El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo clave al determinar que, ante la ausencia de pruebas que demuestren el traslado de un afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), se debe preservar su afiliación al Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones. Con este argumento jurídico, la corporación judicial negó una demanda interpuesta por Colpensiones con la que pretendía anular los actos administrativos que le habían reconocido y reliquidado una pensión de vejez a una ciudadana. Dicha prestación se había otorgado desde el año 2013 bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, haciendo uso del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993. La controversia inició porque Colpensiones sostenía que la ciudadana había perdido los beneficios de dicho régimen de transición. Según la entidad pública, la usuaria supuestamente se había trasladado del régimen público al régimen privado manejado por los fondos de pensiones, para luego retornar nuevamente a Colpensiones. Bajo esa premisa, la entidad pretendía exigir que la prestación económica fuera liquidada mediante las reglas generales de la Ley 100 de 1993 para que la beneficiaria fuera obligada a devolver el dinero que se le había pagado.Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca evidenció que las pretensiones de Colpensiones carecían de sustento probatorio. La corporación judicial enfatizó que la entidad demandante nunca acreditó de manera concreta el traslado de régimen que estaba alegando en los estrados. Al revisar el expediente, los magistrados comprobaron que Colpensiones no aportó elementos fundamentales para validar su tesis, tales como el formulario oficial de vinculación al fondo privado, la certificación de la respectiva administradora privada, entre otros.Finalmente, el fallo judicial resaltó la importancia de amparar a la ciudadana debido a sus condiciones actuales de edad, señalando que modificar su situación pensional vulneraría directamente sus derechos laborales, económicos y su mínimo vital.
Miles de pensionados en Colombia ya empiezan a revisar el calendario para conocer cuándo recibirán la anhelada mesada 14, un beneficio económico adicional que solamente recibirán algunos jubilados del país.Aunque muchas personas creen que este pago llegará al bolsillo de todos los pensionados, lo cierto es que no. De acuerdo con la legislación colombiana, solo algunos grupos de pensionados conservan este derecho, especialmente quienes pertenecen a regímenes especiales o porque alcanzaron su pensión antes de determinados cambios de la ley.De acuerdo con lo revelado por Colpensiones, los pagos se llevarán a cabo entre el 15 y 30 de junio de 2026, fecha que coincide con el pago de la prima de servicios de los trabajadores en Colombia.Mesada 14 en Colombia: quiénes recibirán el pago adicional en junioLa mesada 14 corresponde a un pago adicional que equivale al valor completo de la pensión mensual que recibe el trabajador ya jubilado. Es decir, si un pensionado recibe $3 millones de mesada al mes, esa misma suma la recibirá como beneficio adicional durante junio.Sin embargo, este pago no será para todos los pensionados del sistema colombiano. La norma indica que el beneficio se mantiene solo para ciertos sectores y personas que adquirieron el derecho antes de las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 01 de 2005.Por lo tanto, entre quienes conservan el beneficio aparecen integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y docentes del sector público.Colpensiones confirmó fechas de pago de mesada 14Según lo reveló Colpensiones, los pagos se realizarán desde la segunda mitad de junio y se extenderán hasta finalizar el mes.La entidad recordó que los pensionados no deben realizar trámites adicionales para recibir el dinero, solo deben cumplir las condiciones que exige la ley.Eso sí, la entidad destacó que el pago se verá reflejado en el cronograma habitual de consignaciones, por lo que los beneficiarios podrán revisar sus cuentas bancarias o canales oficiales de consulta para confirmar la fecha del desembolso.Quiénes son los beneficiados con la mesada 14La mesada 14 fue limitada desde hace varios años tras cambios constitucionales que eliminaron progresivamente el beneficio para nuevos jubilados.Las personas del régimen común solo pueden recibirla si obtuvieron su pensión antes del 25 de julio de 2011 y siempre que el valor de la jubilación no supere los tres salarios mínimos mensuales.Una medida que ha generado molestia en gran parte de los beneficiados, quienes no consideran equitativa la norma, pues los pensionados posteriores a esa fecha solo reciben la mesada 13 en diciembre, así como todos los jubilados que disfrutan de la llamada prima de Navidad.
