Las autoridades sacaron de circulación licor adulterado, fraudulento y cigarrillos ilegales avaluados en más de $221 millones. La Secretaría de Hacienda advirtió sobre los riesgos para la salud y el impacto en las finanzas públicas.Lo que durante meses circuló por tiendas, establecimientos y rutas clandestinas del departamento terminó reducido a residuos en una contundente operación contra el comercio ilegal en Tolima.Un total de 33.941 unidades de licor adulterado, fraudulento, de contrabando y cigarrillos ilegales fueron destruidas por las autoridades departamentales en las instalaciones de la Fábrica de Licores del Tolima, en una acción que busca frenar el avance de las mafias dedicadas a la comercialización ilegal de estos productos. La jornada, liderada por la Secretaría de Hacienda, la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos y el Grupo Operativo Anticontrabando (GOAT), representa uno de los golpes más significativos contra esta actividad ilícita en lo corrido del año."Es una cantidad que llama la atención: más de 33.000 unidades destruidas salen de circulación en el departamento del Tolima", aseguró la secretaria de Hacienda, Carol Andrea Páramo García , al destacar la dimensión del operativo.La funcionaria explicó que entre los productos decomisados se encontraron bebidas adulteradas, botellas con estampillas falsas y mercancía ingresada ilegalmente desde otros departamentos, elementos que no solo afectan la economía regional sino que ponen en riesgo la vida de los consumidores."Hoy estamos demostrando que el Gobierno Departamental cuida no solo las finanzas del departamento, sino también la salud de las personas", enfatizó Páramo, al enviar un mensaje de prevención a ciudadanos y turistas que participan en las festividades de mitad de año.Riesgo para la salud y pérdidas para la inversión socialEl balance oficial revela la magnitud del mercado ilegal detectado por las autoridades. Entre la mercancía destruida se encontraban 14.375 cervezas, 1.236 botellas de aguardiente, 5.320 aperitivos, 127 vinos, 49 botellas de ron, 94 de whisky y 12.631 unidades de cigarrillos ilegales , entre otros productos.Según las estimaciones oficiales, el valor comercial de esta mercancía supera los 221 millones de pesos , mientras que la evasión tributaria asociada a su comercialización representa pérdidas cercanas a los 143 millones de pesos para el departamento.Se trata de recursos que, según las autoridades, dejan de llegar a programas de salud, educación, infraestructura y deporte, sectores que dependen en parte de los impuestos generados por la venta legal de licores y cigarrillos. Municipios fronterizos, en la miraCon la llegada de las festividades, el Gobierno Departamental ha intensificado los controles en las zonas consideradas más vulnerables al ingreso de mercancía ilegal."Los municipios fronterizos son prioritarios en esta temporada. Hemos realizado operativos y acciones de sensibilización en lugares como Natagaima e Ibagué, entre otros, y continuaremos recorriendo el departamento con el apoyo de la Fuerza Pública y la Federación Nacional de Departamentos", señaló la secretaria de Hacienda.Las autoridades confirmaron que los operativos continuarán en los 47 municipios del Tolima a través de las 14 unidades del GOAT, con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad, proteger la salud pública y cerrar el paso a las redes de contrabando que afectan las finanzas del departamento.El mensaje es contundente: en Tolima, el licor adulterado y el comercio ilegal siguen en la mira de las autoridades.
