La jueza Claudia Patricia Consuegra, del Circuito Penal de Barranquilla, confirmó la decisión de primera instancia que negó la solicitud de revocar el principio de oportunidad otorgado a Daysuris Del Carmen Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro Burgos y en el que se acordó inmunidad parcial a cambio de declarar contra el hijo del expresidente y entregar pruebas de la presunta recepción de dinero durante la campaña de Gustavo Petro.El recurso de apelación había sido presentado por el abogado Alejandro Carranza, defensa de Petro Burgos y de su pareja Laura Andrea Ojeda, quien buscaba suspender el beneficio a Day Vásquez alegando que había incumplido los compromisos pactados con la Fiscalía.Sin embargo, el juzgado ratificó la decisión, basado en dos razones principales. La primera es que ni Petro Burgos, como coprocesado en la causa, ni Ojeda Estupiñán, como víctima, son competentes para solicitar la revocatoria de un beneficio otorgado a otra persona procesada.Según explicó el despacho, el principio de oportunidad es una herramienta que corresponde de manera exclusiva a la Fiscalía, bajo la revisión del juez de garantías, y cualquier cuestionamiento sobre la credibilidad de quien recibe el beneficio debe plantearse en el juicio oral y no en este trámite.Mientras tanto, la segunda razón fue la extemporaneidad de la solicitud. El despacho señaló que la prórroga del beneficio a Vásquez Castro fue avalada en enero de 2026 por un periodo de prueba de un año, es decir, vence en enero de 2027; luego, el momento adecuado para evaluar el cumplimiento de los compromisos es al finalizar ese plazo, no antes.La juez cree que los derecho de Ojeda están garantizados dentro del proceso independiente que se adelanta ante el Juzgado 23 Penal Municipal por el delito de violación de datos personales, distinto de la causa donde se discute el principio de oportunidad.El juicio contra Nicolás Petro aún no inicia, pues se requiere que el Tribunal Superior de Barranquilla defina las apelaciones sobre más de 800 pruebas, presentadas por la Fiscalía y la defensa.
El próximo 12 de mayo a las 11:00 de la mañana, la pareja de Nicolás Petro Burgos, Laura Ojeda, deberá comparecer ante un juzgado de Barranquilla para atender la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento que la Fiscalía presentará en contra de ella.Ojeda será procesada por el presunto delito de violación de datos personales que habría cometido en contra de Daysuris Vásquez, ex esposa del hijo mayor del Presidente y principal testigo en el caso que se le sigue a Petro Burgos.Justamente, esta imputación da un importante vuelco al proceso que cursa en contra de Nicolás hace tres años, pues ahora su actual pareja también pasa a ser procesada, mientras que su ex, Day Vásquez, se convierte en víctima.Se espera que la próxima semana la Fiscalía revele detalles sobre esta nueva investigación; sin embargo, de manera preliminar ha trascendido que este proceso surge a partir de las evidencias halladas en el celular de Ojeda, luego de que su dispositivo móvil fue incautado durante el operativo de captura de Nicolás, en julio de 2023.En el celular incautado, el ente acusador habría encontrado pruebas que apuntan a que Ojeda habría clonado el teléfono de Day, lo que constituye el mencionado delito a imputar.Vale recordar que, a su vez, Day Vásquez está acusada por presunta violación de datos personales contra Laura Ojeda, pues esta última la denunció por supuestamente haber hackeado sus cuentas electrónicas y mensajes del celular. Esto, a partir del supuesto pago a un tercero para que se encargara de interceptar las comunicaciones de Ojeda y de su amiga Génesis Leal.
