Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, el gremio que agrupa a las empresas de servicios públicos, afirmó que la Resolución 1040 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que modifica las tarifas de aseo en Colombia, afectará a 36 millones de colombianos. Lo dijo en entrevista con Mañanas Blu, el mismo día en que se conoció una denuncia penal contra el exministro Edwin Palma, quien firmó la decisión en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro.La denuncia contra Edwin Palma por prevaricatoSegún documentos conocidos por Blu Radio, el abogado Julián Quintana denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Palma por presunto prevaricato por acción. Palma era ministro de Minas, pero fue designado ministro de Vivienda ad hoc solo para decidir sobre las tarifas del servicio de aseo.El denunciante sostiene que la resolución se firmó cuando la actuación estaba suspendida por recusaciones. Según el documento, dos de los decisores, la directora ejecutiva Gloria Esperanza Narváez Tafur y el experto Juan Camilo Acevedo Páez, "votaron y firmaron mientras estaban pendientes recusaciones dirigidas contra ellos mismos". El texto agrega que la Comisión "conocía la regla, pues la había aplicado diez veces y publicado un mes antes".También habrían participado en la sesión Irene Vélez Torres, como ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Leydy Johana Morales Carvajal, subdirectora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud; y Claudia Juliana Portillo Rubio, subdirectora de Planeación Nacional.Palma respondió por escrito a Blu Radio: "Todo el mundo tiene derecho a denunciar y todo el mundo tiene derecho a defenderse. Nosotros quisimos poner el tema en la discusión para favorecer a usuarios y recicladores, otros quieren ponerlo en favor de los grandes capitales. La justicia dirá si lo hicimos o no lo hicimos bien".Andesco: "Esto fue un problema ideológico"Para Sánchez, el origen del conflicto está en la forma como se construyó el nuevo esquema. "El gobierno decidió que querían bajar las tarifas a las malas", afirmó, y agregó que, de aplicarse así, "al final tendría que subir las tarifas". Según el dirigente gremial, los acuerdos alcanzados en las mesas de concertación con el sector no quedaron reflejados en el documento final.Sánchez cuestionó también el trámite de la decisión. Aseguró que Palma fue nombrado ad hoc el día anterior a firmar y que "en una noche leyó 1600 páginas", una afirmación que hizo el presidente de Andesco y que este medio no ha verificado de manera independiente. Además, dijo que un magistrado, a quien identificó como Ibáñez, pidió un plazo para que los recicladores participaran, entre el 27 de julio y el 10 de agosto, y que la resolución se expidió antes de que venciera ese periodo.Los costos que, según el gremio, no se tuvieron en cuentaAl ser consultado sobre cifras concretas, Sánchez enumeró varios puntos que, a su juicio, la fórmula tarifaria ignora o subestima:Salario mínimo y jornada laboral: señaló que no se incorporó el incremento del 23,7 % del salario mínimo ni la reducción de la jornada laboral, con efectos directos sobre el cobro de la tarifa.Equipos y vehículos: sostuvo que las cuantías con las que se valoran los equipos son muy inferiores a las reales y que se asumen vidas útiles de 10 o 15 años para la reposición de vehículos, cuando esta debe hacerse "rápidamente".Aprovechamiento y reciclaje: afirmó que sube el precio del aprovechamiento, lo que envía "una señal contradictoria" a los usuarios, porque entregar residuos separados costaría más y los residuos seguirían llegando a los rellenos sanitarios."Al final va a subir la tarifa y al final lo que va a resultar es totalmente contrario a lo que supuestamente ellos decían que era en beneficio de los usuarios y en beneficio de los recicladores", expresó.El debate sobre los recicladores de oficioPalma sostiene que la medida favorece a los recicladores, pero Sánchez lo contradice. Según el presidente de Andesco, la mayoría de ellos está en contra de la resolución porque pidió que se tuvieran en cuenta sus posturas. "Nosotros estamos defendiendo a los recicladores", dijo, y precisó que las empresas no retienen los recursos destinados a esta población: "Solamente es un paso y paso, llega la plata y se les tiene que distribuir". A su juicio, algunos intermediarios "se están quedando con la plata" y esta no llega a la mayoría de los recicladores de oficio.Una disputa que comenzó en 2025En julio de 2025, el gobierno Petro se propuso establecer un nuevo esquema de tarifas de aseo, en medio de enormes diferencias con las empresas del sector. La discusión se prolongó cerca de un año y le costó el cargo al viceministro de Vivienda, Edward Libreros, a quien Petro despidió durante un consejo de ministros televisado, acusándolo de demorar la resolución para favorecer los intereses de Andesco.El gremio ha criticado que la propuesta desconocía costos básicos, como las bolsas de basura o el salario mínimo, y que la CRA no hizo públicos los modelos con los que fijó las tarifas. Además, argumenta que el texto firmado no es exactamente el mismo que se publicó para comentarios de la industria. El proceso se frenó varias veces por recusaciones contra integrantes de la Comisión, lo que derivó en la designación de Palma. La Resolución 1040 modifica las tarifas para prestadores que atienden a más de 5.000 usuarios en áreas urbanas, está vigente y tendría efectos desde enero de 2027.Revocatoria y nuevo marco tarifarioTras la llegada al poder de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República, Andesco pidió la revocatoria directa de la resolución, solicitud que aún no tiene respuesta. Sánchez indicó que el gremio ya trabaja con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a quien describió como "una persona técnica", y afirmó que "la ideología no puede seguir siendo el mecanismo ni el parámetro".El dirigente aclaró que el sector no se opone a un marco tarifario, que, según explicó, tiene una vigencia de entre cinco y diez años. "Tiene que ser técnico, tiene que ser transparente y tiene que cumplir los hitos que se requieren", afirmó. Dijo estar seguro de que se logrará la revocatoria y de que el nuevo marco se expedirá antes del 1 de enero.
El exministro Edwin Palma enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por prevaricato por acción luego de haber firmado la resolución que modificó las tarifas del servicio de aseo en Colombia, según documentos conocidos por Blu Radio.Aunque Palma era ministro de Minas, fue nombrado como ministro ad hoc de Vivienda solo para decidir sobre este tema y lo hizo en los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.Según el abogado denunciante Julián Quintana, Palma firmó la Resolución 1040 de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) aun cuando el proceso estaba suspendido."La Comisión decidió en una actuación suspendida por recusaciones, y dos de sus decisores, la Directora Ejecutiva Gloria Esperanza Narváez Tafur y el experto Juan Camilo Acevedo Páez, votaron y firmaron mientras estaban pendientes recusaciones dirigidas contra ellos mismos. La presidió y firmó el ministro Edwin Palma Egea, designado justamente por efecto del régimen de impedimentos que exige esa suspensión. La Comisión conocía la regla, pues la había aplicado diez veces y publicado un mes antes", señala el documento.En la sesión de decisión también habrían participado Irene Vélez Torres, como ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Leydy Johana Morales Carvajal, como subdirectora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social; y Claudia Juliana Portillo Rubio, como subdirectora de Planeación Nacional.La respuesta de Palma a la denuncia por la Resolución 1040 de la CRA"Todo el mundo tiene derecho a denunciar y todo el mundo tiene derecho a defenderse. Nosotros quisimos poner el tema en la discusión para favorecer a usuarios y recicladores, otros quieren ponerlo en favor de los grandes capitales. La justicia dirá si lo hicimos o no lo hicimos bien", dijo el exministro Edwin Palma al ser consultado por Blu Radio.¿Por qué hay polémica en torno a las tarifas del aseo?En julio de 2025 el Gobierno de Gustavo Petro se propuso la meta de establecer un nuevo esquema de tarifas para el servicio de aseo, en medio de enormes diferencias con las empresas de ese sector.La pelea se extendió prácticamente durante un año y le costó la cabeza al viceministro de Vivienda, Edward Libreros. El expresidente Gustavo Petro despidió a Libreros durante un consejo de ministros televisado y lo acusó de demorar la resolución para favorecer los intereses de Andesco.Andesco se quejó en su momento de que esa propuesta desconocía costos básicos del servicio, como las bolsas de basura o el salario mínimo, y dijo que se podría comprometer la sostenibilidad financiera del servicio. También denunció que la CRA no hizo públicos los modelos con los cuales estableció las nuevas tarifas.Tras la llegada al poder de Abelardo De La Espriella, Andesco ratificó todas las críticas y pidió la revocatoria directa de la decisión, una petición que aún no ha tenido respuesta.En este momento la Resolución 1040 de la CRA está vigente y tendría efectos a partir de enero de 2027.