La Policía Nacional en una acción conjunta entre la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), desplegó una serie de operativos simultáneos en las localidades de Bosa y Engativá con el fin de combatir el transporte, almacenamiento y comercialización de mercancías de contrabando en la capital. Las intervenciones permitieron la aprehensión de mercancías de procedencia extranjera valuadas en un total de $1.314.208.963, las cuales no contaban con los soportes aduaneros exigidos por la ley.El primer procedimiento se concentró en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, donde la Policía inspeccionó un establecimiento comercial abierto al público. En el lugar, las autoridades hallaron 22.980 unidades de confecciones de origen extranjero que eran almacenadas para su venta sin la documentación que acreditara su legal introducción al territorio nacional.De manera simultánea, en la localidad de Engativá, al occidente de la capital, la Policía registró un tractocamión, en cuyo interior se descubrieron 1.555 rollos de tela importada. Al igual que en el caso anterior, los textiles no cumplían con los requisitos aduaneros, por lo que toda la mercancía de ambos operativos fue decomisada y puesta a disposición de la DIAN.“Estas acciones reafirman el compromiso de la Policía Nacional y la DIAN en la protección de la economía nacional, la defensa del comercio legal y la lucha frontal contra las diferentes modalidades de contrabando que afectan la competitividad y el desarrollo económico del país”, señaló el coronel (e), Juan David Páez Jiménez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías o medicamentos, garantizando absoluta reserva a través de la líneas oficiales de la institución.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro funcionarios vinculados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), señalados de integrar una presunta red de corrupción que habría utilizado sus cargos para exigir dinero a empresarios y favorecer actividades de contrabando en diferentes regiones del país.Los procesados son Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez, Jorge Enrique Ariza Vivero y Erwin Yasser Escudero Rondón. De acuerdo con la investigación, los implicados habrían participado en distintos hechos relacionados con presiones indebidas, actos administrativos irregulares y presuntos beneficios otorgados a estructuras dedicadas al ingreso ilegal de mercancías.En uno de los casos documentados por la Fiscalía, Benítez Orcasita, Pérez Gómez y Ariza Vivero habrían ejercido presiones económicas y administrativas contra la representante legal de una clínica especializada en salud mental, luego de detectar supuestas inconsistencias tributarias y contables durante procesos de fiscalización adelantados por la Dian.Según el ente acusador, los funcionarios le exigían a la empresaria el pago de 100 millones de pesos para evitar sanciones que podrían superar los 1.500 millones de pesos. La investigación señala que la víctima se negó a entregar el dinero solicitado.La Fiscalía indicó que, tras no concretarse el pago exigido, la empresaria habría sido afectada con embargos a cuentas bancarias, requerimientos reiterados y la expedición de actos administrativos en su contra. Como parte del material probatorio, fueron documentadas al menos seis reuniones entre los investigados y la víctima, dos de las cuales habrían sido utilizadas para formular exigencias económicas.El cuarto funcionario procesado, Erwin Yasser Escudero Rondón, es señalado de favorecer presuntamente a una organización dedicada al contrabando que operaba en la Troncal del Caribe. De acuerdo con la investigación, su papel consistiría en alertar a integrantes de esa estructura sobre operativos y controles aduaneros programados por las autoridades.La Fiscalía también le atribuye la devolución irregular de mercancías que habían sido aprehendidas por organismos de control y la facilitación del tránsito de productos ingresados ilegalmente al territorio nacional a cambio de dádivas.Las investigaciones permitieron identificar siete eventos en los que Escudero Rondón habría participado en maniobras orientadas a alterar resultados operacionales.Con base en los elementos materiales probatorios recopilados, un fiscal presentó a los cuatro funcionarios ante un juez de control de garantías. Según su presunta participación en los hechos investigados, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio.Durante las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
Más de 2.000 autopartes de presunta procedencia ilegal, dos motocicletas recuperadas y varios establecimientos cerrados dejó una contundente intervención de las autoridades en el sector de La Bayadera, en pleno centro de Medellín, una de las zonas históricamente señaladas por las investigaciones sobre comercialización clandestina de repuestos y automotores robados.El operativo, liderado por la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, buscó golpear las estructuras criminales dedicadas al hurto de vehículos y al desmantelamiento de automotores para su venta por partes.La ofensiva se concentró en la comuna La Candelaria y movilizó a más de 300 uniformados de distintas especialidades, entre ellos peritos expertos en identificación automotriz.Durante las diligencias, los investigadores inspeccionaron motores, chasises y autopartes para detectar alteraciones en números de identificación y otras maniobras utilizadas para encubrir el origen ilícito de los vehículos.Las verificaciones permitieron descubrir piezas que, según el coronel Julián Gil, comandante Operativo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía Metropolitana, estarían vinculadas con redes de robo y comercialización ilegal de automotores."Como resultado de esta intervención, fueron realizados 5 allanamientos, logrando la captura en flagrancia de una persona por falsedad marcaria, la recuperación de 2 vehículos y la incautación de más de 2.000 autopartes y un motor presuntamente vinculados a actividades ilícitas", dijo.Con este golpe, las autoridades aseguran haber impactado directamente las finanzas de las estructuras criminales que operan alrededor del mercado ilegal de autopartes en Medellín. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la afectación a las rentas ilícitas de estas redes delincuenciales superaría los 200 millones de pesos.
