Víctor Maldonado, el mayor inversionista de Interbolsa y quien es procesado por su presunta responsabilidad en el desfalco por más de 32.000 millones, renunció a la ciudadanía colombiana.A través de un comunicado señaló que “las normas de la República de Colombia, con el lleno de los requisitos legales, permiten la renuncia a la ciudadanía. Yo hice uso de ese derecho”.La Fiscalía ha señalado a Maldonado de ser uno de los mayores beneficiarios en el caso de Interbolsa. Él fue capturado en España y extraditado a Colombia en noviembre de 2015, pero, por vencimiento de términos, terminó libre en 2017.En el comunicado, Maldonado también informa que es “ciudadano español con plenos derechos, desde mediados del año 2017” y que con autorización de la juez que lleva su caso alterna “entre las ciudades de Bogotá y Madrid”.Algunos han interpretado la renuncia a la ciudadanía como una jugada en medio del proceso judicial. Maldonado dijo que “independientemente de la ciudadanía” continuará luchando por su “dignidad e inocencia”.
Víctor Maldonado, uno de los principales señalados en el escándalo del descalabro de Interbolsa, junto a su familia interpuso una tutela en contra del actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, por haberlo bloqueado en su cuenta en Twitter. Según Maldonado, el director de la Agencia Jurídica, como funcionario público, estaba en la obligación de no bloquearlo porque a través de su cuenta personal de Twitter, publica informaciones clave en relación con las decisiones que toma su despacho. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela, pues Vélez, cuando se enteró de la tutela en su contra, desbloqueó la cuenta. En entrevista con Mañanas BLU, Luis Guillermo Vélez consideró que uno puede disponer de sus cuentas personales de redes sociales y no hay restricción de cerrarlas, abrirlas, bloquear o modificar. “Maldonado inició una acción de tutela porque yo lo había bloqueado en mi cuenta en Twitter, y para no entrar en discusiones jurídicas inocuas, innecesarias y hasta frívolas, decidí desbloquearlo”, comentó. Vélez, propietario de @lgvelezc, dijo que hay demasiados problemas jurídicos en el país, como para abrir una discusión sobre un tema que le parece bastante inocuo, que es el bloqueo de la cuenta @maldonado_victo, de propiedad del empresario colombo-español y su familia. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Esta semana vence plazo para que Colombia conteste la denuncia que interpuso el empresario Víctor Maldonado, uno de los implicados en el escándalo del Fondo Premium, ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación del debido proceso y honra. Y es que en abril pasado la CIDH envió una carta a la canciller María Ángela Holguín para responder a la demanda, al igual que más de 1.000 folios con evidencia presentada por los abogados de Maldonado. “Solicito respetuosamente al gobierno tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la transmisión de la presente comunicación”, señaló en su momento la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed. Lea también: Inicia octavo pagó por $8.000 millones a afectados del Fondo Premium Cabe recordar que Maldonado fue extraditado en enero de 2015 desde España, por solicitud de la Fiscalía. En marzo de este año quedó en libertad condicional mientras avanza el proceso por los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie y no reintegro de dineros captados del público.
El pasado 13 de enero, el juez 61 de garantías otorgó la libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, le ordenó portar el brazalete electrónico. En el desarrollo de la audiencia el abogado defensor, Iván Cancino, aseguró que pasaron 648 días y que la Fiscalía no ha definido la situación judicial de su cliente. La fiscal del caso, Alexandra Ladino, expuso que tan solo han transcurrido 215 días, que no se puede tener en cuenta el tiempo en que Maldonado estuvo preso en España y que no ha podido hacer la acusación porque la defensa de los implicados en el descalabro financiero han pedido aplazamientos, nulidades y no han asistido a las audiencias. El empresario, quien fue extraditado el 27 de noviembre de 2015, se declaró inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro imputados por la Fiscalía General.
