En plena dinámica de movilidad durante el puente festivo hay dificultades para el tránsito en el Bajo Cauca antioqueño por manifestaciones que en las últimas horas mineros informales han protagonizado sobre la troncal a la Costa Caribe en jurisdicción del municipio de Cáceres.La situación se registra a la altura del kilómetro 47+400, en el sector conocido como Guarumo, donde un grupo de personas con troncos, piedras y diferentes elementos de gran tamaño han bloqueado el paso de vehículos expresando su malestar por supuestos incumplimientos de parte de la fuerza pública con recientes operativos en los que han incautado y destruido insumos y maquinaria para el desarrollo de sus labores.No obstante, la preocupación sobre la movilización ha venido de parte del gremio del transporte de carga. Colfecar denunció que en medio de estas vías de hecho varios conductores han sido obligados a atravesar sus vehículos “como herramienta de presión o escudo”.“Solicitamos a las autoridades nacionales, departamentales y a la Fuerza Pública intervenir para salvaguardar la integridad de los conductores, recuperar la movilidad y evitar nuevas afectaciones al transporte de carga y al abastecimiento del país”, indicó la entidad por medio de un pronunciamiento en su cuenta de X.Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, pidió el respeto por sus vidas, vehículos y mercancías."Le pedimos a todas las partes que garanticen tanto la vida como la integridad de los conductores de los camiones, y que se respete precisamente el patrimonio de los propietarios de los camiones, que son sus propios vehículos, y que se respete, de igual manera, la mercancía que están transportando", puntualizó.Como vía alterna para llegar hasta el norte del país se encuentra el corredor que comunica a Medellín con el municipio de Zaragoza, sin embargo, habitantes de Yarumal o Santa Rosa de Osos que pretendan llegar hasta el Bajo Cauca deberán hacerlo tomando Vías del Nus y posteriormente la recientemente inaugurada Autopista Conexión Norte.
Una nueva controversia política se desató entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por cuenta de la entrega de títulos mineros que comprometen 9.832 hectáreas para explotación de oro a una multinacional china en el occidente del departamento.La discusión comenzó porque el gobernador Rendón cuestionó lo que calificó como una contradicción entre el discurso del presidente y las decisiones de su administración, advirtiendo que municipios como Buriticá, Giraldo y Cañasgordas quedarían sin áreas disponibles para procesos de formalización de minería local, mientras que a su juicio empresas legalmente constituidas y colombianas tienen aprobadas áreas menos extensas.El mandatario llamó “discurso de balcón el de Petro” y cuestionó que la decisión se conociera a pocos días de las elecciones a la presidencia."Mineros S.A. tiene solo habilitados 1.000 hectáreas para explotar minería de oro básicamente en el Bajo Cauca, y él le acaba de entregar a una multinacional china, le acaba de entregar 10.000 hectáreas entre Buriticá, a Cañasgordas y Giraldo. Por dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la coherencia de él?", cuestionó el mandatario regional.En respuesta, el presidente Petro aseguró en su cuenta de X que “la entrega de esos títulos los hizo la misma Gobernación de Antioquia en tiempo pasado”, rechazando así las acusaciones del gobernador.Sin embargo, el mandatario paisa replicó nuevamente y elevó el tono del debate, asegurando no solo que “primero cae un mentiroso que un cojo”, sino que fue durante el actual Gobierno cuando se aprobaron esos títulos mineros y afirmó que desde 2023 el Gobierno Nacional retiró al departamento la delegación minera, por lo que el ente departamental no tiene capacidad de decisión sobre esos procesos.Además, cuestionó que mientras se autorizan nuevas concesiones mineras, los pequeños mineros continúan esperando la prometida formalización por parte del Gobierno nacional.