Un juez envió a prisión a Walter Francisco Martínez Martínez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en una presunta red de lavado de activos y contrabando relacionada con mercancía que tendría como destino la reconocida marca comercial Lili Pink.Por ahora, Martínez permanecerá bajo detención hospitalaria mientras se recupera y recibe el aval médico. Posteriormente, será trasladado a un centro de reclusión para cumplir la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso penal.Según la investigación, Walter Francisco Martínez Martínez es el primer capturado y judicializado dentro de este caso. La Fiscalía sostiene que el procesado presuntamente utilizaba importadoras de papel como empresas fachada con el propósito de evadir controles aduaneros y facilitar el ingreso irregular de mercancía al país.Por estos hechos, el ente acusador le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.De manera paralela, las autoridades mantienen vigentes al menos nueve órdenes de captura contra otros presuntos integrantes de este entramado ilegal que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría vinculado con operaciones de lavado de activos superiores a 730.000 millones de pesos.La investigación también señala que la organización habría facilitado el ingreso de mercancía de contrabando y recursos de origen ilícito que superarían los 75.000 millones de pesos.En medio del avance del proceso judicial, la empresa Fast Moda, vinculada comercialmente a la marca Lili Pink, emitió un comunicado público para aclarar que Walter Francisco Martínez Martínez no tiene actualmente ninguna relación con la compañía.En el pronunciamiento, la empresa aseguró que Martínez “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la compañía”, ni con la operación empresarial asociada a la marca desde el año 2021.
Cayó uno de los primeros cargamentos de contrabando en Puerto Antioquia. Autoridades detectaron 250 cajas con telas de contrabando procedentes de Panamá. El ministro de Defensa reconoció la labor de las autoridades para identificar la mercancíaUn trabajo articulado entre la Armada Nacional y la Dian permitió incautar una de las primeras mercancías de contrabando en Puerto Antioquia, la infraestructura que empezó a operar desde inicios de febrero en la subregión de Urabá.Según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se trata de 250 cajas de confecciones procedentes del Puerto de Colón en Panamá y que no contaban con el manifiesto de carga. El material se encontraba en un contenedor en las bodegas del puerto hasta el cual llegaron las autoridades.El ministro recordó que el contrabando, además de de evadir controles aduaneros, también financia redes criminales y afecta a los comerciantes y empresarios, por lo que afirmó que están fortaleciendo la capacidad de identificación de elementos de este tipo en los diferentes corredores logísticos.“Mi reconocimiento a nuestros militares, policías y funcionarios que, con compromiso y profesionalismo, protegen la economía legal y la seguridad de Colombia”, afirmó el ministro a través de cuenta en X.A finales de enero de este año, Puerto Antioquia anunció el fortalecimiento de controles antinarcóticos con la llegada de 67 funcionarios especializados que actuarán en la zona primaria aduanera del embarcadero marítimo.
