En su reporte semanal, Corficolombiana advierte que el impacto por el fenómeno de El Niño es mayor al presupuestado, tanto en su intensidad como en su duración, llegando a alcanzar cifras históricas en varios sectores del país. Desde la entidad destacan que la ola de calor provocará un aumento en la inflación de la comida en +3,9 puntos porcentuales (pps) en promedio, los cultivos que se verán más afectados son; arroz, papa, plátano, yuca y caña de azúcar con un impacto estimado de 0,9 puntos porcentuales (pps) para el 2024.“Encontramos que, para 2024 el sector agropecuario crecería 0,3 pps menos que en un escenario climático neutro. Específicamente, la subrama de cultivos agrícolas crecería 0,4 pps menos y ganadería 0,2 pps menos, mientras el efecto esperado para los cultivos de café es cercano a cero”, señalan desde la entidad.Se menciona que pese a que en el periodo débil-moderado de El Niño, la inflación en los alimentos ha sido de 1 punto porcentual, pero la intensidad y aumento de la ola de calor en su periodo más fuerte ha sido de 3,9 pps, debido al impacto que han tenido alimentos perecederos como la leche, la papa y el arroz, los cuales tienen un peso del 17 % en la canasta familiar.Corficolombiana próspera que este impacto en la economía del sector agrario se corrijan y estabilice para el segundo y tercer trimestre del año, por lo que en el presupuesto de la entidad la inflación al cierre del año en este ámbito de la economía será del 5,1% en promedio.Otro de los sectores de la economía colombiana que puede presentar riesgos de aumento es el de la energía, el cual hasta la fecha no ha presentado presiones inflacionarias en la cotización de energía en bolsa, esto podría cambiar mientras el fenómeno de El Niño siga afectando al país, destacando que esto es solo una posibilidad y no hay garantía que el precio de la energía aumente en el corto o mediano plazo.
La investigación por el escándalo de Odebrecht en Colombia tuvo un nuevo episodio en las últimas horas, tras conocerse la decisión de la Fiscalía, de no acceder a la solicitud que le hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro para que reabriera la investigación contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.La petición la había hecho por redes sociales el presidente Gustavo Petro, quien lanzó una serie de duras críticas contra Aval y su filial Corficolombiana, luego de conocerse el acuerdo alcanzado por esas empresas con la justicia estadounidense, que consistió en el pago de una multa de más de 70 millones de dólares a cambio de que se terminaran las investigaciones que se adelantaban en contra de la empresa en ese país.Ese episodio terminó acusando únicamente al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, de haber supuestamente tenido conocimiento de las irregularidades que se cometieron para alcanzar el acuerdo con Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol.Una vez se conocieron los detalles del acuerdo, el gobierno del presidente Gustavo Petro consideró que existían nuevos elementos para que se adelantara la reapertura del proceso penal en Colombia, en particular en contra de la cabeza del grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia.Sin embargo, en las últimas horas la Fiscalía reveló que quien radicó el escrito con esa solicitud fue el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien recientemente ha estado en el “ojo del huracán” por haber revelado un listado de 500 candidatos supuestamente inhabilitados para las próximas elecciones.La Fiscalía explicó que la solicitud fue enviada al fiscal delegado ante la Corte Suprema que archivó el proceso contra Sarmiento Gutiérrez en febrero de 2021 y agrega una frase demoledora, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional: “la reactivación de una investigación archivada debe sustentarse en el surgimiento de nuevos elementos materiales de prueba” y agrega que “una orden de desarchivo no puede ser una decisión caprichosa de la Fiscalía”.Al final, la Fiscalía agrega que el secretario Idárraga no adjuntó elementos nuevos de prueba para sustentar su solicitud para reabrir la investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y revela que su solicitud estuvo sustentada únicamente en algunas publicaciones de medios de comunicación.El caso Odebrecht por ahora pareciera estar llegando a un punto culminante y la pregunta que surge es si esta decisión de la Fiscalía finalmente terminará reactivando el viejo sueño del presidente Gustavo Petro de traer al país una comisión de la ONU para que investigue la corrupción, bajo el argumento de que en Colombia no hay un verdadero interés en esclarecer los más graves escándalos de esa índole.
