Amenazar abogados de Víctor Maldonado muestra grado de ensañamiento: familia

En una carta a la opinión pública y firmada por el abogado Ignacio Álvarez, los familiares del empresario Víctor Maldonado defendieron su derecho a solicitar la libertad por vencimiento de términos, situación que será resuelta en una audiencia citada para este miércoles en los juzgados especializados de Bogotá. Los allegados de Maldonado Rodríguez, investigado por el escándalo de Interbolsa, advierten que órganos del Estado buscan influenciar a jueces de la República para que nieguen el recurso invocado, no obstante los 648 días de prisión que ha pagado, según ellos sin que se le juzgue ni haya sido vencido en los tribunales. Afirman en la misiva que no se puede forzar a los jueces de la República a que tomen decisiones que favorezcan a unos u otros intereses, y que la presunción de inocencia debe prevalecer, por lo que no se puede calificar como una injusticia el pedido de libertad de la defensa. La familia de Víctor Maldonado rechaza lo que cataloga como un grave intento de interferencia y argumenta que de conformidad con la normatividad de los derechos humanos, el uso excesivo de la prisión preventiva es contrario a la esencia del Estado democrático de derecho. Agregan que Maldonado, de 72 años de edad, padece cáncer y trastornos sicológicos que requieren tratamiento especializado y permanente, y que la permanencia en prisión pone en riesgo su vida e integridad. Maldonado está acusado de los delitos de estafa, captación masiva de dinero, negativa de reintegro de dineros y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, cometió varias irregularidades en el manejo de millonarios recursos que depositaron inversionistas, mientras se desempeñó como principal accionista del Fondo Premium. De acuerdo con el ente acusador, Maldonado Rodríguez estaba enterado de las presuntas acciones ilegales que se estaban realizando al interior de Interbolsa desde el año 2009, cuando muchos de los dineros de los inversionistas de la liquidada entidad financiera llegaban a sus cuentas, a través de operaciones ilegales que se realizaban en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales del Caribe.