¿Negocio de demandas contra el Estado?: Economistas advierten riesgos del arbitraje internacional

En un movimiento que busca transformar la relación de Colombia con los tribunales internacionales, un grupo de 220 economistas y académicos de prestigio mundial, entre los que destacan figuras como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, han remitido una carta al presidente Gustavo Petro expresando su profunda preocupación por el sistema de arbitraje de inversión.Según los firmantes, este sistema constituye un "serio obstáculo" para la construcción de sociedades equitativas y sostenibles, al permitir que multinacionales prioricen sus ganancias sobre el interés público. Un sistema que limita la capacidad regulatoria del EstadoEl abogado y doctor en Derecho, Enrique Prieto Ríos, uno de los firmantes nacionales, explicó que el problema central no radica en la inversión extranjera per se, sino en cláusulas específicas que permiten a los inversionistas demandar directamente al Estado por acciones soberanas.A diferencia de los pleitos por incumplimiento de contratos, estas demandas suelen originarse por la emisión de leyes, decretos o incluso sentencias de cortes nacionales que afectan las expectativas de lucro de las empresas.Prieto señala que este sistema impone límites a la capacidad regulatoria estatal, obligando al país a invertir, en promedio, 2.5 millones de dólares solo en gastos de defensa por cada proceso, sin importar si el fallo final es favorable o no.El mito de la inversión extranjera y los tratadosFrente a la creencia de que estos tratados son indispensables para atraer capital, Prieto Ríos argumenta que la evidencia empírica del propio Banco Mundial sugiere lo contrario. Los inversionistas priorizan factores como la calidad de los recursos naturales, la estabilidad fiscal, la seguridad y las políticas de apertura económica por encima de la existencia de tribunales de arbitraje, los cuales suelen ocupar puestos marginales (octavo o décimo) en sus prioridades de inversión.Además, se denunció la existencia de "malas prácticas" donde algunos inversionistas llegan a países con cambios normativos previstos no para producir, sino para vender demandas a fondos financieros y ganar dinero mediante litigios, una práctica criticada incluso por el Banco Mundial.Escuche aquí la entrevista: