La crisis en el suministro de gas natural que enfrenta el país ya tiene efectos directos sobre una de las principales industrias mineras de Colombia. Cerro Matoso confirmó que redujo al 50 % su operación debido al incumplimiento en el suministro de gas por parte de Canacol Energy, una situación que, según la compañía, ya afecta cientos de empleos y amenaza la estabilidad económica de miles de familias en el sur de Córdoba.En entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, aseguró que la coyuntura es el resultado de una combinación de factores que trascienden las dificultades de un solo proveedor.“Esta es una situación compleja que es la sumatoria de factores: tanto Canacol con su operación, posiblemente por no haber realizado unos buenos mantenimientos en sus campos, como también cuatro años de no explorar y de no entregar licencias para seguir produciendo más gas”, afirmó.Gaviria señaló que Colombia pasó de ser un país autosuficiente en gas natural a depender de las importaciones. “Hoy termina importando el 32 % o 33 % del gas que consume”, advirtió.La reducción de la producción en Cerro Matoso ya tiene consecuencias económicas y laborales. Según el directivo, la medida afecta actualmente 570 puestos de trabajo y representa pérdidas cercanas a 1.500 millones de pesos diarios por concepto de impuestos, regalías, compras y contratos.“Nos obligó a tomar la decisión de bajar nuestra operación al 50 %, con las afectaciones que eso tiene”, sostuvo Gaviria, al explicar que Canacol redujo de manera progresiva el volumen de gas entregado a la empresa, pasando de 11.000 MBTU a cerca de 4.000 MBTU, equivalente apenas al 25 % de lo pactado contractualmente.Frente a la posibilidad de contratar otro proveedor, el presidente de Cerro Matoso explicó que el principal obstáculo no es la disponibilidad de gas, sino la falta de garantías de suministro continuo.“Hoy te ofrecen gas, pero no es un gas firme. Nosotros operamos 24 horas al día, siete días a la semana, no podemos apagar los hornos. Necesitamos un suministro ininterrumpido y hoy es muy complejo conseguirlo”, explicó.El directivo también cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la crisis. Indicó que la empresa acudió a la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Sociedades, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para solicitar una intervención oportuna.“Si se hubiera intervenido en su momento, habríamos tenido interlocutores válidos para manejar de mejor manera la situación, pero desafortunadamente no actuaron”, aseguró.Según Gaviria, la Superintendencia de Sociedades adelanta actualmente audiencias con los diferentes actores involucrados, aunque recordó que también deberá decidir si acepta los efectos del fallo emitido por una corte canadiense que permitiría la cancelación de los contratos de suministro de Canacol con sus clientes en Colombia.“La Corte canadiense está defendiendo los intereses de los inversionistas canadienses, pero las autoridades colombianas también deben defender los intereses de las industrias y de los usuarios de gas del país”, manifestó.Aunque Cerro Matoso ha ajustado su estrategia comercial para reducir compromisos de exportación a largo plazo y adaptarse a la menor producción, Gaviria reconoció que el panorama sigue siendo incierto.“Esperemos que no tengamos que llegar al cierre total de la operación. Estamos trabajando con otros potenciales proveedores y participando en las audiencias para encontrar una solución”, expresó.El impacto social de la reducción de operaciones también preocupa a la compañía. Gaviria explicó que Cerro Matoso genera alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos, cada uno con un efecto multiplicador sobre varias familias de la región.“Entre 40.000 y 50.000 personas dependen de una u otra manera del negocio de Cerro Matoso. Hoy ya tenemos 570 puestos de trabajo afectados y ese número posiblemente va a aumentar”, concluyó.La advertencia de la empresa refleja el alcance que la crisis del gas podría tener sobre el aparato productivo nacional, especialmente en sectores industriales que requieren un suministro permanente para mantener sus procesos operativos y preservar el empleo en las regiones.
