El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, emitió una orden este sábado en la que advirtió a la esposa y la cuñada de Daddy Yankee que podrían enfrentar cárcel si no entregan los accesos digitales de las dos corporaciones del cantante.
La orden estipula que "la parte demandada tiene hasta las 8:00 p.m. de hoy para entregar los accesos requeridos durante la audiencia de ayer. Se advierte que, si no se cumple con este plazo, se procederá a ordenar su arresto y encarcelamiento por desacato civil", según se detalla en el fallo judicial.
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Este conflicto legal surgió a raíz de una disputa sobre las corporaciones 'El Cartel Records' y 'Los Cangris Inc', luego de que a mediados de diciembre, las hermanas Mireddys González (esposa de Daddy Yankee ) y Ayeicha González (cuñada) transfirieran 100 millones de dólares desde las cuentas corporativas a cuentas personales sin el conocimiento ni autorización del artista.
El incidente ocurrió poco después de que Raymond Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, confirmara su separación y divorcio de Mireddys González tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.
La advertencia del juez se emite luego de que los abogados de Daddy Yankee presentaran una nueva solicitud el viernes, pidiendo que se declarara "desacato" contra las hermanas González tras una audiencia urgente. En esta nueva moción, la defensa del cantante solicitó que ambas renunciaran a sus cargos corporativos y entregaran a Daddy Yankee el acceso digital a las cuentas de las empresas.
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Aunque las hermanas González enviaron una certificación de renuncia, los documentos no cumplían con los requisitos solicitados, ya que no incluían los accesos ni la información corporativa requerida por la defensa del artista.
Además de la exigencia de los accesos digitales, el juez dio un plazo hasta el 31 de diciembre para que las demandadas entregaran los documentos adicionales solicitados.
La semana pasada, Daddy Yankee y las hermanas González llegaron a un acuerdo en el que el cantante se convertiría en "el único oficial y representante" de ambas corporaciones tras una reunión en el Centro Judicial de San Juan. También acordaron que 75 millones de dólares permanecerían "intocables" durante 30 días.
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