Cuatro mineros murieron tras una explosión ocurrida en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, en Cundinamarca. La emergencia se registró en la tarde de este sábado y las labores de rescate finalizaron hacia las 2:23 de la madrugada de este domingo con la recuperación de los cuerpos.En las últimas horas, las autoridades confirmaron el fallecimiento de los trabajadores, identificados como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.Tras conocerse la emergencia, al sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, personal médico en ambulancias, organismos de socorro, integrantes del Grupo de Rescate Minero, efectivos de la Policía de Cundinamarca y funcionarios de la Alcaldía de Cucunubá, quienes trabajaron de manera coordinada durante varias horas en las labores de búsqueda y recuperación.A través de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó que desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se mantuvo comunicación permanente con las autoridades municipales y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de la tragedia.“Al finalizar la tarde de este sábado se ha presentado una explosión en la mina #LasQuintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de #Cucunubá. Por ahora se reportan cuatro trabajadores atrapados: Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López. En el lugar ya hacen presencia unidades de Bomberos de Ubaté, ambulancias con personal médico y organismos de atención de emergencias, además del Grupo de Rescate Minero, la @PoliciaCmarca y la Alcaldía Municipal, apoyando las labores de búsqueda y rescate. Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (@RiesgosCundi) mantenemos comunicación permanente con el municipio y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de esta emergencia”, había escrito el mandatario departamental.Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas de la explosión ocurrida al interior de la mina.Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, Subestación Cucunubá, confirmó que el accidente se produjo por una explosión al interior de la mina y que los trabajadores se encuentran sepultados a 500 metros. La entidad reiteró que el equipo de Salvamento Minero permanece en el sitio con apoyo del CRUE de Cundinamarca, la Policía, ambulancias de la zona y la administración municipal.
Las autoridades de Bucaramanga intensificaron la ofensiva contra la minería ilegal en la escarpa occidental de la ciudad, una problemática ambiental que, según la administración municipal, sigue generando graves afectaciones sobre los ecosistemas y zonas de protección.En lo corrido de 2026, las autoridades han realizado 11 operativos contra estructuras dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros y materiales de construcción, dejando un saldo de 27 personas capturadas.El secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Frattali, aseguró que estas actividades ilegales están causando daños ambientales de gran impacto en la ciudad.“Lastimosamente, nuestra escarpa occidental se está viendo afectada por esta minería ilegal y criminal”, afirmó el funcionario al advertir sobre las consecuencias que estas prácticas generan sobre el terreno y el equilibrio ambiental de la zona.La escarpa occidental de Bucaramanga es considerada un área estratégica por su importancia ambiental y geológica. Durante años, las autoridades han alertado sobre riesgos relacionados con remoción de tierra, erosión y posibles emergencias derivadas de explotaciones clandestinas que se realizan sin licencias ni controles técnicos.De acuerdo con la Alcaldía, los operativos han sido desarrollados de manera conjunta entre la Secretaría del Interior, la Policía y otras entidades encargadas de la protección ambiental y judicialización de delitos ecológicos.Las autoridades señalaron que el objetivo no solo es realizar capturas, sino avanzar en procesos judiciales contra quienes promueven estas actividades ilícitas. “Vamos a trabajar de la mano con nuestra Fiscalía General de la Nación para judicializar a estas personas”, agregó Pinto Frattali.La administración municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con minería ilegal, especialmente en sectores cercanos a la escarpa occidental, donde continúan las acciones de vigilancia y control para frenar el deterioro ambiental.
La tragedia ocurrida en una mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca, que dejó nueve mineros fallecidos, ha puesto en el centro del debate las condiciones de seguridad en la actividad minera. Aunque las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas, autoridades, organismos de socorro y testimonios locales coinciden en que una explosión subterránea, posiblemente relacionada con acumulación de gases, habría desencadenado el desastre.De acuerdo con Jimmy Soto, vicepresidente de seguimiento y control de la Agencia Nacional de Minería (ANM) aún no hay conclusiones definitivas sobre lo ocurrido.Mina legal, pero con recomendaciones pendientesUno de los elementos que más ha generado controversia es que la mina contaba con título legal y, según la ANM, cumplía con los requisitos técnicos y ambientales exigidos. “Era un título minero que cumplía con todas las condiciones de orden técnico, con PTO aprobado y su instrumento ambiental