Venezuela y Colombia comparten una frontera común al norte de ambos países. Esta frontera es el lugar de asentamientodel pueblo indígena más numeroso que existe en las dos naciones: el wayúu. Según el Censo del DepartamentoAdministrativo
Nacional de Estadística (DANE) realizado en 2021, en Colombia habitan 380.460 personas autorreconocidas como wayúu, mientras en Venezuela esta población indígena es de 413.437, de acuerdo con el Censo Nacional de Estadística de 2011.
La situación del territorio entre ambos países se ha caracterizado por las necesidades humanitarias que enfrenta el pueblowayúu. Históricamente, los wayúu se han enfrentado a la pobreza, la falta de medios de subsistencia y la carencia de agua potable y salud de calidad, entre otras situaciones que dificultan el desarrollo de la vida en medio de su vasto territorio desértico que ocupa25.000 kilómetros entre Venezuela y Colombia.
La desatención de ambos Estados ha afectado de forma estructural y sistemática los derechos humanos de este pueblo indígena, y a ello se ha sumado la presencia de grupos armados heredados del conflicto armado en Colombia. Los pobladores son muy herméticos sobre la presencia de grupos armados (guerrilla, narcotráfico y contrabandistas) por miedo a represalias, amenazas y hostigamientos, pero se conoce la fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zonas de la Guajira. Esta guerrilla, aprovechando la vulnera- bilidad y pobreza de la población, capta a jóvenes para reclutarlos forzosamente en sus filas ohacerlos partícipes de sus negocios ilícitos.
Poco han hecho los Estados para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos del pueblo wayúu y muchos han sido losproyectos estériles para garantizar la dignidad de sus condiciones de vida. Más recientemente, la situación de derechos humanos ha empeorado por el aumento del flujo migratorio de venezolanos que han decidido marcharse de su país en vista de la emergenciahumanitaria compleja que se vive allí.
Del lado venezolano, el municipio de Guajira se ubica en el noroccidente del estado de Zulia, en la frontera con Colombia, yabarca una superficie de 2.370 km2. La capital es Sina- maica y posee cuatro parroquias civiles (unidades político-territoriales en las que se dividen los municipios): Sinamaica, Elías Sánchez Rubio, Guajira y Alta Guajira.
En el estado de Zulia, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) se ha encargado de monitorear y documentar la situación de derechos humanos en la región, que presenta características particulares y diferenciadas con respecto a otras entidades del país: es un estado fronterizo, cuenta con una densidad de población mayor y es el hogar del pueblo indígenamás numeroso de Venezuela.
Desde Codhez hemos documentado el complicado panorama de los pueblos y las comu- nidades indígenas ubicados en esta zona fronteriza. Mediante visitas, reportes, denuncias y documentación, insistimos en visibilizar la realidad de la población wayúu y llamar la atención del Estado venezolano para que asuma sus responsabilidades constitucionales de proteger los derechoshumanos de los pueblos indígenas y garantizar la permanencia de sus cosmologías y tradiciones ancestrales, que poseen un valor único para la humanidad. No obstante, esta tarea no ha resultado nada sencilla, pues, como veremos, el contexto del territorio presenta graves obstáculos y amenazas para la defensa de los derechos humanos.
Como datos que ayudan a vislumbrar el panorama de la zona de Guajira en Venezuela, se destaca que el 98 % de la poblacióndel municipio se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que 86 % vive por debajo de la línea de pobreza extrema: es decir, son familias que no cuentan con ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas.
El municipio de Guajira es epicentro estratégico para el intercambio comercial, industrial y cultural entre Colombia y Venezuela, y es uno de los pasos fronterizos con mayor movilidad humana en Latinoamérica. Es el lugar donde el puebloindígena wayúu ha vivido y donde ha forjado sus costumbres familiares y referentes cosmológicos. Pese a que el territorio posee un valor ancestral, en diciembre de 2010, a través del Decreto 39583 firmado por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se impuso el Distrito Militar N.o 1en la Guajira venezolana, con mando central en la localidad de Paraguaipoa. Sin respetar el derecho de los pueblos indígenas a laconsulta previa y a decidir sobre sus territorios originarios, se ordenó la presencia masiva de la Fuerza Armada Nacional, lo quealteró las costumbres ancestrales de la etnia. Bajo el supuesto de atender la emergencia por lluvias en la zona, luchar contra elcontrabando y resguardar la seguridad ciudadana de la población wayúu, se impuso un cerco militar que ha sido el origen deabusos militares, ejecuciones extrajudiciales y, en general, de la pérdida progresiva de la libre determinación y autonomía de lospueblos indígenas.