En el centro de control de Air-e, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se reunió con el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO Gas), para hacerle seguimiento a los trabajos de mantenimiento que se realizan en la planta de regasificación SPEC de Cartagena.Al respecto, el funcionario reportó un avance en el tercer día de mantenimiento del 59% versus el 54% de lo planeado en la planta de regasificación de Cartagena SPEC. Señaló Palma que esperan terminar el día en un 76% de los avances.“Todas las condiciones se mantienen normales y el suministro de gas está bien, igual que la prestación del servicio de energía eléctrica, incluso, ha sido satisfactorio el comportamiento de la demanda, que ha estado por debajo de lo pronosticado hasta las 11 de la mañana. Esperamos que se mantenga así”.El ministro Palma también hizo un llamado al ahorro y recordó que ayer quedó en firme la medida regulatoria que establece una disminución de hasta el 40% del valor de la factura a los hogares que ahorren un 30% de lo que venían consumiendo, pero también se va a sancionar al que derroche energía.Las nuevas disposiciones regulatorias del Gobierno establecen un programa nacional de incentivos al uso eficiente de la energía eléctrica para reducir la demanda durante períodos de estrechez energética como el actual y proteger la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional, destacó el Ministerio.“Las familias y usuarios que logren disminuir significativamente su consumo de energía podrán obtener reducciones de hasta el 40% en el valor de su factura, mientras que quienes sobrepasen su consumo de referencia asumirán un cobro adicional proporcional al exceso registrado. Así, por ejemplo, un usuario que incremente su consumo en un 30% pagará un 30% adicional sobre ese sobreconsumo”, informó esa cartera en un comunicado.Hay que recordar que el mantenimiento programado de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), en Cartagena, comenzó este jueves 30 de julio y finalizará el próximo lunes 3 de agosto.
En medio de las alertas por los fuertes impactos del fenómeno de El Niño durante los próximos meses en el país, la carrera por fortalecer la oferta de energía sigue entrando en fases decisivas por lo que se siguen conociendo medidas de las autoridades para afrontar la situación.Recientemente, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, indicó que otorgó un plazo de cinco días a las empresas distribuidoras y otros actores del sector energético para que informen qué proyectos de generación permanecen frenados y cuáles son los trámites que impiden su entrada en operación.Durante su más reciente visita al operador del Sistema Interconectado Nacional, XM, en Medellín, el funcionario insistió en que el país no puede darse el lujo de mantener represadas iniciativas capaces de aportar nueva capacidad de generación justo cuando aumenta la preocupación por el abastecimiento de energía."Estamos presionando, todos los días llamando. He pedido a su gremio, Asocodis, con el que tenemos buena relación, que nos envíen esa información, y le hemos pedido que desaten esos proyectos. Así como estamos resolviendo, descongestionando la asignación de capacidad a través de la UPME, necesitamos que los pequeños también se resuelvan", explicó.La solicitud del Gobierno nacional busca establecer un diagnóstico preciso sobre el número de proyectos detenidos, los obstáculos regulatorios, ambientales, técnicos o administrativos que enfrentan y las medidas necesarias para acelerar su desarrollo.Le puede interesar: Anuncian aumento de la tarifa de energía para usuarios de Air-e: kilovatio hora costará $840,15Entre las principales prioridades del Gobierno se encuentra el impulso a la generación solar. Por ello, el Ministerio solicitó información detallada sobre proyectos fotovoltaicos de diferentes escalas, incluidos esquemas de autogeneración, pequeñas instalaciones para usuarios, así como granjas y minigranjas solares que aún no han podido conectarse al sistema o culminar sus procesos de autorización."En algunas empresas, en algunos operadores de red, están detenidos esos proyectos y, obviamente, eso es energía que no va a entrar al sistema y que no le va a permitir atenderlo a la a la gente. Si todos hacemos las tareas, seguramente estaremos contando la historia, para en marzo y abril del próximo año, de que la cooperación salvó a Colombia de una hambruna, de un racionamiento de agua y de energía", añadió Palma.Aunque todavía no existe un consolidado nacional sobre cuántos proyectos permanecen represados ni en qué regiones se concentran las mayores dificultades, el ministro Palma aseguró que detrás de esos retrasos podría encontrarse una capacidad cercana a un gigavatio de energía.Esa cifra representa una magnitud considerable para el sistema eléctrico colombiano, pues equivale aproximadamente a la potencia necesaria para abastecer durante un año una ciudad del tamaño de Medellín con más de 2.5 millones de habitantes.