Augusto Rodríguez, actual director de la UNP y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro durante la campaña, se refirió al polémico viaje a Buenaventura en una avioneta que estaría presuntamente vinculada al zar del contrabando, Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. Rodríguez aparece por algunos segundos en el video revelado en exclusiva por Blu Radio y, en conversación con este medio, entregó su versión de lo ocurrido en noviembre de 2021. Además, reveló el nombre de quién habría realizado la grabación.Según explicó, al llegar al lugar de hospedaje en Buenaventura se produjo un encuentro con personas que habrían gestionado el transporte aéreo.“Cuando llegamos al hotel Torre Mar nos encontramos con que unas personas que eran de la precampaña dijeron: 'Les presento a las personas que nos ayudaron (a gestionar la avioneta)'. Ahí veo al señor César Augusto Valencia y a Ramiro Jurado. Al señor Valencia lo conozco, es el que estaba merodeando e intentando convencernos por todas partes a que recibiéramos los apoyos del señor 'Papá Pitufo'. Le dijimos al presidente y se molestó obviamente. Esas fotos las tuvo que haber tomado una persona muy cercana a 'Papá Pitufo' que era una infiltración, el señor William Castellanos’”, afirmó Rodríguez.Castellanos es un coronel retirado de la Policía que le cuidó la espalda a Gustavo Petro en diferentes etapas de su trayectoria política, como su paso por la Alcaldía de Bogotá, el Senado y la campaña presidencial. Blu Radio intentó obtener su versión sobre los señalamientos de Rodríguez; sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta.Por otra parte, el abogado César Valencia reconoció haber pagado la avioneta, aunque negó que los recursos provinieran de Diego Marín. Aseguró que su participación se limitó a una gestión puntual y que su relación con el señalado contrabandista fue solo por un par de asesorías. “Se lo peticionan al señor Ramiro y el doctor Ramiro Jurado me dice que si podemos ayudar con esta gestión, a lo cual le digo que sí. Es una apuesta que hacemos de manera voluntaria, autónoma y con recursos propios”, dijo Valencia a Blu Radio.
Tras conocerse de un presunto esquema de contrabando por parte de la empresa Lili Pink, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo un allanamiento en diferentes locales del país y un fiscal impuso medidas cautelares sobre 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, por lo tanto, se encuentra el cartel de "bien ocupado con fines de extinción de dominio".Pero la situación ha llevado a miles de personas a cuestionarse si esto sería el cierre definitivo de esta compañía, ahora que se encuentra en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y si habrá despidos masivos para todas las personas que se encontraban en cada uno de los locales, sin embargo, se conoció el futuro de esto."La Fiscalía puso al descubierto un conglomerado empresarial que, con la fachada de una cadena de ropa femenina y accesorios, habría facilitado el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país. La investigación da cuenta de importadoras y sociedades de papel utilizadas para dar apariencia de legalidad a la actividad delictiva. En el curso de la investigación fueron documentadas conductas como lavado de activos por 730.000 millones de pesos y enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones", explicaron desde la Fiscalía.¿Dejarán de operar las tiendas de Lili Pink tras allanimiento?De acuerdo con Noticias Caracol, ahora que los locales pasan a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) seguirán funcionando y las tiendas se mantendrán abiertas, esto debido a que la Fiscalía "no tiene potestad para administrarlos", pero esto será de manera parcial, pues, si un juez especializado toma este caso y extinga el bien, todo cambiaría rápidamente.Según Blu Radio, las autoridades identificaron maniobras para evadir controles, fragmentar operaciones y dificultar el seguimiento del dinero dentro del sistema económico. “Por eso fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que quedan bajo proceso de extinción del derecho de dominio”.