Aplazan para marzo de 2027 las audiencias judiciales de los 11 campesinos de Jericó procesados por presuntos delitos durante protestas contra el proyecto minero Quebradona. Abogados del caso revelaron que la Fiscalía evalúa la renuncia a la persecución penal de los procesados.La expectativa que había en Jericó por el inicio de las audiencias contra 11 campesinos investigados por los hechos ocurridos durante las protestas contra el proyecto minero Quebradona tendrá que esperar varios meses más.Aunque las diligencias judiciales estaban programadas para comenzar este 3 de agosto, quedaron para los días 8, 9 y 10 de marzo de 2027, prolongando un proceso que se ha convertido en uno de los principales símbolos del conflicto entre las comunidades del Suroeste antioqueño y la minería a gran escala.Sobre el caso, Ana María Gallego, una de las abogadas defensoras de los procesados, manifestó que la Fiscalía avanza en la posibilidad que se renuncie a la persecución penal y las disputas jurídicas tengan otro abordaje."La Fiscalía está evaluando la posibilidad, la viabilidad, y solicitó conceptos sobre esto, de aplicar un principio de oportunidades. Todavía no conocemos a profundidad cuáles son las modalidades o la modalidad bajo que ese principio se va a aplicar, si es una suspensión o una renuncia a la persecución penal", indicó.Pese a la cancelación de la diligencia judicial, organizaciones sociales, ambientales y defensoras de derechos humanos mantendrán una jornada de respaldo a los campesinos en el parque principal de Jericó.Durante la actividad, anunciaron actos culturales, intervenciones públicas y manifestaciones de solidaridad con los habitantes vinculados al expediente, quienes sostienen que su actuación respondió a la defensa del territorio y del agua.Los 11 campesinos son investigados por hechos registrados en medio de las movilizaciones desarrolladas en predios donde se proyecta la mina de cobre Quebradona, iniciativa de la multinacional AngloGold Ashanti.De acuerdo con la Fiscalía, durante algunas de esas protestas se habrían presentado acciones que derivaron en presuntos delitos relacionados con obstrucción de vías, daño en bien ajeno y perturbación a la posesión, entre otros comportamientos que son materia de investigación.Sin embargo, las organizaciones que acompañan a los procesados aseguran que las actuaciones judiciales constituyen una forma de criminalización de la protesta social y de quienes han liderado la oposición al proyecto minero.
Congresistas y diputados de Antioquia piden al nuevo Gobierno que la delegación minera regrese al departamento. La propuesta busca que la figura que funcionó por más de 20 años nuevamente sea recuperada por Antioquia.Para la bancada de legisladores antioqueños en el Congreso de la República, y diputados de la Asamblea Departamental, el retiro de la autoridad minera por parte del gobierno Petro en 2024 ha derivado en más de 1.400 trámites represados y el 55 % de la explotación de oro de aluvión en el departamento se realiza sin autorización.Y, por el contrario, en más de 20 años que esta autoridad estuvo bajo la batuta de la Gobernación, se legalizaron 7.135 mineros y aumentar en un 40 % las exportaciones de oro.Así lo firma la representante a la Cámara por Antioquia, Ana Ligia Mora, quien junto con el diputado Edison Restrepo le enviaron en últimas horas una carta al presidente electo Abelardo De La Espriella, solicitando evaluar la recuperación de la delegación minera para el departamento.“Tener esa delegación minera le permite a Antioquia como departamento poder avanzar más rápidamente en los procesos de formalización, de acompañamiento, de unidad de criterio, de poder avanzar en el instrumento minero, en el instrumento ambiental”, dijo la congresista.La representante Mora recala que este es un sector económico muy importante para Antioquia, pero ven que más del 85 % del oro que se exporta es ilegal, por lo que el departamento está perdiendo recursos económicos, está generando grandes pasivos ambientales y grandes daños sociales.Por su parte, el senador antioqueño Juan Espinal señaló que es importante recuperar la delegatura para avanzar contundentemente en términos de formalización minera.“En el departamento de Antioquia la extracción ilícita deja rentas a los ilegales entre US$5.000 millones y US$6.000 millones. Pero antes que le regresen a Antioquia la delegación minera, lo primero que hay que hacer es combatir a los criminales”, subrayó el senador de la República.Para la bancada antioqueña en el Congreso de la República, así como para la Asamblea Departamental, al traer nuevamente la autoridad minera se genera una transformación a ese sector de la economía.Esta delegación funcionará como un convenio entre la Gobernación y el Gobierno Nacional, permitiendo trámites ágiles, cercanos y confiables, desde la región. Además de ahorrar costos para quienes hoy tienen que hacer todo el trámite en Bogotá.
El Gobierno nacional defendió el proyecto de ley con el que busca reemplazar el actual Código de Minas, al asegurar que la iniciativa fortalecerá los controles ambientales, endurecerá las obligaciones para las empresas y permitirá la caducidad de títulos mineros cuando se comprueben daños sobre fuentes hídricas.En entrevista con Blu Radio, la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, sostuvo que la propuesta no fue elaborada en los últimos días del Gobierno, sino que hace parte de un proceso que comenzó en 2024 y que, según explicó, incluyó consulta previa y espacios de participación con comunidades, gremios, academia y entidades públicas.¿Qué cambios propone el proyecto de ley minera?De acuerdo con la funcionaria, uno de los principales objetivos de la iniciativa es modernizar una legislación que, según dijo, tiene más de 25 años y responder a los retos ambientales y económicos actuales.Entre las medidas que destacó se encuentran:Una licencia ambiental integral que supervise todas las etapas de los proyectos mineros, desde la exploración hasta el cierre y poscierre.La posibilidad de declarar la caducidad de títulos mineros cuando se comprueben afectaciones a fuentes hídricas.La ampliación de las restricciones para excluir áreas por razones ambientales, sociales o culturales.La obligación de presentar planes de cierre progresivo y definitivo desde el inicio de cada proyecto, respaldados financieramente.Un régimen especial para facilitar la formalización de pequeños mineros.Según Aroca, estas medidas buscan corregir pasivos ambientales, sociales y laborales que, afirmó, ha dejado la actividad minera durante décadas.Gobierno dice que busca una minería más formal y vigiladaLa viceministra también respondió a las críticas sobre el aumento de la minería ilegal en distintas regiones del país y aseguró que la propuesta precisamente pretende fortalecer las herramientas de control del Estado."El Ejecutivo de este gobierno dio un paso clave para el futuro económico y ambiental del país", afirmó.La funcionaria sostuvo que el proyecto reforma de fondo la legislación vigente y dota a las autoridades de mayores capacidades para planificar, administrar y vigilar el aprovechamiento de los recursos del subsuelo.Además, aseguró que la iniciativa contempla mecanismos para impulsar la formalización de miles de pequeños mineros y promover alternativas productivas en los territorios.¿La nueva propuesta afectaría la inversión extranjera?Otro de los cuestionamientos planteados durante la entrevista fue el posible impacto de las nuevas exigencias sobre la llegada de inversión extranjera al sector.Frente a ello, Aroca aseguró que el Gobierno mantiene una relación positiva con las empresas y que los inversionistas comprenden la necesidad de fortalecer las exigencias ambientales.Según explicó, el proyecto busca dejar atrás un modelo centrado únicamente en la extracción de minerales para avanzar hacia uno que genere mayor valor en las regiones y mantenga una mejor relación entre la actividad minera y su entorno social y ambiental.
La historia de Moisés Alberto Padilla Vega permite conectar más de dos décadas de controversias judiciales relacionadas con accidentes de trabajo en la minería del carbón en la Costa Caribe.Su caso aparece como uno de los expedientes que permanecen abiertos tras un accidente laboral ocurrido hace 25 años y coincide con nuevas reclamaciones de otros trabajadores sobre el reconocimiento de derechos derivados de enfermedades y lesiones de origen ocupacional.Padilla, hoy de 65 años, trabajó como soldador para Drummond Ltd. entre marzo de 2000 y octubre de 2009.El 7 de diciembre de 2000 sufrió un accidente laboral que le ocasionó fracturas de tibia y peroné. En 2021, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena determinó una pérdida de capacidad laboral del 31,59 % de origen profesional.Sin embargo, más de dos décadas después del accidente, el trabajador continuaba en los tribunales reclamando el pago de incapacidades derivadas de ese hecho.Mediante una sentencia del 31 de julio de 2023, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta confirmó que EPS Sanitas debía asumir provisionalmente el pago de las incapacidades causadas entre abril y noviembre de 2022 mientras se resolvía la controversia con Allianz Seguros S.A. sobre el origen de la contingencia.La importancia del caso también radica en que Padilla figuró en 2011 como presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond y del Puerto (Asotredp), organización creada por empleados que denunciaban despidos tras accidentes de trabajo, falta de reconocimiento de enfermedades profesionales y deficiencias en las condiciones de seguridad industrial.En ese momento, Drummond respondió públicamente que las cifras divulgadas por la asociación no eran ciertas y sostuvo que la calificación de las enfermedades profesionales corresponde al sistema general de seguridad social y no a la empresa.Otro de los expedientes corresponde a Jesús Hernando Delgado Serna, afiliado a Colpensiones con 1.453,57 semanas cotizadas y vinculado a Drummond Ltd. entre abril de 2004 y marzo de 2026. Una certificación expedida por ARL Seguros Bolívar el 2 de febrero de 2026 registra el pago continuo de incapacidades derivadas de un accidente laboral ocurrido el 17 de octubre de 2021.Posteriormente, el 16 de julio de 2026, el Juzgado Noveno Penal Municipal de Santa Marta concedió una tutela a Delgado Serna al concluir que gozaba de estabilidad laboral reforzada.El fallo señala que el trabajador desarrolló un trastorno de estrés postraumático tras un asalto armado mientras operaba maquinaria pesada, presenta una pérdida de capacidad laboral definitiva del 26,30 % de origen laboral y fue despedido por Drummond Ltd. el 26 de marzo de 2026 sin autorización del Ministerio del Trabajo.En consecuencia, el juez ordenó su reintegro inmediato a un cargo compatible con sus restricciones médicas y dispuso que presente la demanda laboral dentro de los cuatro meses siguientes.Sandra Gutiérrez, esposa de Jesús Hernando Delgado, aseguró que durante ese asalto su esposo fue retenido mientras robaban componentes de la retroexcavadora que operaba, le hurtaron sus pertenencias y fue víctima de un presunto abuso sexual.Según su testimonio, desde entonces ha requerido múltiples hospitalizaciones por estrés postraumático y otros tratamientos médicos.Además, sostuvo que trabajadores de Drummond Ltd., Prodeco y Cerrejón con entre 15 y 25 años de servicio habrían sido despedidos sin indemnización y sin completar los trámites para establecer su pérdida de capacidad laboral y el eventual acceso a una pensión por invalidez.En controversias laborales anteriores Drummond Ltd. ha señalado que la calificación de enfermedades de origen profesional corresponde a las entidades del sistema de seguridad social y no a la compañía.También ha manifestado que colabora con las autoridades en las investigaciones que la involucran y que mantiene mecanismos formales para la recepción y trámite de denuncias internas.
La accidentada jornada de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán, realizada el sábado 18 de junio en Bucaramanga, terminó suspendida por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, en medio de enfrentamientos, denuncias por falta de garantías y cuestionamientos al proceso. Tras lo ocurrido, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, pidió al presidente electo y al nuevo ministro de Ambiente replantear el rumbo de la delimitación para garantizar una concertación transparente y legítima.El mandatario departamental aseguró que los hechos registrados eran previsibles y recordó que, días antes, había solicitado oficialmente aplazar la convocatoria hasta que existieran reglas claras, igualdad de condiciones para los participantes y garantías para todos los sectores involucrados."Lo ocurrido hoy era previsible y pudo evitarse. Como gobernador de Santander y veedor de este proceso advertí, mediante comunicación oficial, que la convocatoria debía aplazarse. No fuimos escuchados. El resultado fue una jornada marcada por el desorden, la falta de garantías y una profunda desconfianza, exactamente lo que buscábamos evitar", manifestó Díaz.Ante este panorama, el gobernador solicitó al nuevo ministro de Ambiente, Fabián Arjona, asumir como prioridad la delimitación de Santurbán, corregir el proceso y liderar una nueva etapa de concertación que brinde confianza y legitimidad a las comunidades de Santander.La jornada no alcanzó a desarrollar la concertación prevista, ya que la Procuraduría solicitó levantar la mesa luego de evidenciar problemas de participación y garantías para los asistentes.Durante la sesión también se registró un momento de tensión cuando integrantes del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán intentaron agredir al procurador