En un movimiento estratégico para la infraestructura y el entretenimiento en Bogotá, Corficolombiana (del Grupo Aval) ha adquirido el 51% del concesionario responsable de la renovación, construcción y mantenimiento del complejo deportivo El Campín. Esta transacción posiciona a Corficolombiana como el socio mayoritario, aportando el respaldo financiero necesario para una de las obras urbanísticas más icónicas de la capital colombiana.Inversión y estructura financieraEl proyecto total estima una inversión aproximada de 2.5 billones de pesos. Según Gustavo Ramírez, vicepresidente de la entidad, Corficolombiana invertirá alrededor de 300,000 millones de pesos durante los años de construcción. El resto del capital se completará mediante aportes de otros accionistas y la consecución de créditos en el mercado financiero.Un nuevo estadio y desarrollo urbanísticoEl nuevo estadio de fútbol será el núcleo de un desarrollo mucho más amplio. Se proyecta un escenario de primera línea con capacidad para 50,000 personas y totalmente cubierto. El costo del estadio representará cerca de la tercera parte de la inversión total, es decir, unos 800,000 millones de pesos.Sin embargo, el proyecto es descrito como un "desarrollo urbanístico icónico" que incluirá:Centros comerciales y hotelesClínicas y un auditorio para la Orquesta FilarmónicaZonas de esparcimiento y cultura para la ciudadCronograma de obra y operaciónUna de las novedades más importantes es la estrategia de construcción. Para no interrumpir las actividades deportivas, el nuevo estadio se construirá en la parte oriental del predio actual. El estadio existente se mantendrá en funcionamiento y solo será demolido una vez que el nuevo esté operativo. Se espera que el estadio esté listo en un plazo de 2 años, mientras que el complejo total se completará en un periodo de entre 4 y 5 años. La concesión total tiene una duración de 29 años, periodo en el cual se espera el retorno de la inversión mediante la explotación comercial de la infraestructura.El fin del nombre "El Campín"Finalmente, el proyecto contempla un cambio de identidad. Aunque el nombre de El Campín es icónico para los bogotanos, es muy probable que desaparezca para dar paso a un patrocinador comercial.Según Ramírez, esta decisión está por definirse, pero es una práctica común en estadios modernos de ciudades desarrolladas para asegurar la sostenibilidad del escenario.Escuche aquí la entrevista:
En su reporte semanal, Corficolombiana advierte que el impacto por el fenómeno de El Niño es mayor al presupuestado, tanto en su intensidad como en su duración, llegando a alcanzar cifras históricas en varios sectores del país. Desde la entidad destacan que la ola de calor provocará un aumento en la inflación de la comida en +3,9 puntos porcentuales (pps) en promedio, los cultivos que se verán más afectados son; arroz, papa, plátano, yuca y caña de azúcar con un impacto estimado de 0,9 puntos porcentuales (pps) para el 2024.“Encontramos que, para 2024 el sector agropecuario crecería 0,3 pps menos que en un escenario climático neutro. Específicamente, la subrama de cultivos agrícolas crecería 0,4 pps menos y ganadería 0,2 pps menos, mientras el efecto esperado para los cultivos de café es cercano a cero”, señalan desde la entidad.Se menciona que pese a que en el periodo débil-moderado de El Niño, la inflación en los alimentos ha sido de 1 punto porcentual, pero la intensidad y aumento de la ola de calor en su periodo más fuerte ha sido de 3,9 pps, debido al impacto que han tenido alimentos perecederos como la leche, la papa y el arroz, los cuales tienen un peso del 17 % en la canasta familiar.Corficolombiana próspera que este impacto en la economía del sector agrario se corrijan y estabilice para el segundo y tercer trimestre del año, por lo que en el presupuesto de la entidad la inflación al cierre del año en este ámbito de la economía será del 5,1% en promedio.Otro de los sectores de la economía colombiana que puede presentar riesgos de aumento es el de la energía, el cual hasta la fecha no ha presentado presiones inflacionarias en la cotización de energía en bolsa, esto podría cambiar mientras el fenómeno de El Niño siga afectando al país, destacando que esto es solo una posibilidad y no hay garantía que el precio de la energía aumente en el corto o mediano plazo.
