El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, negó que esté intentando retrasar el fallo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional aprobada en 2024 y cuya vigencia comenzó desde julio de 2025.
Ibáñez explicó que, aunque es el magistrado ponente de la demanda, las decisiones sobre este proceso corresponden a la Sala Plena del alto tribunal, por lo que su papel se limita a sustanciar y cumplir las determinaciones que esta adopte.
Publicidad
“Se han decretado y pedido unas pruebas y en la medida en que los que tienen la obligación de tener las pruebas no las han entregado oportunamente, es la responsabilidad de ellos y no es ni siquiera de toda la Corte, motivo por el cual nos ha tocado requerir permanentemente para que nos entreguen las pruebas que fueron debidamente decretadas”, reiteró Ibáñez.
Su pronunciamiento se dio luego de ordenar a Colpensiones enviar, en un plazo máximo de 24 horas, los archivos electrónicos originales relacionados con los contratos de prestación de servicios del magistrado Héctor Carvajal dentro del trámite de recusación que pide apartarlo de la discusión de la reforma pensional.
El magistrado Ibáñez, en esa solicitud, advirtió que la documentación enviada por Colpensiones no cumple con los requisitos de autenticidad e integridad, porque Colpensiones envió reproducciones gráficas de los documentos y no los archivos digitales originales, lo que impide verificar su autoría y trazabilidad.
Incluso, compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue una posible falta de colaboración de la entidad.