En un movimiento estratégico para la infraestructura y el entretenimiento en Bogotá, Corficolombiana (del Grupo Aval) ha adquirido el 51% del concesionario responsable de la renovación, construcción y mantenimiento del complejo deportivo El Campín. Esta transacción posiciona a Corficolombiana como el socio mayoritario, aportando el respaldo financiero necesario para una de las obras urbanísticas más icónicas de la capital colombiana.Inversión y estructura financieraEl proyecto total estima una inversión aproximada de 2.5 billones de pesos. Según Gustavo Ramírez, vicepresidente de la entidad, Corficolombiana invertirá alrededor de 300,000 millones de pesos durante los años de construcción. El resto del capital se completará mediante aportes de otros accionistas y la consecución de créditos en el mercado financiero.Un nuevo estadio y desarrollo urbanísticoEl nuevo estadio de fútbol será el núcleo de un desarrollo mucho más amplio. Se proyecta un escenario de primera línea con capacidad para 50,000 personas y totalmente cubierto. El costo del estadio representará cerca de la tercera parte de la inversión total, es decir, unos 800,000 millones de pesos.Sin embargo, el proyecto es descrito como un "desarrollo urbanístico icónico" que incluirá:Centros comerciales y hotelesClínicas y un auditorio para la Orquesta FilarmónicaZonas de esparcimiento y cultura para la ciudadCronograma de obra y operaciónUna de las novedades más importantes es la estrategia de construcción. Para no interrumpir las actividades deportivas, el nuevo estadio se construirá en la parte oriental del predio actual. El estadio existente se mantendrá en funcionamiento y solo será demolido una vez que el nuevo esté operativo. Se espera que el estadio esté listo en un plazo de 2 años, mientras que el complejo total se completará en un periodo de entre 4 y 5 años. La concesión total tiene una duración de 29 años, periodo en el cual se espera el retorno de la inversión mediante la explotación comercial de la infraestructura.El fin del nombre "El Campín"Finalmente, el proyecto contempla un cambio de identidad. Aunque el nombre de El Campín es icónico para los bogotanos, es muy probable que desaparezca para dar paso a un patrocinador comercial.Según Ramírez, esta decisión está por definirse, pero es una práctica común en estadios modernos de ciudades desarrolladas para asegurar la sostenibilidad del escenario.Escuche aquí la entrevista:
En su reporte semanal, Corficolombiana advierte que el impacto por el fenómeno de El Niño es mayor al presupuestado, tanto en su intensidad como en su duración, llegando a alcanzar cifras históricas en varios sectores del país. Desde la entidad destacan que la ola de calor provocará un aumento en la inflación de la comida en +3,9 puntos porcentuales (pps) en promedio, los cultivos que se verán más afectados son; arroz, papa, plátano, yuca y caña de azúcar con un impacto estimado de 0,9 puntos porcentuales (pps) para el 2024.“Encontramos que, para 2024 el sector agropecuario crecería 0,3 pps menos que en un escenario climático neutro. Específicamente, la subrama de cultivos agrícolas crecería 0,4 pps menos y ganadería 0,2 pps menos, mientras el efecto esperado para los cultivos de café es cercano a cero”, señalan desde la entidad.Se menciona que pese a que en el periodo débil-moderado de El Niño, la inflación en los alimentos ha sido de 1 punto porcentual, pero la intensidad y aumento de la ola de calor en su periodo más fuerte ha sido de 3,9 pps, debido al impacto que han tenido alimentos perecederos como la leche, la papa y el arroz, los cuales tienen un peso del 17 % en la canasta familiar.Corficolombiana próspera que este impacto en la economía del sector agrario se corrijan y estabilice para el segundo y tercer trimestre del año, por lo que en el presupuesto de la entidad la inflación al cierre del año en este ámbito de la economía será del 5,1% en promedio.Otro de los sectores de la economía colombiana que puede presentar riesgos de aumento es el de la energía, el cual hasta la fecha no ha presentado presiones inflacionarias en la cotización de energía en bolsa, esto podría cambiar mientras el fenómeno de El Niño siga afectando al país, destacando que esto es solo una posibilidad y no hay garantía que el precio de la energía aumente en el corto o mediano plazo.