En medio de la creciente preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño sobre el suministro de agua y energía en Colombia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, envió un mensaje de tranquilidad, aunque condicionado al cumplimiento de las medidas de ahorro y coordinación entre todos los actores del sector.Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, el jefe de la cartera aseguró que el país viene preparándose desde hace meses para enfrentar la temporada seca y reveló que ya se han realizado 36 comités de seguimiento al sistema energético nacional.“Si todos hacemos la tarea, no habrá ninguna demanda no atendida, no habrá ningún racionamiento y no va a haber apagón”, afirmó Palma al referirse a los riesgos advertidos por expertos y operadores del sistema.Sin embargo, el ministro reconoció que el país enfrentará retos importantes en las próximas semanas. Uno de ellos será el mantenimiento programado de la planta regasificadora, que dejará de importar gas durante cinco días a finales de julio. Según explicó, esta situación pondrá a prueba la capacidad de coordinación del sector energético.“Durante cinco días no vamos a poder importar gas a través de esa regasificadora, lo cual nos implica ponernos todos a cooperar y a trabajar”, señaló.Ante este panorama, el Gobierno prepara medidas regulatorias para incentivar el ahorro de energía y gas entre los usuarios. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) trabaja en propuestas que buscan premiar a quienes reduzcan su consumo y desincentivar el desperdicio.“Necesitamos solidaridad, cooperación y trabajar en equipo para poder enfrentar este fenómeno”, insistió Palma.El ministro también destacó el papel que jugarán las energías renovables durante los meses de mayor sequía. Según explicó, actualmente cerca de uno de cada tres hogares del país puede abastecerse con energía solar durante las horas de mayor radiación.Además, resaltó que Colombia pasó de una participación cercana al 2 % de energías renovables no convencionales a cerca del 18 % de la matriz eléctrica. “Hubo un aumento del 2.000 % en generación de energía solar”, afirmó.Sobre propuestas como adelantar una hora el reloj, similar a la denominada “hora Gaviria”, Palma indicó que por ahora no es una medida contemplada, aunque aseguró que todas las alternativas que contribuyan a reducir la demanda serán evaluadas.Finalmente, reiteró el llamado a ciudadanos, empresas y autoridades locales para adoptar medidas de ahorro y uso responsable de los recursos. “La palabra clave es cooperación”, concluyó.
Aunque no se ha hecho oficial, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó desde Medellín que cree que el precio de la gasolina aumentará desde el 1 de junio teniendo en cuenta que el Gobierno nacional ha decidido dejar de subsidiar el combustible.Palma fue enfático en asegurar que aún la reunión con el Ministerio de Hacienda no se ha hecho y que no sería hasta los últimos tres días de mayo que las partes se sentarán para determinar de cuánto sería el aumento de la gasolina, que subiría por segundo mes consecutivo."Yo creo que va a haber un aumento, como lo hemos hecho, y lo ha ido orientando al presidente de forma gradual, responsable con las finanzas públicas, con el fondo de estabilización, pero también responsable con el bolsillo de los colombianos", indicó el funcionario.Hay que mencionar que para mayo el precio de la gasolina tuvo un incremento de 400 pesos, dejándola en un valor promedio de 15.849 pesos que ahora seguiría subiendo a falta de una pronunciamiento oficial para conocer el precio oficial que regirá en junio.La decisión que se tomaría de volver a subir el precio de la gasolina se da luego de que en febrero y marzo se hicieran dos reducciones consecutivas de 500 pesos debido a una mejor del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.Finalmente y luego de que Palma asegurara que el país no podía subsidiar los combustibles, hay que recordar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó en su momento que, “no tiene sentido ni es viable para el país mantener los subsidios a la gasolina.