En las últimas horas la Gobernación de Antioquia informó sobre la incautación de más de 330.000 cajetillas de cigarrillo de contrabando, operativo que se convirtió en uno de los golpes más contundentes contra este delito en lo que va de 2026.Según el reporte que entregaron las autoridades departamentales, se logró la aprehensión de 330.500 cajetillas valoradas en más de 1.700 millones de pesos y que tenían como destino su comercialización ilegal en distintos puntos de la región.Uno de los procedimientos más relevantes se llevó a cabo en una bodega ubicada en inmediaciones del Parque de Belén de Medellín, donde fueron halladas 133.000 cajetillas, cuyo valor supera los 708 millones de pesos.La directora de Fiscalización y Control de la Gobernación de Antioquia, María Alejandra Escobar, destacó los operativos que se han hecho en el departamento en lo corrido del año."Ha realizado aprehensiones de más de 643.000 cajetillas con valor comercial superior a los 3.500 millones de pesos, lo cual el departamento ha dejado de percibir aproximadamente 3.200 millones por concepto de impuesto al consumo", detalló la funcionaria.Hay que mencionar que otro de los golpes dados en los últimos días ocurrió en la Avenida Regional, donde fue interceptado un camión que transportaba 197.500 cajetillas de cigarrillos, valoradas en más de 1.052 millones de pesos.Desde la Gobernación se ha insistido en que este tipo de operativos no solo buscan frenar el comercio ilegal, sino también proteger la salud pública y garantizar recursos para inversión social. Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para adquirir productos legales y a los comerciantes para exigir la documentación correspondiente, evitando sanciones y la pérdida de mercancía.
La reciente revelación de conversaciones entre funcionarios del Gobierno y emisarios del presunto contrabandista Diego Marín, conocido como 'Papá Pitufo', ha desatado una fuerte controversia política en Colombia. En medio del escándalo, Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace pocos días director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), defendió sus actuaciones y aseguró que los contactos con el abogado del señalado criminal se dieron en el marco de sus funciones y con conocimiento del presidente Gustavo Petro.Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Lemus afirmó que las reuniones fueron institucionales y tenían como objetivo persuadir a Marín para que regresara al país y colaborara con la justicia. Sin embargo, también reconoció temores por posibles retaliaciones tras la filtración de grabaciones de esas conversaciones.Reuniones con el abogado de “Papá Pitufo”Uno de los puntos centrales de la polémica gira en torno a las reuniones entre Lemus y el abogado de Diego Marín, considerado por autoridades como uno de los principales actores del contrabando en el país.Según el exdirector de inteligencia, el acercamiento no fue clandestino ni irregular. Aseguró que fue el abogado quien buscó el contacto a través de una fuente que calificó como confiable y que el encuentro se realizó de manera oficial en su despacho.“El abogado nos buscó y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Hay misión de trabajo sobre eso. No fue una cosa por debajo”, explicó. Lemus insistió en que el propósito de la conversación era convencer a Marín de presentarse ante la Fiscalía, entregar información sobre redes de contrabando y revelar posibles cómplices dentro de estructuras políticas o institucionales.No obstante, periodistas de la mesa de Blu Radio cuestionaron si tales contactos estaban dentro de las funciones de la DNI, especialmente cuando se mencionaron temas como extradición y eventuales beneficios judiciales. El exfuncionario respondió que nunca se trató de una negociación formal.Extradición y el marco de la “paz total”Uno de los aspectos más sensibles de la conversación filtrada es la posible relación entre el caso y la política de “paz total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.Durante la entrevista, Lemus negó haber ofrecido beneficios directos para evitar la extradición de Marín a Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que se habló del marco legal existente en Colombia para quienes se someten voluntariamente a la justicia. El exdirector de inteligencia mencionó la Ley 2272, que permite ciertos mecanismos para la suspensión de órdenes de extradición si un procesado colabora activamente con las autoridades.