La investigación por el escándalo de Odebrecht en Colombia tuvo un nuevo episodio en las últimas horas, tras conocerse la decisión de la Fiscalía, de no acceder a la solicitud que le hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro para que reabriera la investigación contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.La petición la había hecho por redes sociales el presidente Gustavo Petro, quien lanzó una serie de duras críticas contra Aval y su filial Corficolombiana, luego de conocerse el acuerdo alcanzado por esas empresas con la justicia estadounidense, que consistió en el pago de una multa de más de 70 millones de dólares a cambio de que se terminaran las investigaciones que se adelantaban en contra de la empresa en ese país.Ese episodio terminó acusando únicamente al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, de haber supuestamente tenido conocimiento de las irregularidades que se cometieron para alcanzar el acuerdo con Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol.Una vez se conocieron los detalles del acuerdo, el gobierno del presidente Gustavo Petro consideró que existían nuevos elementos para que se adelantara la reapertura del proceso penal en Colombia, en particular en contra de la cabeza del grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia.Sin embargo, en las últimas horas la Fiscalía reveló que quien radicó el escrito con esa solicitud fue el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien recientemente ha estado en el “ojo del huracán” por haber revelado un listado de 500 candidatos supuestamente inhabilitados para las próximas elecciones.La Fiscalía explicó que la solicitud fue enviada al fiscal delegado ante la Corte Suprema que archivó el proceso contra Sarmiento Gutiérrez en febrero de 2021 y agrega una frase demoledora, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional: “la reactivación de una investigación archivada debe sustentarse en el surgimiento de nuevos elementos materiales de prueba” y agrega que “una orden de desarchivo no puede ser una decisión caprichosa de la Fiscalía”.Al final, la Fiscalía agrega que el secretario Idárraga no adjuntó elementos nuevos de prueba para sustentar su solicitud para reabrir la investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y revela que su solicitud estuvo sustentada únicamente en algunas publicaciones de medios de comunicación.El caso Odebrecht por ahora pareciera estar llegando a un punto culminante y la pregunta que surge es si esta decisión de la Fiscalía finalmente terminará reactivando el viejo sueño del presidente Gustavo Petro de traer al país una comisión de la ONU para que investigue la corrupción, bajo el argumento de que en Colombia no hay un verdadero interés en esclarecer los más graves escándalos de esa índole.
Por medio de una carta rogatoria, la Fiscalía ya le solicitó a Estados Unidos información contra el Grupo Aval y Corficolombia, después de que la Agencia Jurídica del Estado pidiera las sanciones contra el conglomerado.“Tenemos conocimiento que la Fiscalía ya dio trámite por vía de la carta rogatoria a los Estados Unidos, pero mientras tanto hemos estado en reuniones de estudio y análisis con Superfinanciera y Supersociedades a la espera de que nos llegue la información oficial”, indicó la directora Martha Lucia Zamora.A mediados de agosto, la Agencia Jurídica del Estado anunció que pediría al Gobierno de Estados Unidos las sanciones administrativas contra el Grupo Aval y Corficolombiana, atendiendo una orden impartida por el presidente Gustavo Petro y la directora de la entidad, Martha Lucía Zamora.La ANDJE explicó que dicha solicitud también fue oficiada al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos “requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Aval y Corficolombiana”.El presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impuso una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Le puede interesar:
Después de que se conocieran los acuerdos a los que llegó el Grupo Aval con la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Agencia Jurídica del Estado hizo un importante anuncio en materia de sanciones contra esta empresa.Y es que, según detalló Martha Lucía Zamora, cabeza de esta entidad, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de ciertas medidas y sanciones administrativas contra el Grupo Aval y su filial Corficolombiana.Dentro de las posibles sanciones que se estudiarían existe una en el caso de que el Estado inhabilite a Corficolombiana, que tiene varias concesiones, como la vía al Llano. Sobre esto, Zamora explicó que la decisión se llevaría a cabo sobre quién podrá continuarla, pero que la decisión no depende del sancionado.“La norma no hace ningún tipo de salvedad. Acá se habla de una inhabilidad sobreviniente y eso tendrá que analizarse cuáles son esas empresas y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como agencia. Ya se habla de las filiales, empresas, administradores, esto tiene un campo de acción amplio que será objeto de análisis por parte de la Superintendencia de Sociedades”, puntualizó.En ese sentido, el periodista económico de la mesa de Mañanas Blu, Víctor Grosso, explicó que son siete las concesiones de obras viales públicas a cargo de la filial Corficolombiana que estarían tambaleando por la decisión del Gobierno de no descartar caducar contratos vigentes con Corficolombiana.Ancon Sur. – BolomboloVillavicencio – YopalBogotá – VillavicencioMulaló – LoboguerreroBuga - Tuluá - La Paila - La VictoriaBogotá - Facatativá - Los AlpesLos Alpes – Villeta - ChuguacalSegún se especifica en la misma página web de Corficolombiana, las concesiones viales que tienen a cargo operan 668 kilómetros de vías, ubicadas en cinco departamentos del país (Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta y Casanare) de las cuales 257.8 km son de doble calzada e incluyen 493 puentes (34.8 km en total) y 38 túneles (55 km en total).Cabe recordar que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Le puede interesar:
La Agencia Jurídica del Estado anunció que gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de medidas administrativas punitivas contra el Grupo Aval y Corficolombiana.Esta acción obedece a una directriz ordenada por el presidente Gustavo Petro y Martha Lucía Zamora, quien lidera dicha entidad.La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) destalló que esta solicitud también fue formalmente presentada al canciller Álvaro Leyva.En diálogo con Mañanas Blu, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entregó detalles de la solicitud a Estados Unidos.Zamora contó que se hizo la solicitud oficial con el fin de que sea incorporado en un proceso sancionador y haya una inhabilidad, “es un fallo que se solicita oficialmente para ser analizado en Colombia bajo nuestra legislación y las implicaciones que este tiene”, explicó.Sobre las facultades de la agencia, dijo que la instrucción está dada a través de la ley, “somos gobierno y somos parte del sector justicia, el mandato está establecido en un decreto que nos faculta como agencia para hacer este tipo de solicitud”.En ese sentido, no descartó y calificó como una posibilidad el hecho que se caduquen los contratos que tienen vigentes el Grupo Aval y Corficolombiana con el Gobierno.“Esto viene de la Ley 80 del 93 establece que las personas que hayan sido declaradas responsables en la comisión de delitos, pueden tener esas consecuencias de inhabilidad”, explicó sobre una eventual caducidad e inhabilidad en los contratos.A través de canales diplomáticos, se pretende que el canciller solicite información acerca de las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de las mencionadas empresas, Grupo Aval y Corficolombiana.Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impusiera una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Vea aquí la entrevista:
La Agencia Jurídica del Estado anunció que pedirá al Gobierno de Estados Unidos sanciones administrativas contra el Grupo Aval y Corficolombiana, atendiendo una orden impartida por el presidente Gustavo Petro y la directora de la entidad, Martha Lucía Zamora.La ANDJE explicó que dicha solicitud también fue oficiada al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos. “Requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Aval y Corficolombiana”.Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro solicitó dicha información, después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le impusiera una multa millonaria al conglomerado colombiano y su filial, por violas la ley de prácticas corruptas en el extranjero.Teniendo en cuenta los requerimientos emitidos por la ANDJE, la entidad debe evaluar si el Grupo Aval está inhabilitado para celebrar contratos públicos.Le puede interesar:
A propósito del acuerdo al que llegaron el Grupo Aval y Corficolombiana con la justicia estadounidense sobre un pago de más de 60 millones de dólares tras reconocer y aceptar su responsabilidad por las acciones del exdirectivo José Elías Melo en el pago de millonarios sobornos para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, en Sala De Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, habló Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC y quien también tuvo a su cargo algunas investigaciones relacionadas con el grupo brasileño Odebrecht.“Se esperaba que la justicia colombiana, sobre todo a nivel de la Fiscalía General de la Nación hubiera actuado con más prontitud y hubiese podido hacer una investigación más importante que sobrepasara los linderos de Jorge Elías Melo y de algunas personas involucradas en los hechos de Ocaña-Gamarra, que hubiese enfilado baterías desde hace seis años desde que inició este escándalo y que hubiera procesado, creo yo, a los verdaderos responsables que son los altos funcionarios de Odebrecht, algunos de los cuales hasta ahora los está vinculando la Fiscalía y también las cabezas visibles de la organización Luis Carlos Sarmiento del grupo Aval. Creo que históricamente la Fiscalía está en deuda con los colombianos”, señaló.Robledo habló sobre las alertas que se emitieron en su momento sobre la investigación del caso Odebrecht y si se ignoraron dichas informaciones. Además, habló de los temas de corrupción en la Ruta del Sol II y la terminación de los contratos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero resaltó que no se ha llegado al fondo del asunto.“Parece ser que, en el caso particular de Carlos Sarmiento Ángulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y de otros altos directivos del Grupo Aval hubiese como, además, de la condición de intocables por poderosos, algún nivel como de inmunidad judicial frente a ellos porque nadie quiere mirar el tema en detalle y lo desvían a Odebrecht, que, si bien está hasta el tuétano comprometido, pero también el Grupo Sarmiento. A nadie le pueden decir que los señores Sarmiento nunca vieron nada y que esto fue por iniciativa del presidente de una de sus compañías”, indicó.