Las comercializadoras y exportadoras de oro alertaron al Gobierno Nacional sobre un presunto contrabando de entre 500 kilogramos y una tonelada de oro a la semana, que podría representar entre 225.000 y 450.000 millones de pesos, según el precio de referencia del metal.
Además, advierten que el Estado podría dejar de recaudar cerca de 40.000 millones de pesos semanales en impuestos por la comercialización que se realiza por fuera de los canales legales.
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En una carta enviada al Gobierno el pasado 28 de septiembre, las empresas señalaron una disminución considerable del oro disponible en el mercado formal y alertaron sobre presuntas rutas de contrabando por Cúcuta y la frontera con Venezuela.
“Nos preocupa que el oro esté dejando de llegar a las empresas que cumplen las reglas. Si resulta más atractivo comercializarlo por fuera de los canales formales, el problema puede trasladarse de una ruta a otra. No basta con perseguir el contrabando: también debemos hacer competitivo operar legalmente”, señala Nicolás Echeverry, vocero de las comercializadoras firmantes.
El sector también manifestó preocupación por las dificultades para acceder al sistema financiero y por las cargas tributarias y regulatorias que, aseguran, afectan la competitividad de las compañías que operan legalmente.
Esta alerta se conoce en medio de la discusión del borrador del Estatuto Antiterrorista, que propone, en su artículo 327F, penas de entre 6 y 14 años de prisión para quienes comercialicen, transporten, transformen o exporten oro de origen ilícito o sin los soportes de trazabilidad exigidos.
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“No podemos poner en el mismo nivel a las organizaciones criminales y a los mineros que llevan años intentando formalizarse. Tampoco es razonable exigir a un pequeño productor las mismas capacidades técnicas, administrativas y económicas que a una gran compañía minera.
Para combatir la ilegalidad, debemos facilitar la formalización y permitir que ese oro ingrese a la economía legal con trazabilidad y pagando los impuestos correspondientes”, señala Echeverry.
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Ante este panorama, las comercializadoras solicitaron una reunión urgente con el Gobierno para contrastar las cifras con información de entidades como la DIAN, el DANE y la Agencia Nacional de Minería, y definir medidas que permitan combatir el contrabando, fortalecer la trazabilidad del oro y facilitar la formalización de los pequeños productores.