El juez 61 de garantías otorgó la libertad por vencimiento de términos al empresario Víctor Maldonado procesado por el escándalo financiero de Interbolsa, sin embargo, le ordenó portar el brazalete electrónico. El empresario quedará en libertad una vez sea notificado y el Inpec compruebe que no tiene otras órdenes de captura. En el desarrollo de la audiencia el abogado defensor, Iván Cancino, aseguró que pasaron 648 días y que la Fiscalía no ha definido la situación judicial de su cliente. La fiscal del caso, Alexandra Ladino, expuso que tan solo han transcurrido 215 días, qué no se puede tener en cuenta el tiempo en que Maldonado estuvo preso en España y que no ha podido hacer la acusación porque la defensa de los implicados en el descalabro financiero han pedido aplazamientos, nulidades y no han asistido a las audiencias. Por su parte, la Procuraduría había solicitado que no se otorgue el beneficio.El empresario, quien fue extraditado el 27 de noviembre de 2015, se declaró inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro imputados por la Fiscalía General. Según la investigación de la Fiscalía, el deudor del Fondo Premium de InterBolsa habría tenido conocimiento directo del uso indebido que se le dio al dinero de los inversionistas sin su consentimiento para adelantar diferentes actividades bursátiles y la realización de negocios personales. Otras libertadesA la fecha 10 personas procesadas por el desfalco financiero de Interbolsa y Fondo Premiun han recobrado su libertad. En cuanto al caso de InterBolsa, en enero de 2015, un juez de Conocimiento de Bogotá dejó en libertad al empresario italiano Alessandro Corridori; su esposa, Claudia Jaramillo Palacios; además de la inversionista María Eugenia Jaramillo, y el representante legal de P&P Investment, Carlos Arturo Neira Llache. En cuanto al proceso por el Fondo Premium de InterBolsa, en el transcurso de 2016 quedaron en libertad la representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero, Claudia Patricia Aristizábal González; los representantes legales de Valores Incorporados, Natalia Zúñiga Isaacs y Ricardo Martínez; y el directivo del Fondo Premium, Juan Andrés Tirado Moreno. Mientras que el último en quedar en libertad fue Maldonado, quien se suma al gerente del Fondo Premium de InterBolsa Rachid Maluf Raad, en salir de prisión. Escuche en este audio más información sobre: -El ministerio de Defensa anunció que la próxima semana se anunciará la reestructuración de la Policía. Señaló que ya se recibieron todos los elementos necesarios de la comisión designada por el presidente. -Arrollado por una volqueta murió uno de los operarios que adelantaba labores para la reapertura de la vía Medellín – Bogotá. Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho. -Los Gobernadores del país pidieron que se decrete un reglamento que le de claridad a la ley de licores. -La multinacional Uber responde a requerimientos de la Superintendencia de Sociedades. La firma presentó un recurso de reposición ante la demanda que cursa en ese organismo. -El Departamento de Policía de Chicago, Estados Unidos, fue acusado de incurrir en patrones de uso indebido de la fuerza letal. -El abierto de Australia dará inicio a la temporada del año en el Grand Slam. -Desde el Consejo de Bogotá denuncian que los conductores del Sistema Integrado de Transporte Público continúan manejando alta velocidad para cumplir con los tiempos que se les estipula. -Después de que un vehículo de transporte público se estrellara hoy contra un poste y cayera sobre una vivienda en la Localidad de San Cristóbal en el sur de la ciudad, La Secretaría de Movilidad anunció medidas para la reducción de accidentes de tránsito en el SITP.
La pérdida de la carpeta del proceso y un juez qué se declaró impedido llevó a qué este jueves se aplazara por tercera vez la audiencia en la que iban a solicitar la libertad del empresario Víctor Maldonado, investigado por el descalabro del Fondo Premium. El reparto del proceso se hizo hasta este jueves y al ser presentado ante el juez segundo de garantías, este se declaró impedido por ser amigo íntimo de la familia Maldonado. Así las cosas, el juez tuvo que devolver al centro de servicios judiciales la carpeta del proceso, y fue asignada al juez 61 de garantías, a quién nunca le llegó la asignación, pues la carpeta se perdió durante una hora entre el traslado del piso uno al dos del complejo judicial. Debido a esto, las autoridades no tuvieron otro recurso más qué aplazar la audiencia para este viernes. Aunque se podría otorgar la libertad al empresario, trascendió que la Fiscalía solicitó una nueva medida de aseguramiento en su contra. El proceso Para la defensa, ya se cumplieron 648 días sin que inicie un juicio en su contra, asegura que la Fiscalía se ha demorado y ha incumplido los términos que la ley para iniciar un juicio y está violando sus derechos. Maldonado fue extraditado de España desde el año 2015 por solicitud de la justicia colombiana. Está acusado de los delitos de estafa, captación masiva de dinero, negativa de reintegro de dineros y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, cometió varias irregularidades en el manejo de millonarios recursos que depositaron inversionistas, mientras se desempeñó como principal accionista del Fondo Premium. De acuerdo con el ente acusador, Maldonado Rodríguez estaba enterado de las presuntas acciones ilegales que se estaban realizando al interior de Interbolsa desde el año 2009, cuando muchos de los dineros de los inversionistas de la liquidada entidad financiera llegaban a sus cuentas a través de operaciones ilegales que se realizaban en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales del Caribe. El empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
Este jueves se asignó a un juez la solicitud de libertad de Víctor Maldonado, sin embargo, el funcionario judicial tuvo que devolver al centro de servicios la carpeta del proceso y la petición del investigado por el descalabro del Fondo Premium, pues se declaró impedido por ser amigo de la familia Maldonado. Esta petición fue puesta en manos del juez de 61 de garantías, quien deberá resolver el recurso interpuesto por Maldonado y que busca que le otorguen la libertad por vencimiento de términos. Para la defensa, ya se cumplieron 648 días sin que inicie un juicio en contra de Maldonado y asegura que la Fiscalía se ha demorado y ha incumplido los términos de ley para iniciar un juicio por lo que se estarán violando sus derechos. Cabe señalar que Maldonado llegó al país tras ser extraditado de España de donde fue enviado a Colombia para que responda por los delitos relacionados con el desfalco del Fondo Premium. Maldonado fue trasladado al búnker de la Fiscalía para que un juez de garantías legalizara su captura y posteriormente inició el juicio en su contra por los delitos de captación masiva de dinero, concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dinero. Eduardo Montealegre, fiscal general de la época, reveló que el empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
En una carta a la opinión pública y firmada por el abogado Ignacio Álvarez, los familiares del empresario Víctor Maldonado defendieron su derecho a solicitar la libertad por vencimiento de términos, situación que será resuelta en una audiencia citada para este miércoles en los juzgados especializados de Bogotá. Los allegados de Maldonado Rodríguez, investigado por el escándalo de Interbolsa, advierten que órganos del Estado buscan influenciar a jueces de la República para que nieguen el recurso invocado, no obstante los 648 días de prisión que ha pagado, según ellos sin que se le juzgue ni haya sido vencido en los tribunales. Afirman en la misiva que no se puede forzar a los jueces de la República a que tomen decisiones que favorezcan a unos u otros intereses, y que la presunción de inocencia debe prevalecer, por lo que no se puede calificar como una injusticia el pedido de libertad de la defensa. La familia de Víctor Maldonado rechaza lo que cataloga como un grave intento de interferencia y argumenta que de conformidad con la normatividad de los derechos humanos, el uso excesivo de la prisión preventiva es contrario a la esencia del Estado democrático de derecho. Agregan que Maldonado, de 72 años de edad, padece cáncer y trastornos sicológicos que requieren tratamiento especializado y permanente, y que la permanencia en prisión pone en riesgo su vida e integridad. Maldonado está acusado de los delitos de estafa, captación masiva de dinero, negativa de reintegro de dineros y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, cometió varias irregularidades en el manejo de millonarios recursos que depositaron inversionistas, mientras se desempeñó como principal accionista del Fondo Premium. De acuerdo con el ente acusador, Maldonado Rodríguez estaba enterado de las presuntas acciones ilegales que se estaban realizando al interior de Interbolsa desde el año 2009, cuando muchos de los dineros de los inversionistas de la liquidada entidad financiera llegaban a sus cuentas, a través de operaciones ilegales que se realizaban en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales del Caribe.
Las autoridades aplazaron la audiencia en la que iban a solicitar la libertad del empresario Víctor Maldonado, investigado por el descalabro del Fondo Premium y cuya defensa alegará el vencimiento de términos. Maldonado llegó al país tras ser extraditado de España de donde fue enviado a Colombia para que responda por los delitos relacionados con el desfalco del Fondo Premium. Maldonado fue trasladado al búnker de la Fiscalía para que un juez de garantías legalizara su captura y posteriormente inició el juicio en su contra por los delitos de captación masiva de dinero, concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dinero. Maldonado fue extraditado por solicitud de la justicia colombiana que lo requiere por estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especias y no reintegro de dineros captados al público. Eduardo Montealegre, fiscal general de la época, reveló que el empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
Los empresarios habrían logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación para recibir beneficios penales a cambio de aceptar tres delitos y entregar información que ayude al proceso contra Víctor Maldonado. Según conoció Blu Radio, el exfiscal Eduardo Montealgre antes de dejar su cargo, firmó ese preacuerdo con el que se busca avanzar en las investigaciones y en las cuales Jaramillo y Ortiz se convertirían en los testigos estelares contra Maldonado. (Lea también: Nombres de políticos colombianos aparecen en escándalo de Panamá Papers) En este escenario, Jaramillo y Ortiz recibirían importantes beneficios penales por el delito de captación masiva y habitual de dineros del público, esto a cambio de testimonios y documentos que demuestren la participación de Maldonado en este escándalo financiero. Así mismo, aceptaron cargos por los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación de especies, casos en los cuales solo se leería sentencia y evitarían ir a juicio. Sin embargo, contra Jaramillo y Ortiz continua una investigación que los llevaría a juicio por el delito de no reintegro de dineros captados al público. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Blu Radio habló con la familia de alias ‘Marquitos’. La hija del exparamilitar denunció amenazas en su contra y pidió garantías en el proceso de su padre. -El Gobierno anunció que el proceso de restitución de tierras será priorizado en los departamentos afectados por la presencia de las guerrillas de las Farc y el ELN. -Algunos sectores del partido Conservador pidieron al ELN liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder para continuar con las negociaciones de paz y dar inicio al primer ciclo de conversación. -En diferentes regiones de Antioquia se lanzará el plan piloto del programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas en conjunto con la Fiscalía y el Gobierno Nacional. -La Defensoría del Pueblo pidió a la Procuraduría y Contraloría investigar al gerente del Fondo de Salud para las cárceles por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos. -La esperada reglamentación de servicio de taxis de lujo establece condiciones de cobro de tarifas, distintivos de los vehículos y obliga a los conductores a certificarse en universidades o en el Sena. -Los jueces y notarios del país, se comprometieron a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que les ordena celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo. -Una persona murió luego de que las fuertes lluvias provocaran la caída de una carpa en la Plaza Alfonso López de Valledupar. -En alerta naranja se encuentran los organismos de socorro del departamento del Meta por el posible desbordamiento de varios ríos. -Los ingresos por microtráfico en Bogotá superan los $15 mil millones de pesos al año. Las drogas más incautadas son marihuana, bazuco y base de Coca. -Más de 1 millón de firmas logró la oposición en la primera etapa de recolección para el revocatorio contra Nicolás Maduro.
El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.
El reciente sismo que sacudió a Venezuela y que se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, revivió el temor sobre la resistencia de las edificaciones en el país. En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), analizó el panorama actual y lanzó una advertencia clara: Colombia no está del todo preparada debido al alto costo que implica actualizar las estructuras más antiguas.Al ser consultado directamente sobre las estadísticas de actualización en el país frente a un sismo de gran magnitud, Areiza fue contundente. "No muy bien, y hay que ser sinceros", afirmó el experto, explicando que el principal obstáculo para asegurar los inmuebles es económico.El grave problema de los edificios construidos antes de 1984La normativa de sismorresistencia en el territorio nacional ha tenido una evolución histórica que marca una línea de seguridad muy clara para los habitantes de cualquier propiedad.Edificaciones posteriores a 1984: Cuentan con un buen nivel de seguridad. La primera norma oficial nació con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, la cual tuvo actualizaciones posteriores en los años 1998 y 2010 (NSR-10).Edificaciones anteriores a 1984: Representan el mayor riesgo. Al no estar cobijadas por legislaciones estrictas, su resistencia ante un terremoto es una incógnita que depende enteramente de la rigurosidad del constructor de la época."Las actualizaciones sismorresistentes son muy costosas y dependen de la edad de la edificación", señaló Areiza. Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura indispensable construida en 1829 donde no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos.¿Se puede actualizar la sismorresistencia de un edificio viejo?El ingeniero explicó que sí es técnicamente posible mediante un procedimiento denominado estudio de vulnerabilidad estructural. Este análisis evalúa el comportamiento del inmueble frente a las exigencias de la norma vigente (NSR-10) y plantea una ruta de rehabilitación técnica.Bajo la ley colombiana, los hospitales, centros de emergencia y todas aquellas denominadas "edificaciones indispensables" tienen la obligación legal de realizar esta actualización para garantizar su funcionamiento tras un desastre. Sin embargo, en el sector residencial privado la situación es distinta y la inversión depende de las copropiedades.El peligro oculto en las obrasEl presidente de la AIS enfatizó que un buen diseño estructural en el papel no garantiza que el edificio soporte un terremoto si falla el control en la construcción. El talón de Aquiles de la infraestructura colombiana suele estar en la supervisión técnica de la obra.Un error común y crítico es el mal curado del concreto. Según datos compartidos por el experto, si este proceso no se ejecuta de forma correcta en la obra, el material puede llegar a perder hasta un 50% de la resistencia especificada en los planos, dejando la estructura en una situación de alta vulnerabilidad.Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica trabaja junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma sismorresistente del país, buscando mantener a Colombia bajo los más altos estándares científicos del mundo.
Seis rescatistas vinculados a Caldas ya viajaron a Venezuela como parte de la delegación colombiana que apoyará las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia que enfrenta ese país.Tras el proceso de selección realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los seis profesionales quedaron integrados al equipo de 62 integrantes que representa a Colombia en la misión humanitaria.Tres de los rescatistas hacen parte del componente médico, mientras que los otros tres cumplen funciones en operaciones de búsqueda y rescate, además de planificación y coordinación bajo el sistema USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).La delegación caldense está conformada por cuatro integrantes activos de la Cruz Roja Colombiana, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y un profesional de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, quien también integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales.Con esta misión, Caldas aporta personal especializado a las labores humanitarias que adelanta Colombia para apoyar la atención de la emergencia en territorio venezolano.Desde la Gobernación de Caldas expresaron su reconocimiento a los rescatistas y reiteraron un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, en coordinación con los 26 Bancos de Alimentos del país, puso en marcha una estrategia nacional para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela. La ayuda será movilizada por vía terrestre y aérea en articulación con el Banco de Alimentos de Venezuela y Cáritas.Las mayores afectaciones se concentran en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de familias requieren asistencia inmediata, según aseguró la organización.Para responder a esta situación, ABACO habilitó inicialmente 13 Bancos de Alimentos en diferentes regiones del país para recibir y clasificar las donaciones, mientras avanza la activación de toda la red nacional de 26 bancos. Entre los productos priorizados se encuentran alimentos no perecederos, agua, leche, granos, artículos de higiene, pañales, cobijas, kits de cocina y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre la población afectada.El director de ABACO, Juan Carlos Buitrago, explicó que las donaciones llegarán a través de los bancos de alimentos de Bogotá y Cúcuta, desde donde serán transportadas por vía terrestre y aérea para su distribución, con el apoyo de Cáritas y el Banco de Alimentos de Venezuela. Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones en especie o en dinero para cubrir tanto la compra de productos faltantes como los costos logísticos de la operación humanitaria.Los interesados pueden realizar donaciones en especie en los Bancos de Alimentos habilitados o hacer aportes económicos a través del portal donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 También está disponible la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753. Los recursos serán destinados a la compra de productos faltantes y al transporte de la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.
Gases del Caribe se pronunció tras la decisión de la Corte del Banco del Rey de Alberta, en Canadá, que autorizó a Canacol Energy a terminar varios contratos de suministro de gas como parte de su proceso de reestructuración empresarial. La compañía enfatizó que esa decisión no tiene efectos inmediatos en Colombia y que, por ahora, los contratos de suministro de gas continúan plenamente vigentes.Según explicó la empresa, el fallo del tribunal canadiense, emitido el 24 de junio, expone las razones para autorizar a Canacol a finalizar, entre otros, dos contratos suscritos con Gases del Caribe.La Corte sustentó su decisión en que esa medida facilitaría el proceso de reorganización financiera que adelanta la compañía dentro del régimen de insolvencia transfronteriza en Canadá.Sin embargo, Gases del Caribe precisó que esa autorización aún debe ser incorporada mediante un Disclaimer Order y, posteriormente, ser reconocida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. La entidad colombiana deberá analizar si la decisión cumple con lo establecido en la Ley 1116 de 2006 y verificar que no afecte el orden público económico, los derechos de los acreedores ni el interés general.Mientras ese procedimiento no concluya, la empresa aseguró que los contratos de suministro de gas permanecen en firme y continúan produciendo todos sus efectos legales. En consecuencia, la decisión adoptada por la justicia canadiense todavía no modifica las obligaciones contractuales entre las partes en territorio colombiano.El pronunciamiento de Gases del Caribe se conoce luego de que la Corte de Alberta respaldara la solicitud presentada por Canacol Energy dentro de su proceso de insolvencia transfronteriza. {Ahora, el siguiente paso será la revisión que realice la Superintendencia de Sociedades, cuya decisión será determinante para establecer si la autorización concedida en Canadá puede tener efectos jurídicos en Colombia.