La investigación por el escándalo de Odebrecht en Colombia tuvo un nuevo episodio en las últimas horas, tras conocerse la decisión de la Fiscalía, de no acceder a la solicitud que le hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro para que reabriera la investigación contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.La petición la había hecho por redes sociales el presidente Gustavo Petro, quien lanzó una serie de duras críticas contra Aval y su filial Corficolombiana, luego de conocerse el acuerdo alcanzado por esas empresas con la justicia estadounidense, que consistió en el pago de una multa de más de 70 millones de dólares a cambio de que se terminaran las investigaciones que se adelantaban en contra de la empresa en ese país.Ese episodio terminó acusando únicamente al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, de haber supuestamente tenido conocimiento de las irregularidades que se cometieron para alcanzar el acuerdo con Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol.Una vez se conocieron los detalles del acuerdo, el gobierno del presidente Gustavo Petro consideró que existían nuevos elementos para que se adelantara la reapertura del proceso penal en Colombia, en particular en contra de la cabeza del grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia.Sin embargo, en las últimas horas la Fiscalía reveló que quien radicó el escrito con esa solicitud fue el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien recientemente ha estado en el “ojo del huracán” por haber revelado un listado de 500 candidatos supuestamente inhabilitados para las próximas elecciones.La Fiscalía explicó que la solicitud fue enviada al fiscal delegado ante la Corte Suprema que archivó el proceso contra Sarmiento Gutiérrez en febrero de 2021 y agrega una frase demoledora, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional: “la reactivación de una investigación archivada debe sustentarse en el surgimiento de nuevos elementos materiales de prueba” y agrega que “una orden de desarchivo no puede ser una decisión caprichosa de la Fiscalía”.Al final, la Fiscalía agrega que el secretario Idárraga no adjuntó elementos nuevos de prueba para sustentar su solicitud para reabrir la investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y revela que su solicitud estuvo sustentada únicamente en algunas publicaciones de medios de comunicación.El caso Odebrecht por ahora pareciera estar llegando a un punto culminante y la pregunta que surge es si esta decisión de la Fiscalía finalmente terminará reactivando el viejo sueño del presidente Gustavo Petro de traer al país una comisión de la ONU para que investigue la corrupción, bajo el argumento de que en Colombia no hay un verdadero interés en esclarecer los más graves escándalos de esa índole.
Por medio de una carta rogatoria, la Fiscalía ya le solicitó a Estados Unidos información contra el Grupo Aval y Corficolombia, después de que la Agencia Jurídica del Estado pidiera las sanciones contra el conglomerado.“Tenemos conocimiento que la Fiscalía ya dio trámite por vía de la carta rogatoria a los Estados Unidos, pero mientras tanto hemos estado en reuniones de estudio y análisis con Superfinanciera y Supersociedades a la espera de que nos llegue la información oficial”, indicó la directora Martha Lucia Zamora.A mediados de agosto, la Agencia Jurídica del Estado anunció que pediría al Gobierno de Estados Unidos las sanciones administrativas contra el Grupo Aval y Corficolombiana, atendiendo una orden impartida por el presidente Gustavo Petro y la directora de la entidad, Martha Lucía Zamora.La ANDJE explicó que dicha solicitud también fue oficiada al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos “requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Aval y Corficolombiana”.El presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impuso una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Le puede interesar:
Después de que se conocieran los acuerdos a los que llegó el Grupo Aval con la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Agencia Jurídica del Estado hizo un importante anuncio en materia de sanciones contra esta empresa.Y es que, según detalló Martha Lucía Zamora, cabeza de esta entidad, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de ciertas medidas y sanciones administrativas contra el Grupo Aval y su filial Corficolombiana.Dentro de las posibles sanciones que se estudiarían existe una en el caso de que el Estado inhabilite a Corficolombiana, que tiene varias concesiones, como la vía al Llano. Sobre esto, Zamora explicó que la decisión se llevaría a cabo sobre quién podrá continuarla, pero que la decisión no depende del sancionado.