Por medio de una carta rogatoria, la Fiscalía ya le solicitó a Estados Unidos información contra el Grupo Aval y Corficolombia, después de que la Agencia Jurídica del Estado pidiera las sanciones contra el conglomerado.“Tenemos conocimiento que la Fiscalía ya dio trámite por vía de la carta rogatoria a los Estados Unidos, pero mientras tanto hemos estado en reuniones de estudio y análisis con Superfinanciera y Supersociedades a la espera de que nos llegue la información oficial”, indicó la directora Martha Lucia Zamora.A mediados de agosto, la Agencia Jurídica del Estado anunció que pediría al Gobierno de Estados Unidos las sanciones administrativas contra el Grupo Aval y Corficolombiana, atendiendo una orden impartida por el presidente Gustavo Petro y la directora de la entidad, Martha Lucía Zamora.La ANDJE explicó que dicha solicitud también fue oficiada al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos “requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Aval y Corficolombiana”.El presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impuso una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Le puede interesar:
Después de que se conocieran los acuerdos a los que llegó el Grupo Aval con la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Agencia Jurídica del Estado hizo un importante anuncio en materia de sanciones contra esta empresa.Y es que, según detalló Martha Lucía Zamora, cabeza de esta entidad, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de ciertas medidas y sanciones administrativas contra el Grupo Aval y su filial Corficolombiana.Dentro de las posibles sanciones que se estudiarían existe una en el caso de que el Estado inhabilite a Corficolombiana, que tiene varias concesiones, como la vía al Llano. Sobre esto, Zamora explicó que la decisión se llevaría a cabo sobre quién podrá continuarla, pero que la decisión no depende del sancionado.“La norma no hace ningún tipo de salvedad. Acá se habla de una inhabilidad sobreviniente y eso tendrá que analizarse cuáles son esas empresas y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como agencia. Ya se habla de las filiales, empresas, administradores, esto tiene un campo de acción amplio que será objeto de análisis por parte de la Superintendencia de Sociedades”, puntualizó.En ese sentido, el periodista económico de la mesa de Mañanas Blu, Víctor Grosso, explicó que son siete las concesiones de obras viales públicas a cargo de la filial Corficolombiana que estarían tambaleando por la decisión del Gobierno de no descartar caducar contratos vigentes con Corficolombiana.Ancon Sur. – BolomboloVillavicencio – YopalBogotá – VillavicencioMulaló – LoboguerreroBuga - Tuluá - La Paila - La VictoriaBogotá - Facatativá - Los AlpesLos Alpes – Villeta - ChuguacalSegún se especifica en la misma página web de Corficolombiana, las concesiones viales que tienen a cargo operan 668 kilómetros de vías, ubicadas en cinco departamentos del país (Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta y Casanare) de las cuales 257.8 km son de doble calzada e incluyen 493 puentes (34.8 km en total) y 38 túneles (55 km en total).Cabe recordar que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Le puede interesar:
La Agencia Jurídica del Estado anunció que gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de medidas administrativas punitivas contra el Grupo Aval y Corficolombiana.Esta acción obedece a una directriz ordenada por el presidente Gustavo Petro y Martha Lucía Zamora, quien lidera dicha entidad.La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) destalló que esta solicitud también fue formalmente presentada al canciller Álvaro Leyva.En diálogo con Mañanas Blu, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entregó detalles de la solicitud a Estados Unidos.Zamora contó que se hizo la solicitud oficial con el fin de que sea incorporado en un proceso sancionador y haya una inhabilidad, “es un fallo que se solicita oficialmente para ser analizado en Colombia bajo nuestra legislación y las implicaciones que este tiene”, explicó.Sobre las facultades de la agencia, dijo que la instrucción está dada a través de la ley, “somos gobierno y somos parte del sector justicia, el mandato está establecido en un decreto que nos faculta como agencia para hacer este tipo de solicitud”.En ese sentido, no descartó y calificó como una posibilidad el hecho que se caduquen los contratos que tienen vigentes el Grupo Aval y Corficolombiana con el Gobierno.“Esto viene de la Ley 80 del 93 establece que las personas que hayan sido declaradas responsables en la comisión de delitos, pueden tener esas consecuencias de inhabilidad”, explicó sobre una eventual caducidad e inhabilidad en los contratos.A través de canales diplomáticos, se pretende que el canciller solicite información acerca de las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de las mencionadas empresas, Grupo Aval y Corficolombiana.Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impusiera una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Vea aquí la entrevista:
La Agencia Jurídica del Estado anunció que pedirá al Gobierno de Estados Unidos sanciones administrativas contra el Grupo Aval y Corficolombiana, atendiendo una orden impartida por el presidente Gustavo Petro y la directora de la entidad, Martha Lucía Zamora.La ANDJE explicó que dicha solicitud también fue oficiada al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos. “Requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Aval y Corficolombiana”.Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impusiera una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violas la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Teniendo en cuenta los requerimientos emitidos por la ANDJE, la entidad debe evaluar si el Grupo Aval está inhabilitado para celebrar contratos públicos.Le puede interesar:
A propósito del acuerdo al que llegaron el Grupo Aval y Corficolombiana con la justicia estadounidense sobre un pago de más de 60 millones de dólares tras reconocer y aceptar su responsabilidad por las acciones del exdirectivo José Elías Melo en el pago de millonarios sobornos para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, en Sala De Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, habló Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC y quien también tuvo a su cargo algunas investigaciones relacionadas con el grupo brasileño Odebrecht.“Se esperaba que la justicia colombiana, sobre todo a nivel de la Fiscalía General de la Nación hubiera actuado con más prontitud y hubiese podido hacer una investigación más importante que sobrepasara los linderos de Jorge Elías Melo y de algunas personas involucradas en los hechos de Ocaña-Gamarra, que hubiese enfilado baterías desde hace seis años desde que inició este escándalo y que hubiera procesado, creo yo, a los verdaderos responsables que son los altos funcionarios de Odebrecht, algunos de los cuales hasta ahora los está vinculando la Fiscalía y también las cabezas visibles de la organización Luis Carlos Sarmiento del grupo Aval. Creo que históricamente la Fiscalía está en deuda con los colombianos”, señaló.Robledo habló sobre las alertas que se emitieron en su momento sobre la investigación del caso Odebrecht y si se ignoraron dichas informaciones. Además, habló de los temas de corrupción en la Ruta del Sol II y la terminación de los contratos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero resaltó que no se ha llegado al fondo del asunto.“Parece ser que, en el caso particular de Carlos Sarmiento Ángulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y de otros altos directivos del Grupo Aval hubiese como, además, de la condición de intocables por poderosos, algún nivel como de inmunidad judicial frente a ellos porque nadie quiere mirar el tema en detalle y lo desvían a Odebrecht, que, si bien está hasta el tuétano comprometido, pero también el Grupo Sarmiento. A nadie le pueden decir que los señores Sarmiento nunca vieron nada y que esto fue por iniciativa del presidente de una de sus compañías”, indicó.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEl exsuperintendente se refirió a la administración de los Sarmiento y al por qué el acuerdo se hizo en Estados Unidos y si con esta decisión se cierra el caso Odebrecht en Colombia.“No se puede cerrar el capítulo en Colombia, porque una cosa es confesar ante las autoridades de Estados Unidos, llegar a un acuerdo sobre las infracciones que implica violación de las normas de EE. UU. y otra cosa es la responsabilidad de esas mismas acciones en Colombia. Aquí estamos en mora de hacer un inventario de lo que no se ha investigado cómo la responsabilidad de altos funcionarios de Grupo Aval en los sobornos”, enfatizó.Finalmente, Robledo indicó que las autoridades deben enfilar las investigaciones que hacen falta y las responsabilidades a las que deben responder y si sirve de algo que los cerebros de este caso les imputen cargos.“Creo que nunca es tarde, hubiera preferido que fuera más temprano. Ahora lo que preocupas es que ya son 10 años y y existe la prescripción u es como muchas veces terminan los procesos penales. Lo que sí no puede ser es que la Fiscalía General de la Nación haga algo a medias y sea selectiva y entonces es implacable con Odebrecht, como debe ser, pero absolutamente ciega frente a lo del Grupo Aval y sus empresas y directivos; también implacable con los de la ANI, pero ciega con los altos directivos del Grupo Aval, cuando ya declaró toda la responsabilidad de actos ilegales”, puntualizó.Le puede interesar:
Después de que el presidente Gustavo Petro ordenó la revisión de estabilidad jurídica con Corficolombiana, el ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que ya están en esa tarea.“Estamos revisando los contratos e incidencias de lo que en las instancias internacionales se ha develado sobre el tema Odebrecht y seguiremos las directrices que desde la presidencia nos determinen al respecto”, dijo el jefe de la cartera.Ante la pregunta de si existe viabilidad de revisar y eventualmente cambiar de alguna manera esos contratos, el ministro aseguró: "Son los mecanismos que está explorando el Gobierno nacional porque hay implicaciones frente a las cuales se generarán las acciones correspondientes”.Uno de los contratos que administra Corficolombiana, a través de Coviandina, es la concesión de la vía Bogotá-Villavicencio. Ante los más recientes hechos de cierre de la vía por cuenta de problemas meteorológicos, el ministro aseguró que se tienen dos opciones para mejorar la conectividad a largo plazo.“Se tiene un proyecto que ya está en proceso de revisión por parte de la ANI para la ampliación de doble calzada y esquema concesionado del corredor Sogamoso-Agua Azul-Maniyucao que nos permitirá al final del Gobierno dejar abierta una licitación, esperamos por el esquema de asociación público privada, para concretar ese corredor de doble calzada que sería una alternativa a la conectividad hacia Villavicencio (…) Estamos revisando los esquemas concesionados que están en ese corredor y que tienen implicaciones frente a oportunidad de atención cuando hay eventos por ola invernal”, afirmó.¿Cuál fue la petición de PetroA través de su cuenta de Twitter, red conocida ahora como 'X', el presidente Gustavo Petro impartió varias instrucciones relacionadas con el grupo Aval y Corficolombiana por el caso Odebrecht.El mandatario solicitó utilizar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer mecanismos de reparación al Estado Colombiano, así como revisar todos los contratos de Corficolombiana con el Gobierno.Le puede interesar
A través de su cuenta de Twitter, red conocida ahora como 'X', el presidente Gustavo Petro impartió varias instrucciones relacionadas con el grupo Aval y Corficolombiana por el caso Odebrecht.El mandatario solicitó utilizar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer mecanismos de reparación al Estado Colombiano, así como revisar todos los contratos de Corficolombiana con el Gobierno.“He ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EEUU y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado Colombiano”, ordenó el presidente Petro.Y advirtió: "Los brasileños que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en el país”.Por otro lado, ordenó: "Los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.“Le solicito respetuosamente a la fiscalía reabrir los casos, si es necesario del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”, concluyó el presidente PetroLa polémica de Corficolombiana creceLos documentos de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) arrojan luz sobre una trama sorprendente que involucra al expresidente de Corficolombiana durante la época de la licitación de la Ruta del Sol sector II en 2009. Según el informe, el expresidente tenía un papel central en las negociaciones de sobornos con una empresa constructora brasileña en nombre de Corficolombiana, informando detalladamente a la junta directiva. Estos sobornos, que se convirtieron en una práctica habitual, continuaron hasta el estallido del escándalo de Odebrecht. La frase clave del informe subraya que en 2009, el expresidente de Corficolombiana orquestó esta propuesta corrupta en representación de la empresa y mantenía una conexión directa con la junta directiva. El acuerdo que conlleva un pago de 40 millones de dólares entre el Grupo Aval y la SEC se basa en esta reveladora afirmación, arrojando luz sobre años de actividades ilícitas.Le puede interesar
José Elías Melo Acosta emitió un comunicado en donde rechaza y lamenta el acuerdo por más de 60 millones de dólares entre el Grupo Aval y su filial Corficolombiana con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que desistieran de sus investigaciones.Según el ex alto ejecutivo de Corficolombiana no es cierto, como indica el acuerdo, que él hubiese tenido responsabilidad directa en el pago de 28 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos entre los años 2014 y 2016 para facilitar la contratación de Odebrecht en la concesión Ruta del Sol II (Consol).“Nunca conocí o aprobé ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Ocaña Gamarra dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol Tramos II y tampoco participé de ninguna manera en la ejecución de dichos acuerdos ilegales o facilitado mediante mi influencia su ocultamiento”, indicó Melo en el comunicado.En consecuencia, Melo Acosta aseguró que ese acuerdo se fundamentó en afirmaciones que no han sido plenamente probadas por la justicia indicando, además, que este acuerdo afecta su defensa ante la Corte Suprema de Justicia que, en sala de casación, revisa la condena de 11 años de cárcel proferida en su contra por un juez de conocimiento.Agrega que la única prueba en su contra es un falso testimonio de Luiz Bueno, un funcionario de Odebrecht, quien manifestó haber puesto en mi conocimiento el soborno que le pagó esa empresa a Gabriel Ignacio García Morales en 2010, “con fundamento en el cual he sido injustamente privado de la libertad ya varios años”, anotó Melo Acosta.