Los ministros de Trabajo y Hacienda le acaban de pedir a la Superfinanciera que establezca si las AFP le trasladaron a Colpensiones los recursos correspondientes a los afiliados de manera suficiente, íntegra y completa.“Se solicita adoptar las medidas necesarias que permitan establecer con claridad la suficiencia, integridad y completitud de los recursos trasladados, por trasladar a la fecha o que deban trasladarse, en atención a que dicha información resulta esencial para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y de Colpensiones”, señala la comunicación.Según el Gobierno, existe un riesgo financiero derivado de la incertidumbre generada por las discrepancias en las cifras y en el número de afiliados reportados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en relación con los traslados de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones.Sin embargo, la petición tiene como telón de fondo una disputa de varias semanas entre el Gobierno de Gustavo Petro y el régimen privado de pensiones por 25 billones de pesos.En varias declaraciones, el Gobierno ha sugerido que el no traslado de recursos pone en aprietos las finanzas públicas, aunque descartó que se vayan a suspender los pagos a unas 20 mil personas que se trasladaron y ya están tramitando o cobrando la pensión.El Gobierno estima que unas 132 mil personas se han trasladado desde fondos privados hacia Colpensiones y que esos ahorros siguen en manos del sistema privado.¿En qué va la disputa entre los fondos privados de pensiones y el Gobierno nacional?Hace unas semanas, el Gobierno emitió un decreto que daba a los fondos de pensiones 15 días para entregarle a Colpensiones 25 billones de pesos correspondientes a los ahorros de afiliados al sistema de pensiones que se trasladaron desde el régimen privado hacia Colpensiones. Sin embargo, el decreto terminó demandado ante el Consejo de Estado y ese tribunal suspendió el traslado de los recursos mientras la Corte Constitucional decide si la reforma pensional puede regir o no como ley de la República.La decisión del Consejo de Estado provocó la molestia del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a su Gobierno “investigar” a los fondos privados de pensiones por apropiarse de los recursos del público. La investigación fue abierta de inmediato y está en curso.Los fondos privados de pensiones deben reportar información al regulador con una base prácticamente diaria, pero además el Gobierno conserva la facultad de hacer visitas de inspección, aprobar reglamentos de inversión, entre otras funciones.El Gobierno también elevó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica, pidiéndole que reconsidere su decisión, y aún no hay una respuesta a ese pedido.
El presidente Gustavo Petro firmo la Directiva 04 del 19 de mayo de 2026, con la que ordena a varias entidades del Estado reforzar la vigilancia y coordinación sobre el sistema pensional en medio de la incertidumbre jurídica que rodea la reforma pensional y el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.La directiva está dirigida al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Superintendencia Financiera, Colpensiones, la Secretaría Jurídica de Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y llega en un momento clave: la Corte Constitucional todavía no define el futuro definitivo de la reforma pensional aprobada en 2024, mientras el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, con el que el Gobierno buscaba ordenar el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados a Colpensiones, correspondientes a más de 135 mil afiliados que se cambiaron de régimen.Uno de los puntos centrales de la directiva es la orden a la Superintendencia Financiera para que haga seguimiento especial a los efectos de la reforma. El documento señala que la entidad “adelantará las actuaciones de vigilancia y seguimiento que considere pertinentes respecto de los efectos administrativos, operativos y financieros derivados de la aplicación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024”.Además, la directiva precisa que la Superintendencia podrá evaluar “la adecuada administración y trazabilidad de los recursos pensionales”, “la protección de los derechos e intereses de los afiliados” y “los posibles impactos sobre la estabilidad y continuidad del sistema pensional”.También ordenan una coordinación interinstitucional entre Hacienda, Trabajo, la Superfinanciera y Colpensiones para garantizar la continuidad del servicio público de pensiones, proteger a los afiliados y mantener informada a la ciudadanía sobre los cambios y efectos de la reforma.Aunque la directiva no habla expresamente de una intervención sobre los fondos privados, sí exige un control sobre el manejo de los recursos pensionales. Cabe mencionar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tampoco descartó esta medida.