Un juez de Barranquilla revocó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que pesaba sobre Daysuris Vásquez, investigada por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidores públicos en concurso con lavado de activos y celebración indebida de contratos. La decisión se produce tras más de dos años desde que fue vinculada al proceso judicial.El fallo fue emitido por el Juzgado Décimo Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, que analizó el comportamiento de la investigada durante el tiempo en que estuvo sometida a la medida. Según el despacho, la exesposa de Nicolás Petro ha cumplido con los requerimientos de la justicia.El juez destacó que, durante dos años y cinco meses, Vásquez mantuvo una conducta adecuada y compareció ante las autoridades cada vez que fue citada. Además, consideró que actualmente no existe riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia que justifique mantener restricciones en su contra.Otro de los elementos evaluados fue el principio de oportunidad firmado entre la investigada y la Fiscalía General de la Nación. Este acuerdo la convirtió en colaboradora dentro del proceso judicial que investiga presuntas irregularidades relacionadas con recursos recibidos por el entorno de Nicolás Petro.Con la revocatoria de la medida de aseguramiento, Daysuris Vásquez recupera plenamente su libertad de movilidad. Esto significa que podrá desplazarse libremente dentro y fuera de Colombia mientras continúa el proceso judicial en su contra.La decisión también abre la posibilidad de que la exesposa de Nicolás Petro participe en actividades políticas si así lo decide, ya que actualmente no tiene restricciones judiciales que limiten ese tipo de actuaciones públicas. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía.
Una mañana de intervención ininterrumpida ha tenido el abogado Alejandro Carranza, donde durante 3 horas y media ha estado alegando sobre las pruebas que, en su criterio, deben ser excluidas del juicio que está próximo a iniciar contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Entre estas, se destaca la solicitud de que sean excluidas del juicio todas las pruebas recolectadas durante la captura del hijo del presidente, ocurrida en julio de 2023 en Barranquilla, por considerar que este procedimiento fue ilegítimo ante la vulneración de derechos humanos que fue cometida contra Laura Ojeda, quien tenía ocho meses de embarazo al momento del procedimiento.El abogado alega que el procedimiento violentó los derechos de Ojeda, siendo que ella fue grabada desnuda en su cama y no fue respetada para que pudiera vestirse. “La filmaron y la humillaron”, dijo Carranza.Pidió al juez Hugo Carbonó que aplicara el enfoque de protección reforzada a mujer embarazada y que no “se premiara” a la Fiscalía al darle validez a lo obtenido durante un procedimiento en el que se habría aplicado constreñimiento.“Como se le pedí en la exclusión, que aplique el enfoque de protección reforzada a la mujer embarazada. Le pido su señoría, el debido proceso y la garantía constitucional. No se puede premiar ni privilegiar a la Fiscalía con esto, no se puede permitir en Colombia el abuso de los derechos humanos para obtener pruebas”, señaló el abogado.En aquel momento fueron incautados $25 millones en efectivo, un computador y el celular de Laura Ojeda, el cual, en consecuencia, piden que también sea excluido del juicio como prueba.Además, el abogado Alejandro Carranza denunció que se perdió la cadena de custodia en el manejo del celular de Daysuris Vásquez, siendo que esta tenía dos celulares al momento de la incautación, pero ella pidió permiso para realizar un traspaso de información antes de entregarlo, lo que habría implicado manipulación en el manejo de la prueba por parte de la testigo, pues ella al final solo entregó un celular de los dos que tenía. Por lo que insiste en que esta prueba sea excluida en el proceso.“Le dice al Fiscal Barahona que va trasladar información de un celular a otro, y que ya le había entregado a la revista Semana. Pregunta esta defensa, ¿dónde quedó la constancia de que el celular no había sido manipulado entre el traslado de la información del celular inicial y la entrega del otro aparato a la Fiscalía?”, manifestó Alejandro Carranza.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