Colombia no tendría suficiente gas natural para cubrir la demanda del país y por eso será necesario traer combustible del exterior en los próximos años. En ese escenario, el Gobierno aprobó el proyecto de regasificación en Ballenas, La Guajira, liderado por la Transportadora de Gas Internacional, filial del Grupo Energía Bogotá.Desde Manaure, en La Guajira, el Gobierno nacional anunció la aprobación del proyecto de regasificación en Ballenas, una infraestructura que permitirá importar gas del exterior para incorporarlo al sistema nacional de abastecimiento desde 2027.La iniciativa contempla la llegada de Gas Natural Licuado por vía marítima, su almacenamiento y posterior transformación para transportarlo a diferentes regiones del país a través de la red nacional de gasoductos.El proyecto tendrá capacidad para almacenar cerca de 147.835 metros cúbicos de GNL y procesar hasta 250 millones de pies cúbicos diarios.La aprobación se da luego de la evaluación técnica realizada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), en medio de las alertas sobre la capacidad del país para cubrir la demanda futura de gas natural. Según el Gobierno, Colombia necesitará importar combustible para garantizar el suministro tanto a hogares como a industrias.La obra será liderada por Transportadora de Gas Internacional (TGI), la mayor transportadora de gas natural de Colombia y filial del Grupo Energía Bogotá. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, TGI fue la única empresa que presentó una propuesta dentro del proceso adelantado por la UPME.“Es importante destacar que TGI fue la única empresa que presentó una propuesta concreta dentro de este proceso. Eso demuestra confianza en el país y en la necesidad de fortalecer y modernizar nuestra infraestructura gasífera para responder a los desafíos energéticos de los próximos años”, afirmó el ministro Edwin Palma.El ministro también aseguró que el propósito es contar con más gas y proteger a los usuarios frente a posibles aumentos en los costos del servicio.“Esperamos que se puedan seguir cumpliendo los hitos del proyecto y podamos tener más molécula al menor precio posible, en el menor tiempo posible, para proteger a los usuarios. Ese es nuestro principal propósito, siempre proteger a los usuarios, tanto del mercado regulado, que son los ciudadanos, los hogares, como del mercado no regulado, que también nos interesa, que es la industria”, señaló Palma.Con este proyecto, el país busca prepararse para un escenario en el que importar gas será cada vez más necesario para garantizar el abastecimiento energético nacional.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reiteró desde Estados Unidos que Colombia reactivará los esquemas de interconexión energética con Venezuela, con el objetivo de fortalecer la seguridad del sector y liderar la transición hacia energías limpias en América Latina.Durante su participación en el Bloomberg New Energy Finance Summit, realizado en Nueva York, Palma destacó el papel estratégico de la cooperación entre ambos países.Según el jefe de la cartera energética, la coyuntura geopolítica actual abre una oportunidad para avanzar en esquemas de interconexión que permitan compartir recursos energéticos, optimizar capacidades instaladas y garantizar estabilidad en el suministro regional.Durante su intervención, el ministro Palma aseguró que la integración energética regional no solo responde a criterios económicos, sino también a una visión estratégica de desarrollo, en la que la energía se convierte en un motor de equidad e integración entre países.Asimismo, destacó que Colombia ha avanzado en la descarbonización de su matriz eléctrica, multiplicando significativamente su capacidad solar en los últimos años y generando condiciones para atraer inversión internacional en energías limpias.En ese contexto, el Gobierno señaló que la reactivación de la interconexión con Venezuela, junto con el fortalecimiento del intercambio energético con Ecuador y el avance del proyecto con Panamá, permitirán consolidar a Colombia como un ‘hub energético’ basado en fuentes limpias.“Hoy Venezuela vuelve a ser un actor clave en la ecuación energética regional. Compartimos más de 2.200 kilómetros de frontera y un enorme potencial complementario que debemos aprovechar para construir seguridad energética y desarrollo conjunto”, afirmó el ministro Edwin Palma.Sin embargo, es importante destacar que, aunque el Gobierno en marzo envió una solicitud a Estados Unidos para obtener la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para la reactivación de proyectos energéticos binacionales con Venezuela, aún no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte del país norteamericano frente a esto. Por lo que, por el momento, esta acción anunciada por el ministro Palma sería inconveniente para Colombia ya que el país enfrentaría sanciones internacionales al no contar con la licencia.Finalmente, el ministro aseguró que la transición energética es un imperativo global y que la cooperación regional será clave para construir un sistema energético más resiliente, sostenible e integrado.“Si no estamos interconectados, no somos capaces de desarrollar plenamente nuestros países. La energía no es solo un negocio: es un instrumento de equidad, de integración y de progreso para nuestros pueblos”, señaló Palma.