En diálogo con Mañanas Blu, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, respondió de manera contundente a las acusaciones del presidente Gustavo Petro y explicó la situación jurídica de los 5 billones de pesos que se encuentran en el centro de una disputa entre los fondos privados y el Gobierno nacional. Velasco enfatizó que, ante el reciente fallo judicial, el gremio priorizará la legalidad sobre las presiones del Ejecutivo.Cumplimiento de la ley y respeto a la justiciaLa controversia escaló luego de que el Consejo de Estado emitiera una orden temporal que suspende el traslado de estos recursos hacia Colpensiones, argumentando que el ahorro debe ser protegido. Velasco fue claro al señalar que la organización acatará la medida: “Una vez el Consejo de Estado detiene la aplicación del decreto, pues nosotros tenemos que cumplir la ley. (...) Así como nosotros íbamos a cumplir el decreto cuando el Consejo de Estado no se había pronunciado, pues una vez se pronuncia una alta corte, pues nos toca respetar lo que esa alta corte ha decidido hacer”. El directivo explicó que, antes de la intervención judicial, los fondos estaban preparados para realizar la transferencia, pero la orden del tribunal cambió el panorama legal de inmediato. “El Consejo de Estado da una orden que por ahora es una orden temporal que revisará de fondo y esa orden es que los recursos deben continuar siendo ahorrados”, afirmóLa defensa del ahorro frente al gasto corrienteUno de los puntos de mayor fricción radica en el destino de los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen. Velasco argumentó que, bajo la nueva lógica de la reforma pensional (Ley 2381), estos recursos no deben gastarse inmediatamente para cubrir pasivos, sino preservarse.“La realidad es que la lógica de ahorrar sí es una lógica que es mucho más poderosa desde el punto de vista de la conveniencia nacional y por eso nosotros recibimos con beneplácito la decisión del Consejo de Estado de proteger estos recursos de ahorro”.Según el presidente de Asofondos, el modelo anterior de la Ley 100 permitía que el dinero de los traslados entrara a una "bolsa común" y se gastara de inmediato, generando una deuda futura para la nación.En contraste, defendió que mantener el ahorro individual es técnicamente más sano para la economía nacional.Respuesta a los ataques de PetroAndrés Velasco también se refirió a los calificativos del presidente Petro, quien tildó a los fondos de "ladrones" y "vampiros". Al respecto, manifestó: “Da mucho dolor y rabia que lo traten a uno así. Yo creo que hay una salida de proporciones en el lenguaje”. Asimismo, desmintió categóricamente los rumores sobre el manejo irregular de divisas o que el dinero se encuentre fuera del país para beneficiarse de la tasa de cambio. Finalmente, Velasco envió un mensaje de tranquilidad respecto al pago de las mesadas de los 25,000 colombianos que se trasladaron recientemente. Explicó que Colpensiones cuenta con recursos suficientes provenientes de otros 105,000 cotizantes que también se trasladaron bajo la misma ley y que aún no se han pensionado. Escuche aquí la entrevista:
El presidente Gustavo Petro respondió a la Corporación Excelencia para la Justicia que pidió protección internacional para la rama judicial y el magistrado Enrique Bedoya tras arremetida del mandatario contra el Consejo de Estado por frenar el decreto que ordenaba trasladar los ahorros pensionales a Colpensiones.A través de su cuenta de X el mandatario escribió: “He citado al superintendente financiero, de acuerdo a mis funciones constitucionales para que se inicie la investigación respectiva. Los intervinientes en el delito de prevaricato que establece que si por decisión de funcionario público escrita se viola con evidencia la ley y quiénes retengan ahorro de los pensionados serán denunciados ante la autoridad competente”.El mandatario ha cuestionado esta decisión al igual que su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que esto podría afectar el pago de las siguientes mesadas de quienes se pensionaron y ya se trasladaron.En respuesta, este tribunal manifestó su preocupación por lo que calificó como desinformación y descontextualización de las decisiones judiciales, advirtiendo que estas actuaciones deterioran la confianza institucional y debilitan el Estado de derecho."Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos", expresó el consejo en un comunicado.