A esa primera ofensa en contra del territorio, en 2015 –por decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro– se ordenó elcierre de la frontera y de las actividades económicas entre Venezuela y Colombia, debido a desacuerdos diplomáticos. En general, el cierre les causó una grave crisis económica, social y cultural a los wayúu, por cuanto significó la ruptura con su territorio ancestral y la dificultad para ejercer sus actividades comerciales y mantener la conexión con sus familiares. Ante la ausencia estatal, se hicieron más frecuentes las denuncias del aprovechamiento de las personas indígenas pobres y personas no indígenas para redes de trata de personas, negocios ilícitos, contrabando y reclutamiento forzado de parte de grandes grupos criminales yparamilitares.
La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, a partir de agosto de 2022, ha avivado la esperanza e incentiva a poner sobre la mesa la situación de derechos humanos de la Guajira venezolana. Aunque se reactivará oficialmente el intercambio comercial con núcleo en la Troncal del Caribe (Maracaibo-Maicao), los líderes de ambos países no han hablado sobreuna apertura de la frontera enfocada en derechos humanos, a pesar de lo apremiante que resulta el contexto en materia denecesidades humanitarias, y de la seguridad y atención a personas migrantes y refugiadas venezolanas.
Hacer posible la defensa de los derechos humanos en este territorio no resulta fácil cuando se tiene en cuenta la existencia de un conjunto de restricciones, limitaciones y vulnerabili- dades a las que están sometidas las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos en Venezuela. Se trata de patrones comprobados de comportamientos de hostigamiento contra las defensoras y defensores de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas.
Hay patrones relacionados con la vigilancia y el control estatal que llegan a niveles de persecución y hostigamiento, mediante operativos de seguimiento por parte de cuerpos policiales o de inteligencia militar contra quienes realizan denuncias públicas:allanamien- tos, detenciones arbitrarias, acusaciones falsas e infundadas mediante la manipulación de los órganos de justicia, retención de equipos y documentaciones, descalificación y desprestigio contra defensoras y defensores, y precalificaciones de las organizaciones de la sociedad civil con actividades relacionadas con la delincuencia organizada y el terrorismo.
La defensa de los derechos humanos: un tejido queresiste
El tejido, para los miembros del pueblo wayúu, es más que una práctica cultural: es una herencia de sus ancestros y un mediopara expresar la vida como la sienten y desean. Según su cosmología, Wale’ Kerü («araña tejedora» en idioma wayuunaiki) fue quien enseñó a la mujer wayúu a tejer. Al amanecer de cada día, Wale’ Kerü tenía hechos susus («bolsos» en idioma wayuunaiki) yhamacas para el uso y servicio del pueblo wayúu.
La defensa de los derechos humanos en la Guajira se ha tejido como un susu wayúu: con paciencia, hilo tras hilo, gracias al aporte de diversos Wale’ Kerü, defensores de derechos humanos, periodistas locales y liderazgos de hombres y mujeres wayúu desde sus comunidades. El objetivo ha sido documentar lo que se vive en la Guajira, como si se guardara todo en un bolso wayúu y con ello se pudieran hacer las denuncias y exigencias necesarias. Esta tarea se asume como una responsabilidad, pero tambiéncomo un riesgo que, en ocasiones, incluye represiones, persecuciones y detenciones por parte del Gobierno, así como la desprotección frente a la violencia y las amenazas de los grupos armados.
Hambre y represión
Los factores que inciden en la existencia de condiciones tan complejas en la Guajira son de diversas magnitudes y alcances. Las extremas condiciones de pobreza obligan a que la mayoría de los jóvenes (62 %) en edades comprendidas entre 15 y 24 años noestudien ni trabajen. No hay fuentes dignas de empleo. Los habitantes de sectores como Potrerito se trasladan hasta la frontera conParaguachón para vender agua, chicha o trabajar como carretilleros5; se trata de una zona sumamente peligrosa, controlada por mafias y delincuencia organizada. Otros se dedican a la cría de ovinos y caprinos, a la pesca, al corte de leña o al transporte enmotos. En general, existen limitados medios de vida dignos y seguros.
