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De las 916 investigaciones por delitos electorales, 515 son por trashumancia, 127 por compra de votos y 84 por constreñimiento al elector.
Según el vicefiscal general, Jorge Perdomo, preocupa a la entidad que de 114 mil candidatos inscritos a estos cargos de elección popular, 103 mil tienen investigaciones penales.
“Hay investigaciones de todo tipo, desde denuncia por alimentos hasta denuncias por vínculos con organizaciones armadas ilegales, incluso hay candidatos que se inscribieron que están siendo investigados por delitos sexuales. El llamado es a los Partidos Políticos para que no dejen la responsabilidad en manos de la Fiscalía y la justicia”, dijo.
Si bien la Fiscalía anunció que no se judicializará a todos los sufragantes a quienes se les canceló la cédula por trashumancia, pidió a la Registraduría buscar mecanismos que garanticen el derecho a los ciudadanos que hayan actuado de buena fe.
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