“La norma no hace ningún tipo de salvedad. Acá se habla de una inhabilidad sobreviniente y eso tendrá que analizarse cuáles son esas empresas y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como agencia. Ya se habla de las filiales, empresas, administradores, esto tiene un campo de acción amplio que será objeto de análisis por parte de la Superintendencia de Sociedades”, puntualizó.En ese sentido, el periodista económico de la mesa de Mañanas Blu, Víctor Grosso, explicó que son siete las concesiones de obras viales públicas a cargo de la filial Corficolombiana que estarían tambaleando por la decisión del Gobierno de no descartar caducar contratos vigentes con Corficolombiana.Ancon Sur. – BolomboloVillavicencio – YopalBogotá – VillavicencioMulaló – LoboguerreroBuga - Tuluá - La Paila - La VictoriaBogotá - Facatativá - Los AlpesLos Alpes – Villeta - ChuguacalSegún se especifica en la misma página web de Corficolombiana, las concesiones viales que tienen a cargo operan 668 kilómetros de vías, ubicadas en cinco departamentos del país (Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta y Casanare) de las cuales 257.8 km son de doble calzada e incluyen 493 puentes (34.8 km en total) y 38 túneles (55 km en total).Cabe recordar que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Le puede interesar:
La Agencia Jurídica del Estado anunció que gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de medidas administrativas punitivas contra el Grupo Aval y Corficolombiana.Esta acción obedece a una directriz ordenada por el presidente Gustavo Petro y Martha Lucía Zamora, quien lidera dicha entidad.La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) destalló que esta solicitud también fue formalmente presentada al canciller Álvaro Leyva.En diálogo con Mañanas Blu, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entregó detalles de la solicitud a Estados Unidos.Zamora contó que se hizo la solicitud oficial con el fin de que sea incorporado en un proceso sancionador y haya una inhabilidad, “es un fallo que se solicita oficialmente para ser analizado en Colombia bajo nuestra legislación y las implicaciones que este tiene”, explicó.Sobre las facultades de la agencia, dijo que la instrucción está dada a través de la ley, “somos gobierno y somos parte del sector justicia, el mandato está establecido en un decreto que nos faculta como agencia para hacer este tipo de solicitud”.En ese sentido, no descartó y calificó como una posibilidad el hecho que se caduquen los contratos que tienen vigentes el Grupo Aval y Corficolombiana con el Gobierno.“Esto viene de la Ley 80 del 93 establece que las personas que hayan sido declaradas responsables en la comisión de delitos, pueden tener esas consecuencias de inhabilidad”, explicó sobre una eventual caducidad e inhabilidad en los contratos.A través de canales diplomáticos, se pretende que el canciller solicite información acerca de las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de las mencionadas empresas, Grupo Aval y Corficolombiana.Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impusiera una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Vea aquí la entrevista:
La Agencia Jurídica del Estado anunció que pedirá al Gobierno de Estados Unidos sanciones administrativas contra el Grupo Aval y Corficolombiana, atendiendo una orden impartida por el presidente Gustavo Petro y la directora de la entidad, Martha Lucía Zamora.La ANDJE explicó que dicha solicitud también fue oficiada al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos. “Requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Aval y Corficolombiana”.Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impusiera una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violas la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Teniendo en cuenta los requerimientos emitidos por la ANDJE, la entidad debe evaluar si el Grupo Aval está inhabilitado para celebrar contratos públicos.Le puede interesar:
A propósito del acuerdo al que llegaron el Grupo Aval y Corficolombiana con la justicia estadounidense sobre un pago de más de 60 millones de dólares tras reconocer y aceptar su responsabilidad por las acciones del exdirectivo José Elías Melo en el pago de millonarios sobornos para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, en Sala De Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, habló Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC y quien también tuvo a su cargo algunas investigaciones relacionadas con el grupo brasileño Odebrecht.“Se esperaba que la justicia colombiana, sobre todo a nivel de la Fiscalía General de la Nación hubiera actuado con más prontitud y hubiese podido hacer una investigación más importante que sobrepasara los linderos de Jorge Elías Melo y de algunas personas involucradas en los hechos de Ocaña-Gamarra, que hubiese enfilado baterías desde hace seis años desde que inició este escándalo y que hubiera procesado, creo yo, a los verdaderos responsables que son los altos funcionarios de Odebrecht, algunos de los cuales hasta ahora los está vinculando la Fiscalía y también las cabezas visibles de la organización Luis Carlos Sarmiento del grupo Aval. Creo que históricamente la Fiscalía está en deuda con los colombianos”, señaló.Robledo habló sobre las alertas que se emitieron en su momento sobre la investigación del caso Odebrecht y si se ignoraron dichas informaciones. Además, habló de los temas de corrupción en la Ruta del Sol II y la terminación de los contratos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero resaltó que no se ha llegado al fondo del asunto.