La juez novena penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla avaló la solicitud de la Fiscalía General de la Nación para prorrogar por un año más el principio de oportunidad concedido a Daysurys del Carmen Vásquez Castro, testigo clave en el proceso penal que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La medida, que estaba próxima a vencerse en febrero, se mantendrá bajo las mismas condiciones inicialmente pactadas.Durante la audiencia, la jueza consideró que la prórroga solicitada por el ente acusador cumple con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, al advertir que Vásquez ha cumplido en un 90 % los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de colaboración.En su decisión, el juzgado dispuso “prorrogar por el término de un año el principio de oportunidad bajo la modalidad de suspensión de la acción penal concedida a favor de la señora Daysurys del Carmen Vásquez Castro, manteniendo así todas las condiciones, compromisos y efectos que fueron ya concedidos y que fueron legalizados”.La juez también destacó que la extensión del beneficio resulta clave para garantizar los fines del principio de oportunidad, en especial la conservación de la calidad de testigo de Vásquez. Según explicó, la prórroga “permite preservar la calidad de testigo de cargos, lo cual beneficia a la señora Vásquez y asegura la práctica de una prueba que es de alta relevancia para el establecimiento de hechos que son motivo de investigación” refiriéndose, al caso contra Nicolás Petro.Para la Fiscalía, el testimonio de Vásquez es fundamental dentro del proceso que se sigue contra el hijo mayor del presidente de la República. La fiscal del caso, Lucy Laborde, ha insistido en que la colaboración de la mujer resulta determinante para reconstruir las relaciones sociales y políticas que mantenía su exesposo, así como para esclarecer el origen y destino de los recursos que, presuntamente, recibió de manera irregular.De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, Vásquez se comprometió a entregar información detallada sobre supuestas transacciones, bienes ocultos y patrimonio que, según su versión, Nicolás Petro habría puesto a nombre de terceros. Asimismo, ha ofrecido relatar aspectos de su matrimonio y de los bienes adquiridos durante la relación, los cuales estarían siendo objeto de investigación.Dentro de su colaboración, Vásquez también ha hablado de presuntos contratos suscritos por su exesposo con la fundación Conciencia Social, que, según la Fiscalía, habría sido utilizada como un mecanismo para el lavado de activos.
Después de una extensa jornada, en la que de nuevo hubo varios llamados de atención del juez por la aparente intención de Nicolás Petro Burgos de dilatar la imputación de cargos en su contra, el hijo mayor del presidente no se allanó a ninguno de los cinco delitos que le imputó la Fiscalía por presunta corrupción en contratos.El exdiputado del Atlántico fue imputado por presunto interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. El delito de falso testimonio finalmente fue retirado por la Fiscalía, que se abstuvo de imputarlo tras cuestionamientos de la defensa y la Procuraduría al respecto.Sin embargo, antes de decir que no aceptaba los cargos, Nicolás Petro tomó la palabra por varios minutos para dejar constancia que no le quedó clara la exposición de la fiscal Lucy Laborde, afirmó que la imputación se estuvo corrigiendo y armando durante la diligencia, y que al final solo quedó con una confusión sobre los supuestos roles que él ha tenido en los delitos señalados.Petro Burgos realizó varios cuestionamientos a la fiscal para que ella detallara, entre otras, de qué manera él habría incurrido en el delito de tráfico de influencias sobre la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, para supuestamente quedarse con unos contratos."A mí no me quedó claro, señor juez, cómo, en qué momento yo influí en la gobernadora del Atlántico de ese entonces. A mí nunca se me dijo en qué momento yo, Nicolás Petro, me reuní con el secretario Lacouture para hablar sobre estos temas", manifestó el procesado, no sin antes insistir en mayor claridad. "No aspiro a ningún beneficio, sino que si voy a ser imputado, que sea de manera clara", dijo.Presunta doble incriminaciónEl juez consideró que con este proceso Nicolás Petro no está siendo víctima de un doble juzgamiento; sin embargo, el exdiputado insistió en que sí está bajo un riesgo de doble incriminación y más adelante buscará la preclusión del caso.Nicolás afirmó que los presuntos hechos de corrupción alrededor de los contratos firmados entre la Fundación Fucoso y la Gobernación del Atlántico, por los que ahora fue imputado, son los mismos por los que está a punto de ir a juicio en otro caso e, inclusive, ya figuran en el principio de oportunidad que firmó su ex esposa Daysurys Vásquez y la Fiscalía."No estamos ante hechos nuevos ni ante pruebas nuevas. Estamos ante la misma historia de Fucoso, reenvasada tres veces con roles y montos ajustados según el proceso. Se usó en el principio de oportunidad de la señora Daysurys del Carmen Vázquez y se pactó una reparación de 40 millones de pesos, presentándola a ella como quien administraba y ejecutaba los contratos", aseguró.Las preguntas de Petro Burgos a la fiscal continuaron hasta que el juez ordenó parar estos cuestionamientos, asegurando que tales dudas habían sido resueltas con anterioridad y que no iba a permitir que estas consultas fuesen utilizadas para dilatar la audiencia.Así las cosas terminó la imputación y el próximo martes, a las 8:30 de la mañana, la Fiscalía presentará su solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por este nuevo proceso.
