privados de pensiones y el Gobierno nacional?Hace unas semanas, el Gobierno emitió un decreto que daba a los fondos de pensiones 15 días para entregarle a Colpensiones 25 billones de pesos correspondientes a los ahorros de afiliados al sistema de pensiones que se trasladaron desde el régimen privado hacia Colpensiones. Sin embargo, el decreto terminó demandado ante el Consejo de Estado y ese tribunal suspendió el traslado de los recursos mientras la Corte Constitucional decide si la reforma pensional puede regir o no como ley de la República.La decisión del Consejo de Estado provocó la molestia del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a su Gobierno “investigar” a los fondos privados de pensiones por apropiarse de los recursos del público. La investigación fue abierta de inmediato y está en curso.Los fondos privados de pensiones deben reportar información al regulador con una base prácticamente diaria, pero además el Gobierno conserva la facultad de hacer visitas de inspección, aprobar reglamentos de inversión, entre otras funciones.El Gobierno también elevó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica, pidiéndole que reconsidere su decisión, y aún no hay una respuesta a ese pedido.
El presidente Gustavo Petro firmo la Directiva 04 del 19 de mayo de 2026, con la que ordena a varias entidades del Estado reforzar la vigilancia y coordinación sobre el sistema pensional en medio de la incertidumbre jurídica que rodea la reforma pensional y el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.La directiva está dirigida al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Superintendencia Financiera, Colpensiones, la Secretaría Jurídica de Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y llega en un momento clave: la Corte Constitucional todavía no define el futuro definitivo de la reforma pensional aprobada en 2024, mientras el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, con el que el Gobierno buscaba ordenar el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados a Colpensiones, correspondientes a más de 135 mil afiliados que se cambiaron de régimen.Uno de los puntos centrales de la directiva es la orden a la Superintendencia Financiera para que haga seguimiento especial a los efectos de la reforma. El documento señala que la entidad “adelantará las actuaciones de vigilancia y seguimiento que considere pertinentes respecto de los efectos administrativos, operativos y financieros derivados de la aplicación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024”.Además, la directiva precisa que la Superintendencia podrá evaluar “la adecuada administración y trazabilidad de los recursos pensionales”, “la protección de los derechos e intereses de los afiliados” y “los posibles impactos sobre la estabilidad y continuidad del sistema pensional”.También ordenan una coordinación interinstitucional entre Hacienda, Trabajo, la Superfinanciera y Colpensiones para garantizar la continuidad del servicio público de pensiones, proteger a los afiliados y mantener informada a la ciudadanía sobre los cambios y efectos de la reforma.Aunque la directiva no habla expresamente de una intervención sobre los fondos privados, sí exige un control sobre el manejo de los recursos pensionales. Cabe mencionar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tampoco descartó esta medida.
En diálogo con Mañanas Blu, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, respondió de manera contundente a las acusaciones del presidente Gustavo Petro y explicó la situación jurídica de los 5 billones de pesos que se encuentran en el centro de una disputa entre los fondos privados y el Gobierno nacional. Velasco enfatizó que, ante el reciente fallo judicial, el gremio priorizará la legalidad sobre las presiones del Ejecutivo.Cumplimiento de la ley y respeto a la justiciaLa controversia escaló luego de que el Consejo de Estado emitiera una orden temporal que suspende el traslado de estos recursos hacia Colpensiones, argumentando que el ahorro debe ser protegido. Velasco fue claro al señalar que la organización acatará la medida: “Una vez el Consejo de Estado detiene la aplicación del decreto, pues nosotros tenemos que cumplir la ley. (...) Así como nosotros íbamos a cumplir el decreto cuando el Consejo de Estado no se había pronunciado, pues una vez se pronuncia una alta corte, pues nos toca respetar lo que esa alta corte ha decidido hacer”. El directivo explicó que, antes de la intervención judicial, los fondos estaban preparados para realizar la transferencia, pero la orden del tribunal cambió el panorama legal de inmediato. “El Consejo de Estado da una orden que por ahora es una orden temporal que revisará de fondo y esa orden es que los recursos deben continuar siendo ahorrados”, afirmóLa defensa del ahorro frente al gasto corrienteUno de los puntos de mayor fricción radica en el destino de los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen. Velasco argumentó que, bajo la nueva lógica de la reforma pensional (Ley 2381), estos recursos no deben gastarse inmediatamente para cubrir pasivos, sino preservarse.