“Parece ser que, en el caso particular de Carlos Sarmiento Ángulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y de otros altos directivos del Grupo Aval hubiese como, además, de la condición de intocables por poderosos, algún nivel como de inmunidad judicial frente a ellos porque nadie quiere mirar el tema en detalle y lo desvían a Odebrecht, que, si bien está hasta el tuétano comprometido, pero también el Grupo Sarmiento. A nadie le pueden decir que los señores Sarmiento nunca vieron nada y que esto fue por iniciativa del presidente de una de sus compañías”, indicó.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEl exsuperintendente se refirió a la administración de los Sarmiento y al por qué el acuerdo se hizo en Estados Unidos y si con esta decisión se cierra el caso Odebrecht en Colombia.“No se puede cerrar el capítulo en Colombia, porque una cosa es confesar ante las autoridades de Estados Unidos, llegar a un acuerdo sobre las infracciones que implica violación de las normas de EE. UU. y otra cosa es la responsabilidad de esas mismas acciones en Colombia. Aquí estamos en mora de hacer un inventario de lo que no se ha investigado cómo la responsabilidad de altos funcionarios de Grupo Aval en los sobornos”, enfatizó.Finalmente, Robledo indicó que las autoridades deben enfilar las investigaciones que hacen falta y las responsabilidades a las que deben responder y si sirve de algo que los cerebros de este caso les imputen cargos.“Creo que nunca es tarde, hubiera preferido que fuera más temprano. Ahora lo que preocupas es que ya son 10 años y y existe la prescripción u es como muchas veces terminan los procesos penales. Lo que sí no puede ser es que la Fiscalía General de la Nación haga algo a medias y sea selectiva y entonces es implacable con Odebrecht, como debe ser, pero absolutamente ciega frente a lo del Grupo Aval y sus empresas y directivos; también implacable con los de la ANI, pero ciega con los altos directivos del Grupo Aval, cuando ya declaró toda la responsabilidad de actos ilegales”, puntualizó.Le puede interesar:
Después de que el presidente Gustavo Petro ordenó la revisión de estabilidad jurídica con Corficolombiana, el ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que ya están en esa tarea.“Estamos revisando los contratos e incidencias de lo que en las instancias internacionales se ha develado sobre el tema Odebrecht y seguiremos las directrices que desde la presidencia nos determinen al respecto”, dijo el jefe de la cartera.Ante la pregunta de si existe viabilidad de revisar y eventualmente cambiar de alguna manera esos contratos, el ministro aseguró: "Son los mecanismos que está explorando el Gobierno nacional porque hay implicaciones frente a las cuales se generarán las acciones correspondientes”.Uno de los contratos que administra Corficolombiana, a través de Coviandina, es la concesión de la vía Bogotá-Villavicencio. Ante los más recientes hechos de cierre de la vía por cuenta de problemas meteorológicos, el ministro aseguró que se tienen dos opciones para mejorar la conectividad a largo plazo.“Se tiene un proyecto que ya está en proceso de revisión por parte de la ANI para la ampliación de doble calzada y esquema concesionado del corredor Sogamoso-Agua Azul-Maniyucao que nos permitirá al final del Gobierno dejar abierta una licitación, esperamos por el esquema de asociación público privada, para concretar ese corredor de doble calzada que sería una alternativa a la conectividad hacia Villavicencio (…) Estamos revisando los esquemas concesionados que están en ese corredor y que tienen implicaciones frente a oportunidad de atención cuando hay eventos por ola invernal”, afirmó.¿Cuál fue la petición de PetroA través de su cuenta de Twitter, red conocida ahora como 'X', el presidente Gustavo Petro impartió varias instrucciones relacionadas con el grupo Aval y Corficolombiana por el caso Odebrecht.El mandatario solicitó utilizar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer mecanismos de reparación al Estado Colombiano, así como revisar todos los contratos de Corficolombiana con el Gobierno.Le puede interesar
