Revolcón a las tarifas de aseo en el país entra en la recta final

El gobierno avanza en la etapa final de la redefinición de las tarifas de aseo en el país, un proceso que busca transformar el sector y consolidar la filosofía de 'Basura Cero'. No obstante, el proyecto ha generado dudas entre distintos actores, al punto que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) debe analizar alrededor de 57.000 comentarios antes de emitir una resolución final. Según el cronograma oficial, las nuevas tarifas podrían empezar a regir antes de junio.Desde mediados de 2025, la CRA trabaja en un nuevo marco tarifario que podría aplicarse durante la próxima década. El proceso ha tenido tropiezos: varios comisionados fueron recusados por expresar la necesidad de reducir tarifas. Estas recusaciones ya se resolvieron y los análisis se reanudaron formalmente. “Claramente, este proceso de participación implica un trabajo de mucho rigor para estudiar cuidadosamente cada una de esas observaciones. Actualmente, desde la CRA avanzamos en el análisis de los aportes recibidos, para, a partir de ello, construir las respuestas y el documento de participación ciudadana mediante el cual se dará respuesta a cada una de las inquietudes”, indicó la entidad a Blu Radio.Bajar las tarifas de aseo es una de las banderas del presidente Gustavo Petro, quien ha buscado acelerar el proceso. Como muestra de su impulso, en un consejo de ministros transmitido en vivo, Petro destituyó al entonces viceministro de Aguas, Edward Libreros, acusándolo de favorecer al sector privado, y nombró en su lugar a Ruth Quevedo, excomisionada de la CRA y líder del proyecto del nuevo marco tarifario.El objetivo del gobierno, según la CRA, es “fortalecer la sostenibilidad ambiental, la eficiencia económica y la inclusión social”, pasando de un modelo centrado en la disposición final a uno que priorice el aprovechamiento de residuos y la economía circular. Sin embargo, empresas y alcaldías expresan preocupación: temen que las tarifas no cubran los costos reales, incluyendo aumentos salariales y gastos operativos. “Si este límite no permite reflejar las particularidades operativas de cada territorio, podría generar déficit financiero, afectar la calidad del servicio y comprometer la sostenibilidad de las empresas prestadoras”, advirtió Asocapitales.Para la adopción del marco tarifario, la CRA debe responder todos los comentarios recibidos y contar con un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre competencia. Según la agenda regulatoria, se espera que la resolución definitiva esté lista en el primer semestre de 2026, con referencia específica al mes de mayo.