aprobado”, explicó Soto.Sin embargo, una inspección realizada el pasado 9 de abril había dejado recomendaciones claras en materia de seguridad. Entre ellas, la necesidad de reforzar la inertización —proceso clave para reducir el riesgo de explosiones por polvo de carbón— y la hermetización de zonas abandonadas donde podrían acumularse gases como el metano.Aunque Soto aseguró que “la medición de gases estaba dentro de los límites permisibles”, también reconoció que se emitieron instrucciones para fortalecer las condiciones de seguridad. Este punto abre interrogantes sobre si dichas recomendaciones fueron implementadas a tiempo o de manera adecuada.Posible acumulación de gas metanoDesde el terreno, las primeras hipótesis apuntan a una explosión generada por acumulación de gas metano en las profundidades del socavón. El alcalde de Sutatausa, Jhonatan Ojeda, indicó que los mineros se encontraban a profundidades de hasta 600 metros bajo tierra y que “al parecer sí hubo una explosión”.Aunque el mandatario local reconoció no ser experto en minería, confirmó que entre los socorredores se mencionaba la posibilidad de gases acumulados como detonante del siniestro. “Eso era lo que uno escuchaba el día de ayer de los socorredores”, señaló.La combinación de polvo de carbón y gas metano es ampliamente conocida como uno de los mayores riesgos en minería subterránea, lo que refuerza la importancia de los sistemas de ventilación y control ambiental.Atención a los heridos: estado de saludTras la emergencia, seis mineros heridos fueron trasladados al Hospital de Ubaté. El gerente de la institución, Luis Alfredo Niño, confirmó que “cinco de ellos están estables y uno requirió traslado a la Fundación Santa Fe de Bogotá para atención de alta complejidad”.El equipo médico continúa evaluando la evolución de los pacientes, mientras las autoridades locales han desplegado apoyo psicosocial para las familias afectadas por la tragedia.Economía minera y riesgos estructuralesEl accidente también reabre el debate sobre la dependencia económica de la región frente a la minería. Según el alcalde Ojeda, cerca del 90% de la economía de la provincia de Ubaté gira en torno a esta actividad, lo que dificulta una transición hacia otros sectores productivos.“Las personas prefieren irse a ganar algo más para el sustento de sus familias en la mina que en el campo”, explicó, evidenciando la presión social y económica que mantiene vigente esta práctica pese a sus riesgos.Investigación en curso y responsabilidadesLa ANM anunció que ya prepara un equipo investigador que tendrá un plazo aproximado de 30 días para entregar conclusiones sobre las causas del accidente. Este informe será clave para determinar si hubo fallas en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas o negligencias en la operación de la mina.“Tenemos que adelantar la investigación para entender cuáles fueron las causas de la explosión”, reiteró Soto.Mientras tanto, la tragedia de Sutatausa deja en evidencia la delgada línea entre la legalidad de una operación minera y la efectividad real de sus medidas de seguridad, así como la necesidad urgente de reforzar los controles en un sector históricamente marcado por accidentes.
Se van conociendo más detalles relacionados con la tragedia que ocurrió en la mina de Sutatausa, Cundinamarca, que cobró la vida de nueve mineros este 4 de mayo. La Agencia Nacional de Minería (ANM) reveló que advirtió hace menos de un mes algunas falencias en la operación de la mina, lo que significaba un riesgo en la seguridad de los trabajadores.Vale recordar que esta fatal emergencia, registrada en la mina operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., involiucró en total a 15 trabajadores. De ellos, nueve fallecieron en el lugar, mientras que seis fueron rescatados con vida y trasladados al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben atención médica.Falencias identificadas en la minaSegún afirmó la ANM, el pasado 9 de abril realizó una visita técnica a la mina, en la que emitió recomendaciones específicas para mejorar la seguridad. Entre los hallazgos, la entidad advirtió sobre la necesidad de fortalecer los procesos de inertización debido a la presencia de polvo de carbón, así como instalar barreras en puntos críticos como tolvas y zonas de transferencia.Además, el informe técnico señalaba la urgencia de hermetizar completamente labores abandonadas, donde se detectaron emanaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar acumulaciones peligrosas. También se recomendó incluir de manera más rigurosa en la matriz de riesgos aspectos relacionados con explosiones, derrumbes y control del polvo de carbón."Como lo ha alertado la ANM en sus visitas de inspección, los depósitos de carbón pueden presentar acumulación de gases, como metano, así como concentraciones de polvo de carbón, lo que exige la implementación de sistemas de ventilación adecuados y controles permanentes para mitigar riesgos al interior de las labores mineras", se lee en el documento.Por ahora avanzan las investigaciones por parte de las autoridades competentes para determinar lo sucedido, pero la primera hipóstesis de la explosión en la mina es la acumulación de gases, como lo informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en su cuenta de X.