La policía española desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes y detuvo a 12 acusados de explotar laboralmente a colombianos en locales de restauración de España.Según informa este viernes la policía, las víctimas llegaban a España con la promesa de obtener un contrato en prácticas en el sector de la hostelería por el que cobrarían un sueldo de 500 euros por 4 horas de trabajo, pero en muchos casos no llegaban a percibir más que 20 euros por 15 horas de trabajo al día.El número de víctimas de esta organización desarticulada asciende a 46 personas: durante la investigación fueron liberadas 18 personas y otras 28 durante la operación policial.A los 12 detenidos en las localidades de Torredembarra, Reus y Tarragona (nordeste de España) se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, de favorecer la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.Durante el dispositivo policial, se practicaron además diez entradas y registros donde los investigadores intervinieron dos armas detonadoras, más de 22.000 euros en efectivo, numerosa documentación de interés y material informático.La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes recibieron información de la existencia de personas de origen colombiano que trabajaban en unas condiciones laborales pésimas, sin contrato ni documentación de estancia legal y con un horario abusivo.La organización controlaba con cámaras de vigilancia las viviendas donde eran alojadas las víctimas, las cuales vivían hacinadas en habitaciones.Las víctimas viajaban desde Colombia tras ser captadas por la organización, después de que se les hubiera ofrecido un sueldo y un contrato de prácticas que, ya en España, no se ajustaba a lo acordado.Una vez que les facilitaban la documentación necesaria para realizar el viaje a España, tales como visados, seguros médicos, tasas de abogados, trámites con consulado y administraciones de Colombia, las víctimas contraían con la organización una deuda, quedando así a merced de los jefes de la organización.Ya en España, las condiciones laborales no se ajustaban a lo establecido por los captadores en Colombia, ya que se les había prometido un contrato en prácticas de estudiante de hostelería de cuatro horas diarias con dos días de descanso semanal, vacaciones por año de contrato y un sueldo inicial de 500 euros mensuales.Sin embargo, las jornadas llegaban a ser de entre 12 y 15 horas y de lunes a domingo, los descansos semanales se les concedían en contadas ocasiones y no disfrutaban de vacaciones.El salario que finalmente recibían tras las deducciones que realizaban los detenidos en algunos casos era de solo 20 euros.En la operación policial conjunta desarrollada este mes participaron más de 180 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.De las 12 personas detenidas, el juzgado de instrucción que dirige la causa decretó el ingreso en prisión para tres de ellas y la clausura de los cuatro locales de restauración en los que eran explotados los inmigrantes.