A través de su cuenta de Twitter, red conocida ahora como 'X', el presidente Gustavo Petro impartió varias instrucciones relacionadas con el grupo Aval y Corficolombiana por el caso Odebrecht.El mandatario solicitó utilizar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer mecanismos de reparación al Estado Colombiano, así como revisar todos los contratos de Corficolombiana con el Gobierno.“He ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EEUU y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado Colombiano”, ordenó el presidente Petro.Y advirtió: "Los brasileños que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en el país”.Por otro lado, ordenó: "Los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.“Le solicito respetuosamente a la fiscalía reabrir los casos, si es necesario del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”, concluyó el presidente PetroLa polémica de Corficolombiana creceLos documentos de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) arrojan luz sobre una trama sorprendente que involucra al expresidente de Corficolombiana durante la época de la licitación de la Ruta del Sol sector II en 2009. Según el informe, el expresidente tenía un papel central en las negociaciones de sobornos con una empresa constructora brasileña en nombre de Corficolombiana, informando detalladamente a la junta directiva. Estos sobornos, que se convirtieron en una práctica habitual, continuaron hasta el estallido del escándalo de Odebrecht. La frase clave del informe subraya que en 2009, el expresidente de Corficolombiana orquestó esta propuesta corrupta en representación de la empresa y mantenía una conexión directa con la junta directiva. El acuerdo que conlleva un pago de 40 millones de dólares entre el Grupo Aval y la SEC se basa en esta reveladora afirmación, arrojando luz sobre años de actividades ilícitas.Le puede interesar
En la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en Bucaramanga, 54 parejas formalizaron su unión durante el primer matrimonio colectivo realizado al aire libre en la ciudad, en una jornada marcada por la emoción, los aplausos y el acompañamiento de familiares y autoridades.La actividad hizo parte de una estrategia institucional orientada a facilitar el acceso a la formalización de las uniones civiles, especialmente para parejas que, por razones económicas o sociales, no habían podido adelantar este trámite de manera individual.Olga Valenzuela, una de las protagonistas de la jornada, expresó su emoción al afirmar que “estamos emocionadas, es algo mágico, es algo soñado que hoy se está haciendo realidad, además de que están reforzando un valor que es la base de la sociedad”.Durante la ceremonia, los asistentes protagonizaron momentos de alegría al dar el “sí” frente a sus seres queridos, en un escenario simbólico como lo es la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, uno de los principales puntos de encuentro ciudadano en la capital santandereana.De acuerdo con la organización, muchas de las parejas beneficiadas llevaban años conviviendo en unión libre y encontraron en esta iniciativa la oportunidad de legalizar su relación y fortalecer sus proyectos de vida en familia.La jornada contó con acompañamiento institucional y logístico, lo que permitió que el proceso se realizara de manera simultánea y organizada para todas las parejas participantes.Las autoridades locales destacaron que este tipo de eventos contribuyen al fortalecimiento del tejido social y al reconocimiento legal de las familias, además de acercar los servicios institucionales a la ciudadanía.La administración municipal anunció que continuará promoviendo este tipo de espacios de inclusión social, con el objetivo de que más parejas puedan acceder a la formalización de sus uniones en Bucaramanga.
En medio de tensiones con el ocupante de uno de los predios, la Agencia Nacional de Tierras y autoridades locales en el Bajo Cauca antioqueño lograron la recuperación de dos extensos predios rurales que servirán como preparación para las víctimas del conflicto armado en la subregión.Se trata de los predios La Ilusión, con una extensión de 158 hectáreas, y Marlengo, de 60 hectáreas, ubicado en el corregimiento El Jardín del municipio de Cáceres.Según la Agencia Nacional de Tierras ambos terrenos se encontraban bajo la administración del Fondo de Reparación para las Víctimas y habían sido entregados por los exjefes paramilitares alias ‘HH’ y alias ‘Macaco’ como parte de los procesos de reparación integral a las víctimas de la violencia."Uno de estos predios era, en su momento, ocupado por alias 'Macaco', y en la actualidad estaba siendo ocupado de manera irregular con ganado de levante. Logramos recuperar ambos predios, 210 hectáreas acá en el municipio de Cáceres, para disponerla para campesinos sin tierra", dijo Javier Esteban Marín, asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras.Particularmente en el caso de La Ilusión, la ANT informó sobre las dificultades para el desalojo del predio por quien lo venía ocupando a través de un contrato dado por finalizado de manera anticipada en el que asumía un canon mensual de apenas un millón de pesos.Según la entidad del Gobierno nacional, tras más de seis horas conversación con el ocupante para explicarle la decisión administrativa y reiterar la necesidad de retirar el ganado y los enseres del lugar, este se negó, por lo que autoridades policiales ordenaron el traslado de los bienes a una bodega en Caucasia y la realización de un inventario de los animales que estaban en el lugar.