Lamentablemente se confirmó una tragedia en el municipio de Sutatausa luego de la explosión que se registró al interior de una mina en la tarde de este lunes, 4 de mayo. Las autoridades confirmaron la muerte de nueve mineros luego de presentarse esta emergencia en la mina La Ciscuda, operada por la empresa Carbonera Los Pinos S.A.S., dejando además a otros seis trabajadores heridos que lograron ser rescatados con vida.De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), la emergencia involucró a un total de 15 trabajadores. Tras varias horas de labores de rescate, seis de ellos fueron evacuados y trasladados al Hospital Regional de Ubaté, donde actualmente reciben atención médica. La entidad confirmó que los otros nueve mineros fallecieron en el lugar como consecuencia de la explosión.Equipos especializados de Salvamento Minero, coordinados por la ANM, atendieron la emergencia desde los primeros momentos, liderando las tareas de búsqueda, rescate y verificación en la zona. La entidad expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y lamentó profundamente lo ocurrido.Durante la emergencia, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó a través de su cuenta en X que varias ambulancias estaban listas en el lugar para trasladar a los mineros rescatados durante el proceso.Hubo una visita previaSegún información oficial, la ANM había realizado una visita técnica a esta operación minera el pasado 9 de abril, en la que emitió varias recomendaciones para reforzar la seguridad. Entre ellas, se destacaban la necesidad de mejorar los procesos de inertización para controlar el polvo de carbón, instalar barreras en puntos críticos y avanzar en la hermetización de labores abandonadas donde se detectaron emanaciones de gases como metano.Precisamente, la acumulación de gases inflamables y polvo de carbón es uno de los principales riesgos e hipótesis sobre esta tragedia en el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, avanzan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.
n medio del desarrollo del Congreso de Expominas en Medellín, el sector minero colombiano volvió a encender el debate nacional sobre el futuro de esta industria estratégica. Durante el encuentro, que reunió a más de 3.500 asistentes en Plaza Mayor, líderes del gremio hicieron un llamado directo al Gobierno y a la sociedad para replantear el papel de la minería en el país.Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), fue enfático al señalar que Colombia debe tomar una decisión estructural sobre su modelo económico: “tenemos que sincerarnos, vernos a los ojos con tranquilidad y de una vez por todas tomar la decisión de ser un país minero”.El pronunciamiento se da en un contexto político complejo, marcado por tensiones entre el Gobierno nacional y el sector extractivo, especialmente frente a políticas que han buscado limitar la explotación de recursos naturales.La minería como motor económico: cifras y argumentosUno de los principales ejes del discurso del gremio es el impacto económico de la minería en Colombia. Según Nariño, aunque la actividad minera solo se desarrolla en el 1% del territorio nacional, su alcance en la economía es significativo: “genera 14 billones de pesos en compras al tejido empresarial colombiano”.Este dato busca reforzar la idea de que la minería no solo implica extracción de recursos, sino también la articulación de cadenas productivas que benefician a pequeñas y medianas empresas en todo el país.Sin embargo, el panorama actual no es alentador. El presidente de la ACM advirtió sobre una fuerte caída en la inversión extranjera directa en el sector: “decreció una cifra alarmante, menos 86% según las últimas cifras del DANE”. Además, subrayó que la industria minera ha sido una de las más afectadas por políticas recientes, registrando una contracción del 8,6%, lo que, según el gremio, pone en riesgo el empleo y el desarrollo regional.El carbón en el centro del debate energéticoTransición energética vs. realidad globalUno de los puntos más controvertidos abordados durante la entrevista fue el papel del carbón en la transición energética. Nariño defendió su relevancia en el contexto internacional, afirmando que el mundo continúa dependiendo de este recurso: “la humanidad consume unas 8.800 millones de toneladas de carbón anualmente”.En contraste, Colombia produce cerca de 55 millones de toneladas, una cifra que, según el dirigente, es marginal a nivel global pero crucial para la estabilidad económica nacional.“El mundo pestañea y las vuelve a producir”, aseguró, al tiempo que advirtió que reducir la producción local podría afectar las finanzas de varias regiones y disminuir los ingresos por regalías. Este argumento se enfrenta a las políticas gubernamentales que promueven la descarbonización y la reducción del uso de combustibles fósiles, en línea con compromisos internacionales frente al cambio climático.Seguridad jurídica e inversión: el reclamo del gremioFallos judiciales y confianza empresarialOtro tema clave fue la necesidad de garantizar estabilidad jurídica para atraer inversión. Nariño destacó decisiones recientes de la Corte Constitucional como señales positivas: “da alivio que las instituciones funcionen y que las instituciones defiendan su función”.El líder gremial criticó lo que calificó como una “ambición regulatoria” excesiva en los últimos años, señalando que múltiples decretos, impuestos y reformas han generado incertidumbre en el sector. “Colombia ha sacado esa misma regulación pero para alejar la inversión”, afirmó, en contraste con otros países que, según él, han fortalecido condiciones para atraer capital minero.Minería formal vs. ilegal: un desafío estructuralEl debate también incluyó la creciente preocupación por la minería ilegal, especialmente en la extracción de oro. Según cifras citadas por Nariño, “el 80% de la minería de oro que hoy sale del país es extracción ilícita”.Esta situación, advirtió, no solo representa un problema económico, sino también ambiental y de seguridad, al estar vinculada con el financiamiento de organizaciones criminales.En ese sentido, el presidente de la ACM lanzó una advertencia clara: si la minería formal se debilita, el vacío podría ser ocupado por actividades ilegales. “Si no es a través de la institucionalidad privada, pues se hace con la profunda ilegalidad que tanto daño hace”, señaló.
