Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, el gremio que agrupa a las empresas de servicios públicos, afirmó que la Resolución 1040 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que modifica las tarifas de aseo en Colombia, afectará a 36 millones de colombianos. Lo dijo en entrevista con Mañanas Blu, el mismo día en que se conoció una denuncia penal contra el exministro Edwin Palma, quien firmó la decisión en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro.
La denuncia contra Edwin Palma por prevaricato
Según documentos conocidos por Blu Radio, el abogado Julián Quintana denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Palma por presunto prevaricato por acción. Palma era ministro de Minas, pero fue designado ministro de Vivienda ad hoc solo para decidir sobre las tarifas del servicio de aseo.
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El denunciante sostiene que la resolución se firmó cuando la actuación estaba suspendida por recusaciones. Según el documento, dos de los decisores, la directora ejecutiva Gloria Esperanza Narváez Tafur y el experto Juan Camilo Acevedo Páez, "votaron y firmaron mientras estaban pendientes recusaciones dirigidas contra ellos mismos". El texto agrega que la Comisión "conocía la regla, pues la había aplicado diez veces y publicado un mes antes".
También habrían participado en la sesión Irene Vélez Torres, como ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Leydy Johana Morales Carvajal, subdirectora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud; y Claudia Juliana Portillo Rubio, subdirectora de Planeación Nacional.
Palma respondió por escrito a Blu Radio: "Todo el mundo tiene derecho a denunciar y todo el mundo tiene derecho a defenderse. Nosotros quisimos poner el tema en la discusión para favorecer a usuarios y recicladores, otros quieren ponerlo en favor de los grandes capitales. La justicia dirá si lo hicimos o no lo hicimos bien".
Andesco: "Esto fue un problema ideológico"
Para Sánchez, el origen del conflicto está en la forma como se construyó el nuevo esquema. "El gobierno decidió que querían bajar las tarifas a las malas", afirmó, y agregó que, de aplicarse así, "al final tendría que subir las tarifas". Según el dirigente gremial, los acuerdos alcanzados en las mesas de concertación con el sector no quedaron reflejados en el documento final.
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Sánchez cuestionó también el trámite de la decisión. Aseguró que Palma fue nombrado ad hoc el día anterior a firmar y que "en una noche leyó 1600 páginas", una afirmación que hizo el presidente de Andesco y que este medio no ha verificado de manera independiente. Además, dijo que un magistrado, a quien identificó como Ibáñez, pidió un plazo para que los recicladores participaran, entre el 27 de julio y el 10 de agosto, y que la resolución se expidió antes de que venciera ese periodo.
Los costos que, según el gremio, no se tuvieron en cuenta
Al ser consultado sobre cifras concretas, Sánchez enumeró varios puntos que, a su juicio, la fórmula tarifaria ignora o subestima:
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- Salario mínimo y jornada laboral: señaló que no se incorporó el incremento del 23,7 % del salario mínimo ni la reducción de la jornada laboral, con efectos directos sobre el cobro de la tarifa.
- Equipos y vehículos: sostuvo que las cuantías con las que se valoran los equipos son muy inferiores a las reales y que se asumen vidas útiles de 10 o 15 años para la reposición de vehículos, cuando esta debe hacerse "rápidamente".
- Aprovechamiento y reciclaje: afirmó que sube el precio del aprovechamiento, lo que envía "una señal contradictoria" a los usuarios, porque entregar residuos separados costaría más y los residuos seguirían llegando a los rellenos sanitarios.
"Al final va a subir la tarifa y al final lo que va a resultar es totalmente contrario a lo que supuestamente ellos decían que era en beneficio de los usuarios y en beneficio de los recicladores", expresó.
El debate sobre los recicladores de oficio
Palma sostiene que la medida favorece a los recicladores, pero Sánchez lo contradice. Según el presidente de Andesco, la mayoría de ellos está en contra de la resolución porque pidió que se tuvieran en cuenta sus posturas. "Nosotros estamos defendiendo a los recicladores", dijo, y precisó que las empresas no retienen los recursos destinados a esta población: "Solamente es un paso y paso, llega la plata y se les tiene que distribuir". A su juicio, algunos intermediarios "se están quedando con la plata" y esta no llega a la mayoría de los recicladores de oficio.
Una disputa que comenzó en 2025
En julio de 2025, el gobierno Petro se propuso establecer un nuevo esquema de tarifas de aseo, en medio de enormes diferencias con las empresas del sector. La discusión se prolongó cerca de un año y le costó el cargo al viceministro de Vivienda, Edward Libreros, a quien Petro despidió durante un consejo de ministros televisado, acusándolo de demorar la resolución para favorecer los intereses de Andesco.
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El gremio ha criticado que la propuesta desconocía costos básicos, como las bolsas de basura o el salario mínimo, y que la CRA no hizo públicos los modelos con los que fijó las tarifas. Además, argumenta que el texto firmado no es exactamente el mismo que se publicó para comentarios de la industria. El proceso se frenó varias veces por recusaciones contra integrantes de la Comisión, lo que derivó en la designación de Palma. La Resolución 1040 modifica las tarifas para prestadores que atienden a más de 5.000 usuarios en áreas urbanas, está vigente y tendría efectos desde enero de 2027.
Revocatoria y nuevo marco tarifario
Tras la llegada al poder de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República, Andesco pidió la revocatoria directa de la resolución, solicitud que aún no tiene respuesta. Sánchez indicó que el gremio ya trabaja con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a quien describió como "una persona técnica", y afirmó que "la ideología no puede seguir siendo el mecanismo ni el parámetro".
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El dirigente aclaró que el sector no se opone a un marco tarifario, que, según explicó, tiene una vigencia de entre cinco y diez años. "Tiene que ser técnico, tiene que ser transparente y tiene que cumplir los hitos que se requieren", afirmó. Dijo estar seguro de que se logrará la revocatoria y de que el nuevo marco se expedirá antes del 1 de enero.