El ministro de Minas, Edwin Palma, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, el equipo técnico del Ministerio y representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos se reunieron para hablar de la posibilidad de darle luz verde a la compra de electricidad y gas natural entre Colombia y Venezuela.Según el Ministerio de Minas, durante la reunión se buscaba la entrega una licencia OFAC para que el grupo Ecopetrol y su filial ISA puedan hacer negocios en Venezuela. Interesan dos negocios en particular. Por un lado, la compra de gas a Venezuela; que haría Ecopetrol a PDVSA; y por otro lado, la venta de electricidad a Venezula que Colombia, con participación del grupo ISA y de Ecopetrol.Colombia habló, por ejemplo, de la posibilidad de traer gas venezolano en apenas uno o dos meses desde Venezuela, usando tuberías flexibles.La licencia OFAC, la licencia de la Oficina de Control de Activos, es un requisito indispensable para que estos negocios puedan avanzar. Sin ellos, Ecopetrol se expone a quedar incluido en la lista Clinton.El pasado viernes al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, estuvo reunido con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y juntos anunciaron el interés de ambos gobiernos por el intercambio de electricidad, Gas Natural y GLP.
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes en Caracas al ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con el fin de celebrar una reunión sobre "temas de interés para ambas naciones", informó el equipo de prensa de la Presidencia venezolana.El ministro colombiano encabeza una delegación enviada por el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien Rodríguez conversó el miércoles por teléfono y acordó celebrar "próximamente" una reunión, sin especificar cuándo ni dónde se llevaría a cabo este encuentro.Palma y su equipo fue recibido por la líder chavista en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas, sin que se conozca de momento los temas sobre los conversaron.La prensa de Rodríguez indicó que el objetivo del futuro encuentro con Petro es "continuar avanzando en materia económica, energética y de seguridad".Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura del mandatario venezlano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.El pasado 3 de febrero, Gustavo Petro dijo que, en la reunión celebrada ese mismo día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que la petrolera estatal Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela.El comercio entre Colombia y Venezuela llegó en 2025 a 1.170 millones de dólares, un crecimiento del 4,1 % frente a los 1.124 millones de dólares de 2024, reveló el jueves la Cámara de Comercio Colombo-venezolana, citando cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane).El comercio entre los dos países superó en 2008 los 7.000 millones de dólares, pero con la crisis venezolana y la ruptura de las relaciones entre 2019 y 2022, ese intercambio cayó hasta tocar un piso de 222 millones de dólares en 2020.La recuperación comenzó en 2022, cuando el actual Gobierno colombiano reanudó las relaciones comerciales con su vecino.