En diálogo con Mañanas Bu, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, envió un mensaje de tranquilidad a los miles de colombianos que recientemente se trasladaron de los fondos privados al régimen público. Ante la incertidumbre generada por la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado, Dussán aseguró que los pagos están garantizados: “Claro que van a recibir el pago de la pensión porque ya la decretamos”. PagosA pesar de la pugna jurídica, Dussán explicó que Colpensiones cuenta con la liquidez necesaria para responder por las mesadas de mayo, junio, julio y el resto del año. Según el funcionario, la entidad se apoya en el Presupuesto General de la Nación, que para este rubro supera los 35 billones de pesos, además de los aportes de los afiliados actuales. Sin embargo, advirtió que la decisión del magistrado del Consejo de Estado afecta la operatividad prevista. “La decisión judicial genera un grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano en cuanto impide el traslado a la administradora colombiana de pensiones de los recursos correspondientes”, señaló Dusán, refiriéndose a los cerca de 5 billones de pesos que los fondos privados (AFP) deben girar por las personas que ya consolidaron su derecho pensional.Los 5 billones de pesosTodo radica en el traslado de recursos de aproximadamente 20,000 a 36,000 personas que hicieron uso de la "ventana de traslado" y ya tienen derecho a su jubilación. Dussán sostiene que, aunque el decreto esté suspendido, la obligación de los fondos privados persiste bajo la Ley 100 y el artículo 76 de la Ley 2381.“Esa plata es de ellos [los pensionados] y como ellos tienen los recursos para pagar las pensiones, nosotros adelantaremos las acciones necesarias”, afirmó el presidente de Colpensiones. Dussán cuestionó la postura de las administradoras privadas y de Asofondos, calificando de "irresponsables" algunas afirmaciones sobre la falta de claridad en las cuentas y enfatizando que “los fondos privados de pensiones deben pagarle esos recursos a Colpensiones”.Recursos legales y el futuro de la reformaPara revertir la suspensión, el Gobierno Nacional presentará un recurso de súplica ante la sala del Consejo de Estado, buscando que se habilite nuevamente el decreto que permitía a los fondos pagar la deuda mediante títulos de tesorería (TES) ante la falta de efectivo. Dusán concluyó haciendo un llamado a la celeridad judicial: “Esperamos que la Corte Constitucional falle rápidamente la vigencia de la ley y que la sala del Consejo de Estado corrija la decisión”. Mientras se resuelven estos "entuertos" jurídicos, el presidente de la entidad reiteró que el sistema no colapsará y que buscará mantener la sostenibilidad mediante el cobro de lo que considera una obligación legal clara de los fondos privados.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, anunció una ofensiva jurídica tras la reciente suspensión del decreto que ordenaba el traslado anticipado de fondos pensionales. La medida cautelar del Consejo de Estado frena actualmente el movimiento de 5 billones de pesos hacia Colpensiones, afectando la implementación de la reforma pensional.Ante este escenario, el ministro Antonio Sanguino confirmó que agotarán todas las instancias legales para revertir esta medida, que considera arbitraria y perjudicial: “Vamos a acudir de nuevo al recurso de la súplica. Ya lo hicimos la semana anterior”, declaró el jefe de la cartera.Sanguino calificó la decisión del alto tribunal como un “error deliberado” y una “interpretación amañada” de las normas que rigen el sistema pensional actual. Según el jefe de la cartera laboral, esta suspensión judicial es “cómplice con el abuso” que estarían cometiendo los fondos privados contra los ahorradores.La preocupación central del Ministerio recae sobre 25.000 pensionados cuyas mesadas son pagadas hoy por Colpensiones, pero cuyos capitales siguen retenidos en el régimen privado. Sanguino denunció que las administradoras se han quedado de manera “caprichosa” con los ahorros de estos colombianos que ya se trasladaron legalmente.Ministro de Trabajo sugiere 'tutelatón' por dinero de pensionesEl ministro advirtió que la retención de estos recursos pone en riesgo la sostenibilidad financiera para el pago de las obligaciones pensionales del presente mes. Ante este panorama de incertidumbre jurídica, aseguró que “la gente va a tener que acudir a una tutelatón” para que se le responda por su pensión.Además del recurso de súplica, el Ejecutivo planea radicar una denuncia penal contra el magistrado responsable de la providencia judicial que frenó los traslados de dinero. El presidente Gustavo Petro habría solicitado esta acción por considerar que se está “prevaricando en contra del interés nacional” y de los trabajadores.Sanguino criticó que los fondos privados utilicen los ahorros de los colombianos, estimados en 280 billones de pesos, para generar rentabilidad en portafolios de inversión extranjeros. Señaló que, mientras la plata está en “Gringolandia”, el sistema público debe realizar esfuerzos financieros para responder puntualmente por las jubilaciones.El ministro cuestionó la celeridad del tribunal para tomar una decisión sin permitir el derecho a la contradicción por parte del equipo jurídico del Gobierno. Además, defendió que controvertir un fallo con argumentos técnicos no constituye un irrespeto a la separación de poderes, sino una protección necesaria de la democracia.En las próximas horas, adelantó, el Ministerio del Trabajo se reunirá con la Secretaría Jurídica de Presidencia y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para coordinar acciones. El objetivo de este encuentro es consolidar sería consolidar una defensa férrea que impida lo que el ministro denominó públicamente como un “raponazo” financiero.“El fondo privado y el capital financiero no se van a burlar de la gente en este gobierno”, sentenció finalmente el ministro Sanguino en su intervención.¿Qué pasa con la plata de las pensiones en Colombia?Estas declaraciones del ministro Sanguino se dan luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente la totalidad del decreto con el que el Gobierno nacional ordenó el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, en medio de la implementación de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro.
