En medio del Congreso de Asofiduciarias, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, entregó un balance de las afectaciones que dejó el terremoto en la infraestructura de transporte. Según explicó, de los 113 puntos viales afectados, 103 ya tienen paso total, mientras que los 10 restantes continúan con problemas críticos que requieren estabilizar taludes, reconstruir tramos, mejorar drenajes y reparar puentes que, además, ya presentaban deterioro por falta de mantenimiento.
La atención de estos daños tendría un costo preliminar de $2,7 billones. “De esta cifra, 240.000 millones de pesos corresponden al déficit que generó en la operación de los sistemas de transporte masivo los días que estuvieron cerrados. Estos sistemas, que ya son deficitarios, la Nación quiere entrar a cubrirlos, por lo menos, por los días que estuvieron cerrados precisamente por el terremoto”, afirmó.
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Los otros $2,5 billones se destinarían a la recuperación de la infraestructura vial y de transporte. De esos recursos, cerca de $1 billón iría para intervenir cinco vías del Chocó, un departamento que, según Noguera, ya tenía una red vial en muy malas condiciones antes del terremoto. “Allá no sabemos bien si fue el terremoto o si es que así funciona el Chocó, porque son vías completamente destruidas. Yo creo que es un poquito de ambos, pero es la gran oportunidad para el país de dejar este departamento completamente conectado con el sur, con el norte, con la zona bananera en Antioquia y con la zona del mar”, dijo Noguera.
Para conseguir los recursos que permitan financiar estas obras, el Ministerio de Transporte contempla dos mecanismos que no dependen directamente del Presupuesto General de la Nación. El primero es incorporar nuevas intervenciones en las concesiones viales que ya están en marcha, mediante ampliaciones en el valor de los contratos y en sus plazos de ejecución. La propuesta es aumentar el límite actual de las adiciones. “Hoy las APP pueden adicionar máximo el 20 %, y queremos que pudiéramos llegar hasta el 50 %. Eso nos va a permitir financiar obras sin el Presupuesto”, aseguró la ministra.
Este mecanismo podría aplicarse principalmente en el Eje Cafetero, Huila y Valle del Cauca. Sin embargo, no sería una alternativa para el Chocó, donde no existen concesiones viales. Según explicó Noguera, esto se debe a que la población no tiene capacidad para asumir el pago de peajes.
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Como segunda alternativa, el Gobierno busca ampliar el uso de las obras por impuestos, un mecanismo mediante el cual las empresas financian proyectos de infraestructura a cambio de beneficios tributarios. Actualmente, esta figura está limitada a los municipios dentro del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y a las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), por lo que su aplicación en la reconstrucción dependerá de los procedimientos y condiciones que permitan sacar adelante los proyectos. En ese proceso, las fiduciarias tendrían un papel importante. “Aquí vamos a necesitar mucho a las fiduciarias, porque lo que hemos logrado es que los concesionarios y el sector nos donen los estudios y diseños en fase 3 de las vías del Chocó”, afirmó.
La ministra advirtió que esta última alternativa tiene un plazo limitado, pues los decretos que permiten acceder a los beneficios tributarios estarán vigentes únicamente hasta marzo del próximo año. Por eso, el Gobierno necesita avanzar rápidamente con los estudios y la aprobación de los proyectos para que las obras puedan comenzar dentro de ese periodo. “Si en marzo del próximo año no arrancan las obras, no aplican los beneficios, y tiene todo el sentido, porque, si no, nos demoramos demasiado en la reconstrucción. Una vez tengamos los estudios y diseños, los radicamos en la ART (Agencia de Renovación del Territorio), buscamos la viabilidad técnica en Planeación Nacional y empezamos a ofertarlos con los contratistas que se le apuesten a financiar estas obras por impuestos”, aseguró Noguera.
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Finalmente, la ministra de Transporte aseguró que el Estado enfrenta reclamaciones por más de $100 billones por cambios en las reglas de juego en las concesiones, entre ellas $8 billones en sólo dos sentencias que el Gobierno no tiene cómo pagar, $16 billones en tribunales internacionales y $81 billones en reclamos. Para evitar que el costo sea mayor, dijo que el Gobierno negocia con concesionarios y contratistas y busca destrabar las obras paralizadas por problemas prediales, licencias y consultas previas.