Hasta las instalaciones de la Fiscalía, en el centro de Barranquilla, llegó este jueves Daysuris Vásquez junto con su abogado Alait Freja, para adelantar una diligencia de ampliación de denuncia en contra de Nicolás Petro y su abogado Alejandro Carranza por los delitos de "injuria, calumnia y hostigamiento".Los hechos guardan relación con un dictamen pericial que pretendía usar la defensa de Nicolás para demostrar una supuesta mendacidad crónica de Day Vásquez en el juicio que se le adelanta al hijo del presidente, prueba que el juez rechazó de plano al considerar que “resulta discriminatoria contra la mujer” y “repudia esta clase de dictámenes, más cuando en estos momentos se busca dignificar a la mujer en el proceso penal".Según el abogado Alait Freja, esta situación ha desencadenado, además, en ataques en redes sociales.“Estamos denucniando todo lo que se ha configurado a través de las redes sociales y que ha tenido que sufrir mi defendida la señora Daysuris Vásquez”, expresó el abogado Freja. Lo que pretendía el abogado Alejandro Carranza con el perfilamiento psicológico era demostrar en el juicio que Day, la principal testigo de la Fiscalía, no tenía coherencia en sus declaraciones.La diligencia de ampliación de la denuncia continuará el martes con el aporte de algunos elementos probatorios, señaló la defensa de Vásquez.
Por solicitud de la defensa de Nicolás Petro Burgos fue reprogramada para el jueves 27 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que se definirá la validez del principio de oportunidad que Daysurys Vásquez firmó con la Fiscalía General de la Nación por su implicación en el caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se le sigue al hijo mayor del presidente.Esta audiencia ha sido solicitada por el abogado Alejandro Carranza, defensa de Petro Burgos y quien insiste en que ese acuerdo debe ser suspendido, muy a pesar de que un juez determinó que se ajustaba a la Ley. Sin embargo, la diligencia prevista para este martes, 18 de noviembre, debió aplazarse porque Carranza no tenía la suficiente señal para atender esta audiencia virtual.Le puede interesar: Piden agencia especial para vigilar audiencia de principio de oportunidad a Day VásquezComo se ha informado, para la defensa de Nicolás no es suficiente que Vásquez Castro solo esté investigada por violación de datos personales, pues sostiene que, tras firmar el acuerdo, habría incurrido en "comportamientos" que comprometen "las condiciones objetivas y materiales que justificaron” ese principio de oportunidad.Por su parte, el abogado Alait Freja, representante de Day Vásquez, declaró que buscará demostrar que Nicolás Petro y su defensa no tienen legitimidad para solicitar una revocatoria de este principio.Inclusive, Freja pidió a la Procuraduría asignar una agencia especial de vigilancia para lo que será el reparto del caso o, más claramente, la escogencia del juez que liderará la audiencia.