“La ley permite que el presidente pueda suspender una extradición si el delincuente avanza y colabora con la justicia”, explicó. Aun así, insistió en que la decisión final siempre correspondería a la Fiscalía, los jueces y las instancias judiciales, no al Ejecutivo.Vínculos con la campaña presidencialOtro elemento que generó controversia durante la entrevista fue la revelación de que Lemus se reunió con Marín durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según el exfuncionario, el presunto contrabandista ofreció recursos económicos para apoyar la campaña.“Él me propuso primero 5.000 millones de pesos para la campaña y después llegó a los 10.000 millones”, aseguró Lemus.De acuerdo con su versión, el presidente Petro fue informado del ofrecimiento y decidió que ese dinero no debía ser recibido.Lemus también mencionó que un intermediario extranjero habría recibido 500 millones de pesos, pero que posteriormente el mandatario ordenó devolverlos. Estas afirmaciones han intensificado el debate político sobre posibles intentos de infiltración del contrabando en la política colombiana.Señalamientos sobre redes de contrabandoEn la entrevista, Lemus también aseguró que Diego Marín tendría información comprometedora sobre figuras influyentes vinculadas a la red de contrabando. Según dijo, el objetivo de las conversaciones era precisamente lograr que el empresario se entregara y revelara esos nombres ante la justicia.“Hay muchos políticos metidos, muchos generales, especialmente de la Policía, en esa mafia del contrabando”, afirmó. Sin embargo, el exdirector aclaró que se trata de información de inteligencia que aún debe ser verificada por la Fiscalía y convertida en pruebas judiciales.En medio de la controversia, Lemus confirmó que presentó su renuncia a la UIAF durante el Miércoles Santo, aunque aseguró que hasta el momento no sabe si esta fue aceptada formalmente. También reveló que evalúa colaborar con la campaña política del senador Iván Cepeda, aunque aseguró que se encuentra en la recta final de su carrera profesional y próximo a pensionarse.Entrevista completa con Jorge Lemus en Mañanas Blu
La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira sigue dejando escenas de angustia, mientras decenas de voluntarios intentan rescatar a personas atrapadas entre estructuras colapsadas y miles de habitantes enfrentan la pérdida de sus viviendas, la interrupción de servicios básicos y la incertidumbre sobre las próximas horas.Así lo describió el diputado venezolano Jhonny Rivas durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que aseguró que la situación sobre el terreno es más grave de lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.“La situación es peor de lo que ves en los videos, de lo que está en las redes sociales”, afirmó el legislador, quien se encuentra en la zona afectada. Según explicó, el paso del tiempo aumenta la preocupación de las familias que esperan noticias de personas atrapadas bajo los escombros, debido a que las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate.Los terremotos suelen generar el mayor número de rescates durante las primeras 24 a 72 horas. Organismos internacionales especializados en gestión de riesgos han señalado históricamente que este periodo resulta decisivo para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, especialmente cuando se cuenta con equipos técnicos, maquinaria pesada y personal entrenado. Sin embargo, Rivas sostuvo que gran parte de las labores que actualmente se desarrollan en La Guaira están siendo ejecutadas por ciudadanos y grupos de voluntarios.“De cada diez personas que están tratando de ayudar, un solo bombero oficial y nueve son voluntarios trabajando sin herramientas”, señaló.Uno de los episodios que relató involucra a vecinos que lograron sacar a dos menores de entre los restos de una estructura. Según dijo, todavía habría otros niños atrapados en el lugar.“Escuchan a los otros niños pedir ayuda y están tratando de sacarlos ellos mismos”, aseguró.Viviendas destruidas y familias desplazadasEl impacto de los movimientos telúricos también habría dejado una amplia destrucción residencial en distintos sectores de La Guaira.De acuerdo con el diputado, decenas de edificaciones colapsaron tanto en el este como en el oeste del estado. “Estamos hablando de más de cincuenta o sesenta residencias que se cayeron”, afirmó.La consecuencia inmediata, según explicó, ha sido el desplazamiento de numerosas familias que hoy permanecen en espacios abiertos o buscando refugio temporal con amigos y familiares.