n medio del desarrollo del Congreso de Expominas en Medellín, el sector minero colombiano volvió a encender el debate nacional sobre el futuro de esta industria estratégica. Durante el encuentro, que reunió a más de 3.500 asistentes en Plaza Mayor, líderes del gremio hicieron un llamado directo al Gobierno y a la sociedad para replantear el papel de la minería en el país.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), fue enfático al señalar que Colombia debe tomar una decisión estructural sobre su modelo económico: “tenemos que sincerarnos, vernos a los ojos con tranquilidad y de una vez por todas tomar la decisión de ser un país minero”.
El pronunciamiento se da en un contexto político complejo, marcado por tensiones entre el Gobierno nacional y el sector extractivo, especialmente frente a políticas que han buscado limitar la explotación de recursos naturales.
La minería como motor económico: cifras y argumentos
Uno de los principales ejes del discurso del gremio es el impacto económico de la minería en Colombia. Según Nariño, aunque la actividad minera solo se desarrolla en el 1% del territorio nacional, su alcance en la economía es significativo: “genera 14 billones de pesos en compras al tejido empresarial colombiano”.
Este dato busca reforzar la idea de que la minería no solo implica extracción de recursos, sino también la articulación de cadenas productivas que benefician a pequeñas y medianas empresas en todo el país.
Sin embargo, el panorama actual no es alentador. El presidente de la ACM advirtió sobre una fuerte caída en la inversión extranjera directa en el sector: “decreció una cifra alarmante, menos 86% según las últimas cifras del DANE”. Además, subrayó que la industria minera ha sido una de las más afectadas por políticas recientes, registrando una contracción del 8,6%, lo que, según el gremio, pone en riesgo el empleo y el desarrollo regional.
El carbón en el centro del debate energético
Transición energética vs. realidad global
Uno de los puntos más controvertidos abordados durante la entrevista fue el papel del carbón en la transición energética. Nariño defendió su relevancia en el contexto internacional, afirmando que el mundo continúa dependiendo de este recurso: “la humanidad consume unas 8.800 millones de toneladas de carbón anualmente”.
En contraste, Colombia produce cerca de 55 millones de toneladas, una cifra que, según el dirigente, es marginal a nivel global pero crucial para la estabilidad económica nacional.
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“El mundo pestañea y las vuelve a producir”, aseguró, al tiempo que advirtió que reducir la producción local podría afectar las finanzas de varias regiones y disminuir los ingresos por regalías. Este argumento se enfrenta a las políticas gubernamentales que promueven la descarbonización y la reducción del uso de combustibles fósiles, en línea con compromisos internacionales frente al cambio climático.
Seguridad jurídica e inversión: el reclamo del gremio
Fallos judiciales y confianza empresarial
Otro tema clave fue la necesidad de garantizar estabilidad jurídica para atraer inversión. Nariño destacó decisiones recientes de la Corte Constitucional como señales positivas: “da alivio que las instituciones funcionen y que las instituciones defiendan su función”.
El líder gremial criticó lo que calificó como una “ambición regulatoria” excesiva en los últimos años, señalando que múltiples decretos, impuestos y reformas han generado incertidumbre en el sector. “Colombia ha sacado esa misma regulación pero para alejar la inversión”, afirmó, en contraste con otros países que, según él, han fortalecido condiciones para atraer capital minero.
Minería formal vs. ilegal: un desafío estructural
El debate también incluyó la creciente preocupación por la minería ilegal, especialmente en la extracción de oro. Según cifras citadas por Nariño, “el 80% de la minería de oro que hoy sale del país es extracción ilícita”.
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Esta situación, advirtió, no solo representa un problema económico, sino también ambiental y de seguridad, al estar vinculada con el financiamiento de organizaciones criminales.
En ese sentido, el presidente de la ACM lanzó una advertencia clara: si la minería formal se debilita, el vacío podría ser ocupado por actividades ilegales. “Si no es a través de la institucionalidad privada, pues se hace con la profunda ilegalidad que tanto daño hace”, señaló.
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