Para este martes 18 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, fue agendada por el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla la audiencia sobre el principio de oportunidad que existe entre la Fiscalía General de la Nación y la expareja de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, cuya defensa está pidiendo especial vigilancia en la escogencia del juez que liderará dicha diligencia.Manifiesta el abogado Alait Freja que es necesaria una agencia especial que garantice la transparencia en el proceso pues, aunque fue notificado apenas este jueves, no entiende como el abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, ya sabía de la diligencia desde el pasado viernes 7 de noviembre.“Solo hasta el día jueves fuimos notificados los demás sujetos procesales. ¿Cuáles?, pues mi persona como defensor, la Fiscalía y el Ministerio Público. Entonces, eso nos llamó poderosamente la atención, nos puso en una alerta en ese sentido. ¿Por qué esta persona (Alejandro Carranza) tenía un conocimiento exclusivo y con anterioridad acerca de esta diligencia?”, dijo inicialmente.Del mismo modo, el abogado tampoco comprende cómo llegó a suceder esto al no ser Nicolás Petro un sujeto procesal dentro de esta audiencia, pues el caso se está manejando de forma independiente a su judicialización por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, donde dice el abogado Freja que Day Vásquez quedó solo como una testigo.“Este es un proceso que es independiente al proceso de Nicolás Petro, donde a la señora Day Vásquez se le otorgó el principio de oportunidad cuando empezamos en negociación. La unidad procesal se rompió y se derivó proceso donde le dieron el principio de oportunidad”, sostuvo Freja.“Ella dentro del proceso de Nicolás tampoco actualmente es parte, solo es un testigo”, agregó.Recordemos que un juez avaló el principio de oportunidad presentado por la Fiscalía en favor de Day Vásquez, lo que implica una suspensión penal por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.Sin embargo, el mismo togado ordenó que siguiera siendo investigada por violación de datos personales.
Un carro que llegue a la revisión tecnomecánica con luces en mal estado, desalineadas o que no funcionen correctamente puede ser rechazado, ya que se trata de una de las razones comunes de reprobación durante la inspección, que verifica el estado de las luces de parqueo, direccionales, freno, reversa y las delimitadoras o de posición, según dijo ASOCDA a Blu Radio.Y es que el panorama de alto incumplimiento de la tecnomecánica en Colombia no es menor. De los 22.161.912 vehículos matriculados en el país, más de 10 millones evaden actualmente la revisión, según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, mientras que en los últimos cinco años se ha mantenido por encima del 50 % del parque automotor registrado.¿Qué problemas en las luces hacen que rechacen un carro?Entre las fallas que pueden provocar el rechazo están el mal estado, la desalineación o el no funcionamiento de las luces del vehículo.La revisión contempla las luces de:Parqueo.Direccionales.Freno.Reversa.Delimitación.Posición.Por tratarse de elementos utilizados para iluminar la vía o advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo, una falla en estos componentes puede impedir que el carro obtenga el certificado de la tecnomecánica.Por eso, antes de llevar el vehículo al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), es importante comprobar que las diferentes luces funcionen y que no presenten problemas visibles de estado o alineación.¿En qué regiones están rechazando más vehículos en 2026?Las cifras del informe muestran diferencias importantes entre las regiones del país. San Andrés y Providencia registra el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con un 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.Por tipo de vehículo, las motocicletas son las que acumulan el mayor número de rechazos en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la inspección técnica.El panorama contrasta con el nivel de evasión de la revisión. Amazonas registra la tasa más alta del país, con 96,95 % de evasión, seguido por Guainía, con 93,79 %, y Vichada, con 93,42 %.A nivel municipal también aparecen cifras elevadas: Aguachica alcanza 90,93 % de evasión y La Dorada, 74,48 %.¿Qué pasa si rechazan mi carro en la tecnomecánica?Cuando un vehículo es rechazado, el propietario tiene 15 días calendario para corregir los defectos identificados y volver a presentarlo para una segunda inspección.Si en esa segunda revisión el carro vuelve a incumplir los estándares, el propietario deberá pagar nuevamente el costo de la revisión para poder obtener el certificado.También será necesario realizar una nueva revisión completa y asumir nuevamente el costo del procedimiento si el propietario no presenta el vehículo dentro del plazo de 15 días.Por eso, una falla en las luces no debería dejarse para el momento de la inspección: si alguna está dañada, no funciona, presenta problemas de alineación o tiene algún otro defecto, debe corregirse antes de acudir al CDA.¿Cuántos vehículos tienen la tecnomecánica al día?A pesar del nivel de evasión, el número de vehículos que cumplen con la RTMyEC aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026, 3.810.725 vehículos estaban certificados, frente a 3.629.782 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 180.943 vehículos, equivalente al 5 %.La red de CDA cuenta actualmente con 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 líneas mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados.Sin embargo, la infraestructura disponible permanece ampliamente subutilizada. El porcentaje mensual de vehículos inspeccionados frente a la capacidad autorizada no supera el 10,59 %, según el informe.