Para comer, las familias wayúu dependen de los programas de alimentación del Gobierno nacional. El programa Mercado deAlimentos (Mercal) y las cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) fueron creados por el Gobierno para abastecer de alimentos de primera necesidad a la población, con precios de bajo costo o de manera gratuita. De acuerdo con la LeyConstitucional que regula el Comité Local de Abastecimiento y Producción, publi- cada en la Gaceta Oficial n.o 41.330, se entregauna caja de alimentos a familias compuestas por cinco personas o menos. La frecuencia de entrega de alimentos es cada quincedías, pero el 79,2 % de las familias zulianas confirmó haberlas adquirido tres o menos veces al año, de acuerdo con datos de Codhez. Además, pese a anunciarse como un programa gratuito, a las familias se les exige un pago de por lo menos 10.000 pesoscolombianos (moneda extranjera en Venezuela, pero que es de libre uso en la zona fronteriza debido a la devaluación del bolívar). La cantidad de comida entregada solo alcanza para unos cuatro días. Estos progra- mas son utilizados por voceros del Gobierno como forma de manipulación política o como instrumento para controlar el voto popular.
El hambre en la Guajira no es nueva y durante el inicio del confinamiento por la pandemia el pueblo wayúu protestó por los retrasos en la llegada de los programas alimentarios prome- tidos por el Gobierno y que resultaban ser la única salvación de las familias para alimentarse durante la época de cuarentena extrema.
En estas circunstancias, hubo detenciones arbitrarias y violencia policial y militar en medio de las protestas de la población, lo cual demostró la impericia y el desconocimiento de policías, militares y autoridades civiles en materia de contención sanitaria conenfoque de derechos huma- nos y atención a poblaciones indígenas. Por ejemplo, el 12 de abril de 2020 hubo varias protestas enel poblado de Guarero, en las que se reclamaba la falta de alimentos y las fallas generalizadas de los servicios públicos. LaGuardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimió fuertemente la protesta y disparó contra la población, hiriendo con un perdigón elrostro de una lideresa wayúu. Esta agresión a una mujer wayúu demuestra el irrespeto y la grave vulneración a sus dere- chos eidentidad por parte de los funcionarios militares estacionados en territorio indígena. En la cosmología wayúu, la mujer es creadorade vida y posee autoridad especial en su familia y en la sociedad para el cuidado de las futuras generaciones, las tradiciones y lascostumbres.
Las mujeres wayúu protegen la identidad wayúu y son las responsables de los ritos sagrados y el mantenimiento del bienestarfamiliar.
Es muy común ver alcabalas improvisadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de las que se reportan constantes atropellos y extorsio- nes. La represión es una fórmula común para mantener el control social sobre la población. Este año documentamos, como mostraremos a continuación, un hecho que evidencia la instrumentalización del hambre y las necesidades del pueblo wayúu en favor de la obtención de votos por parte del Gobierno municipal.
Uso político del hambre
Heberto Ferrer, docente y líder de la Guajira, nos contó la experiencia vivida en el marco de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, partido del gobierno de Nicolás Maduro). Los habitantes de las comunidades de La Rita,Cardoncito, Caño Palajama, Botoncillo, Mamoncito, Carraiquilla y Puertecito (899 electores) fueron convocados a tal elección. El 6 de agosto de 2021, día de la instalación de las mesas electorales, los líderes indígenas denunciaron que en los centros de votación solo estabanfuncionarios adscritos a la alcaldía del municipio de Guajira, a cuyo cargo se encuentra Indira Fernández, alcaldesa en ejercicio yrepresentante del PSUV. La otra fuerza política en contienda para las primarias era el Partido Comunista de Venezuela, que notenía ningún tipo de representación. Esta injusta y abusiva situación también fue apoyada por funcionarios del Consejo Nacio- nalElectoral (CNE) y por el componente militar presente, lo que vulneró el derecho de participación de los líderes indígenas eincrementó el disgusto de las comunidades. Ante las constantes quejas de la comunidad, el centro electoral fue desmontado y lamáquina de votación fue desinstalada y retirada en una camioneta de la Alcaldía.
Mientras ocurría esto, a la casa del coordinador de la mesa electoral y vocero del consejo comunal de Puertecitos llegaron 600 bolsas con alimentos CLAP para ser distribuidas solamente entre las personas que votaran por la alcaldesa: quien no lo hiciera, no tenía derecho a las bolsas. Decenas de personas wayúu se trasladaron hasta la casa del coordinador para protestar en contra de esta arbitrariedad, pues el programa de alimentación de las cajas CLAP debe distribuirse a todos por igual para garantizar la seguridad alimentaria de la población y en ningún caso debe usarse como un medio para coaccionar el voto. La comunidad estaba decidida a apoderarse de las bolsas y a que no se entregaran como instrumento para acumular votos para la alcaldesa.