Las celebraciones de la Semana Santa se vieron empañadas en el Nordeste de Antioquia por un accidente minero ocurrido en las últimas horas en el municipio de Remedios.La administración municipal confirmó la muerte de tres personas dedicadas a estas labores en una mina del corregimiento Santa Isabel. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Buitrago Beltrán, Eliecer José Arcia Jaramillo y Junior Jaramillo Fernández, este último oriundo del municipio de Nechí.Aunque lo ocurrido al interior del socavón es materia de investigación por parte de las entidades competentes, preliminarmente se ha podido conocer que una de las principales hipótesis está relacionada con la inhalación de gases tóxicos que se acumularon en el lugar.A través de un comunicado la Alcaldía de Remedios informó que tras enterarse de la emergencia la atendieron por medio de la secretarías de Minas y Medio Ambientes, así como diferentes organismos de rescate.“Nuestros pensamientos y oraciones están con Santa Isabel en esta semana de reflexión”, destacó en su mensaje la administración municipal.Tras lograr la extracción del sitio de la emergencia y los respectivos procedimientos forenses que permitan avanzar en las investigaciones de lo ocurrido, se espera que los cuerpos de los tres mineros sean entregados a sus familiares para ser despedidos.
Otra preocupación en Segovia por cuenta de las extorsiones del Clan del Golfo: fuera de los desplazamientos en la ruralidad, en zona urbana denuncian que exigen el 10% de ganancias a cada minero.El desplazamiento de 11 personas hacia el casco urbano, sumadas a las 250 que salieron de sus viviendas el mes pasado, por la violencia, no es el único problema que enfrenta el municipio de Segovia.El personero, Hambler Patiño, advirtió que la abundante presencia de oro en la región ha mantenido históricamente los problemas de violencia, que no solo se registran en las zonas rurales sino también dentro del casco urbano, donde hay presiones económicas contra la actividad minera.Según denunció, integrantes del llamado Clan del Golfo estarían exigiendo un pago del 10 % sobre las actividades mineras que se desarrollan en la región, lo que estaría afectando tanto a grandes empresas como a pequeños mineros.“en el casco urbano todas las minas pues en este momento tienen un clamor porque al parecer estos señores del Clan del Golfo ya están exigiendo un 10% de todas las actividades mineras que se hacen en la región, entonces se sientan a negociar pero tienen un bastión económico en nuestra región”, contó.Patiño señaló que, aunque en ocasiones los hechos violentos en el campo son los que generan mayor visibilidad, los enfrentamientos y las presiones de grupos armados continúan siendo una constante en el territorio.“Es un municipio que le aporta demasiado a este país en la cuestión mineras y sabemos desde que haya oro en esta región, pues no va a amainar la violencia. La guerra la estamos pagando nosotros mismos en la región y no tiene sentido. Necesitamos acciones en lo rural y necesitamos acciones en lo urbano, con grupos de inteligencia, con grupos más sofisticados para poder atacar la extorsión”, agregó.Finalmente, el representante del Ministerio Público explicó que en Segovia podrían existir más de 1.800 minas y que, con ese cobro, los grupos ilegales estarían recaudando entre 10.000 y 15.000 millones de pesos mensuales, recursos que a su juicio terminarían financiando la guerra.Ante esta situación, el personero pidió al Gobierno nacional y departamental fortalecer la presencia de fuerza pública e inteligencia, con acciones tanto en lo rural como en lo urbano para enfrentar la extorsión y las amenazas.
