Un operativo contra el contrabando y la falsificación de calzado permitió la captura de cinco personas y la incautación de mercancía avaluada en 897 millones de pesos en diferentes sectores comerciales de Medellín.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el procedimiento fue resultado de una investigación que se extendió durante siete meses y que permitió identificar a los integrantes de una estructura presuntamente dedicada a estas actividades ilegales.Según el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, en total fueron realizados ocho allanamientos, durante los cuales fueron retirados del mercado 4.455 pares de zapatos.Según las autoridades, el resultado representa una afectación económica a quienes estarían utilizando actividades comerciales ilegales para obtener recursos y, al mismo tiempo, busca proteger a los comerciantes y empresarios que desarrollan sus actividades legalmente.Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras continúa el proceso judicial correspondiente. La investigación permitió establecer la existencia de una estructura relacionada con el contrabando y la falsificación de calzado.
Las autoridades incautaron 190.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en zona rural del municipio de Ipiales, Nariño. La mercancía estaría avaluada en más de 2.300 millones de pesos.El operativo fue adelantado por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 3, unidad de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).La operación se produjo a partir de información de inteligencia que alertó sobre el movimiento de un vehículo que, al parecer, transportaba mercancía de contrabando. Las tropas se desplazaron hasta la vereda Cárdenas, donde realizaron la verificación del automotor. Durante el procedimiento, el conductor no presentó la documentación necesaria para acreditar la legalidad de la carga.En la inspección fueron encontradas 239 cajas que contenían 190.000 cajetillas de cigarrillos, cuyo valor comercial, según las autoridades, superaría los 2.300 millones de pesos. De acuerdo con la información entregada por el Ejército, la mercancía sería, al parecer, propiedad de la Estructura Comandos de Frontera, grupo armado que delinque en esta zona del país.Las autoridades también indicaron que el cargamento habría sido movilizado a través de la frontera entre Colombia y Ecuador y que posteriormente sería trasladado hacia países del sur del continente para su comercialización.Durante el procedimiento se presentó, además, una situación con habitantes de la zona. Según el Ejército, un grupo de pobladores rodeó a los soldados y habría protagonizado acciones violentas contra ellos. Posteriormente, estas personas se habrían llevado el vehículo en el que era transportado el cargamento.
La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.La Fiscalía sostuvo que, durante varios años, habría operado una estructura conformada por empresas constituidas en Colombia y Panamá, cuyas operaciones comerciales hacen parte de la investigación que actualmente adelanta el ente acusador por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos.
Incautan más de 186.000 cigarrillos de contrabando en Bello, Antioquia. Según la Gobernación, este año se han aprehendido más de 869 mil cajetillas de cigarrillos en el departamento por no contar con permisos ni pagar los impuestos requeridos. Un operativo conjunto entre la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Rentas Departamentales de Antioquia permitió en las últimas horas la incautación de 185.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en más de $1.160 millones, que eran almacenadas en una bodega clandestina del barrio El Carmelo, en Bello.Según las autoridades, la mercancía, de diferentes marcas y fabricada en Estados Unidos y Paraguay, habría ingresado ilegalmente al país, evadiendo el pago de impuestos y la documentación exigida para su comercialización.Las investigaciones continúan para identificar y judicializar a los responsables de la red de contrabando. El teniente coronel Julián Gil, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Los cigarrillos eran almacenados para su posterior distribución en tiendas y establecimientos comerciales de diferentes comunas de Medellín y otros municipios del área metropolitana. La mercancía quedó a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán los trámites administrativos y judiciales correspondientes.De acuerdo con el Grupo Operativo Anticontrabando de Antioquia, en lo corrido de 2026 ya se han incautado más de 869.000 cajetillas de cigarrillos ilegales en el departamento. Las autoridades reiteraron el llamado a comerciantes y consumidores para adquirir únicamente productos legales, con el fin de evitar sanciones y contribuir a la protección del comercio formal.Vale la pena mencionar que el operativo se desarrolló en el marco de la estrategia “Feria Segura”, con la que las autoridades buscan evitar el fortalecimiento de las economías ilegales durante la Feria de las Flores.