De acuerdo con Ferrer, los funcionarios de la Alcaldía y los integrantes de la mesa electoral se trasladaron a la casa del coordinador de la mesa electoral para resguardar las bolsas. Al ver la protesta y el descontento de la comunidad, la presidenta de la mesa (aliada de la alcaldesa) hizo una llamada telefónica y al terminar dijo: «Vámonos. Ya recogimos todo, dejémosles las bolsas a estos malditos guajiros muertos de hambre», lo que desencadenó una serie de quejas de la comunidad ante el maltrato.
En estas circunstancias, se presentaron funcionarios de la Policía Nacional y fuerzas poli- ciales adscritas a la Alcaldía de la Guajira y la Gobernación de Zulia, incluyendo motorizados del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado de Zulia y el Equipo deRespuesta Especial de la Policía del Estado (que persigue a los criminales más peligrosos). La represión en contra de la comunidad culminó en horas de la noche. A las 11:00 p. m. llegó un camión de la Alcaldía de la Guajira para llevarse las bolsas (supuestamente para venderlas), pero la presión de la comunidad logró que estas fueran entregadas a los votantes.
Estos hechos también fueron reseñados por periodistas locales y medios de comunicación nacionales. «En procesos de elecciones pasados llevaban la comida y quien votaba recibía su bolsa, los habitantes de Los Puertecitos al este de Sinamaica#Venezuela #Zulia se cansaron de eso y enfrentaron a quienes hacen esa práctica, hay lesionados», denunció el periodista Lenin Danieri, vía Twitter6. Asimismo, El Nacional reportó que los habitantes de Los Puerte- citos se cansaron de las promesas de los dirigentes y se enfrentaron a quienes en procesos de elecciones llevaban bolsas de comida a cambio de votos. También El Pitazo afirmó que los voceros de los consejos comunales del PSUV utilizaron las bolsas de Mercal para comprar los votos de los electores: alrededor de 23.000 familias en el municipio de la Guajira llevaban esperando tres meses este beneficio alimentario para las comunidades. Se destaca que sobre estos acontecimientos no hubo ningún pronunciamiento o comunicado oficial por parte delos representantes de la Alcaldía o la Gobernación.
El día de las elecciones internas del PSUV, el 8 de agosto de 2021, la mesa electoral fue abierta con mucha lentitud y se reportó que las máquinas no funcionaban bien. Solo pudie- ron sufragar unas 150 personas y más de 400 no pudieron ejercer su derecho al voto: al final anunciaron que la alcaldesa Indira Fernández había resultado reelecta. En noviembre de 2021 fue la ganadora de las elecciones municipales.
Después de estos hechos, a las personas vecinas de estas comunidades no se les ha permi- tido acceder a los alimentos de Mercal ni a las bolsas CLAP, y la Alcaldía no va hasta estos caseríos que se encuentran alejados de los poblados principales de laGuajira (Sinamaica y Paraguaipoa), lo que violenta el derecho a la alimentación de la población.
Para los activistas en terreno, la instrumentalización del hambre no solo es una práctica utilizada antes de la elección de cargos políticos, sino una estrategia generalizada de control social donde la figura del Consejo Comunal juega un papel importante. Silas personas quie- ren protestar o van hasta una emisora radial a hacer una denuncia, reciben como represalia el que se les quite la caja CLAP. Por ello, la gran mayoría ha decidido guardar silencio y no arriesgarse a perder una bolsa de comida que es tannecesaria.
