Gobierno Petro quiere redistribuir tierra con compras masivas, predial y hasta extinción de dominio

Aunque la administración de Gustavo Petro está a punto de terminar, su equipo está haciendo planes de largo plazo para la reforma agraria y ha establecido que el camino a seguir es la redistribución de la tierra a punta de compra masiva, aumento al impuesto predial y procesos de la Agencia Nacional de Tierras, incluyendo la extinción de dominio; un camino para el que comprometerá recursos por 18,6 billones de pesos en la próxima década.La bandera inicial del Gobierno era la entrega de unas tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra y, a hoy, se han logrado obtener unas 758.000 hectáreas para el Fondo de Tierras. La cifra incluye los procesos de la Agencia de Tierras, predios que estaban en manos de narcotraficantes y quedaron en la SAE y la compra de terrenos a ganaderos y otros ofertantes mediante la oferta voluntaria.La idea de que los ganaderos vendan voluntariamente sus tierras al Gobierno fue una estrategia para tranquilizar a quienes temían una expropiación masiva de predios. Sin embargo, el Ejecutivo no está conforme con los resultados; sostiene que la desigualdad en el acceso a la tierra persiste y que el proceso es engorroso y poco eficiente.Por ejemplo, el documento oficial aprobado esta semana dice lo siguiente: "La compra por oferta voluntaria de propietarios privados, un mecanismo que se activa por oferta y debilita la posibilidad de que el Estado intervenga a través de los procedimientos administrativos especiales agrarios previstos en la Ley 160 de 1994 para zonas declaradas de interés social y utilidad pública".Por eso, el objetivo ahora es redistribuir la tierra y los "activos productivos", y establece que la reforma agraria es una política redistributiva de Estado y no un conjunto de programas sectoriales ni "un mecanismo predominante de mercado".Compra, extinción de dominio e impuestos, las herramientas del GobiernoEl Conpes contiene un arsenal de herramientas e instrucciones detalladas para diversas entidades del Gobierno.La lista incluye la orden al Ministerio de Agricultura de presentar una ley para la compra masiva de tierras.Pero aquí la cosa no se detiene en la simple compra y la Agencia Nacional de Tierras tendría que acelerar procesos agrarios como la clarificación de la propiedad, la extinción administrativa del dominio, la recuperación de baldíos y el deslinde de tierras. "Este plan priorizará la gestión de grandes extensiones, el deslinde de tierras de la Nación en donde existan conflictos agrarios, así como la gestión de casos que se encuentren dentro de los distritos de la reforma agraria", agrega el documento.Para concentrarse en esas grandes extensiones, la UPRA, otra entidad del sector, debería diseñar un mecanismo para identificar "predios rurales presuntamente ociosos, subutilizados o improductivos, que sirva como insumo para la intervención estatal y la toma de decisiones en materia de redistribución de tierras".De otro lado, Colombia tendría un límite máximo a la cantidad de tierra que una persona o empresa puede tener y el Ministerio de Hacienda debería presentar, antes de 2028, una ley que le suba el impuesto predial a la tierra improductiva.Elecciones serán clave en el futuro de la reformaUn Conpes no solo es un documento, es una asignación oficial de tareas a las entidades y una orden para priorizar recursos por encima de otros programas.Sin embargo, no es una camisa de fuerza y su implementación depende en buena medida de la orientación política del nuevo Gobierno.Por ejemplo, un Gobierno que no esté dispuesto a sacar adelante la reforma agraria simplemente puede derogar el Conpes o modificarlo y no necesita acudir al Congreso para hacerlo. Sin embargo, si el siguiente Gobierno está a favor de la reforma agraria en los términos planteados por la administración actual, lo que tiene aquí es trabajo adelantado y organizado, lo que le permitirá ganar tiempo y concentrarse en ejecutar la política en lugar de tener que diseñarla.