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), activó de forma oficial la notificación de circular roja en contra de Diego Marín Buitrago, conocido bajo el alias de ‘Papá Pitufo’ y señalado por las autoridades como el "zar del contrabando".La medida compromete a los 196 países integrados a la red del organismo internacional para iniciar las labores de búsqueda, localización y captura inmediata del investigado con fines de extradición hacia Colombia.El caso de Diego Marín Buitrago trasciende el ámbito aduanero y se sitúa en el centro de un fuerte escándalo político por el supuesto intento de infiltración de dineros del contrabando a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló en meses pasados grabaciones de dos reuniones a puerta cerrada celebradas a comienzos de 2025. En estos encuentros participaron el abogado de alias 'Papá Pitufo' y Jorge Lemus, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).Los audios documentados demuestran que, antes de que cualquier autoridad judicial colombiana tuviera acceso al llamado ‘zar del contrabando’, al menos cuatro emisarios que se presentaban en nombre del Gobierno sostuvieron comunicación directa con él.En las grabaciones de las reuniones se escuchan los ofrecimientos que Jorge Lemus le hizo a alias 'Papá Pitufo' para otorgarle beneficios judiciales, actuando como si fuera una autoridad de la República.Asimismo, los audios registran las advertencias que hizo el abogado defensor en nombre de su cliente. El jurista enfatizó en las graves consecuencias políticas que traería para el Gobierno y para el círculo cercano del presidente Gustavo Petro si el llamado ‘zar del contrabando’ decide contar todo lo que sabe ante la justicia.
Las autoridades sacaron de circulación licor adulterado, fraudulento y cigarrillos ilegales avaluados en más de $221 millones. La Secretaría de Hacienda advirtió sobre los riesgos para la salud y el impacto en las finanzas públicas.Lo que durante meses circuló por tiendas, establecimientos y rutas clandestinas del departamento terminó reducido a residuos en una contundente operación contra el comercio ilegal en Tolima.Un total de 33.941 unidades de licor adulterado, fraudulento, de contrabando y cigarrillos ilegales fueron destruidas por las autoridades departamentales en las instalaciones de la Fábrica de Licores del Tolima, en una acción que busca frenar el avance de las mafias dedicadas a la comercialización ilegal de estos productos. La jornada, liderada por la Secretaría de Hacienda, la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos y el Grupo Operativo Anticontrabando (GOAT), representa uno de los golpes más significativos contra esta actividad ilícita en lo corrido del año."Es una cantidad que llama la atención: más de 33.000 unidades destruidas salen de circulación en el departamento del Tolima", aseguró la secretaria de Hacienda, Carol Andrea Páramo García , al destacar la dimensión del operativo.La funcionaria explicó que entre los productos decomisados se encontraron bebidas adulteradas, botellas con estampillas falsas y mercancía ingresada ilegalmente desde otros departamentos, elementos que no solo afectan la economía regional sino que ponen en riesgo la vida de los consumidores."Hoy estamos demostrando que el Gobierno Departamental cuida no solo las finanzas del departamento, sino también la salud de las personas", enfatizó Páramo, al enviar un mensaje de prevención a ciudadanos y turistas que participan en las festividades de mitad de año.Riesgo para la salud y pérdidas para la inversión socialEl balance oficial revela la magnitud del mercado ilegal detectado por las autoridades. Entre la mercancía destruida se encontraban 14.375 cervezas, 1.236 botellas de aguardiente, 5.320 aperitivos, 127 vinos, 49 botellas de ron, 94 de whisky y 12.631 unidades de cigarrillos ilegales , entre otros productos.Según las estimaciones oficiales, el valor comercial de esta mercancía supera los 221 millones de pesos , mientras que la evasión tributaria asociada a su comercialización representa pérdidas cercanas a los 143 millones de pesos para el departamento.Se trata de recursos que, según las autoridades, dejan de llegar a programas de salud, educación, infraestructura y deporte, sectores que dependen en parte de los impuestos generados por la venta legal de licores y cigarrillos. Municipios fronterizos, en la miraCon la llegada de las festividades, el Gobierno Departamental ha intensificado los controles en las zonas consideradas más vulnerables al ingreso de mercancía ilegal."Los municipios fronterizos son prioritarios en esta temporada. Hemos realizado operativos y acciones de sensibilización en lugares como Natagaima e Ibagué, entre otros, y continuaremos recorriendo el departamento con el apoyo de la Fuerza Pública y la Federación Nacional de Departamentos", señaló la secretaria de Hacienda.Las autoridades confirmaron que los operativos continuarán en los 47 municipios del Tolima a través de las 14 unidades del GOAT, con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad, proteger la salud pública y cerrar el paso a las redes de contrabando que afectan las finanzas del departamento.El mensaje es contundente: en Tolima, el licor adulterado y el comercio ilegal siguen en la mira de las autoridades.
