En Colombia, los proyectos que pueden afectar directamente a comunidades indígenas y afrodescendientes deben cumplir con el proceso de consulta previa, un mecanismo que busca identificar los impactos de las obras y concertar medidas para proteger los derechos y las formas de vida de estas poblaciones. Sin embargo, el aumento de estos trámites empieza a generar preocupación en el sector empresarial. Según Ana Milena López, presidenta de Corficolombiana, entre 2020 y 2026 ingresaron 283 proyectos nuevos a procesos de consulta previa, más del doble del promedio registrado entre 2005 y 2015.
“Hoy se registran cerca de seis proyectos nuevos con consulta previa por cada billón de pesos invertidos. Eso es más del doble de lo que observábamos antes de la pandemia”, aseguró López. Como ejemplo, mencionó dos iniciativas estratégicas: Sirius, considerado el mayor descubrimiento de gas de las últimas décadas, que enfrenta procesos de consulta con numerosas comunidades, y Colectora, una línea de transmisión necesaria para llevar energías renovables al sistema eléctrico, que ha tenido que consultar a más de 260 comunidades.
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La presidenta de Corficolombiana aclaró que no se trata de escoger entre crecimiento económico y sostenibilidad, pero advirtió que los procesos deben tener reglas claras y no convertirse en un mecanismo para frenar las inversiones. “Las consultas no se pueden volver una extorsión para que los proyectos se hagan”, señaló. Agregó que se necesitan instituciones capaces de garantizar los derechos de las comunidades, facilitar los acuerdos y darles seguridad a los proyectos.
Desde el Gobierno, Alejandro Burgos, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, reconoció que existen dificultades en estos procedimientos y señaló que algunas de ellas se originaron durante la administración anterior. “Se multiplicaron de forma ilógica las comunidades en la Dirección de Asuntos Indígenas y en la de Comunidades Negras, se le dio reconocimiento a comunidades que tal vez no lo merecían. Y en la Agencia Nacional de Tierras se otorgaron tierras a comunidades, coincidencialmente, cerca o al lado de los proyectos de infraestructura más importantes”, afirmó.
Burgos puso como ejemplo el Meta, donde, según afirmó, la ANT adjudicó tierras en zonas cercanas a las exploraciones de SierraCol Energy, una de las principales productoras independientes de petróleo del país. También se refirió al caso de Sirius, donde una orden judicial obligó a la autoridad a verificar si comunidades costeras y pesqueras debían ser incluidas en el proceso de consulta previa.
“Tuvimos que visitar más de 120 comunidades y, de esas, solo dos se incluyeron en el proceso consultivo”, explicó. El funcionario señaló que estas visitas implicaron un importante despliegue de recursos, personal y tiempo. Añadió que ya se expidió la resolución que establece la ruta metodológica para la consulta previa de Sirius, aunque reconoció que es posible que algunas comunidades no estén de acuerdo con la decisión. Para Burgos, es necesario tomar medidas frente a un procedimiento que, según dijo, está “completamente desbordado”.
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Frente a este panorama, López insistió en que agilizar los proyectos no significa eliminar las garantías de participación ni debilitar la protección ambiental. El reto, sostuvo, es contar con reglas claras e instituciones que permitan proteger los derechos de las comunidades y, al mismo tiempo, construir acuerdos para que las inversiones puedan avanzar.