“La realidad es que la lógica de ahorrar sí es una lógica que es mucho más poderosa desde el punto de vista de la conveniencia nacional y por eso nosotros recibimos con beneplácito la decisión del Consejo de Estado de proteger estos recursos de ahorro”.Según el presidente de Asofondos, el modelo anterior de la Ley 100 permitía que el dinero de los traslados entrara a una "bolsa común" y se gastara de inmediato, generando una deuda futura para la nación.En contraste, defendió que mantener el ahorro individual es técnicamente más sano para la economía nacional.Respuesta a los ataques de PetroAndrés Velasco también se refirió a los calificativos del presidente Petro, quien tildó a los fondos de "ladrones" y "vampiros". Al respecto, manifestó: “Da mucho dolor y rabia que lo traten a uno así. Yo creo que hay una salida de proporciones en el lenguaje”. Asimismo, desmintió categóricamente los rumores sobre el manejo irregular de divisas o que el dinero se encuentre fuera del país para beneficiarse de la tasa de cambio. Finalmente, Velasco envió un mensaje de tranquilidad respecto al pago de las mesadas de los 25,000 colombianos que se trasladaron recientemente. Explicó que Colpensiones cuenta con recursos suficientes provenientes de otros 105,000 cotizantes que también se trasladaron bajo la misma ley y que aún no se han pensionado. Escuche aquí la entrevista:
El presidente Gustavo Petro respondió a la Corporación Excelencia para la Justicia que pidió protección internacional para la rama judicial y el magistrado Enrique Bedoya tras arremetida del mandatario contra el Consejo de Estado por frenar el decreto que ordenaba trasladar los ahorros pensionales a Colpensiones.A través de su cuenta de X el mandatario escribió: “He citado al superintendente financiero, de acuerdo a mis funciones constitucionales para que se inicie la investigación respectiva. Los intervinientes en el delito de prevaricato que establece que si por decisión de funcionario público escrita se viola con evidencia la ley y quiénes retengan ahorro de los pensionados serán denunciados ante la autoridad competente”.El mandatario ha cuestionado esta decisión al igual que su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que esto podría afectar el pago de las siguientes mesadas de quienes se pensionaron y ya se trasladaron.En respuesta, este tribunal manifestó su preocupación por lo que calificó como desinformación y descontextualización de las decisiones judiciales, advirtiendo que estas actuaciones deterioran la confianza institucional y debilitan el Estado de derecho."Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos", expresó el consejo en un comunicado.
En diálogo con Mañanas Bu, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, envió un mensaje de tranquilidad a los miles de colombianos que recientemente se trasladaron de los fondos privados al régimen público. Ante la incertidumbre generada por la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado, Dussán aseguró que los pagos están garantizados: “Claro que van a recibir el pago de la pensión porque ya la decretamos”. PagosA pesar de la pugna jurídica, Dussán explicó que Colpensiones cuenta con la liquidez necesaria para responder por las mesadas de mayo, junio, julio y el resto del año. Según el funcionario, la entidad se apoya en el Presupuesto General de la Nación, que para este rubro supera los 35 billones de pesos, además de los aportes de los afiliados actuales. Sin embargo, advirtió que la decisión del magistrado del Consejo de Estado afecta la operatividad prevista. “La decisión judicial genera un grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano en cuanto impide el traslado a la administradora colombiana de pensiones de los recursos correspondientes”, señaló Dusán, refiriéndose a los cerca de 5 billones de pesos que los fondos privados (AFP) deben girar por las personas que ya consolidaron su derecho pensional.Los 5 billones de pesosTodo radica en el traslado de recursos de aproximadamente 20,000 a 36,000 personas que hicieron uso de la "ventana de traslado" y ya tienen derecho a su jubilación. Dussán sostiene que, aunque el decreto esté suspendido, la obligación de los fondos privados persiste bajo la Ley 100 y el artículo 76 de la Ley 2381.“Esa plata es de ellos [los pensionados] y como ellos tienen los recursos para pagar las pensiones, nosotros adelantaremos las acciones necesarias”, afirmó el presidente de Colpensiones. Dussán cuestionó la postura de las administradoras privadas y de Asofondos, calificando de "irresponsables" algunas afirmaciones sobre la falta de claridad en las cuentas y enfatizando que “los fondos privados de pensiones deben pagarle esos recursos a Colpensiones”.Recursos legales y el futuro de la reformaPara revertir la suspensión, el Gobierno Nacional presentará un recurso de súplica ante la sala del Consejo de Estado, buscando que se habilite nuevamente el decreto que permitía a los fondos pagar la deuda mediante títulos de tesorería (TES) ante la falta de efectivo. Dusán concluyó haciendo un llamado a la celeridad judicial: “Esperamos que la Corte Constitucional falle rápidamente la vigencia de la ley y que la sala del Consejo de Estado corrija la decisión”. Mientras se resuelven estos "entuertos" jurídicos, el presidente de la entidad reiteró que el sistema no colapsará y que buscará mantener la sostenibilidad mediante el cobro de lo que considera una obligación legal clara de los fondos privados.