En una entrevista con Mirror, el magnate de la tecnología y fundador de Microsoft, Bill Gates, reveló que sus hijos no tenían permitido tener sus propios teléfonos móviles hasta una edad en específico. "Solíamos establecer una hora después de la cual no había tiempo de pantalla, lo que les ayudaba a irse a dormir a una hora razonable", explicó Gates.Aunque reconoció la utilidad de los teléfonos móviles para realizar tareas o estudiar, Gates enfatizó que no permitía que sus hijos interacturan con ellos mientras estaban en la mesa y que solo les dio un celular hasta los 14 años. Los tres hijos de Gates ya han superado la edad mínima para poseer un teléfono, sin embargo, aún les está prohibido tener cualquier producto de Apple en casa. Esta restricción se debe a la histórica rivalidad entre Gates y el fundador de Apple, Steve Jobs. Según un informe de la ONU de 2016 sobre "Niños y tecnología", la edad promedio en la que un niño adquiere su primer smartphone es de 10,3 años."Creo que esa edad tenderá a ser aún más temprana, porque los padres están cansados de dar sus smartphones a sus hijos", comentó Stacy DeBroff, directora ejecutiva de Influence Central, en declaraciones al New York Times, según informa el medio Good. ¿Qué dicen otros expertos?La Academia Americana de Pediatría (AAP) no recomienda dar un celular a un niño menor de 13 años. Sin embargo, reconocen que algunos padres pueden decidir darles un celular a sus hijos antes de esa edad, en cuyo caso recomiendan establecer límites claros sobre cómo y cuándo se puede usar el dispositivo.Aquí hay algunos factores a considerar al decidir si darle un celular a su hijo:Madurez: ¿Su hijo es lo suficientemente maduro como para usar un celular de manera responsable? ¿Puede seguir reglas y cumplir con las expectativas?Responsabilidad: ¿Su hijo es responsable de sus pertenencias? ¿Cuida bien las cosas que le da?Necesidades: ¿Su hijo necesita un celular para mantenerse en contacto con usted o con otros familiares y amigos? ¿El celular le ayudaría a su hijo en la escuela o en actividades extracurriculares?Si decide darle un celular a su hijo, es importante establecer reglas claras sobre cómo y cuándo se puede usar el dispositivo. Algunas cosas que puede considerar incluir en sus reglas son:Límites de tiempo: ¿Cuánto tiempo al día puede pasar su hijo usando el celular?Zonas libres de celulares: ¿Hay alguna área de la casa donde no se permita usar el celular, como la mesa del comedor o el dormitorio?Restricciones de contenido: ¿Qué tipo de contenido puede ver su hijo en su celular?Hora de acostarse: ¿A qué hora debe apagarse el celular por la noche?Privacidad: ¿Cómo protegerá la privacidad de su hijo en línea?También es importante hablar con su hijo sobre los riesgos de usar un celular, como el ciberacoso, el sexting y la adicción.
Los abogados de la familia de Edwin Arrieta en Tailandia presentaron una solicitud de indemnización de 30 millones de bats (unos 760.000 euros) ante el tribunal de Samui, donde tiene lugar el juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano.Los abogados de la coacusación tailandeses, Mettapon Suwancarern y Lak Wanin, explicaron que se trata de una cantidad calculada en relación al perjuicio económico que la muerte de Arrieta ha supuesto a sus padres, que dependían de él.La solicitud, que ya se hizo en la primera sesión del juicio el pasado 9 de abril, se volvió a presentar hoy con la documentación traducida solicitada por el juez antes de que se cierre el plazo de las acusaciones el próximo martes.La cantidad estimada como indemnización por parte de los letrados tailandeses supone casi el doble del cálculo hecho por el despacho Ospina Abogados, que representa a los Arrieta en España y que la cifró en 410.000 euros (unos 16 millones de bats).Los abogados tailandeses reconocieron que se había incrementado la cantidad ante la posibilidad de que ésta fuera contestada por la defensa y reducida por el juez.En este sentido, Juan Gonzalo Ospina indicó que la familia mantiene la reclamación de la cantidad inicial revelada en marzo, que ha sido calculada teniendo en cuenta las pérdidas y gastos que la muerte del cirujano, de 44 años, había supuesto a su entorno.Ospina consideró también que el cálculo de los abogados en Tailandia, que actúan como coacusación junto a la Fiscalía, es "hipotético" ya que Sancho es insolvente y no tiene intención de indemnizar.En este sentido, el letrado español dijo que lo que la familia quiere es que se haga "justicia".El abogado de oficio de Sancho, Apirchat Srinual, indicó, por su parte, que la defensa tiene todavía que estudiar la solicitud y decidir si la rebate.Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, de 76 años y quienes no testificarán ya que el juez denegó su petición de que lo hiciesen por videoconferencia, recibían unos 900 euros al mes para sus gastos por parte de su hijo, y "desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza”, según la reclamación de la familia, a la que tuvo acceso.Sancho está siendo juzgado por el supuesto asesinato premeditado y descuartizamiento de Arrieta el pasado agosto en la isla de Phangan, vecina a Samui.El español, de 29 años, confesó inicialmente el crimen en la comisaría, si bien después se declaró no culpable y mantiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.Sancho y Arrieta, que se conocieron a través de Instagram un año antes, habían quedado el 2 de agosto en la isla tailandesa, día en que tuvo lugar el supuesto crimen en una habitación de hotel.