Vivir en medio de la crisis de servicios básicos
Esta realidad de hostigamiento y violación de derechos se agudiza con la falta de acceso a los servicios básicos. En 2021, en laGuajira, más del 72,3 % de los hogares presentaba serios pro- blemas de déficit de servicios público: de energía eléctrica, aguapotable, gas doméstico, aseo urbano y transporte público, entre otros. Algunos sectores han padecido hasta más de dos años sinelectricidad, como Caño Pajaima y Cardoncito. Las familias deben recurrir a pozos artesa- nales o utilizar el agua de los jagüeyes(no tratada ni potable), para lo que deben hacer extensos recorridos a pie. Se cocina en fogones con leña. Los motorizados son laprincipal forma de transporte, dado que la mayoría de las calles no están asfaltadas y los caminos son de arena y maleza(situación que empeora en temporada de lluvias por inundaciones y desbordamientos de aguas). La salud y educación sonderechos inexistentes. En el informe de Codhez sobre la situación general de los derechos humanos en Zulia (Guajira e Isla deToas), de marzo de 2022, reportamos que en el Hospital Binacional Dr. José Leonardo Fernández, de Paraguaipoa, centro desalud para la población wayúu en Venezuela, se presenta hasta un 90 % de escasez de insumos médicos y medicinas. Ellaboratorio no funciona por falta de reactivos. La unidad de imágenes está inoperativa. No hay ambulancias para traslados deemergencia, pues las dos unidades que había fueron sustraídas por funcionarios de la Alcaldía después del ca∫mbio de gestión en la Gobernación de Zulia. En este mismo informe, el personal administrativo del centro de salud denuncia que buena parte de los insumos que llegaban a este centro hospita- lario estaban escondidos y un 30 % vencidos. El hospital padece fuertes cortes de electricidad y el agua potable no llega por tubería, sino mediante un pozo artesanal.
Las niñas, niños y jóvenes no cuentan con espacios óptimos de estudio. Las escuelas no tienen pupitres, mesas, sillas ni baños. Durante la primera época de la pandemia, los centros educativos fueron desvalijados y se llevaron desde los sanitarios hasta los techos. Ahora los pocos niños que asisten deben escuchar sus clases sentados en el suelo, a la intemperie. La calidad educativa habajado considerablemente y se ha afectadado por la deserción estudiantil y docente: muchos maestros migraron del país o se vieron obligados a dedicarse a otras actividades, dados los bajos salarios recibidos. Las escuelas no cuentan con programas de alimentación (las agencias humanitarias de Naciones Unidas no han llegado a estos espacios marginados), de modo que las niñas y niños no tienen alimentos en sus hogares y tampoco los encuentran en sus escuelas. El hambre, la desnutrición y la pobreza son lascompañeras diarias de la infancia wayúu.
Las fallas en las comunicaciones y la obsolescencia en la tecnología complican la labor humanitaria y de defensa de derechos humanos, así como el acceso a la educación. Se estima que para 2021, en la Guajira solo 0,8 % de los hogares tenían acceso a internet y 2,2 % tenían computadores. Por estos motivos, es normal que la población pase varios días sin conexión, sin saber qué ocurre a su alrededor, y sin poder hacer públicas y visibles las carencias y vio- laciones a las que está sometida.
Por otro lado, la movilización hacia y desde esta zona fronteriza es todo un reto. Uno de nuestros principales problemas es el acceso a estas comunidades por falta de transporte e inseguridad. En el trayecto hay alcabalas: unas montadas por efectivosmilitares, para inti- midar, y otras por personas involucradas con actividades delictivas o grupos armados, para controlar y vigilar alas personas que circulan por allí. Se trata de un escenario hostil, peligroso y empobrecido donde reina la impunidad y la arbitrariedad. Las personas están en un estado de desatención total por parte de los órganos gubernamentales, cuya única función efectiva se ha circunscrito a la militarización de la zona –lo que se traduce en incrementos de abusos, intimidaciones y amenazas contra la población–. Por su parte, los gobernantes se han dedicado a amedrentar a las personas si no aceptan sus imposiciones o caprichos, como se evidencia en el caso de la protesta de la comunidad Los Puertecitos que se negó a cambiar bolsas de comida por votos.
Experiencias y retos de las defensoras y defensores dederechos humanos
La labor de Codhez en la Guajira empezó a través de la investigación de casos y de la documentación de la situación general de derechos humanos junto al Comité de Derechos Humanos de la Guajira entre 2016 y 2017 (este comité es la organización de la sociedad civil más antigua en el estado de Zulia; se fundó en agosto de 1999 y desde entonces se dedica a promover y defender losderechos humanos del pueblo wayúu y añú).
Saylin Fernández, periodista wayúu y defensora de derechos humanos, hace parte del Comité de Derechos Humanos de la Guajira desde hace catorce años. Su trabajo inició en las comunidades como periodista de calle y ese contacto hizo que conociera«el compás de realidades de la Guajira a través de los caseríos, las instituciones educativas y de salud», según nos afirmó en una entrevista realizada en noviembre de 2022. Para ella, las necesidades de la Guajira siempre han estado allí, así como la desatención del Estado, y por eso ha sido impor- tante impartir talleres de formación para las comunidades, que les permitan empoderarlas enel conocimiento de sus derechos.