delegado, Alberto Rivera Balaguera, quien exigía que se permitiera, en igualdad de condiciones, la participación de representantes de las comunidades de Soto Norte y del norte de Bucaramanga.Las críticas también llegaron desde las comunidades de Soto Norte. Daniel Maldonado, vocero de los pequeños mineros de Suratá, cuestionó la rapidez con la que el Gobierno Nacional pretende concluir un proceso que, según afirmó, lleva años sin lograr consensos."En Suratá hicimos 36 reuniones durante ocho años para concertar y no fue posible llegar a un acuerdo. Ahora pretenden resolver en dos reuniones en Bucaramanga lo que no se ha podido concertar en ocho años con los seis municipios de Soto Norte", señaló Maldonado.El líder minero aseguró que cualquier decisión debe sustentarse en criterios técnicos, jurídicos y sociales, y no en acuerdos apresurados que desconozcan la realidad de las comunidades que habitan el territorio.Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza afirmó que la prioridad del Ministerio de Ambiente debe ser la protección de Santurbán, uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país, y no facilitar proyectos de explotación minera.La congresista advirtió que el páramo no puede reducirse a una simple línea de delimitación, pues constituye un sistema hidrológico integral cuya afectación podría comprometer acuíferos, la calidad del agua, el equilibrio hidrogeológico y la biodiversidad de una región que abastece de agua potable a millones de personas.La suspensión de la mesa de concertación deja nuevamente en incertidumbre uno de los procesos ambientales más sensibles del país, mientras las comunidades, autoridades y el Gobierno Nacional deberán definir el futuro de una nueva convocatoria para avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán.
La empresa Logística Frontera Gold S.A.S. anunció la suspensión del 90 % de sus actividades en el municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia, como consecuencia de los daños sufridos en su infraestructura durante los disturbios registrados el pasado fin de semana, tras un operativo de las autoridades contra la minería ilegal.La decisión, según explicó la compañía mediante un comunicado, impacta directamente a cientos de familias que dependen de la actividad minera para su sustento. Entre los afectados se encuentran cerca de 800 mineros informales que desarrollan labores en la zona y que, de acuerdo con la empresa, varios de ellos hacen parte de programas nacionales de formalización impulsados por la Agencia Nacional de Minería.Frontera Gold aseguró que el escenario actual es el resultado de un proceso de formalización que, a su juicio, no logró consolidar acuerdos entre las instituciones, las comunidades y los demás actores involucrados. La empresa manifestó que “la ausencia de avances concretos en los espacios de concertación y la falta de una articulación efectiva entre las entidades terminaron por desencadenar una crisis que hoy repercute en el empleo, la economía local y la estabilidad de numerosas familias”.Ante este panorama, la compañía pidió al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Segovia y a otros organismos de control para instalar una mesa de diálogo y concertación que permita construir soluciones sostenibles. El objetivo, señaló, es proteger las fuentes de empleo, fortalecer los procesos de formalización minera y brindar garantías tanto a las comunidades como a los trabajadores que dependen de esta actividad.La suspensión de las operaciones se produce en medio de un clima de alta tensión en Segovia. Durante las protestas originadas por el operativo contra la minería ilegal con cuatro puntos de bloqueo y vehículos incinerados, murió una persona y otras dos resultaron heridas. Aunque el grupo ilegal lo ha desmentido públicamente, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, reiteró que tras los desmanes estaría el Clan del Golfo."Eso es sin lugar a dudas es el Clan del Golfo. La mina ilegal que está ubicada en un sector que se llama El Silencio estaba siendo explotada por el mismo Clan del Golfo, que instrumentaliza a la juventud", aseguró.Los recientes hechos violentos llevaron a las autoridades a decretar a comienzos de esta semana medidas extraordinarias de seguridad, entre ellas un toque de queda nocturno y la prohibición del parrillero en motocicleta, con el fin de recuperar el orden público en este municipio del Nordeste antioqueño.