La Corte Constitucional estableció una serie de condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027, el valor que financia los servicios y tecnologías de salud de los afiliados.En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 reiteró que el Ministerio de Salud debe demostrar, con información técnica y verificable, que los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor.La Corte también advirtió que el cálculo de la UPC no puede limitarse a actualizar valores históricos ni estar determinado únicamente por las restricciones presupuestales. El Ministerio de Salud deberá establecer técnicamente cuánto dinero requiere el sistema para garantizar los servicios y tecnologías financiados mediante esta prima.Además, la Sala ordenó identificar y cuantificar el posible rezago acumulado de la UPC, diferenciándolo de factores como problemas de gestión, ineficiencias o dificultades de flujo de recursos de las EPS.La decisión también involucra al Ministerio de Hacienda, al que se le reiteró la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las órdenes relacionadas con la financiación del sistema de salud.El Ministerio de Salud tendrá que presentar, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe a la Corte con la metodología utilizada, la calidad de la información, la justificación técnica del valor definido para la UPC y el proceso de participación adelantado.La Corte aclaró que este auto no constituye todavía una evaluación de cumplimiento, sino que establece las condiciones mínimas que deberán observarse para la definición de la UPC de 2027.En contexto, la Sala señaló que la decisión se adopta en un escenario de dificultades en el acceso a los servicios de salud y recordó que las tutelas relacionadas con este derecho aumentaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, según los datos citados en la providencia.
Un devastador movimiento telúrico ocurrido el 16 de noviembre de 1827 destruyó por completo el asentamiento original de la población donde se ubicaba el municipio de Chaparral. Al cumplirse 199 años de este evento histórico, el estudio de la amenaza sísmica en esa zona del país mantiene en alerta a la población de Chaparral.Zonas de subducción y acumulación de energíaLos sismos de mayor magnitud a nivel mundial se originan en contextos geológicos específicos, principalmente en las zonas de subducción, donde el choque entre placas tectónicas genera un proceso continuo de acumulación de fricción y energía. La geóloga Martha Calvache habló para la emisora Ecos del Combeiba 790AM sobre la evaluación de las fuentes sismogénicas y la desinformación asociada a este tipo de eventos."Hay muchos estudios, muchas teorías. Cada vez hay más información de cómo esa energía se va acumulando en zonas mucho más propensas a sismos grandes, muy muy grandes, que son, por ejemplo, la zona donde se acumula toda esta energía porque una placa se choca contra la otra, como son las zonas de subducción", explicó la experta.Frente a la idea extendida de que los eventos telúricos se repiten en intervalos fijos de tiempo, el informe de Calvache desmitifica la posibilidad de fijar fechas o plazos exactos:"Se pretende decir muchas veces que cada 50 años ocurre un sismo, que ya va a ocurrir porque son 49 años que han pasado desde ese sismo y entonces ya va a pasar el otro. La naturaleza y los humanos no llegamos a esas precisiones", aseveró.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”.Escuche aquí la entrevista:
