Víctor Maldonado, el mayor inversionista de Interbolsa y quien es procesado por su presunta responsabilidad en el desfalco por más de 32.000 millones, renunció a la ciudadanía colombiana.A través de un comunicado señaló que “las normas de la República de Colombia, con el lleno de los requisitos legales, permiten la renuncia a la ciudadanía. Yo hice uso de ese derecho”.La Fiscalía ha señalado a Maldonado de ser uno de los mayores beneficiarios en el caso de Interbolsa. Él fue capturado en España y extraditado a Colombia en noviembre de 2015, pero, por vencimiento de términos, terminó libre en 2017.En el comunicado, Maldonado también informa que es “ciudadano español con plenos derechos, desde mediados del año 2017” y que con autorización de la juez que lleva su caso alterna “entre las ciudades de Bogotá y Madrid”.Algunos han interpretado la renuncia a la ciudadanía como una jugada en medio del proceso judicial. Maldonado dijo que “independientemente de la ciudadanía” continuará luchando por su “dignidad e inocencia”.
Víctor Maldonado, uno de los principales señalados en el escándalo del descalabro de Interbolsa, junto a su familia interpuso una tutela en contra del actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, por haberlo bloqueado en su cuenta en Twitter. Según Maldonado, el director de la Agencia Jurídica, como funcionario público, estaba en la obligación de no bloquearlo porque a través de su cuenta personal de Twitter, publica informaciones clave en relación con las decisiones que toma su despacho. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela, pues Vélez, cuando se enteró de la tutela en su contra, desbloqueó la cuenta. En entrevista con Mañanas BLU, Luis Guillermo Vélez consideró que uno puede disponer de sus cuentas personales de redes sociales y no hay restricción de cerrarlas, abrirlas, bloquear o modificar. “Maldonado inició una acción de tutela porque yo lo había bloqueado en mi cuenta en Twitter, y para no entrar en discusiones jurídicas inocuas, innecesarias y hasta frívolas, decidí desbloquearlo”, comentó. Vélez, propietario de @lgvelezc, dijo que hay demasiados problemas jurídicos en el país, como para abrir una discusión sobre un tema que le parece bastante inocuo, que es el bloqueo de la cuenta @maldonado_victo, de propiedad del empresario colombo-español y su familia. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Esta semana vence plazo para que Colombia conteste la denuncia que interpuso el empresario Víctor Maldonado, uno de los implicados en el escándalo del Fondo Premium, ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación del debido proceso y honra. Y es que en abril pasado la CIDH envió una carta a la canciller María Ángela Holguín para responder a la demanda, al igual que más de 1.000 folios con evidencia presentada por los abogados de Maldonado. “Solicito respetuosamente al gobierno tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la transmisión de la presente comunicación”, señaló en su momento la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed. Lea también: Inicia octavo pagó por $8.000 millones a afectados del Fondo Premium Cabe recordar que Maldonado fue extraditado en enero de 2015 desde España, por solicitud de la Fiscalía. En marzo de este año quedó en libertad condicional mientras avanza el proceso por los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie y no reintegro de dineros captados del público.
El pasado 13 de enero, el juez 61 de garantías otorgó la libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, le ordenó portar el brazalete electrónico. En el desarrollo de la audiencia el abogado defensor, Iván Cancino, aseguró que pasaron 648 días y que la Fiscalía no ha definido la situación judicial de su cliente. La fiscal del caso, Alexandra Ladino, expuso que tan solo han transcurrido 215 días, que no se puede tener en cuenta el tiempo en que Maldonado estuvo preso en España y que no ha podido hacer la acusación porque la defensa de los implicados en el descalabro financiero han pedido aplazamientos, nulidades y no han asistido a las audiencias. El empresario, quien fue extraditado el 27 de noviembre de 2015, se declaró inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro imputados por la Fiscalía General.
El juez 61 de garantías otorgó la libertad por vencimiento de términos al empresario Víctor Maldonado procesado por el escándalo financiero de Interbolsa, sin embargo, le ordenó portar el brazalete electrónico. El empresario quedará en libertad una vez sea notificado y el Inpec compruebe que no tiene otras órdenes de captura. En el desarrollo de la audiencia el abogado defensor, Iván Cancino, aseguró que pasaron 648 días y que la Fiscalía no ha definido la situación judicial de su cliente. La fiscal del caso, Alexandra Ladino, expuso que tan solo han transcurrido 215 días, qué no se puede tener en cuenta el tiempo en que Maldonado estuvo preso en España y que no ha podido hacer la acusación porque la defensa de los implicados en el descalabro financiero han pedido aplazamientos, nulidades y no han asistido a las audiencias. Por su parte, la Procuraduría había solicitado que no se otorgue el beneficio.El empresario, quien fue extraditado el 27 de noviembre de 2015, se declaró inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro imputados por la Fiscalía General. Según la investigación de la Fiscalía, el deudor del Fondo Premium de InterBolsa habría tenido conocimiento directo del uso indebido que se le dio al dinero de los inversionistas sin su consentimiento para adelantar diferentes actividades bursátiles y la realización de negocios personales. Otras libertadesA la fecha 10 personas procesadas por el desfalco financiero de Interbolsa y Fondo Premiun han recobrado su libertad. En cuanto al caso de InterBolsa, en enero de 2015, un juez de Conocimiento de Bogotá dejó en libertad al empresario italiano Alessandro Corridori; su esposa, Claudia Jaramillo Palacios; además de la inversionista María Eugenia Jaramillo, y el representante legal de P&P Investment, Carlos Arturo Neira Llache. En cuanto al proceso por el Fondo Premium de InterBolsa, en el transcurso de 2016 quedaron en libertad la representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero, Claudia Patricia Aristizábal González; los representantes legales de Valores Incorporados, Natalia Zúñiga Isaacs y Ricardo Martínez; y el directivo del Fondo Premium, Juan Andrés Tirado Moreno. Mientras que el último en quedar en libertad fue Maldonado, quien se suma al gerente del Fondo Premium de InterBolsa Rachid Maluf Raad, en salir de prisión. Escuche en este audio más información sobre: -El ministerio de Defensa anunció que la próxima semana se anunciará la reestructuración de la Policía. Señaló que ya se recibieron todos los elementos necesarios de la comisión designada por el presidente. -Arrollado por una volqueta murió uno de los operarios que adelantaba labores para la reapertura de la vía Medellín – Bogotá. Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho. -Los Gobernadores del país pidieron que se decrete un reglamento que le de claridad a la ley de licores. -La multinacional Uber responde a requerimientos de la Superintendencia de Sociedades. La firma presentó un recurso de reposición ante la demanda que cursa en ese organismo. -El Departamento de Policía de Chicago, Estados Unidos, fue acusado de incurrir en patrones de uso indebido de la fuerza letal. -El abierto de Australia dará inicio a la temporada del año en el Grand Slam. -Desde el Consejo de Bogotá denuncian que los conductores del Sistema Integrado de Transporte Público continúan manejando alta velocidad para cumplir con los tiempos que se les estipula. -Después de que un vehículo de transporte público se estrellara hoy contra un poste y cayera sobre una vivienda en la Localidad de San Cristóbal en el sur de la ciudad, La Secretaría de Movilidad anunció medidas para la reducción de accidentes de tránsito en el SITP.