Más de 408.000 afiliados de Colsubsidio tendrán una nueva alternativa para recibir y utilizar la cuota monetaria: podrán transferir el dinero directamente a una cuenta financiera de su titularidad mediante Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.La opción es resultado de una alianza entre Colsubsidio y Redeban y estará disponible desde la aplicación Mi Colsubsidio. Una vez se valide la titularidad de la llave registrada, los recursos se abonarán de forma inmediata en la cuenta asociada.La iniciativa busca facilitar el acceso a este beneficio económico y ampliar las posibilidades para que los trabajadores lo utilicen en gastos cotidianos, como alimentación, educación y cuidado de sus familias.¿Cómo transferir la cuota monetaria de Colsubsidio por Bre-B?Para utilizar esta alternativa, los afiliados deben tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre, vinculada a la cuenta financiera en la que desean recibir el dinero.El procedimiento consiste en ingresar a la aplicación y seleccionar la opción 'Retirar saldo'. Después, deben elegir Bre-B como método de retiro e ingresar la llave correspondiente.Una vez comprobada la titularidad, Redeban procesa la operación y el dinero llega de manera inmediata a la cuenta financiera asociada. De esta forma, los usuarios pueden disponer de los recursos junto con otros ingresos y utilizarlos para hacer pagos o transferencias.¿Cuántas personas podrán recibir el beneficio por este medio?De acuerdo con las cifras entregadas por Colsubsidio, a septiembre de 2026 la caja de compensación tenía 408.603 afiliados con derecho a cuota monetaria. Durante ese periodo asignó 5.616.059 cuotas, con una inversión superior a $405.047 millones.La nueva opción también permite que los recursos hagan parte del movimiento habitual de una cuenta financiera. Ese registro de transacciones podría ser tenido en cuenta por las entidades bancarias al evaluar el perfil crediticio de sus clientes, dependiendo de los criterios de cada institución.Ana María Tobar, gerente de Tecnología de Colsubsidio, señaló que la alianza busca simplificar procesos y ampliar las alternativas digitales para los trabajadores y sus familias.Por su parte, Redeban aporta la infraestructura tecnológica que permite conectar a Colsubsidio con las entidades participantes de Bre-B y procesar las transferencias.
En la UCI del Hospital Universitario de Santander se encuentran varios de los soldados atacados en la base militar de Santa Rosa, sur de Bolívar. Todos llegaron en helicoptero hasta la Segunda División del Ejército en Bucaramanga, y en ambulancia fueron remitidos al centro asistencial.Varios de los soldados presentaban heridas de gravedad por el ataquesufrido con drones que cargaban explosivos, 8 son los uniformados que están siendo atendidos.Uno de ellos ingresó de gravedad a cirugía y permanecen en la unidad de cuidados intensivos, mientras que varios tienen pronóstico reservado.Sandra Milena González, quien se encontraba en el hospital acompañando a un familiar, narró: "Tenemos a mi suegra interna y vimos llegar varias ambulancias y ver cómo los médicos y las enfermeras corrían tratando de salvar una vida, es maravilloso, que Dios los bendiga por esa labor de atender, de preocuparse por salvarlos".Afirmó que ese es el mensaje para las familias que anhelan que realmente lleguen con vida a sus hogares: "Para los médicos y las enfermeras todos son importantes, arreglaron camas, todo rápido por la urgencia".Por ahora, el hospital ni el Ejército han informado nombres de los militares que se encuentran en Santander, luego de sufrir este ataque armado.El gobernador del departamento, Juvenal Díaz, rechazó el ataque a la base militar en Santa Rosa del Sur y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados.Fue enfático al señalar que "no podemos normalizar el terrorismo, ni permitir que los grupos armados ilegales sigan sembrando miedo, asesinando y desafiando al Estado. A estos grupos se les enfrenta con autoridad, inteligencia, contundencia y toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública".Posteriormente, envió un mensaje de solidaridad a las familias y los soldados: "¡El uniforme de la patria se respeta!".