La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) rechazó, por medio de un comunicado oficial, el asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar. El crimen ocurrió en la zona rural de dicho municipio mientras la víctima se movilizaba en una motocicleta hacia el casco urbano en compañía de otra persona.“Este crimen enluta al municipalismo colombiano y constituye una afrenta contra quienes han dedicado su vida al servicio público y al bienestar de sus comunidades. La violencia no puede seguir arrebatando la vida de los líderes que trabajan por sus territorios”, aseguró la institución.Ante este hecho, Fedemunicipios hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones necesarias, esclarezcan lo ocurrido y capturen a los responsables, evitando así que este crimen quede en la impunidad.Asimismo, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó lo sucedido en sus redes sociales y envió un mensaje de condolencias a los familiares de la víctima. La mandataria convocó a un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación el domingo 17 de mayo a las 8:00 a.m., espacio en el que se espera contar con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al igual que de altos mandos del Ejército y la Policía Nacional.La Gobernadora del Meta aseguró que se ofrecerá una recompensa de hasta $50 millones por información efectiva que permita capturar a los responsables de este acto de violencia.
Autoridades en Medellín y la subregión metropolitana continúan en la ofensiva contra delitos sexuales que afectan especialmente a menores de edad y en donde los victimarios por lo general son personas de su círculo familiar o cercano con capacidad de autoridad.Investigaciones desarrolladas durante meses con métodos como entrevistas, análisis de información y recolección de elementos materiales probatorios, han permitido la expedición de órdenes de captura por parte de jueces de la República contra los señalados responsables de estos delitos que en lo corrido de 2026 ya suman 85 en toda la subregión metropolitana.Los más recientes fueron cuatro hombres en los municipios de Itagüí, Bello y Copacabana que deberán responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales agravados con menor de 14 años.El primer procedimiento se desarrolló en el barrio Santa María de Itagüí, donde fue capturado un hombre de 55 años, con anotaciones por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, señalado de abusar sexualmente de su hija de 8 años. Según la investigación, el hoy capturado aprovechaba los momentos en que quedaba al cuidado de la menor para realizarle tocamientos de índole sexual.En la misma localidad, cayó un docente de español de 62 años de edad, quien según las autoridades habría tenido conductas sexuales y tocamientos indebidos contra una estudiante de 9 años. "Este docente de Lengua Castellana le daba besos en la boca y en otras partes del cuerpo al interior de la institución educativa, y los hechos se registraron en la vigencia 2025", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.El tercer caso ocurrió en el municipio de Copacabana donde un hombre de 37 años aprovechaba que la madre de su hijastra de 12 años de edad salía a trabajar para realizarle tocamientos indebidos y capturar fotografías de la menor sin su consentimiento. La misma edad tiene la menor víctima en el cuarto caso, en el municipio de Bello, donde el presunto agresor sexual sería su hermano, de 22 años.Mientras que los cuatro capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad por parte de jueces de control de garantías, las menores de edad fueron puestas bajo atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.
Un joven identificado como David Ospina Jerez, de 23 años, fue asesinado en hechos que son materia de investigación en zona rural del departamento de Santander, cuando, al parecer, prestaba un servicio de transporte a través de una plataforma digital con destino a San Vicente de Chucurí.De acuerdo con la información conocida, el joven habría sido abordado por varias personas dentro del vehículo en el que se movilizaba, en un hecho que estaría relacionado con un hurto. En el automotor viajaban cinco ocupantes al momento de los acontecimientos.Su padre, Rogelio Jerez, relató que la última comunicación con su hijo se produjo en horas de la mañana del día del hecho. “Hablé con él a las 11 de la mañana. Me dijo que estaba trabajando. Luego volví a llamarlo y ya no contestó. Desde la noche del martes estaba desaparecido”, señaló.El joven, quien se ganaba la vida como conductor en una plataforma digital, fue encontrado posteriormente por la comunidad en el municipio de Lebrija, donde intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió a la gravedad de las heridas.De manera extraoficial se conoció que el vehículo en el que se movilizaba habría sido hallado en el sector de Puerto Boyacá, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades.Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha entregado información oficial ni detalles sobre los responsables del hecho, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.Familiares indicaron que David era oriundo del departamento del Cesar y que su padre, residente en Curumaní, le había insistido en varias ocasiones que se trasladara a vivir con él.