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, anunció una ofensiva jurídica tras la reciente suspensión del decreto que ordenaba el traslado anticipado de fondos pensionales. La medida cautelar del Consejo de Estado frena actualmente el movimiento de 5 billones de pesos hacia Colpensiones, afectando la implementación de la reforma pensional.Ante este escenario, el ministro Antonio Sanguino confirmó que agotarán todas las instancias legales para revertir esta medida, que considera arbitraria y perjudicial: “Vamos a acudir de nuevo al recurso de la súplica. Ya lo hicimos la semana anterior”, declaró el jefe de la cartera.Sanguino calificó la decisión del alto tribunal como un “error deliberado” y una “interpretación amañada” de las normas que rigen el sistema pensional actual. Según el jefe de la cartera laboral, esta suspensión judicial es “cómplice con el abuso” que estarían cometiendo los fondos privados contra los ahorradores.La preocupación central del Ministerio recae sobre 25.000 pensionados cuyas mesadas son pagadas hoy por Colpensiones, pero cuyos capitales siguen retenidos en el régimen privado. Sanguino denunció que las administradoras se han quedado de manera “caprichosa” con los ahorros de estos colombianos que ya se trasladaron legalmente.Ministro de Trabajo sugiere 'tutelatón' por dinero de pensionesEl ministro advirtió que la retención de estos recursos pone en riesgo la sostenibilidad financiera para el pago de las obligaciones pensionales del presente mes. Ante este panorama de incertidumbre jurídica, aseguró que “la gente va a tener que acudir a una tutelatón” para que se le responda por su pensión.Además del recurso de súplica, el Ejecutivo planea radicar una denuncia penal contra el magistrado responsable de la providencia judicial que frenó los traslados de dinero. El presidente Gustavo Petro habría solicitado esta acción por considerar que se está “prevaricando en contra del interés nacional” y de los trabajadores.Sanguino criticó que los fondos privados utilicen los ahorros de los colombianos, estimados en 280 billones de pesos, para generar rentabilidad en portafolios de inversión extranjeros. Señaló que, mientras la plata está en “Gringolandia”, el sistema público debe realizar esfuerzos financieros para responder puntualmente por las jubilaciones.El ministro cuestionó la celeridad del tribunal para tomar una decisión sin permitir el derecho a la contradicción por parte del equipo jurídico del Gobierno. Además, defendió que controvertir un fallo con argumentos técnicos no constituye un irrespeto a la separación de poderes, sino una protección necesaria de la democracia.En las próximas horas, adelantó, el Ministerio del Trabajo se reunirá con la Secretaría Jurídica de Presidencia y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para coordinar acciones. El objetivo de este encuentro es consolidar sería consolidar una defensa férrea que impida lo que el ministro denominó públicamente como un “raponazo” financiero.“El fondo privado y el capital financiero no se van a burlar de la gente en este gobierno”, sentenció finalmente el ministro Sanguino en su intervención.¿Qué pasa con la plata de las pensiones en Colombia?Estas declaraciones del ministro Sanguino se dan luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente la totalidad del decreto con el que el Gobierno nacional ordenó el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, en medio de la implementación de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro.
La selección de Argentina afronta este domingo 11 de julio un nuevo desafío en su defensa del título cuando se mida a Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.El encuentro, que se disputará en Kansas City, definirá al último clasificado a las semifinales del torneo. La Albiceleste buscará mantener el camino hacia un nuevo título mundial, mientras que el conjunto suizo intentará dar la sorpresa y avanzar por primera vez a la siguiente ronda de la competición.Con ambos equipos instalados entre los ocho mejores del campeonato, el duelo promete intensidad y marcará el futuro de dos selecciones que llegan con la ilusión de seguir en carrera por la Copa del Mundo.Ver EN VIVO Argentina vs. Suiza HOYEl equipo de Blog Deportivo de Blu Radio llevará todas las emociones del compromiso EN VIVO, gratis y online a través de su canal de YouTube. La transmisión contará con la narración de Santiago "Santi" Saray, acompañado por el equipo de analistas y comentaristas de Blog Deportivo, que seguirá cada detalle del encuentro, las principales jugadas, los goles y las reacciones de los protagonistas.Los aficionados podrán disfrutar de una cobertura especial con el minuto a minuto y el análisis de uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026.¿A qué hora juega hoy Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?El compromiso entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este domingo 11 de julio en Kansas City, a partir de las 8:00 p. m.Suiza buscará dar un nuevo golpe sobre la mesa y eliminar a la vigente campeona del mundo para instalarse en las semifinales. Argentina, por su parte, intentará imponer su jerarquía y dar otro paso en la defensa del título conquistado en la anterior edición del torneo. El ganador del encuentro avanzará a la penúltima instancia del Mundial 2026.