La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza sigue despertando preocupación en Bogotá. Mientras las investigaciones avanzan por el caso de la mujer de 52 años, familiares y personas cercanas a la estilista emprendieron búsquedas por cuenta propia en distintos sectores de la ciudad ante la falta de respuestas.Yulixa fue vista por última vez luego de someterse a un procedimiento estético de lipólisis en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia.Con el paso de los días, nuevas versiones y movimientos sospechosos alrededor del caso incrementaron la preocupación de sus allegados.Familiares buscan pistas cerca del río TunjuelitoUna de las revelaciones que más inquietud generó tiene que ver con la búsqueda adelantada en las inmediaciones del río Tunjuelito, específicamente en el sector de Timiza.De acuerdo con declaraciones entregadas por una amiga de la mujer a varios medios, personas cercanas a Yulixa decidieron concentrar las búsquedas en este lugar debido a supuestos movimientos que relacionarían al spa con esa zona.“Un grupo de amigas comenzamos la búsqueda por el sector del río Tunjuelito”, relató una de las personas cercanas a Yulixa.Según testimonios conocidos durante el caso, el establecimiento estético habría funcionado anteriormente cerca de ese punto del sur de Bogotá, razón por la cual decidieron inspeccionar los alrededores.Caso de Yulixa Toloza sigue rodeado de dudasLas investigaciones preliminares también apuntan a varios movimientos sospechosos ocurridos la noche del 13 de mayo, fecha en la que desapareció la mujer.Familiares denunciaron que desde el celular de Yulixa se enviaron mensajes que aparentaban normalidad, pese a que, según sus allegados, ella no estaba en condiciones físicas de comunicarse.Además, versiones conocidas durante la investigación señalan que la propietaria del centro estético habría abandonado el lugar cargando varias maletas horas después del procedimiento.Policía continúa con la investigación en BogotáLa desaparición de Yulixa Consuelo Toloza generó debate sobre las denuncias relacionadas con centros estéticos clandestinos en la ciudad.Hasta el momento, la Policía Nacional de Colombia confirmó que el caso sigue bajo investigación y que continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido en el establecimiento ubicado en Venecia.
Las constantes denuncias por piques ilegales, exceso de velocidad y maniobras temerarias en la avenida Las Palmas, mantienen en alerta a las autoridades de Medellín ante el riesgo de accidentes y las afectaciones a la movilidad en uno de los corredores viales más transitados entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.Frente a esta problemática, la Alcaldía de Medellín intensificó los operativos de control en articulación con la Policía y el Ejército Nacional, con el propósito de frenar las conductas que ponen en peligro a conductores, motociclistas y peatones.En lo que va de 2026 se han realizado 53 intervenciones en la avenida Las Palmas. Como resultado de estos procedimientos, las autoridades han impuesto 649 comparendos a motociclistas y 254 a conductores de vehículos particulares.Además, fueron inmovilizadas 151 motos y 36 carros por infracciones relacionadas con exceso de velocidad, maniobras peligrosas, conducción en estado de embriaguez y modificaciones no autorizadas en los automotores.Sobre los piques y carreras ilegales, el secretario de Movilidad del distrito, Pablo Ruiz, señaló que están identificados los perfiles de quiénes estarían promoviendo estas prácticas, varios de ellos influencers, que podrían tener hasta sanciones penales."Quienes promuevan, participen o faciliten estas prácticas irresponsables serán denunciados penalmente, y activaremos todas las demás instancias legales y contravencionales en articulación con la Policía Metropolitana", afirmó Ruiz.El funcionario destacó que los controles, articulados con administraciones de Envigado y Rionegro, continuarán especialmente en puntos críticos donde durante las noches y madrugadas se presentan congestiones, competencias ilegales y situaciones que elevan el riesgo de siniestros viales.