Organizaciones sociales, comunales y mineras de la provincia de Soto Norte cuestionaron las recientes resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el Páramo de Santurbán y anunciaron que emprenderán acciones legales al considerar que las decisiones vulneran los derechos de participación de las comunidades y afectan el futuro de la minería legal en la región.En un pronunciamiento, los representantes de las organizaciones aseguraron que las medidas adoptadas por el Ministerio, encabezado por la ministra encargada Irene Vélez, favorecen la expansión de la minería ilegal al limitar el desarrollo de la minería formal y tradicional en municipios como California y Vetas."El Gobierno prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Los pequeños mineros que queremos trabajar de manera formal estamos siendo desplazados, mientras la ilegalidad gana terreno", afirmó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y representante de organizaciones del POMCA Alto Lebrija.Uno de los principales cuestionamientos se centra en la denominada delimitación progresiva del Páramo de Santurbán. Según las organizaciones, este mecanismo fue considerado por el propio Ministerio de Ambiente, en un concepto presentado al Tribunal Administrativo de Santander en 2023, como una alternativa jurídicamente inviable e incompatible con lo ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que exige una delimitación integral con participación de los municipios involucrados.Asimismo, rechazaron la creación de una Zona de Reserva Permanente en jurisdicción de California, Santander, al señalar que fue adoptada sin un proceso de participación ciudadana suficiente, lo que, en su criterio, desconoce los principios del Acuerdo de Escazú y afecta directamente a comunidades que históricamente han desarrollado actividades mineras por fuera del ecosistema de páramo.Las organizaciones también cuestionaron la intención del Ministerio de prorrogar hasta 2029 la Zona de Reserva Temporal establecida en 2024, argumentando que la medida mantiene en incertidumbre a municipios cuya economía depende de la minería legal y que, desde su creación, ha sido objeto de observaciones por parte de organismos de control y autoridades regionales.Los voceros anunciaron que presentarán denuncias por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra la ministra y los funcionarios que participaron en la expedición de las resoluciones.Además, hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y al Tribunal Administrativo de Santander para que intervengan en el proceso y garanticen el respeto por el debido proceso y el derecho a la participación de las comunidades de Soto Norte.Las declaraciones se conocen un día después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la realización de nuevos estudios técnicos internacionales sobre Santurbán, con el propósito de buscar una solución definitiva al proceso de delimitación del páramo.El proceso de delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín ha generado un amplio debate durante la última década entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas del sector minero. En los últimos días, el Ministerio de Ambiente anunció nuevas medidas para fortalecer la protección del ecosistema, mientras distintos sectores de Santander mantienen posiciones encontradas sobre el alcance jurídico, ambiental y social de las decisiones adoptadas.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aplazar la segunda jornada de la mesa de trabajo y deliberación de la fase de concertación para la delimitación participativa del páramo de Santurbán, programada para el próximo 18 de julio en Bucaramanga.La petición fue elevada mediante una carta dirigida a la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, en la que el mandatario departamental argumenta que el objetivo es garantizar un proceso con mayores condiciones de participación ciudadana, coordinación institucional y diálogo efectivo entre las comunidades, las autoridades territoriales y el Gobierno Nacional.En el documento, la Gobernación señala que la delimitación del páramo de Santurbán representa una decisión de gran trascendencia jurídica, ambiental, económica y social, por lo que considera indispensable que la concertación se desarrolle bajo los principios constitucionales de participación, buena fe, coordinación y colaboración entre las entidades públicas.El gobernador de Santander sostiene que el tiempo con el que fue convocada la jornada resulta insuficiente para analizar asuntos de alta complejidad técnica, jurídica y ambiental, y advierte que una sola sesión no permitiría una deliberación amplia e informada sobre aspectos como la delimitación del páramo, la reconversión de actividades productivas, la protección de las fuentes hídricas y los mecanismos de financiación y coordinación institucional.Asimismo, plantea que antes de avanzar en la concertación es necesario socializar de manera oportuna la información técnica, jurídica y cartográfica del proceso, además de definir conjuntamente una metodología entre el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para garantizar transparencia y una participación efectiva de todos los sectores involucrados.En su solicitud, el mandatario propone aplazar la mesa del 18 de julio, convocar una reunión preparatoria entre las autoridades nacionales y territoriales para acordar la metodología y el cronograma del proceso, socializar previamente la información con las comunidades y fortalecer los espacios de pedagogía antes de la fase definitiva de concertación.La delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín se desarrolla en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó realizar un nuevo proceso de delimitación con una participación amplia, informada, deliberativa e incidente de las comunidades y autoridades de los municipios involucrados. El páramo constituye uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país por ser fuente de abastecimiento de agua para millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. En las últimas semanas, el proceso ha generado un intenso debate entre el Gobierno Nacional, autoridades regionales, organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades de Soto Norte sobre las garantías de participación y el alcance de la nueva delimitación.