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) alcanzó acuerdos con instituciones públicas y privadas de Antioquia para avanzar en la formalización de los vínculos contractuales y mejorar la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus familias.Según se ha podido conocer, los compromisos se concretaron durante una semana de mesas de trabajo presenciales realizadas en el departamento en donde se abordó la revisión de cartera, los acuerdos de pago, la homologación de tarifas, las glosas y los anexos técnicos.La información entregada por el Fomag deja en evidencia que los encuentros permitieron avanzar en la suscripción y legalización de acuerdos mediante actas de conciliación, como explicó Fernando Blanco, coordinador comercial del Hospital Alma Máter."Se logró tener un acercamiento para poder dejar finiquitado el pasado con la cartera del pasado y poder plantear una nueva negociación que sea muy beneficiosa para ambas partes, para que tanto todos los funcionarios del Magisterio Colombiano tengan una atención muy adecuada aquí en Antioquia", indicó.Uno de los avances más importantes es que se restableció la prestación de los servicios de cancerología para pacientes adultos y pediátricos, problemática que tenía en el limbo a decenas de personas que imploraban por este acuerdo.Hay que mencionar que la estrategia continuará en el Valle del Cauca, donde se realizarán nuevas mesas de trabajo con prestadores públicos y privados, y posteriormente, se proyecta una jornada en Bogotá con instituciones de diferentes departamentos.Vale la pena mencionar que hace tan solo una semana el Ministerio de Educación anunció el fin del contrato de la Fiduprevisora con el FOMAG, tras 36 años de manejar los recursos de salud de esta población.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la zona de montaña obligaron a Emcali a suspender temporalmente la captación y potabilización de agua en la Planta Río Cali, debido a los altos niveles de turbiedad y al arrastre de material vegetal en la cuenca. La situación impactará el suministro de agua en 24 barrios de la capital vallecaucana.De acuerdo con la empresa de servicios públicos, las condiciones del río hicieron necesario detener preventivamente las operaciones de la planta, con el propósito de proteger la infraestructura y garantizar que el agua cumpla con los estándares de calidad para el consumo humano.Entre los sectores que podrían presentar bajas presiones, intermitencia o suspensión temporal del servicio se encuentran Belisario Caicedo, El Cortijo, Bella Suiza, Cañaverales, Pampalinda, El Peñón, Terrón Colorado, Aguacatal, Centenario, Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica Norte y Chipichape, entre otros.Los equipos técnicos y operativos de Emcali permanecen en la zona realizando monitoreo de las condiciones de la cuenca. Según la entidad, una vez disminuyan los niveles de turbiedad y mejoren las condiciones climáticas, se reanudará progresivamente la operación de la planta para avanzar en la normalización del servicio.Mientras tanto, la empresa hizo un llamado a los usuarios de los sectores afectados para que hagan un uso racional y moderado del agua almacenada en sus tanques y reservas residenciales, mientras culminan las labores necesarias para restablecer la producción de agua potable.Otra situacion similar ocurre en Yumbo, V alle, debido a un daño en una tubería de gran dimensión, este municipio está siendo afectado por suspensión en el servicio de acueducto o bjas presiones. Emcali y sus grupos operativos trabajan a toda marcha para reparar el daño y normalizar el servicio, por lo que se dispondrá de carrotanques para el abastecimiento de agua en los sectores afectados.
Un empresario resultó herido en medio de un ataque armado registrado en zona rural del municipio de Yarumal, en el Norte de Antioquia. Según el reporte entregado por el Ejército Nacional, el hombre habría sido atacado por presuntos integrantes del Clan del Golfo cuando se movilizaba por el sector Ventanitas.Los hechos ocurrieron cuando la víctima regresaba de su jornada laboral y fue interceptada por hombres armados que le dispararon. La situación fue advertida por habitantes de la zona, quienes alertaron a los soldados que se encontraban realizando labores de presencia en este sector del municipio.Tras recibir la información, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército intervinieron para auxiliar al empresario, quien presentaba heridas por arma de fuego. Los uniformados le brindaron asistencia inicial, coordinaron su traslado a un centro hospitalario y adelantaron acciones para garantizar su seguridad.El sargento viceprimero William Duarte Vanegas, suboficial del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, confirmó que el hombre sobrevivió al ataque y que, en medio de la intervención militar, también fue recuperado el vehículo en el que se movilizaba.De acuerdo con el reporte militar, el hecho sería responsabilidad de presuntos integrantes del Clan del Golfo, aunque serán las autoridades competentes las encargadas de avanzar en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer quiénes estarían detrás de este hecho violento.Finalmente, el Ejército Nacional pidió a los habitantes de Yarumal y de otros municipios de la región informar cualquier amenaza, intimidación o movimiento sospechoso que pueda poner en riesgo a la población. Para ello, recordó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo.