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEl exsuperintendente se refirió a la administración de los Sarmiento y al por qué el acuerdo se hizo en Estados Unidos y si con esta decisión se cierra el caso Odebrecht en Colombia.“No se puede cerrar el capítulo en Colombia, porque una cosa es confesar ante las autoridades de Estados Unidos, llegar a un acuerdo sobre las infracciones que implica violación de las normas de EE. UU. y otra cosa es la responsabilidad de esas mismas acciones en Colombia. Aquí estamos en mora de hacer un inventario de lo que no se ha investigado cómo la responsabilidad de altos funcionarios de Grupo Aval en los sobornos”, enfatizó.Finalmente, Robledo indicó que las autoridades deben enfilar las investigaciones que hacen falta y las responsabilidades a las que deben responder y si sirve de algo que los cerebros de este caso les imputen cargos.“Creo que nunca es tarde, hubiera preferido que fuera más temprano. Ahora lo que preocupas es que ya son 10 años y y existe la prescripción u es como muchas veces terminan los procesos penales. Lo que sí no puede ser es que la Fiscalía General de la Nación haga algo a medias y sea selectiva y entonces es implacable con Odebrecht, como debe ser, pero absolutamente ciega frente a lo del Grupo Aval y sus empresas y directivos; también implacable con los de la ANI, pero ciega con los altos directivos del Grupo Aval, cuando ya declaró toda la responsabilidad de actos ilegales”, puntualizó.Le puede interesar:
Después de que el presidente Gustavo Petro ordenó la revisión de estabilidad jurídica con Corficolombiana, el ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que ya están en esa tarea.“Estamos revisando los contratos e incidencias de lo que en las instancias internacionales se ha develado sobre el tema Odebrecht y seguiremos las directrices que desde la presidencia nos determinen al respecto”, dijo el jefe de la cartera.Ante la pregunta de si existe viabilidad de revisar y eventualmente cambiar de alguna manera esos contratos, el ministro aseguró: "Son los mecanismos que está explorando el Gobierno nacional porque hay implicaciones frente a las cuales se generarán las acciones correspondientes”.Uno de los contratos que administra Corficolombiana, a través de Coviandina, es la concesión de la vía Bogotá-Villavicencio. Ante los más recientes hechos de cierre de la vía por cuenta de problemas meteorológicos, el ministro aseguró que se tienen dos opciones para mejorar la conectividad a largo plazo.“Se tiene un proyecto que ya está en proceso de revisión por parte de la ANI para la ampliación de doble calzada y esquema concesionado del corredor Sogamoso-Agua Azul-Maniyucao que nos permitirá al final del Gobierno dejar abierta una licitación, esperamos por el esquema de asociación público privada, para concretar ese corredor de doble calzada que sería una alternativa a la conectividad hacia Villavicencio (…) Estamos revisando los esquemas concesionados que están en ese corredor y que tienen implicaciones frente a oportunidad de atención cuando hay eventos por ola invernal”, afirmó.¿Cuál fue la petición de PetroA través de su cuenta de Twitter, red conocida ahora como 'X', el presidente Gustavo Petro impartió varias instrucciones relacionadas con el grupo Aval y Corficolombiana por el caso Odebrecht.El mandatario solicitó utilizar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer mecanismos de reparación al Estado Colombiano, así como revisar todos los contratos de Corficolombiana con el Gobierno.Le puede interesar
A través de su cuenta de Twitter, red conocida ahora como 'X', el presidente Gustavo Petro impartió varias instrucciones relacionadas con el grupo Aval y Corficolombiana por el caso Odebrecht.El mandatario solicitó utilizar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer mecanismos de reparación al Estado Colombiano, así como revisar todos los contratos de Corficolombiana con el Gobierno.“He ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EEUU y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado Colombiano”, ordenó el presidente Petro.Y advirtió: "Los brasileños que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en el país”.Por otro lado, ordenó: "Los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.“Le solicito respetuosamente a la fiscalía reabrir los casos, si es necesario del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”, concluyó el presidente PetroLa polémica de Corficolombiana creceLos documentos de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) arrojan luz sobre una trama sorprendente que involucra al expresidente de Corficolombiana durante la época de la licitación de la Ruta del Sol sector II en 2009. Según el informe, el expresidente tenía un papel central en las negociaciones de sobornos con una empresa constructora brasileña en nombre de Corficolombiana, informando detalladamente a la junta directiva. Estos sobornos, que se convirtieron en una práctica habitual, continuaron hasta el estallido del escándalo de Odebrecht. La frase clave del informe subraya que en 2009, el expresidente de Corficolombiana orquestó esta propuesta corrupta en representación de la empresa y mantenía una conexión directa con la junta directiva. El acuerdo que conlleva un pago de 40 millones de dólares entre el Grupo Aval y la SEC se basa en esta reveladora afirmación, arrojando luz sobre años de actividades ilícitas.Le puede interesar
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.