Dos jóvenes fueron asesinados en el barrio Britalia de la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, en la noche del jueves. Los cuerpos sin vida fueron encontrados en la vía pública, uno sobre la acera y el otro en medio de la calle.Según las autoridades, los jóvenes fueron víctimas de un ataque armado por parte de dos sujetos que llegaron al lugar y dispararon sin mediar palabra. Las autoridades aún no han determinado el móvil del crimen, pero se investiga si este hecho está relacionado con otro crimen ocurrido recientemente en el mismo sector."En la madrugada de hoy, en el barrio Britalia de la localidad de Kennedy, se presentó el homicidio de dos personas que se encontraban en una esquina. Dos sujetos que pasaban por el lugar dispararon indiscriminadamente contra ellos y huyeron", informó el teniente coronel Jansen Jair González Aragón, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes. Se está revisando el material de las cámaras de seguridad del sector y se están realizando entrevistas a testigos para tratar de identificar a los responsables.Otro hecho del Ojo de la NocheDe otro lado, las autoridades lograron detener a un peligroso delincuente conocido como alias ‘Godzilla’ en la ciudad de Melgar.Este hombre pertenecía a una peligrosa banda y tenía antecedentes por porte ilegal de armas y una orden de captura por homicidio. Fue capturado en Melgar luego de un seguimiento por parte de la policía del Tolima. En el momento de su captura, se le incautaron armas de fuego, una granada y abundante sustancia estupefaciente.El comandante de la policía del Tolima, el coronel Fabio Ojeda, dio detalles sobre el operativo: “Esta captura representa un golpe importante contra la delincuencia en la región. Por otro lado, las autoridades continúan investigando estos hechos y trabajando para garantizar la seguridad de la comunidad”.
Estados Unidos vetó este jueves en el Consejo de Seguridad la resolución que abría la puerta a la entrada de Palestina como miembro de pleno derechos de las Naciones Unidas, de la que ahora es solo estado observador.La resolución había sido presentada por Argelia en nombre del Grupo Árabe de Naciones Unidas, y cosechó 12 votos favorables, frente a 2 abstenciones (Reino Unido y Suiza) y el voto en contra de Estados Unidos, lo que subrayó el aislamiento de Estados Unidos frente a la mayoría de la comunidad internacional.Incluso los países que se habían mostrado ambiguos durante los discursos previos (como Francia, Japón, Corea y Ecuador) se sumaron finalmente a la petición palestina.Al haber superado los 9 votos necesarios para su aprobación, solo quedaba el veto para frenar la resolución, y ya Estados Unidos había dicho este mismo jueves que ejercería esa prerrogativa en favor de su aliado, Israel, que se opone tajantemente a un estado palestino.Es la cuarta vez desde el pasado 7 de octubre que Estados Unidos utiliza el veto en favor de Israel: antes de hoy, ha vetado tres resoluciones que pedían un alto el fuego inmediato en Gaza con argumentos como que no reconocían el derecho de Israel a defenderse o que una tregua solo serviría para el rearme de Hamás.La resolución había suscitado una enorme expectación, y de hecho se desplazaron a Nueva York los jefes de la diplomacia de España, Irán, Argelia, Jordania, Malta, Brasil, Bolivia o Colombia, además de representantes de sesenta países más, todos ellos en apoyo a la petición palestina.Como Israel, Estados Unidos argumenta que la proclamación de Estado palestino debe realizarse como fruto de una negociación bilateral con Israel, y no imponerse de forma unilateral.A ello, el enviado de la presidencia palestina Ziad Abu Amr recordó hoy ante el Consejo de Seguridad que fue así como Israel entró en la ONU: fruto de una resolución, la número 181, que se votó en 1948, y desde entonces es estado miembro de pleno derecho.