La Policía Nacional en una acción conjunta entre la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), desplegó una serie de operativos simultáneos en las localidades de Bosa y Engativá con el fin de combatir el transporte, almacenamiento y comercialización de mercancías de contrabando en la capital. Las intervenciones permitieron la aprehensión de mercancías de procedencia extranjera valuadas en un total de $1.314.208.963, las cuales no contaban con los soportes aduaneros exigidos por la ley.El primer procedimiento se concentró en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, donde la Policía inspeccionó un establecimiento comercial abierto al público. En el lugar, las autoridades hallaron 22.980 unidades de confecciones de origen extranjero que eran almacenadas para su venta sin la documentación que acreditara su legal introducción al territorio nacional.De manera simultánea, en la localidad de Engativá, al occidente de la capital, la Policía registró un tractocamión, en cuyo interior se descubrieron 1.555 rollos de tela importada. Al igual que en el caso anterior, los textiles no cumplían con los requisitos aduaneros, por lo que toda la mercancía de ambos operativos fue decomisada y puesta a disposición de la DIAN.“Estas acciones reafirman el compromiso de la Policía Nacional y la DIAN en la protección de la economía nacional, la defensa del comercio legal y la lucha frontal contra las diferentes modalidades de contrabando que afectan la competitividad y el desarrollo económico del país”, señaló el coronel (e), Juan David Páez Jiménez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías o medicamentos, garantizando absoluta reserva a través de la líneas oficiales de la institución.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro funcionarios vinculados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), señalados de integrar una presunta red de corrupción que habría utilizado sus cargos para exigir dinero a empresarios y favorecer actividades de contrabando en diferentes regiones del país.Los procesados son Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez, Jorge Enrique Ariza Vivero y Erwin Yasser Escudero Rondón. De acuerdo con la investigación, los implicados habrían participado en distintos hechos relacionados con presiones indebidas, actos administrativos irregulares y presuntos beneficios otorgados a estructuras dedicadas al ingreso ilegal de mercancías.En uno de los casos documentados por la Fiscalía, Benítez Orcasita, Pérez Gómez y Ariza Vivero habrían ejercido presiones económicas y administrativas contra la representante legal de una clínica especializada en salud mental, luego de detectar supuestas inconsistencias tributarias y contables durante procesos de fiscalización adelantados por la Dian.Según el ente acusador, los funcionarios le exigían a la empresaria el pago de 100 millones de pesos para evitar sanciones que podrían superar los 1.500 millones de pesos. La investigación señala que la víctima se negó a entregar el dinero solicitado.La Fiscalía indicó que, tras no concretarse el pago exigido, la empresaria habría sido afectada con embargos a cuentas bancarias, requerimientos reiterados y la expedición de actos administrativos en su contra. Como parte del material probatorio, fueron documentadas al menos seis reuniones entre los investigados y la víctima, dos de las cuales habrían sido utilizadas para formular exigencias económicas.El cuarto funcionario procesado, Erwin Yasser Escudero Rondón, es señalado de favorecer presuntamente a una organización dedicada al contrabando que operaba en la Troncal del Caribe. De acuerdo con la investigación, su papel consistiría en alertar a integrantes de esa estructura sobre operativos y controles aduaneros programados por las autoridades.La Fiscalía también le atribuye la devolución irregular de mercancías que habían sido aprehendidas por organismos de control y la facilitación del tránsito de productos ingresados ilegalmente al territorio nacional a cambio de dádivas.Las investigaciones permitieron identificar siete eventos en los que Escudero Rondón habría participado en maniobras orientadas a alterar resultados operacionales.Con base en los elementos materiales probatorios recopilados, un fiscal presentó a los cuatro funcionarios ante un juez de control de garantías. Según su presunta participación en los hechos investigados, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio.Durante las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