En alianza con las organizaciones y los defensores de derechos humanos en Zulia, se han logrado tener momentos de concertación para conservar los espacios de denuncia, la labor de documentación y salvaguardar la seguridad de los periodistas y defensores que se encuentran en terreno. Las denuncias, los llamados y las alertas ante situaciones que vulneran los derechos humanos no se publican de modo individual, sino que se hacen en conjunto con una red de organizaciones para que la información se masifique. Además de Codhez y el Comité de Derechos Humanos de laGuajira, en tal red también están la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (que abarca dieciocho organizaciones de derechos humanos en Zulia), la Red Leal y organizaciones nacionales como el Programa Venezolano de Educación y Acción enDerechos Humanos (Provea) y el Laboratorio de Paz.
Esta estrategia ha sido efectiva para resguardar la seguridad de los activistas indígenas de la Guajira venezolana: cuando se denuncian casos por abusos policiales o militares y se revela el nombre del periodista o activista indígena involucrado, «toca correr a Colombia», como lo expresan los activistas indígenas en terreno. Por temor a represalias, es mejor cruzar la frontera hacia el país vecino hasta que la tensión desaparezca y sea seguro volver a la Guajira del lado venezolano.
Adicionalmente, en la Guajira no funcionan las líneas telefónicas con la misma efectividad que en el área metropolitana deMaracaibo. La señal es intermitente y si hay fallas eléctricas la comunicación es imposible, porque la desconexión es total. Así, la mejor forma de sortear estas dificultades es teniendo un vínculo con los líderes de las comunidades indígenas e ingresar con ellos al territorio. Los choferes que nos trasladan suelen ser personas involucradas en el activismo de derechos humanos y tienen nexos con concejales y miembros del gobierno municipal de la Guajira con interés en el abordaje de las comunidades y la promoción de losderechos humanos. Estos vínculos los hemos construido gracias al trabajo de años en la Guajira y al reconocimiento de la reputación de la organización entre los líderes sociales y los activistas políticos.
Para hacer el trabajo de registro y toma de videos y fotografías, llevamos los materiales del equipo de producción, pero no nos identificamos como equipo de prensa o como una organización de derechos humanos. El motivo declarado de la visita puede ser «visita a familiares» o «a escuelas» para entregar donativos de material escolar. Una vez, una comunidad nos pidió un aporte de cuadernos y útiles escolares para la donación de una escuela y tuvimos que llevarlo para facilitar el acceso a estas comunidades. Los militares que registraron el contenido del vehículo nos cuestionaron: «¿Para qué los cuadernos?», a lo que el chofer y guía dela visita contestó con sorna: «Para leer y escribir».
Nuestras medidas de prevención han mostrado ser efectivas. No hemos sido amenazados en el territorio ni perseguidos porlos agentes de seguridad del Estado venezolano. En enero y marzo de 2022, nuestra organización recorrió la Guajira venezolana y pudimos contactarnos con catorce de sus comunidades, en específico en el eje foráneo de la parroquia Sinamaica. Gracias al vínculo con líderes comunitarios, pudimos conversar con familias wayúu y conocer sobre su realidad. Estas comunidades fueron Los Puertecitos (300 familias), Mamoncito (20 familias), Karaipia (30 familias), Los Cardoncitos (200 familias), La Rita (160 familias), El Botoncillo (140 familias), Alewajirrawa (100 familias), Caimare Chico (280 familias), Bloque 6 (60 familias), Los Campiones (50 familias), Los Hermanitos (50 familias), Arizona (40 familias), Campo Alegre (150 familias) y Campo Alegre II(80 familias).
Vimos mucha pobreza. No solo por la carencia de medios de subsistencia –el pueblo wayúu se vio seriamente afectado en sus actividades comerciales con el cierre de la frontera–, sino también en el acceso a servicios públicos domiciliarios y en la falta de oportunidades para los niños y jóvenes wayúu. Estas comunidades no tienen acceso a agua potable, electricidad y mucho menosescuelas funcionales que permitan impartir clases en condiciones dignas.
Pasados casi diez meses desde la visita de Codhez al eje foráneo de la Guajira, la situación allí se ha agudizado: los índices de pobreza, desatención y protección estatal continúan, y el padecimiento por las múltiples carencias y precariedades se vive a diario. Además, los peligros y riesgos para defender los derechos en esta zona se han incrementado, debido al aumento de la presenciamilitar y la proliferación y el crecimiento de grupos armados.
