El exministro Edwin Palma enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por prevaricato por acción luego de haber firmado la resolución que modificó las tarifas del servicio de aseo en Colombia, según documentos conocidos por Blu Radio.
Aunque Palma era ministro de Minas, fue nombrado como ministro ad hoc de Vivienda solo para decidir sobre este tema y lo hizo en los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.
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Según el abogado denunciante Julián Quintana, Palma firmó la Resolución 1040 de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) aun cuando el proceso estaba suspendido.
"La Comisión decidió en una actuación suspendida por recusaciones, y dos de sus decisores, la Directora Ejecutiva Gloria Esperanza Narváez Tafur y el experto Juan Camilo Acevedo Páez, votaron y firmaron mientras estaban pendientes recusaciones dirigidas contra ellos mismos. La presidió y firmó el ministro Edwin Palma Egea, designado justamente por efecto del régimen de impedimentos que exige esa suspensión. La Comisión conocía la regla, pues la había aplicado diez veces y publicado un mes antes", señala el documento.
En la sesión de decisión también habrían participado Irene Vélez Torres, como ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Leydy Johana Morales Carvajal, como subdirectora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social; y Claudia Juliana Portillo Rubio, como subdirectora de Planeación Nacional.
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La respuesta de Palma a la denuncia por la Resolución 1040 de la CRA
"Todo el mundo tiene derecho a denunciar y todo el mundo tiene derecho a defenderse. Nosotros quisimos poner el tema en la discusión para favorecer a usuarios y recicladores, otros quieren ponerlo en favor de los grandes capitales. La justicia dirá si lo hicimos o no lo hicimos bien", dijo el exministro Edwin Palma al ser consultado por Blu Radio.
¿Por qué hay polémica en torno a las tarifas del aseo?
En julio de 2025 el Gobierno de Gustavo Petro se propuso la meta de establecer un nuevo esquema de tarifas para el servicio de aseo, en medio de enormes diferencias con las empresas de ese sector.
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La pelea se extendió prácticamente durante un año y le costó la cabeza al viceministro de Vivienda, Edward Libreros. El expresidente Gustavo Petro despidió a Libreros durante un consejo de ministros televisado y lo acusó de demorar la resolución para favorecer los intereses de Andesco.
Andesco se quejó en su momento de que esa propuesta desconocía costos básicos del servicio, como las bolsas de basura o el salario mínimo, y dijo que se podría comprometer la sostenibilidad financiera del servicio. También denunció que la CRA no hizo públicos los modelos con los cuales estableció las nuevas tarifas.
Tras la llegada al poder de Abelardo De La Espriella, Andesco ratificó todas las críticas y pidió la revocatoria directa de la decisión, una petición que aún no ha tenido respuesta.
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En este momento la Resolución 1040 de la CRA está vigente y tendría efectos a partir de enero de 2027.