La pérdida de la carpeta del proceso y un juez qué se declaró impedido llevó a qué este jueves se aplazara por tercera vez la audiencia en la que iban a solicitar la libertad del empresario Víctor Maldonado, investigado por el descalabro del Fondo Premium. El reparto del proceso se hizo hasta este jueves y al ser presentado ante el juez segundo de garantías, este se declaró impedido por ser amigo íntimo de la familia Maldonado. Así las cosas, el juez tuvo que devolver al centro de servicios judiciales la carpeta del proceso, y fue asignada al juez 61 de garantías, a quién nunca le llegó la asignación, pues la carpeta se perdió durante una hora entre el traslado del piso uno al dos del complejo judicial. Debido a esto, las autoridades no tuvieron otro recurso más qué aplazar la audiencia para este viernes. Aunque se podría otorgar la libertad al empresario, trascendió que la Fiscalía solicitó una nueva medida de aseguramiento en su contra. El proceso Para la defensa, ya se cumplieron 648 días sin que inicie un juicio en su contra, asegura que la Fiscalía se ha demorado y ha incumplido los términos que la ley para iniciar un juicio y está violando sus derechos. Maldonado fue extraditado de España desde el año 2015 por solicitud de la justicia colombiana. Está acusado de los delitos de estafa, captación masiva de dinero, negativa de reintegro de dineros y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, cometió varias irregularidades en el manejo de millonarios recursos que depositaron inversionistas, mientras se desempeñó como principal accionista del Fondo Premium. De acuerdo con el ente acusador, Maldonado Rodríguez estaba enterado de las presuntas acciones ilegales que se estaban realizando al interior de Interbolsa desde el año 2009, cuando muchos de los dineros de los inversionistas de la liquidada entidad financiera llegaban a sus cuentas a través de operaciones ilegales que se realizaban en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales del Caribe. El empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
Este jueves se asignó a un juez la solicitud de libertad de Víctor Maldonado, sin embargo, el funcionario judicial tuvo que devolver al centro de servicios la carpeta del proceso y la petición del investigado por el descalabro del Fondo Premium, pues se declaró impedido por ser amigo de la familia Maldonado. Esta petición fue puesta en manos del juez de 61 de garantías, quien deberá resolver el recurso interpuesto por Maldonado y que busca que le otorguen la libertad por vencimiento de términos. Para la defensa, ya se cumplieron 648 días sin que inicie un juicio en contra de Maldonado y asegura que la Fiscalía se ha demorado y ha incumplido los términos de ley para iniciar un juicio por lo que se estarán violando sus derechos. Cabe señalar que Maldonado llegó al país tras ser extraditado de España de donde fue enviado a Colombia para que responda por los delitos relacionados con el desfalco del Fondo Premium. Maldonado fue trasladado al búnker de la Fiscalía para que un juez de garantías legalizara su captura y posteriormente inició el juicio en su contra por los delitos de captación masiva de dinero, concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dinero. Eduardo Montealegre, fiscal general de la época, reveló que el empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
En una carta a la opinión pública y firmada por el abogado Ignacio Álvarez, los familiares del empresario Víctor Maldonado defendieron su derecho a solicitar la libertad por vencimiento de términos, situación que será resuelta en una audiencia citada para este miércoles en los juzgados especializados de Bogotá. Los allegados de Maldonado Rodríguez, investigado por el escándalo de Interbolsa, advierten que órganos del Estado buscan influenciar a jueces de la República para que nieguen el recurso invocado, no obstante los 648 días de prisión que ha pagado, según ellos sin que se le juzgue ni haya sido vencido en los tribunales. Afirman en la misiva que no se puede forzar a los jueces de la República a que tomen decisiones que favorezcan a unos u otros intereses, y que la presunción de inocencia debe prevalecer, por lo que no se puede calificar como una injusticia el pedido de libertad de la defensa. La familia de Víctor Maldonado rechaza lo que cataloga como un grave intento de interferencia y argumenta que de conformidad con la normatividad de los derechos humanos, el uso excesivo de la prisión preventiva es contrario a la esencia del Estado democrático de derecho. Agregan que Maldonado, de 72 años de edad, padece cáncer y trastornos sicológicos que requieren tratamiento especializado y permanente, y que la permanencia en prisión pone en riesgo su vida e integridad. Maldonado está acusado de los delitos de estafa, captación masiva de dinero, negativa de reintegro de dineros y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, cometió varias irregularidades en el manejo de millonarios recursos que depositaron inversionistas, mientras se desempeñó como principal accionista del Fondo Premium. De acuerdo con el ente acusador, Maldonado Rodríguez estaba enterado de las presuntas acciones ilegales que se estaban realizando al interior de Interbolsa desde el año 2009, cuando muchos de los dineros de los inversionistas de la liquidada entidad financiera llegaban a sus cuentas, a través de operaciones ilegales que se realizaban en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales del Caribe.
Las autoridades aplazaron la audiencia en la que iban a solicitar la libertad del empresario Víctor Maldonado, investigado por el descalabro del Fondo Premium y cuya defensa alegará el vencimiento de términos. Maldonado llegó al país tras ser extraditado de España de donde fue enviado a Colombia para que responda por los delitos relacionados con el desfalco del Fondo Premium. Maldonado fue trasladado al búnker de la Fiscalía para que un juez de garantías legalizara su captura y posteriormente inició el juicio en su contra por los delitos de captación masiva de dinero, concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dinero. Maldonado fue extraditado por solicitud de la justicia colombiana que lo requiere por estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especias y no reintegro de dineros captados al público. Eduardo Montealegre, fiscal general de la época, reveló que el empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
Los empresarios habrían logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación para recibir beneficios penales a cambio de aceptar tres delitos y entregar información que ayude al proceso contra Víctor Maldonado. Según conoció Blu Radio, el exfiscal Eduardo Montealgre antes de dejar su cargo, firmó ese preacuerdo con el que se busca avanzar en las investigaciones y en las cuales Jaramillo y Ortiz se convertirían en los testigos estelares contra Maldonado. (Lea también: Nombres de políticos colombianos aparecen en escándalo de Panamá Papers) En este escenario, Jaramillo y Ortiz recibirían importantes beneficios penales por el delito de captación masiva y habitual de dineros del público, esto a cambio de testimonios y documentos que demuestren la participación de Maldonado en este escándalo financiero. Así mismo, aceptaron cargos por los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación de especies, casos en los cuales solo se leería sentencia y evitarían ir a juicio. Sin embargo, contra Jaramillo y Ortiz continua una investigación que los llevaría a juicio por el delito de no reintegro de dineros captados al público. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Blu Radio habló con la familia de alias ‘Marquitos’. La hija del exparamilitar denunció amenazas en su contra y pidió garantías en el proceso de su padre. -El Gobierno anunció que el proceso de restitución de tierras será priorizado en los departamentos afectados por la presencia de las guerrillas de las Farc y el ELN. -Algunos sectores del partido Conservador pidieron al ELN liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder para continuar con las negociaciones de paz y dar inicio al primer ciclo de conversación. -En diferentes regiones de Antioquia se lanzará el plan piloto del programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas en conjunto con la Fiscalía y el Gobierno Nacional. -La Defensoría del Pueblo pidió a la Procuraduría y Contraloría investigar al gerente del Fondo de Salud para las cárceles por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos. -La esperada reglamentación de servicio de taxis de lujo establece condiciones de cobro de tarifas, distintivos de los vehículos y obliga a los conductores a certificarse en universidades o en el Sena. -Los jueces y notarios del país, se comprometieron a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que les ordena celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo. -Una persona murió luego de que las fuertes lluvias provocaran la caída de una carpa en la Plaza Alfonso López de Valledupar. -En alerta naranja se encuentran los organismos de socorro del departamento del Meta por el posible desbordamiento de varios ríos. -Los ingresos por microtráfico en Bogotá superan los $15 mil millones de pesos al año. Las drogas más incautadas son marihuana, bazuco y base de Coca. -Más de 1 millón de firmas logró la oposición en la primera etapa de recolección para el revocatorio contra Nicolás Maduro.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira sigue dejando escenas de angustia, mientras decenas de voluntarios intentan rescatar a personas atrapadas entre estructuras colapsadas y miles de habitantes enfrentan la pérdida de sus viviendas, la interrupción de servicios básicos y la incertidumbre sobre las próximas horas.Así lo describió el diputado venezolano Jhonny Rivas durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que aseguró que la situación sobre el terreno es más grave de lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.“La situación es peor de lo que ves en los videos, de lo que está en las redes sociales”, afirmó el legislador, quien se encuentra en la zona afectada. Según explicó, el paso del tiempo aumenta la preocupación de las familias que esperan noticias de personas atrapadas bajo los escombros, debido a que las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate.Los terremotos suelen generar el mayor número de rescates durante las primeras 24 a 72 horas. Organismos internacionales especializados en gestión de riesgos han señalado históricamente que este periodo resulta decisivo para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, especialmente cuando se cuenta con equipos técnicos, maquinaria pesada y personal entrenado. Sin embargo, Rivas sostuvo que gran parte de las labores que actualmente se desarrollan en La Guaira están siendo ejecutadas por ciudadanos y grupos de voluntarios.“De cada diez personas que están tratando de ayudar, un solo bombero oficial y nueve son voluntarios trabajando sin herramientas”, señaló.Uno de los episodios que relató involucra a vecinos que lograron sacar a dos menores de entre los restos de una estructura. Según dijo, todavía habría otros niños atrapados en el lugar.“Escuchan a los otros niños pedir ayuda y están tratando de sacarlos ellos mismos”, aseguró.Viviendas destruidas y familias desplazadasEl impacto de los movimientos telúricos también habría dejado una amplia destrucción residencial en distintos sectores de La Guaira.De acuerdo con el diputado, decenas de edificaciones colapsaron tanto en el este como en el oeste del estado. “Estamos hablando de más de cincuenta o sesenta residencias que se cayeron”, afirmó.La consecuencia inmediata, según explicó, ha sido el desplazamiento de numerosas familias que hoy permanecen en espacios abiertos o buscando refugio temporal con amigos y familiares.“Hay mucha gente deambulando en las calles que no tiene para dónde ir”, dijo Rivas, quien además aseguró haber perdido su propia vivienda durante la emergencia.El temor a posibles réplicas también ha llevado a que personas cuyas casas permanecen en pie opten por pasar las noches al aire libre ante el riesgo de nuevos daños estructurales.Servicios básicos bajo presiónMás allá de los rescates, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento de los servicios públicos.Rivas afirmó que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico y enfrentan dificultades para acceder al agua potable. También advirtió sobre la presión que soportan los centros asistenciales.“Los hospitales están colapsados”, aseguró, al describir una red sanitaria que ya enfrentaba limitaciones antes de la emergencia.Los desastres naturales de gran magnitud suelen generar riesgos sanitarios asociados a la interrupción de servicios esenciales, la acumulación de escombros, la escasez de agua segura y la saturación de los sistemas de salud. Por esta razón, organismos humanitarios priorizan el envío de medicamentos, materiales médicos y equipos de atención de emergencia durante las primeras etapas de respuesta.Donaciones y apoyo ciudadanoAnte la magnitud de la crisis, diversas organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela han comenzado campañas de recolección de ayuda.Rivas indicó que parte de los insumos están siendo canalizados a través de Cáritas de Venezuela con el objetivo de facilitar una distribución organizada. Asimismo, mencionó iniciativas impulsadas desde Colombia y otras regiones para reunir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a los afectados.“La preocupación nuestra en este momento es ayudar a nuestros hermanos guaireños y venezolanos que están viviendo esta tragedia”, expresó.Mientras continúan las labores de rescate, el llamado de las comunidades afectadas se centra en acelerar la llegada de equipos especializados, fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar la atención de miles de personas que enfrentan una de las emergencias más complejas registradas recientemente en esta zona costera de Venezuela.
Este sábado 27 de junio el corazón de Cali está de celebración por los 107 años del tradicional e icónico barrio Obrero, cuna de la pasión por la salsa en la capital vallecaucana y uno de los principales referentes de la ciudad, y en el marco de esta fiesta se tiene una variada programación.Las actividades inician a partir de las 2:00 de la tarde de este sábado, e incluye presentaciones en vivo de artistas de la salsa, encuentro de melómanos, oferta gastronómica, una vitrina empresarial, además de una 'Ruta de la Maceta' que busca mezclar la tradición de la celebración del día de los Ahijados con el cumpleaños del Obrero. Para este sábado también se tiene programada la iniciativa 'Borondiando Ando' y el broche de oro es la 'FanZone' donde se transmitirá el partido entre Colombia y Portugal en la Copa Mundial."Vamos a tener programación todo el día desde el mediodía, incluyendo la 'fan zone' con pantallas gigantes para el partido de Colombia y Portugal, donde Colombia Dios mediante vencerá y pasaremos de primeros en el grupo. Entonces, a los caleños que que todavía no han no han estrenado la obra, los invito a que vayan, que gocen este distrito cultural y turístico nuevo de nuestra ciudad, y a que pasemos un día sabroso en el Obrero", indicó el alcalde, Alejandro Eder.La apuesta musical de la celebración será liderada por la orquesta Clandeskina, y estará acompañada de bailadores y bailarines, que interactuarán con el público. La fiesta del Obrero se realizará por todo el Recorrido Patrimonial de la Salsa en la calle 22A con carrera 11B."Tendremos también mano a mano de melómanos de reconocidas salsotecas y también lugares emblemáticos del barrio Obrero que con sus melodías deleitarán al público. También vamos a tener un fortalecimiento de todo el ecosistema salsero con la feria empresarial donde podemos encontrar calzado, LPs, vinilos, instrumentos, souvenirs evocando la cultura salsera y por supuesto nuestra cocina tradicional, popular, caleña y el mecato valluno" dijo Ángela Villalobos, gerente del proyecto de renovación del Barrio Obrero.