Más de 2.000 autopartes de presunta procedencia ilegal, dos motocicletas recuperadas y varios establecimientos cerrados dejó una contundente intervención de las autoridades en el sector de La Bayadera, en pleno centro de Medellín, una de las zonas históricamente señaladas por las investigaciones sobre comercialización clandestina de repuestos y automotores robados.El operativo, liderado por la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, buscó golpear las estructuras criminales dedicadas al hurto de vehículos y al desmantelamiento de automotores para su venta por partes.La ofensiva se concentró en la comuna La Candelaria y movilizó a más de 300 uniformados de distintas especialidades, entre ellos peritos expertos en identificación automotriz.Durante las diligencias, los investigadores inspeccionaron motores, chasises y autopartes para detectar alteraciones en números de identificación y otras maniobras utilizadas para encubrir el origen ilícito de los vehículos.Las verificaciones permitieron descubrir piezas que, según el coronel Julián Gil, comandante Operativo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía Metropolitana, estarían vinculadas con redes de robo y comercialización ilegal de automotores."Como resultado de esta intervención, fueron realizados 5 allanamientos, logrando la captura en flagrancia de una persona por falsedad marcaria, la recuperación de 2 vehículos y la incautación de más de 2.000 autopartes y un motor presuntamente vinculados a actividades ilícitas", dijo.Con este golpe, las autoridades aseguran haber impactado directamente las finanzas de las estructuras criminales que operan alrededor del mercado ilegal de autopartes en Medellín. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la afectación a las rentas ilícitas de estas redes delincuenciales superaría los 200 millones de pesos.
Un juez envió a prisión a Walter Francisco Martínez Martínez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en una presunta red de lavado de activos y contrabando relacionada con mercancía que tendría como destino la reconocida marca comercial Lili Pink.Por ahora, Martínez permanecerá bajo detención hospitalaria mientras se recupera y recibe el aval médico. Posteriormente, será trasladado a un centro de reclusión para cumplir la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso penal.Según la investigación, Walter Francisco Martínez Martínez es el primer capturado y judicializado dentro de este caso. La Fiscalía sostiene que el procesado presuntamente utilizaba importadoras de papel como empresas fachada con el propósito de evadir controles aduaneros y facilitar el ingreso irregular de mercancía al país.Por estos hechos, el ente acusador le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.De manera paralela, las autoridades mantienen vigentes al menos nueve órdenes de captura contra otros presuntos integrantes de este entramado ilegal que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría vinculado con operaciones de lavado de activos superiores a 730.000 millones de pesos.La investigación también señala que la organización habría facilitado el ingreso de mercancía de contrabando y recursos de origen ilícito que superarían los 75.000 millones de pesos.En medio del avance del proceso judicial, la empresa Fast Moda, vinculada comercialmente a la marca Lili Pink, emitió un comunicado público para aclarar que Walter Francisco Martínez Martínez no tiene actualmente ninguna relación con la compañía.En el pronunciamiento, la empresa aseguró que Martínez “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la compañía”, ni con la operación empresarial asociada a la marca desde el año 2021.
El municipio de Bahía Solano se prepara para recibir una nueva infraestructura aeroportuaria que busca fortalecer la conectividad aérea y las condiciones para el desarrollo turístico de esta localidad importante para el desarrollo del departamento del Chocó.Será la Gobernación del Chocó la que realizará la entrega protocolaria de las obras de mejoramiento de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea del Aeropuerto José Celestino Mutis, esto, con una inversión de $31.195 millones, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.El proyecto incluyó la construcción de la terminal de pasajeros, así como el cerramiento perimetral de seguridad y otras obras requeridas para garantizar el funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.La ejecución estuvo a cargo de la Asociación de Municipios Urabá Darién–Caribe, mientras que el municipio de Bahía Solano figura como entidad beneficiaria de la intervención.De acuerdo con la Gobernación, las nuevas obras permitirán fortalecer las condiciones aeroportuarias de Bahía Solano, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento y, además, la infraestructura también busca aportar mejores condiciones para la conectividad de la región.Según los expertos, la inversión representa una intervención relevante para un territorio cuya conexión aérea tiene importancia tanto para la actividad turística como para la movilidad de residentes y visitantes.