“Hay mucha gente deambulando en las calles que no tiene para dónde ir”, dijo Rivas, quien además aseguró haber perdido su propia vivienda durante la emergencia.El temor a posibles réplicas también ha llevado a que personas cuyas casas permanecen en pie opten por pasar las noches al aire libre ante el riesgo de nuevos daños estructurales.Servicios básicos bajo presiónMás allá de los rescates, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento de los servicios públicos.Rivas afirmó que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico y enfrentan dificultades para acceder al agua potable. También advirtió sobre la presión que soportan los centros asistenciales.“Los hospitales están colapsados”, aseguró, al describir una red sanitaria que ya enfrentaba limitaciones antes de la emergencia.Los desastres naturales de gran magnitud suelen generar riesgos sanitarios asociados a la interrupción de servicios esenciales, la acumulación de escombros, la escasez de agua segura y la saturación de los sistemas de salud. Por esta razón, organismos humanitarios priorizan el envío de medicamentos, materiales médicos y equipos de atención de emergencia durante las primeras etapas de respuesta.Donaciones y apoyo ciudadanoAnte la magnitud de la crisis, diversas organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela han comenzado campañas de recolección de ayuda.Rivas indicó que parte de los insumos están siendo canalizados a través de Cáritas de Venezuela con el objetivo de facilitar una distribución organizada. Asimismo, mencionó iniciativas impulsadas desde Colombia y otras regiones para reunir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a los afectados.“La preocupación nuestra en este momento es ayudar a nuestros hermanos guaireños y venezolanos que están viviendo esta tragedia”, expresó.Mientras continúan las labores de rescate, el llamado de las comunidades afectadas se centra en acelerar la llegada de equipos especializados, fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar la atención de miles de personas que enfrentan una de las emergencias más complejas registradas recientemente en esta zona costera de Venezuela.
Este sábado 27 de junio el corazón de Cali está de celebración por los 107 años del tradicional e icónico barrio Obrero, cuna de la pasión por la salsa en la capital vallecaucana y uno de los principales referentes de la ciudad, y en el marco de esta fiesta se tiene una variada programación.Las actividades inician a partir de las 2:00 de la tarde de este sábado, e incluye presentaciones en vivo de artistas de la salsa, encuentro de melómanos, oferta gastronómica, una vitrina empresarial, además de una 'Ruta de la Maceta' que busca mezclar la tradición de la celebración del día de los Ahijados con el cumpleaños del Obrero. Para este sábado también se tiene programada la iniciativa 'Borondiando Ando' y el broche de oro es la 'FanZone' donde se transmitirá el partido entre Colombia y Portugal en la Copa Mundial."Vamos a tener programación todo el día desde el mediodía, incluyendo la 'fan zone' con pantallas gigantes para el partido de Colombia y Portugal, donde Colombia Dios mediante vencerá y pasaremos de primeros en el grupo. Entonces, a los caleños que que todavía no han no han estrenado la obra, los invito a que vayan, que gocen este distrito cultural y turístico nuevo de nuestra ciudad, y a que pasemos un día sabroso en el Obrero", indicó el alcalde, Alejandro Eder.La apuesta musical de la celebración será liderada por la orquesta Clandeskina, y estará acompañada de bailadores y bailarines, que interactuarán con el público. La fiesta del Obrero se realizará por todo el Recorrido Patrimonial de la Salsa en la calle 22A con carrera 11B."Tendremos también mano a mano de melómanos de reconocidas salsotecas y también lugares emblemáticos del barrio Obrero que con sus melodías deleitarán al público. También vamos a tener un fortalecimiento de todo el ecosistema salsero con la feria empresarial donde podemos encontrar calzado, LPs, vinilos, instrumentos, souvenirs evocando la cultura salsera y por supuesto nuestra cocina tradicional, popular, caleña y el mecato valluno" dijo Ángela Villalobos, gerente del proyecto de renovación del Barrio Obrero.