También visitamos el sector Virgen del Carmen, en Paraguaipoa, particularmente una infraestructura de una base de misionesque quedó abandonada por la Alcaldía de la Guajira y que fue rescatada por la comunidad hace cuatro años para la atención de niños en edad escolar. Pudimos conversar con las madres wayúu que viven a diario las dificultades para garantizarles a sus hijoseducación de calidad y alimentación.
Entre Codhez y otras organizaciones de derechos humanos venezolanas hemos adelan- tado varias campañas, como #8AccionesPorLasMujeres, promovida en marzo de 2022. Esta campaña evidenció la falta de políticas públicas en alimentación, salud y educación que afectan de manera diferencial a las mujeres wayúu y cómo los casos de abuso sexual a niñas y mujeres wayúu se mantienen en la impunidad. Lo anterior ocurre porque no hay un sistema de denuncia judicial efectivo y con enfoque interseccional que atienda a las mujeres víctimas, dada la lengua que hablan, las características del territorio (se deben recorrer largas distancias para ir hasta las oficinas policiales a denunciar), y la vulnerabilidad y situación de pobreza en queconviven, entre otros aspectos.
La unión de las organizaciones de la sociedad civil que defendemos los derechos humanos en la frontera es esencial parapromover la conservación de los derechos de las mujeres wayúu.
Oportunidades y recomendaciones
A pesar de los inconvenientes, las múltiples necesidades y la situación sistemática de violación de derechos humanos en la región, seguimos motivados a continuar con nuestra labor de exigirle al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones. En este sentido, de forma general, consideramos que el incremento de nuestras medidas de seguridad (autocuidado y autoprotección), el resguardo de nuestra base de datos e información, la implementación de formas seguras de movilización y la ampliación de nuestras fuentes de financiamientos continuos y comprometidos que permitan garantizar nuestra sostenibilidad son algunas delas medidas que deben tomarse a corto plazo para afianzar nuestro trabajo como defensoras y defensores de derechos humanos.
En términos comunitarios, es necesario crear espacios de confianza y acercamiento con las comunidades, especialmente con líderes y lideresas wayúu. Tradicionalmente, los líderes wayúu son una figura de ejemplo e influencia en sus comunidades; se tratade personas que conservan el patrimonio cultural wayúu a través de la tradición oral, el respeto a su cosmología y las enseñanzas desus prácticas de diálogo y construcción de paz como lo dicta su sistema de justicia propio. Así, establecer nexos respetuosos con ellos nos permitirá ampliar el ámbito de intervención para una defensa más efectiva.
En caso de lograrse lo anterior, se potenciarían dos aspectos: en primer lugar, se aumentaría la presión que puede hacerse ante lasinstancias gubernamentales para priorizar la atención de temas relacionados con la seguridad e integridad de las personas, y laasignación de recursos suficientes para mitigar la emergencia humanitaria compleja entre estas comunidades indígenas; y, en segundo lugar, se facilitaría la labor humanitaria, pues tendríamos el respaldo de los repre- sentantes de estas etnias, lo que se traduce en una mayor protección yseguridad para nosotros. Esta integración de los defensores de derechos humanos con las comunidades indígenas haría viable no solo mostrar y documentar las vulneraciones de los derechos humanos de los integrantes de estos pueblos, sino ejercer una labor de acompañamiento para que las víctimas de estas vulneraciones sean escuchadas en varios ámbitos (regional, nacional e internacional) y para que sus necesidades sean identificadas y atendidas de forma prioritaria.
Con relación a los espacios nacional y regional, le recomendamos al Gobierno, en todos sus niveles, la aplicación de programasde capacitación y formación para sus componentes policiales y militares (incluso con la colaboración de organizaciones de lasociedad civil) en el respeto de los valores humanitarios y la integridad personal y laboral de las defensoras y defensores de derechoshumanos, así como en la valoración, el respeto y el resguardo de la idiosincrasia y cultura indígenas. Esta formación debe afianzarsebajo la perspectiva de los derechos humanos y el enfoque de género.
En términos generales, con relación a afectaciones a los defensores de derechos humanos en Venezuela, se recomienda eliminar toda forma de persecución y hostigamiento contra ellos; abstenerse de cultivar un discurso ofensivo, estigmatizante y criminal; eliminar cualquier forma de obstáculo o restricción para su operación en el terreno (especialmente, en cuanto a temas relacionados con el acceso a financiamientos y registro y actualización de su condición jurídica); investigar, procesar y sancionar a personas y funcionarios militares, policiales o cualquier otro funcionario, responsables de violaciones a los derechos humanos de las defensoras y defensores; y reconocer, con respeto, la labor desempeñada por ellos.