Autoridades en Medellín han capturado este año a más de 50 personas por atacar a funcionarios públicos. La Alcaldía reconoció que la orden es que se proceda con todo el peso de la ley ante estas situaciones.Recientemente se han conocido casos de agentes de tránsito que han sido agredidos por ciudadanos en Medellín, situación que ha provocado el rechazo contundente de la Alcaldía y le pidió a la población civil, “total respeto a nuestras autoridades y a nuestros funcionarios públicos”.Las autoridades en la capital de Antioquia indicaron que no van a permitir que ni agentes de tránsito, ni policías, ni funcionarios públicos sean golpeados en procedimientos u otros tipos de situaciones en donde quede en duda la institucionalidad, por lo que se ha pedido que se procedan con todo el peso de la ley ante cualquier caso de agresión.El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, insistió que no solamente se han pedido capturas, sino que también se realizan operativos en las zonas donde los funcionarios públicos son agredidos por personas del común o delincuentes."Ya lo que va corrido del año van más de 50 capturados por agresiones a servidores públicos. La invitación es a que la autoridad se respete, a que la ley se cumpla. Ahí está la autoridad, es para velar por los intereses de todos los ciudadanos", dijo Villa.Por su parte, Villa mencionó que se debe tener en claro que los funcionarios públicos deben cumplir con sus labores con apego a la ley, sin que esto exima a que posibles actuaciones irregulares sean objeto de agresiones en diferentes circunstancias.Uno de los últimos casos ocurrió en inmediaciones de la Terminal del Norte en donde dos agentes de tránsito fueron atropellados por un hombre que intentó evadir un control de las autoridades en esta zona del Norte de la capital de Antioquia.
La Personería de Medellín pidió a la administración distrital fortalecer el plan de acción frente a las lluvias. Desde el Ministerio Público resaltaron la necesidad del monitoreo y limpieza de ríos y quebradas, así como mantener actualizados mapas de riesgosPese a que en el corto y mediano plazo pronósticos del Ideam indican para Medellín y Antioquia un intenso fenómeno de El Niño con temperaturas superiores al promedio histórico, el cambio climático y las variaciones que pueden registrarse con eventos de precipitación siguen generando preocupación en autoridades de la capital antioqueña.Así lo evidenció la Personería de Medellín quien solicitó a la administración de la ciudad fortalecer acciones preventivas para evitar tragedias.La agencia del Ministerio Público emitió una alerta preventiva ante las consecuencias evidenciadas en los últimos meses derivadas de las lluvias como inundaciones, crecientes súbitas y caída de árboles.En ese sentido, solicitaron a autoridades ambientales intensificar la limpieza de quebradas y sumideros, mantener actualizados mapas de riesgo y reforzar la estrategias de prevención y pedagogía comunitaria frente a la gestión de emergencias."Emitió una alerta institucional. Hemos identificado que en el año 2025 y en el primer trimestre del 2026 se presentaron precipitaciones de lluvia muy intensas, desbordamientos de quebradas, generando consecuencias a bienes y, sobre todo, a ciudadanos", dijo Manuel Alejandro Carvajal, personero delegado.La entidad también reiteró la corresponsabilidad que los ciudadanos tienen en las acciones frente a la prevención de emergencias originadas por lluvias.Por eso, solicitaron evitar arrojar residuos a quebradas y espacios públicos, atender oportunamente las alertas y orientaciones de las autoridades, pero también reportar oportunamente cualquier situación que en esta materia pueda ponerlos en peligro.
La Policía Nacional de Colombia reportó un balance positivo en las carreteras del país, pues hasta el momento se han movilizado más de 3 millones de vehículos en pasos peaje y se espera que durante la jornada transite cerca de un millón adicional. Solo en Bogotá han circulado más de 513.000 automotores, mientras que en Cundinamarca la cifra asciende a 855.000 vehículos.En materia de control, la Dirección de Tránsito y Transporte practicó 2.906 pruebas de embriaguez, de las cuales únicamente 9 resultaron positivas, lo que refleja un mayor nivel de responsabilidad entre los conductores.Asimismo, las autoridades impusieron 5.198 comparendos por distintas infracciones a las normas de tránsito, reiterando el llamado a respetar la señalización, portar la documentación al día y adoptar medidas de autocuidado.El teniente coronel Andrés Vaca Camacho destacó que el trabajo articulado entre las autoridades y el comportamiento responsable de los ciudadanos permitió mantener un balance positivo en las vías del país.“Gracias al trabajo articulado entre nuestras autoridades y el comportamiento responsable de la mayoría de los actores viales, hemos logrado un positivo balance de movilidad durante este puente festivo. Continuaremos desarrollando la estrategia ‘No más excusas en la vía’, enfocada en salvar vidas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país”, aseguró.En el marco del Plan Retorno, también fue habilitado el contraflujo entre Melgar y Boquerón para facilitar el regreso hacia Bogotá, mientras la movilidad avanza con normalidad en el resto del corredor vial.