En un movimiento estratégico para la infraestructura y el entretenimiento en Bogotá, Corficolombiana (del Grupo Aval) ha adquirido el 51% del concesionario responsable de la renovación, construcción y mantenimiento del complejo deportivo El Campín. Esta transacción posiciona a Corficolombiana como el socio mayoritario, aportando el respaldo financiero necesario para una de las obras urbanísticas más icónicas de la capital colombiana.Inversión y estructura financieraEl proyecto total estima una inversión aproximada de 2.5 billones de pesos. Según Gustavo Ramírez, vicepresidente de la entidad, Corficolombiana invertirá alrededor de 300,000 millones de pesos durante los años de construcción. El resto del capital se completará mediante aportes de otros accionistas y la consecución de créditos en el mercado financiero.Un nuevo estadio y desarrollo urbanísticoEl nuevo estadio de fútbol será el núcleo de un desarrollo mucho más amplio. Se proyecta un escenario de primera línea con capacidad para 50,000 personas y totalmente cubierto. El costo del estadio representará cerca de la tercera parte de la inversión total, es decir, unos 800,000 millones de pesos.Sin embargo, el proyecto es descrito como un "desarrollo urbanístico icónico" que incluirá:Centros comerciales y hotelesClínicas y un auditorio para la Orquesta FilarmónicaZonas de esparcimiento y cultura para la ciudadCronograma de obra y operaciónUna de las novedades más importantes es la estrategia de construcción. Para no interrumpir las actividades deportivas, el nuevo estadio se construirá en la parte oriental del predio actual. El estadio existente se mantendrá en funcionamiento y solo será demolido una vez que el nuevo esté operativo. Se espera que el estadio esté listo en un plazo de 2 años, mientras que el complejo total se completará en un periodo de entre 4 y 5 años. La concesión total tiene una duración de 29 años, periodo en el cual se espera el retorno de la inversión mediante la explotación comercial de la infraestructura.El fin del nombre "El Campín"Finalmente, el proyecto contempla un cambio de identidad. Aunque el nombre de El Campín es icónico para los bogotanos, es muy probable que desaparezca para dar paso a un patrocinador comercial.Según Ramírez, esta decisión está por definirse, pero es una práctica común en estadios modernos de ciudades desarrolladas para asegurar la sostenibilidad del escenario.Escuche aquí la entrevista:
En su reporte semanal, Corficolombiana advierte que el impacto por el fenómeno de El Niño es mayor al presupuestado, tanto en su intensidad como en su duración, llegando a alcanzar cifras históricas en varios sectores del país. Desde la entidad destacan que la ola de calor provocará un aumento en la inflación de la comida en +3,9 puntos porcentuales (pps) en promedio, los cultivos que se verán más afectados son; arroz, papa, plátano, yuca y caña de azúcar con un impacto estimado de 0,9 puntos porcentuales (pps) para el 2024.“Encontramos que, para 2024 el sector agropecuario crecería 0,3 pps menos que en un escenario climático neutro. Específicamente, la subrama de cultivos agrícolas crecería 0,4 pps menos y ganadería 0,2 pps menos, mientras el efecto esperado para los cultivos de café es cercano a cero”, señalan desde la entidad.Se menciona que pese a que en el periodo débil-moderado de El Niño, la inflación en los alimentos ha sido de 1 punto porcentual, pero la intensidad y aumento de la ola de calor en su periodo más fuerte ha sido de 3,9 pps, debido al impacto que han tenido alimentos perecederos como la leche, la papa y el arroz, los cuales tienen un peso del 17 % en la canasta familiar.Corficolombiana próspera que este impacto en la economía del sector agrario se corrijan y estabilice para el segundo y tercer trimestre del año, por lo que en el presupuesto de la entidad la inflación al cierre del año en este ámbito de la economía será del 5,1% en promedio.Otro de los sectores de la economía colombiana que puede presentar riesgos de aumento es el de la energía, el cual hasta la fecha no ha presentado presiones inflacionarias en la cotización de energía en bolsa, esto podría cambiar mientras el fenómeno de El Niño siga afectando al país, destacando que esto es solo una posibilidad y no hay garantía que el precio de la energía aumente en el corto o mediano plazo.