Luego de que la Superintendencia de Salud decidiera hacer una inspección 'sorpresa' a la Fábrica de Licores de Antioquia y el propio Andrés Julián Rendón asegurara que los funcionarios de la Supersalud querían “fastidiar”, la FLA tomó la decisión de recusar a Daniel Quintero.A través de un comunicado oficial, la FLA manifestó su preocupación por algunos aspectos como, por ejemplo, que varios de los requerimientos formulados durante la auditoría estarían relacionados con asuntos que exceden el ámbito de la vigilancia en salud.La Fábrica de Licores de Antioquia indicó que entre los pedidos habían solicitudes de información sobre litigios, procesos judiciales, conciliaciones, aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de Gobierno corporativo.Ante esta situación, el gerente de la FLA, Esteban Ramos, decidió acudir a los mecanismos legales y presentó una recusación contra el jefe del organismo de control, Daniel Quintero."He decidido presentar una recusación en contra del superintendente de salud Daniel Quintero y su delegado Juan Duque. Entre los hechos que sustentan la recusación se encuentran antecedentes públicos de confrontaciones políticas entre el actual superintendente natural de salud Daniel Quintero Calle, mi familia y yo", indicó Ramos.Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social resolvió no aceptar la recusación contra la Superintendencia de Salud por lo que quedó plenamente habilitada el ejercicio de inspección, vigilancia y control que se adelanta sobre la Fábrica de Licores de Antioquia.La Supersalud bajo el mando el Daniel Quintero, indicó que los recursos de las rentas de licores, tabaco y juegos se encuentran bajo su inspección, vigilancia y control, por lo que reiteró que la auditoría de la FLA obedece estrictamente al cumplimiento de sus competencias legales.
No pasaron ni 24 horas desde que las disidencias de alias 'Calarcá' instalaron cuatro artefactos en la Troncal de Occidente y, además, hostigaron al Ejército Nacional en el municipio de Valdivia, cuando se informó que en zona rural del municipio de Briceño se encontraron varios explosivos.La información entregada por las tropas del Batallón de Artillería de Campaña de la Cuarta Birgada del Ejército Nacional es que los soldados llegaron hasta el corregimiento Travesías y lograron destruir tres artefactos explosivos improvisados.Los elementos habrían sido instalados por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y tenían cable de mando en un lugar de tránsito obligado para la población civil del Norte antioqueño.Hay que recordar que las disidencias no solo han intimidado a la comunidad de esta zona del departamento de Antioquia, sino que además durante las acciones terroristas en el municipio de Valdivia dejaron un mensaje de advertencia al presidente electo, Abelardo de la Espriella, al afirmar, “no copiamos de Tigre”.Por ahora, la Fuerza Pública adelanta diferente operaciones militares con el fin de prevenir acciones terroristas de las disidencias de alias 'Calarcá' como de otros grupos armados que delinquen en el Norte antioqueño.
Luego de la expectativa por el desembolso de recursos y haber fijado el 2 de agosto como la fecha para los comicios, la consulta popular que definirá la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás tendrá una nueva fecha.Esto, luego de que la Registraduría Nacional accediera a la solicitud planteada por la Gobernación de Antioquia y los municipios involucrados en el proceso, para que el mecanismo de participación ciudadana se lleve a cabo en los mismos tiempos que el similar que avanza en la subregión de Urabá.Eugenio Prieto, director del Departamento de Planeación de Antioquia, explicó que la decisión no afecta ni representa un retroceso de esta figura asociativa, sino por el contrario la posibilidad de que la ciudadanía conozca con mayor profundidad los alcances sus alcances y garantizar mejores condiciones logísticas, financieras y operativas para la organización de la jornada electoral."Sería muy importante que estas dos consultas se pudiesen hacer en un mismo día. Se suspende, y estamos ya a la espera de que muy pronto la Registraduría nos esté informando cuál sería la fecha para realizar un mismo domingo las dos consultas, la del Urabá y la del Valle de San Nicolás".Se espera que con estas figuras asociativas, las administraciones locales tengan agendas comunes a nivel regional en materia de planificación, crecimiento urbano, movilidad, medio ambiente y competitividad.El Área Metropolitana del Valle de San Nicolás es una iniciativa que busca que la unión bajo esta figura los municipios de Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, Rionegro, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y La Unión.Por su parte, el Área Metropolitana de Urabá busca integrar administrativa y territorialmente a los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa y Apartadó.