La presidenta de la Asociación de Mineros de Santander (Asomineros), Ivonne González, lanzó duras críticas contra el nuevo modelo de delimitación progresiva del Páramo de Santurbán anunciado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al asegurar que la medida terminaría favoreciendo a la minería ilegal y afectando a los pequeños mineros tradicionales de la región.La dirigente gremial afirmó que las tres resoluciones dadas a conocer por la cartera ambiental representan, a su juicio, una decisión que dejaría el ecosistema en manos de estructuras criminales mientras desplaza a las comunidades mineras que históricamente han trabajado en la zona."Con estas tres resoluciones que acaba de sacar el Ministerio del presidente Gustavo Petro le están entregando oficialmente el Páramo de Santurbán a la minería criminal. Los quieren desplazar para dejarles el camino libre", aseguró González.La presidenta de Asomineros cuestionó especialmente la resolución que plantea una delimitación progresiva del páramo y sostuvo que esta desconoce el proceso de concertación adelantado durante los últimos años, así como los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017.Según González, la decisión fue adoptada de manera apresurada y podría derivar en acciones judiciales contra funcionarios del Gobierno Nacional. Además, anunció que el gremio continuará promoviendo denuncias e iniciará las acciones legales correspondientes para buscar la nulidad de las resoluciones.La dirigente también rechazó las resoluciones mediante las cuales el Ministerio creó una reserva temporal y otra reserva definitiva en zonas del municipio de California (Santander), al considerar que están sustentadas en estudios que calificó como "amañados". En ese sentido, afirmó que ya presentó denuncias contra funcionarios y profesionales que participaron en la elaboración de dichos estudios."Seguiremos en pie de lucha defendiendo a Colombia, a Bucaramanga y a Santander de decisiones que consideramos ilegales y arbitrarias", manifestó.El origen de la controversiaLas declaraciones de Asomineros se producen luego de que el Ministerio de Ambiente anunciara la implementación de la metodología nacional de delimitación progresiva para los páramos de Colombia, cuya primera aplicación será en Santurbán.La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, explicó que la medida busca fortalecer la protección del sistema hídrico que abastece de agua a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Como parte de la estrategia también fueron anunciadas nuevas áreas de reserva para enfrentar la minería ilegal y proteger ecosistemas estratégicos.Sin embargo, más de 20 organizaciones campesinas, 136 juntas de acción comunal y siete asociaciones mineras de Soto Norte expresaron su rechazo a la decisión, al considerar que una delimitación parcial del territorio contradice la posición jurídica que anteriormente había sostenido el propio Ministerio ante el Tribunal Administrativo de Santander y podría incumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017.Por su parte, organizaciones ambientalistas respaldaron la iniciativa del Gobierno Nacional al considerar que permitirá avanzar en la protección del páramo y del recurso hídrico, aunque insistieron en que debe ir acompañada de acciones contundentes contra la minería ilegal y de inversiones sociales para las comunidades de Soto Norte.El debate sobre la delimitación de Santurbán continúa abierto y se espera que en los próximos días se desarrollen nuevas jornadas de concertación y pronunciamientos tanto de las comunidades como del Gobierno Nacional, en medio de un proceso que sigue generando profundas divisiones entre sectores ambientales, campesinos y mineros.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
Saber qué hacer y cómo reacciona el cuerpo tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia es clave para recuperar la tranquilidad. El evento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Frente a sensaciones físicas persistentes como la percepción de que el suelo se sigue moviendo, Denisse Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, explicó las causas médicas de este fenómeno y estructuró pautas de manejo emocional.Qué es el síndrome de mareo postsismoLa especialista señaló que manifestaciones como mareo, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o temor a ingresar a edificios responden a una activación del sistema de alarma del cuerpo para protegerse.De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por la revista científica PLOS ONE sobre los terremotos de Kumamoto (Japón, 2016) citado por la institución, de 4.231 personas encuestadas, 1.543 mantuvieron la sensación de mareo posterior al evento. Este fenómeno combina la respuesta del oído interno, encargado del equilibrio, el sistema nervioso y factores emocionales como la ansiedad.Las réplicas del movimiento telúrico reactivan temporalmente la vigilancia del organismo, por lo que la calma suele retornar de forma paulatina.Cinco