La investigación por el escándalo de Odebrecht en Colombia tuvo un nuevo episodio en las últimas horas, tras conocerse la decisión de la Fiscalía, de no acceder a la solicitud que le hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro para que reabriera la investigación contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.La petición la había hecho por redes sociales el presidente Gustavo Petro, quien lanzó una serie de duras críticas contra Aval y su filial Corficolombiana, luego de conocerse el acuerdo alcanzado por esas empresas con la justicia estadounidense, que consistió en el pago de una multa de más de 70 millones de dólares a cambio de que se terminaran las investigaciones que se adelantaban en contra de la empresa en ese país.Ese episodio terminó acusando únicamente al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, de haber supuestamente tenido conocimiento de las irregularidades que se cometieron para alcanzar el acuerdo con Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol.Una vez se conocieron los detalles del acuerdo, el gobierno del presidente Gustavo Petro consideró que existían nuevos elementos para que se adelantara la reapertura del proceso penal en Colombia, en particular en contra de la cabeza del grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia.Sin embargo, en las últimas horas la Fiscalía reveló que quien radicó el escrito con esa solicitud fue el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien recientemente ha estado en el “ojo del huracán” por haber revelado un listado de 500 candidatos supuestamente inhabilitados para las próximas elecciones.La Fiscalía explicó que la solicitud fue enviada al fiscal delegado ante la Corte Suprema que archivó el proceso contra Sarmiento Gutiérrez en febrero de 2021 y agrega una frase demoledora, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional: “la reactivación de una investigación archivada debe sustentarse en el surgimiento de nuevos elementos materiales de prueba” y agrega que “una orden de desarchivo no puede ser una decisión caprichosa de la Fiscalía”.Al final, la Fiscalía agrega que el secretario Idárraga no adjuntó elementos nuevos de prueba para sustentar su solicitud para reabrir la investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y revela que su solicitud estuvo sustentada únicamente en algunas publicaciones de medios de comunicación.El caso Odebrecht por ahora pareciera estar llegando a un punto culminante y la pregunta que surge es si esta decisión de la Fiscalía finalmente terminará reactivando el viejo sueño del presidente Gustavo Petro de traer al país una comisión de la ONU para que investigue la corrupción, bajo el argumento de que en Colombia no hay un verdadero interés en esclarecer los más graves escándalos de esa índole.
Por medio de una carta rogatoria, la Fiscalía ya le solicitó a Estados Unidos información contra el Grupo Aval y Corficolombia, después de que la Agencia Jurídica del Estado pidiera las sanciones contra el conglomerado.“Tenemos conocimiento que la Fiscalía ya dio trámite por vía de la carta rogatoria a los Estados Unidos, pero mientras tanto hemos estado en reuniones de estudio y análisis con Superfinanciera y Supersociedades a la espera de que nos llegue la información oficial”, indicó la directora Martha Lucia Zamora.A mediados de agosto, la Agencia Jurídica del Estado anunció que pediría al Gobierno de Estados Unidos las sanciones administrativas contra el Grupo Aval y Corficolombiana, atendiendo una orden impartida por el presidente Gustavo Petro y la directora de la entidad, Martha Lucía Zamora.La ANDJE explicó que dicha solicitud también fue oficiada al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos “requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Aval y Corficolombiana”.El presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impuso una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Le puede interesar:
Después de que se conocieran los acuerdos a los que llegó el Grupo Aval con la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Agencia Jurídica del Estado hizo un importante anuncio en materia de sanciones contra esta empresa.Y es que, según detalló Martha Lucía Zamora, cabeza de esta entidad, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de ciertas medidas y sanciones administrativas contra el Grupo Aval y su filial Corficolombiana.Dentro de las posibles sanciones que se estudiarían existe una en el caso de que el Estado inhabilite a Corficolombiana, que tiene varias concesiones, como la vía al Llano. Sobre esto, Zamora explicó que la decisión se llevaría a cabo sobre quién podrá continuarla, pero que la decisión no depende del sancionado.“La norma no hace ningún tipo de salvedad. Acá se habla de una inhabilidad sobreviniente y eso tendrá que analizarse cuáles son esas empresas y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como agencia. Ya se habla de las filiales, empresas, administradores, esto tiene un campo de acción amplio que será objeto de análisis por parte de la Superintendencia de Sociedades”, puntualizó.En ese sentido, el periodista económico de la mesa de Mañanas Blu, Víctor Grosso, explicó que son siete las concesiones de obras viales públicas a cargo de la filial Corficolombiana que estarían tambaleando por la decisión del Gobierno de no descartar caducar contratos vigentes con Corficolombiana.Ancon Sur. – BolomboloVillavicencio – YopalBogotá – VillavicencioMulaló – LoboguerreroBuga - Tuluá - La Paila - La VictoriaBogotá - Facatativá - Los AlpesLos Alpes – Villeta - ChuguacalSegún se especifica en la misma página web de Corficolombiana, las concesiones viales que tienen a cargo operan 668 kilómetros de vías, ubicadas en cinco departamentos del país (Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta y Casanare) de las cuales 257.8 km son de doble calzada e incluyen 493 puentes (34.8 km en total) y 38 túneles (55 km en total).Cabe recordar que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Le puede interesar:
La Agencia Jurídica del Estado anunció que gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de medidas administrativas punitivas contra el Grupo Aval y Corficolombiana.Esta acción obedece a una directriz ordenada por el presidente Gustavo Petro y Martha Lucía Zamora, quien lidera dicha entidad.La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) destalló que esta solicitud también fue formalmente presentada al canciller Álvaro Leyva.En diálogo con Mañanas Blu, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entregó detalles de la solicitud a Estados Unidos.Zamora contó que se hizo la solicitud oficial con el fin de que sea incorporado en un proceso sancionador y haya una inhabilidad, “es un fallo que se solicita oficialmente para ser analizado en Colombia bajo nuestra legislación y las implicaciones que este tiene”, explicó.Sobre las facultades de la agencia, dijo que la instrucción está dada a través de la ley, “somos gobierno y somos parte del sector justicia, el mandato está establecido en un decreto que nos faculta como agencia para hacer este tipo de solicitud”.En ese sentido, no descartó y calificó como una posibilidad el hecho que se caduquen los contratos que tienen vigentes el Grupo Aval y Corficolombiana con el Gobierno.“Esto viene de la Ley 80 del 93 establece que las personas que hayan sido declaradas responsables en la comisión de delitos, pueden tener esas consecuencias de inhabilidad”, explicó sobre una eventual caducidad e inhabilidad en los contratos.A través de canales diplomáticos, se pretende que el canciller solicite información acerca de las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de las mencionadas empresas, Grupo Aval y Corficolombiana.Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impusiera una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Vea aquí la entrevista:
La Agencia Jurídica del Estado anunció que pedirá al Gobierno de Estados Unidos sanciones administrativas contra el Grupo Aval y Corficolombiana, atendiendo una orden impartida por el presidente Gustavo Petro y la directora de la entidad, Martha Lucía Zamora.La ANDJE explicó que dicha solicitud también fue oficiada al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos. “Requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Aval y Corficolombiana”.Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impusiera una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violas la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Teniendo en cuenta los requerimientos emitidos por la ANDJE, la entidad debe evaluar si el Grupo Aval está inhabilitado para celebrar contratos públicos.Le puede interesar:
A propósito del acuerdo al que llegaron el Grupo Aval y Corficolombiana con la justicia estadounidense sobre un pago de más de 60 millones de dólares tras reconocer y aceptar su responsabilidad por las acciones del exdirectivo José Elías Melo en el pago de millonarios sobornos para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, en Sala De Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, habló Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC y quien también tuvo a su cargo algunas investigaciones relacionadas con el grupo brasileño Odebrecht.“Se esperaba que la justicia colombiana, sobre todo a nivel de la Fiscalía General de la Nación hubiera actuado con más prontitud y hubiese podido hacer una investigación más importante que sobrepasara los linderos de Jorge Elías Melo y de algunas personas involucradas en los hechos de Ocaña-Gamarra, que hubiese enfilado baterías desde hace seis años desde que inició este escándalo y que hubiera procesado, creo yo, a los verdaderos responsables que son los altos funcionarios de Odebrecht, algunos de los cuales hasta ahora los está vinculando la Fiscalía y también las cabezas visibles de la organización Luis Carlos Sarmiento del grupo Aval. Creo que históricamente la Fiscalía está en deuda con los colombianos”, señaló.Robledo habló sobre las alertas que se emitieron en su momento sobre la investigación del caso Odebrecht y si se ignoraron dichas informaciones. Además, habló de los temas de corrupción en la Ruta del Sol II y la terminación de los contratos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero resaltó que no se ha llegado al fondo del asunto.“Parece ser que, en el caso particular de Carlos Sarmiento Ángulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y de otros altos directivos del Grupo Aval hubiese como, además, de la condición de intocables por poderosos, algún nivel como de inmunidad judicial frente a ellos porque nadie quiere mirar el tema en detalle y lo desvían a Odebrecht, que, si bien está hasta el tuétano comprometido, pero también el Grupo Sarmiento. A nadie le pueden decir que los señores Sarmiento nunca vieron nada y que esto fue por iniciativa del presidente de una de sus compañías”, indicó.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEl exsuperintendente se refirió a la administración de los Sarmiento y al por qué el acuerdo se hizo en Estados Unidos y si con esta decisión se cierra el caso Odebrecht en Colombia.“No se puede cerrar el capítulo en Colombia, porque una cosa es confesar ante las autoridades de Estados Unidos, llegar a un acuerdo sobre las infracciones que implica violación de las normas de EE. UU. y otra cosa es la responsabilidad de esas mismas acciones en Colombia. Aquí estamos en mora de hacer un inventario de lo que no se ha investigado cómo la responsabilidad de altos funcionarios de Grupo Aval en los sobornos”, enfatizó.Finalmente, Robledo indicó que las autoridades deben enfilar las investigaciones que hacen falta y las responsabilidades a las que deben responder y si sirve de algo que los cerebros de este caso les imputen cargos.“Creo que nunca es tarde, hubiera preferido que fuera más temprano. Ahora lo que preocupas es que ya son 10 años y y existe la prescripción u es como muchas veces terminan los procesos penales. Lo que sí no puede ser es que la Fiscalía General de la Nación haga algo a medias y sea selectiva y entonces es implacable con Odebrecht, como debe ser, pero absolutamente ciega frente a lo del Grupo Aval y sus empresas y directivos; también implacable con los de la ANI, pero ciega con los altos directivos del Grupo Aval, cuando ya declaró toda la responsabilidad de actos ilegales”, puntualizó.Le puede interesar:
Después de que el presidente Gustavo Petro ordenó la revisión de estabilidad jurídica con Corficolombiana, el ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que ya están en esa tarea.“Estamos revisando los contratos e incidencias de lo que en las instancias internacionales se ha develado sobre el tema Odebrecht y seguiremos las directrices que desde la presidencia nos determinen al respecto”, dijo el jefe de la cartera.Ante la pregunta de si existe viabilidad de revisar y eventualmente cambiar de alguna manera esos contratos, el ministro aseguró: "Son los mecanismos que está explorando el Gobierno nacional porque hay implicaciones frente a las cuales se generarán las acciones correspondientes”.Uno de los contratos que administra Corficolombiana, a través de Coviandina, es la concesión de la vía Bogotá-Villavicencio. Ante los más recientes hechos de cierre de la vía por cuenta de problemas meteorológicos, el ministro aseguró que se tienen dos opciones para mejorar la conectividad a largo plazo.“Se tiene un proyecto que ya está en proceso de revisión por parte de la ANI para la ampliación de doble calzada y esquema concesionado del corredor Sogamoso-Agua Azul-Maniyucao que nos permitirá al final del Gobierno dejar abierta una licitación, esperamos por el esquema de asociación público privada, para concretar ese corredor de doble calzada que sería una alternativa a la conectividad hacia Villavicencio (…) Estamos revisando los esquemas concesionados que están en ese corredor y que tienen implicaciones frente a oportunidad de atención cuando hay eventos por ola invernal”, afirmó.¿Cuál fue la petición de PetroA través de su cuenta de Twitter, red conocida ahora como 'X', el presidente Gustavo Petro impartió varias instrucciones relacionadas con el grupo Aval y Corficolombiana por el caso Odebrecht.El mandatario solicitó utilizar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer mecanismos de reparación al Estado Colombiano, así como revisar todos los contratos de Corficolombiana con el Gobierno.Le puede interesar
A través de su cuenta de Twitter, red conocida ahora como 'X', el presidente Gustavo Petro impartió varias instrucciones relacionadas con el grupo Aval y Corficolombiana por el caso Odebrecht.El mandatario solicitó utilizar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer mecanismos de reparación al Estado Colombiano, así como revisar todos los contratos de Corficolombiana con el Gobierno.“He ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EEUU y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado Colombiano”, ordenó el presidente Petro.Y advirtió: "Los brasileños que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en el país”.Por otro lado, ordenó: "Los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.“Le solicito respetuosamente a la fiscalía reabrir los casos, si es necesario del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”, concluyó el presidente PetroLa polémica de Corficolombiana creceLos documentos de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) arrojan luz sobre una trama sorprendente que involucra al expresidente de Corficolombiana durante la época de la licitación de la Ruta del Sol sector II en 2009. Según el informe, el expresidente tenía un papel central en las negociaciones de sobornos con una empresa constructora brasileña en nombre de Corficolombiana, informando detalladamente a la junta directiva. Estos sobornos, que se convirtieron en una práctica habitual, continuaron hasta el estallido del escándalo de Odebrecht. La frase clave del informe subraya que en 2009, el expresidente de Corficolombiana orquestó esta propuesta corrupta en representación de la empresa y mantenía una conexión directa con la junta directiva. El acuerdo que conlleva un pago de 40 millones de dólares entre el Grupo Aval y la SEC se basa en esta reveladora afirmación, arrojando luz sobre años de actividades ilícitas.Le puede interesar
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.