Venezuela esboza un plan para atender a las miles de personas que perdieron sus casas por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron al menos 4.333 muertos y 16.740 heridos, y prometió este sábado entregar las primeras 200 viviendas la próxima semana.Cerca de 18.000 personas perdieron sus casas, un número que las autoridades creen que subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.Este sábado, según el Gobierno, comenzó un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira el más afectado, así como en las zonas donde hay personas esperando el diagnóstico de las inspecciones, con el fin de determinar cuántas casas se necesitan.Según cálculos iniciales, se requerirán 25.000, señaló en una rueda de prensa el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien aseguró que su hermana y mandataria encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas "la próxima semana", sin dar más detalles.Trabajar "aceleradamente"El jefe de la Asamblea Nacional (AN) indicó que 90 de los 94 campamentos fueron habilitados en escuelas donde actualmente no hay clases pero que deben ser desalojadas a más tardar el próximo septiembre para el comienzo del nuevo período académico.Por tanto, explicó que las autoridades trabajan "aceleradamente" en la creación de "campamentos unifamiliares" temporales, así como en la "rápida" culminación de viviendas que estaban siendo construidas por el Estado y en la compra en el mercado secundario.Además, anunció que el Parlamento, controlado por el chavismo, reformará la ley de arrendamientos, que calificó de "muy regresiva", para que los propietarios "no sientan ningún tipo de temor de alquilar sus viviendas". Rodríguez aseguró que 200.000 "no están siendo alquiladas".En este sentido, las personas que hoy están en escuelas estarán a partir de septiembre en una casa alquilada, terminada o comprada por el Estado, o en "unas especies de viviendas de transición unifamiliares mientras se le construye la definitiva".Búsqueda de terrenosEl diputado explicó también que hay una "búsqueda acelerada de espacios para construir ciudades y viviendas antisísmicas".Según el alto funcionario, un sobrevuelo en la región devastada de La Guaira permitió ubicar más de 40 terrenos que suman 584.000 metros cuadrados para la construcción de edificaciones bajas.Esta semana, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, dijo a EFE desde La Guaira que el plan del gobierno venezolano, apoyado por Naciones Unidas, consiste, entre otros, en llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional.Fletcher aseguró que la organización multilateral ya está "recaudando dinero" para la puesta en marcha del plan.El diputado dijo que la jefa de Estado está "enviando cartas a otros países donde se encuentran activos retenidos que pertenecen a Venezuela" y que, además, está "en este momento haciendo todo eseproceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido".Cuerpos sin identificarDe otra parte, Rodríguez aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar y rechazó que estén siendo enterrados en fosas comunes.En ese sentido, explicó que en el cementerio La Esperanza, a unos 25 kilómetros del núcleo urbano de Catia La Mar (una de las zonas afectadas), se están enterrando estos cuerpos después de haberles sido tomadas muestras para su identificación futura.EFE pudo constatar el viernes, desde la distancia, que en ese cementerio se está trabajando para una ampliación que tenga capacidad para "unas 2.000 o 3.000 tumbas" más, según dijo un trabajador.Además, el proceso de sepultura se está realizando en varias hileras, donde en cruces blancas se coloca el nombre o un número para los no identificados, además de flores y piedras que delimitan el nicho.Rodríguez también atajó las críticas de que el proceso de desescombro está siendo lento, alegando que precisamente así debe ser, pues el Gobierno aún confía en que pueda haber gente con vida sepultada.Rechazo a declaraciones hechas por De La EspriellaEste sábado, el gobierno de Venezuela reaccionó "con extrañeza" a las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien el viernes aseguró que "la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla" su país "con todo lo que ello implica".Caracas reafirmó que es su competencia "exclusiva" planificar y liderar la reconstrucción, para lo que ya "ha activado" a sus empresas públicas, industria nacional y sector privado.El presidente del Parlamento también rechazó esas declaraciones: Son "una barbaridad".De La Espriella aclaró este sábado que no ha planteado "desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades".