Un nuevo sismo se registró en la noche de este jueves, 24 de septiembre, en el departamento del Tolima. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:37 de la noche y tuvo una magnitud de 4,1.El epicentro fue localizado en inmediaciones de Chaparral, Tolima, específicamente a 17 kilómetros de Roncesvalles. El reporte del SGC señala que el evento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que un sismo sea percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.Según la información publicada por la entidad, el evento tuvo como coordenadas una latitud de 3,86 y longitud de -75,63. En el mapa del boletín se observa que el epicentro se encuentra en una zona del centro-occidente del país, relativamente cercana a municipios como Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales.Por el momento, el boletín del Servicio Geológico Colombiano corresponde a un reporte actualizado del evento sísmico y advierte que la información proporcionada está sujeta a cambios. La magnitud, localización y profundidad pueden ser ajustadas posteriormente a medida que avance el procesamiento de los datos registrados por la red sísmica.El sismo se registró en horas de la noche y se suma a la actividad sísmica que se ha presentado en las últimas semanas en este municipio.Hasta el momento no se han reportado afectaciones o lesionados en el área de Chaparral, Tolima.
A través de sus redes sociales, la Alcaldía de La Pintada mostró un video en donde se deja en evidencia el grave deterioro que sufre la actual sede administrativa del municipio del Suroeste antioqueño, situación por la que elevaron un llamado al Gobierno nacional.Según detallaron desde La Pintada, la sede no tiene las condiciones adecuadas para poder atender a la comunidad y, como muestra de ello, fue la inundación que sufrieron en los últimos días producto de las fuertes lluvias que azotaron la subregión.El alcalde de La Pintada, Herman Correa, hizo un llamado al Gobierno nacional para que haga un acompañamiento y puedan habilitar una nueva sede administrativa en esta zona del Suroeste antioqueño."Triste escenario que vivimos en tiempos de lluvia. Hago un llamado a todas las personas o que representan el estado colombiano para que nos ayuden a darle solución a esta situación", aseguró el mandatario.Desde la Alcaldía de La Pintada explicaron que la nueva sede lleva abandonada 10 años, por lo que se hizo la solicitud de apoyo y así poder habilitar el Centro Administrativo Municipal, CAM.Por ahora, las autoridades locales deberán esperar la respuesta del Gobierno nacional, con el atenuante que seguirán enfrentándose a las inclemencias del clima, así como a las precarias condiciones en las que se trabajan actualmente.
A pesar de ahorros en los consumos de agua por cuenta del racionamiento nocturno que regresó para el nororiente de Medellín desde el pasado 22 de septiembre, el panorama no pinta bien de cara a las próximas semanas.El fenómeno de El Niño sigue golpeando al embalse de Piedras Blancas y sus afluentes, generando preocupación sobre una posible extensión o endurecimiento de los cortes de agua.Según EPM, para el 21 de septiembre el nivel de la fuente hídrica estaba en un 76.8% de su capacidad útil y tres días después, el más reciente reporte, indica que este nivel se ha reducido hasta el 71.28%, equivalente a 310 mil metros cúbicos de agua.Humberto Iglesias, gerente encargado de EPM, manifestó que los ahorros siguen siendo cortos teniendo en cuenta el panorama actual y los pronósticos sobre el recrudecimiento del fenómeno de El Niño."El niño va a continuar, sin lugar a dudas. Esto apenas está arrancando y todavía no estamos en la etapa más crítica. Tenemos que prepararnos desde ahora para los meses más exigentes que se vienen, que seguramente van a ser diciembre, enero y febrero. Y miren lo que estamos viviendo hoy", manifestó Iglesias.Al tiempo que desde EPM insisten en la necesidad de implementar medidas en cada vivienda para llegar a la meta diaria de ahorro de agua de 92 litros en el nororiente y 70 litros en el resto de la ciudad, las evaluaciones son constantes sobre el comportamiento de otros embalses como La Fe y Riogrande II que abastecen a otras zonas de Medellín y el Valle de Aburrá.Se espera que el próximo lunes 28 de septiembre, tras una semana de interrupciones en el servicio de acueducto, la compañía de servicios públicos indique si la medida debe mantenerse.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
