La Contraloría General de la República advirtió que los recursos recaudados por el Gobierno nacional para atender la emergencia provocada por el frente frío en Córdoba no pueden ser destinados, por ahora, a la atención del terremoto que afectó al Eje Cafetero y al Pacífico colombiano.
Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y Finanzas, explicó en Mañanas Blu 10:30 que el Gobierno recaudó $7,6 billones de los $8,6 billones estimados para atender la emergencia registrada en Córdoba. Sin embargo, siete meses después, la ejecución presupuestal apenas alcanzaba el 13%, lo que deja cerca de $6,2 billones pendientes por ejecutar.
Estos dineros que son específicamente recaudados para atender el frente frío, única y exclusivamente pueden ser destinados para esta emergencia
La funcionaria señaló que la destinación de estos recursos está condicionada por las disposiciones de la Corte Constitucional frente a los decretos de emergencia. Por esa razón, un funcionario no podría decidir por cuenta propia utilizar esos recursos para atender la nueva emergencia generada por el terremoto.
Según explicó Lindo, para modificar esa destinación tendría que existir una ruta jurídica y contar con las autorizaciones correspondientes de las altas cortes. Por ahora, aseguró, los recursos deben permanecer destinados a las necesidades derivadas del frente frío en Córdoba.
La Contraloría también llamó la atención por el bajo nivel de ejecución. Mientras el Ministerio de Agricultura y la entidad encargada del Programa de Alimentación Escolar registraron avances de entre 50% y 70%, otras entidades permanecen con recursos asignados, pero sin ejecución.
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Entre los casos mencionados están el Ministerio de Salud, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con 0% de ejecución, mientras que la Dirección de Bomberos reportaba apenas 15%.
Lindo explicó que algunos avances corresponden a convenios y trámites administrativos que todavía no se han traducido en beneficios concretos para las comunidades afectadas.
La Contraloría anunció nuevas auditorías a los contratos y convenios suscritos y prepara un reporte actualizado sobre la ejecución de estos recursos. Entretanto, el Gobierno deberá buscar otras alternativas presupuestales para financiar la atención del terremoto, mientras los $6,2 billones restantes conservan su destinación original.
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