El Gobierno nacional está hablando de la posibilidad de que no se puedan pagar las pensiones de cerca de 20.000 personas que ya se trasladaron a Colpensiones y hoy están exigiendo el pago de su pensión, debido a la nueva derrota para el Gobierno en el Consejo de Estado.El Consejo de Estado frenó el traslado de unos 5 billones de pesos en ahorro pensional desde las AFP hacia Colpensiones mientras termina el estudio de una demanda contra un decreto que exigía el traslado inmediato de los recursos. Es la segunda decisión del alto tribunal en esa dirección; previamente, se había frenado el traslado de otros 20 billones de pesos de afiliados que ya se trasladaron a Colpensiones, pero que aún no han consolidado su derecho a la pensión (más de 100 mil personas en total)."El Consejo de Estado será responsable de una eventual suspensión en el pago de pensiones ya consolidadas, cuyos ahorros siguen atrapados en los fondos privados para su usufructo", escribió el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en su cuenta de X.Minutos más tarde, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo emitieron un pronunciamiento conjunto en el que aseguran que "no resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales" de estas personas, mientras sus ahorros en el sistema no estén en manos de Colpensiones.El Gobierno habla hoy de un "riesgo mayor" para esos afiliados al sistema. Sin embargo, de momento no se está anunciando la parálisis de los pagos a estas personas.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la totalidad del decreto con el que el Gobierno nacional ordenó el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, en medio de la implementación de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro.La decisión del alto tribunal frenó el movimiento de los 5 billones de pesos restantes que debían ser transferidos en las próximas semanas, ampliando así la medida cautelar que ya había sido adoptada días atrás sobre otros 20 billones de pesos.Consejo de Estado freno el decreto 415 del 20 de abrilEl Consejo de Estado suspendió la totalidad del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, con el que el Gobierno Nacional ordenó el traslado de recursos de los fondos privados hacia Colpensiones, en el marco de la reforma pensional.El alto tribunal explicó que tramitó de manera urgente la solicitud de medida cautelar debido a que el decreto fijaba plazos cortos para ejecutar el traslado de los recursos, situación que podía volver ineficaz una decisión judicial posterior.El Consejo de Estado determinó que el Gobierno ordenó a las administradoras de fondos de pensiones trasladar a Colpensiones los recursos de las cuentas de ahorro individual de los afiliados que se acogieron a la oportunidad de traslado establecida en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), pese a que esa misma norma, en uno de sus artículos, dispuso que dichos recursos debían destinarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.Para el alto tribunal, el cambio introducido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro se apartaba del esquema legal inicialmente previsto en la reforma pensional.“Teniendo en cuenta que el estudio realizado permite advertir, de manera suficiente, la configuración de la infracción alegada, se hace innecesario abordar, en esta fase cautelar, los demás cargos formulados en las demandas acumuladas, sin perjuicio de que estos sean analizados en la sentencia que decida de fondo la controversia”, señaló el alto tribunal.El Consejo Gremial había pedido frenar el traslado de $5 billones de los fondos privados a Colpensiones antes de que tuvieran que hacerse efectivos esos giros.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.