La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó al Gobierno Nacional realizar una evaluación inmediata de las pérdidas ocasionadas por la emergencia invernal en Casanare y Arauca, así como activar ayudas financieras para los productores afectados por las inundaciones que han destruido miles de hectáreas de arroz próximas a cosecha.El gremio también pidió la puesta en marcha de líneas de crédito de emergencia, la refinanciación de deudas sin penalidades y subsidios directos para pequeños, medianos y grandes productores damnificados. Además, solicitó el envío de maquinaria amarilla para reconstruir jarillones, limpiar canales de drenaje y rehabilitar las vías terciarias que conectan las zonas de producción.Fedearroz expresó su máxima preocupación por la situación que atraviesan los dos departamentos, donde el desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare ha provocado avalanchas e inundaciones que afectan tanto áreas urbanas como rurales.Según el reporte del gremio, las crecientes han inundado miles de hectáreas de arroz que se encontraban en la etapa final antes de la cosecha. Las afectaciones se concentran en la mayoría de los municipios de Casanare y en varias zonas de Arauca, donde también se registran daños en la infraestructura agrícola, carreteras, vías secundarias y terciarias.El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, hizo un llamado urgente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para coordinar una respuesta inmediata que permita atender a las comunidades afectadas y restablecer las condiciones para la producción agropecuaria.El dirigente gremial insistió en que es prioritario conformar comisiones técnicas con participación de las autoridades nacionales y departamentales para elaborar un censo real de las hectáreas afectadas y dimensionar las pérdidas, especialmente porque Arauca permanece incomunicado por vía terrestre debido a la emergencia.Fedearroz reiteró su disposición de apoyar las evaluaciones técnicas que sean necesarias y aseguró que continuará acompañando a los productores durante la emergencia, mientras espera que el Gobierno adopte medidas para mitigar el impacto económico y social que deja la temporada de lluvias en la región.
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, calificó como “extraordinario” el avance en las obras de remodelación del Estadio Metropolitano de Barranquilla que aumentará la capacidad a 65.000 espectadores, durante una visita que hizo este sábado al escenario deportivo con el alcalde Alejandro Char.En el recorrido con el alcalde de Barranquilla, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, manifestó sentirse muy feliz por el avance que observó en las obras de remodelación del Estadio.El dirigente expresó que la remodelación del Metropolitano se está transformando en una realidad que estará al nivel de los grandes escenarios deportivos del mundo y del espectáculo del fútbol moderno.“Es extraordinario que empecemos a remodelar nuestros estadios de esta manera. Los estándares de comodidad y confort han subido en el mundo y Barranquilla los va a igualar”.Agregó Jesurún que se debe tratar de llevar la realidad del ‘Coloso de la Ciudadela’ a otras partes del país y lograr un equilibrio muy pronto para que todo el que quiera disfrutar del espectáculo del fútbol en Colombia tenga acceso a él.Por su parte, el alcalde Alejandro Char garantizó que el Metropolitano estará listo para albergar la final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre respondiendo con seriedad, ingeniería y velocidad, como lo exigen los estándares internacionales.La remodelación del estadio Metropolitano Roberto Melendez contempla, entre otras características, albergar más de 65.000 espectadores, lo que lo convertirá en el escenario con mayor capacidad de Colombia.
La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, desmanteló una infraestructura utilizada para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Rosario, en el departamento de Nariño.De acuerdo con el director de la Policía, general William Rincón, durante el operativo fueron incautados 423 kilos de clorhidrato de cocaína, además de 764 galones de cocaína en solución, 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos utilizados para la producción del estupefaciente.“Incautamos 423 kilos de cocaína, 764 galones de cocaína en solución, 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos, evitando la producción de cerca de 3 toneladas mensuales de este estupefaciente”, señaló el general por medio de su cuenta de X.Según la institución, con esta operación se evitó la producción de cerca de tres toneladas mensuales de cocaína, lo que representa un golpe significativo a las estructuras dedicadas al narcotráfico en esa región del país.Asimismo, el general William Rincón, indicó que la afectación económica para las organizaciones criminales asciende a 1.740 millones de pesos y aseguró que la incautación impidió que más de 1,1 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales.“Con esta operación afectamos las rentas criminales en $1.740 millones e impedimos que más de 1,1 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales”, dijo Rincón.La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones conjuntas con las Fuerzas Militares para afectar las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y debilitar las redes de producción y distribución de drogas ilícitas en todo el territorio nacional.