En cuanto a espacios internacionales, dado que hablamos de zonas fronterizas, es impor- tante crear redes de alianzas entre organizaciones venezolanas apostadas en esta zona y organizaciones colombianas; incluso, resulta determinante la participación de organizaciones internacionales de otras latitudes (interesadas en temas indígenas, de migración y fronteras), en especial cuando haya oportunidades de entendimiento y consenso sobre medidas comunes que requieran ser diseñadas e implementadas.
Es importante el financiamiento a través de proyectos a mediano y largo plazo que promue- van el empoderamiento en la exigencia de derechos humanos de las comunidades indígenas y también en asistencia legal y sistematización de la documentaciónde violaciones a los derechos humanos con enfoques de incidencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos, de modo que se puedan promover mayores voluntades políticas que incidan en políticas públicas de atención binacionales.
Se sugiere la creación de un Observatorio de Derechos Humanos para la Guajira, debido a la relevancia del territorio wayúu en el análisis de la situación geopolítica, económica y social de Venezuela y Colombia.
Por otro lado, desde estas alianzas internacionales, es necesario profundizar en la inclusión del enfoque de género en los diseñosde la protección. Previo a ello, se requiere un estudio para puntualizar los riesgos a los que estamos sometidas las defensoras encontextos indígenas y fronterizos con fuerte presencia militar y de grupos armados. Estos diseños de protección deben abarcar a los defensores de derechos humanos nativos, en quienes se articula su condi- ción de defensores e indígenas; tales medidas deben adaptarse a las tradiciones y costumbres del pueblo o comunidad indígena al que se pertenezca (en nuestro caso, al pueblo wayúu).En otras palabras, toda medida de protección que se diseñe y pretenda implementarse en este contexto indígena y fronterizo debetener un enfoque diferenciado e intersectorial.
A su vez, es importante que desde los países que conforman la Unión Europea se hagan esfuerzos políticos que le insistan al Gobierno venezolano y a las agencias humanitarias ins- taladas en terreno sobre la necesidad de hacer diágnosticos reales y actualizados acerca de la situación de la Guajira en materia de desnutrición y seguridad alimentaria, tasa de escolari- dad, tasa de empleo, cobertura de servicios domiciliarios, cobertura de internet y otros datos esenciales. Esto permitirá implementar políticasacordes a sus necesidades, so pena de que se desborde la emergencia humanitaria que atraviesa este pueblo.
Por último, en cuanto a espacios organizacionales, hay que decir que en Codhez siem- pre hemos propiciado la protección del espacio cívico, la divulgación y los reclamos ante casos de vulneraciones contra organizaciones de la sociedad civil o contra susdefensoras y defensores, pero las limitaciones materiales y humanas son un reto. A veces, la insuficiencia presupuestaria impide el buen desarollo de las actividades; otras razones para tal impedimento se relacionan con situaciones de inseguridad personal o riesgos a nuestra integridad física, moral o psíquica. De igual forma, el estrés de las defensoras y defensores –por acoso, miedo, hostigamientos, amenazas o cansacio– puede ser un detonante para el retraso o la eventual paralización de las actividades planificadas. Por lo tanto, como última recomendación, consideramos importante promover espacios deacompañamiento psicosocial al equipo de Codhez y a los defensores de derechos humanos en la Guajira venezolana, tanto demanera individual como colectiva.
A pesar de las difitultades descritas, seguimos esforzándonos y nos corresponde registrar y documentar cualquier tipo de hecho oincidente que implique una violación de los derechos humanos de los defensores. Para ello, estimulamos las alianzas con otras organizaciones defensoras de los pueblos indígenas en esta parte del país, tales como el Comité de Derechos Humanos de la Guajira y los amigos de Radio Fe y Alegría, con quienes tratamos de avan- zar hacia la visibilización de la difícil situación de los pueblos y las comunidades indígenas del estado de Zulia, con especial énfasis en la complicada realidad del pueblo wayúu. Paraesto requerimos refuerzos y acciones coordinadas con organismos y agencias nacionales e internacionales, en forma de apoyologístico y financiero para garantizar nuestro resguardo y seguridad en el marco de las labores de defensa.
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Este relato hace parte del libro Frontera común: luchas por los derechos humanos, producido por Civil Rights Defenders con el apoyo de la Embajada de Suecia en Colombia.
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