consejos psicológicos tras el temblor de 7.4Para controlar la respuesta de alerta sin descuidar las medidas de prevención ante posibles réplicas, Morales entregó cinco recomendaciones prácticas:Anclar el cuerpo: sentarse con ambos pies apoyados firmemente en el piso, fijar la vista en un punto fijo de la pared y nombrar en voz alta cinco objetos a su alrededor para devolver estabilidad al cerebro.Alargar la exhalación: inhalar contando hasta cuatro y expulsar el aire lentamente contando hasta seis. Repetir la secuencia durante dos minutos para bajar las pulsaciones del corazón.Limitar el uso del teléfono celular: revisar de forma puntual las fuentes oficiales del SGC y la UNGRD, evitando la sobreexposición a imágenes o videos de la emergencia que incrementen la ansiedad.Hablar con claridad a los niños: explicarles con palabras sencillas lo ocurrido y las acciones a seguir si vuelve a temblar, manteniendo las rutinas habituales de alimentación y sueño.Estructurar un plan de acción: Definir un punto de encuentro familiar, despejar las vías de evacuación de la vivienda y alistar una maleta de emergencia con agua, botiquín, linterna, radio y documentos.¿Cuándo solicitar atención médica o psicológica?El análisis académico establece que se debe buscar ayuda profesional si los síntomas no ceden al cabo de una semana; si la persona no logra dormir, comer o laborar; si existe evasión a ingresar a inmuebles o si un menor de edad registra regresiones conductuales.Asimismo, si el mareo se acompaña de vómito intenso, zumbidos constantes o pérdida de audición, la recomendación es acudir a valoración médica para descartar cuadros de vértigo y evitar la automedicación.El Ministerio de Salud cuenta con la línea gratuita 106 para atención en salud mental las 24 horas, mientras que las emergencias inmediatas se atienden a través del número 123.
Como consecuencia del terremoto registrado en Colombia y con el propósito de proteger la integridad de colaboradores, empresarios y usuarios, las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura modificaron temporalmente la atención presencial en sus sedes. La medida se mantendrá mientras se adelantan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las reparaciones locativas que sean necesarias.La decisión fue adoptada en el marco de lo establecido por la Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que permite a las cámaras de comercio modificar temporalmente la atención presencial cuando se presentan circunstancias extraordinarias o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, la normativa establece que estas entidades deben garantizar la continuidad de los servicios mediante sus canales virtuales e informar oportunamente a los usuarios y a la autoridad de supervisión sobre cualquier modificación en la prestación del servicio.Por esta razón, los servicios registrales y demás trámites a cargo de las Cámaras de Comercio no quedan suspendidos. Los empresarios y ciudadanos podrán continuar realizando sus diligencias a través de los canales virtuales habilitados por cada entidad, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.La modificación temporal de la atención presencial aplica para las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura. En cada una de estas ciudades se adelantan las respectivas verificaciones técnicas para establecer si las instalaciones presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico y determinar las condiciones necesarias para retomar la atención al público de manera segura.De acuerdo con la información suministrada por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, la atención presencial será restablecida una vez finalicen las inspecciones y se compruebe que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cualquier cambio en los horarios o en las condiciones de atención será comunicado por cada Cámara de Comercio mediante sus canales oficiales.Finalmente, la Red de Cámaras de Comercio recomendó consultar los sitios web y las redes sociales oficiales de cada entidad para conocer el estado de la atención presencial y acceder a los canales virtuales disponibles para realizar trámites y servicios mientras se normaliza la atención en las sedes físicas.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este lunes, 10 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19.Super Balota: 14.Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09.Super Balota: 03.¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este lunes, 10 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el miércoles, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
El sorteo número 586 de MiLoto, jugado este lunes, 10 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $450 millones de pesos.A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores de MiLoto 10 de agosto (Sorteo 586)La combinación ganadora del sorteo 586 de este lunes 10 de agosto de 2026 fue: 02 - 19 - 14 - 29 - 08.¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
