Víctor Maldonado, el mayor inversionista de Interbolsa y quien es procesado por su presunta responsabilidad en el desfalco por más de 32.000 millones, renunció a la ciudadanía colombiana.A través de un comunicado señaló que “las normas de la República de Colombia, con el lleno de los requisitos legales, permiten la renuncia a la ciudadanía. Yo hice uso de ese derecho”.La Fiscalía ha señalado a Maldonado de ser uno de los mayores beneficiarios en el caso de Interbolsa. Él fue capturado en España y extraditado a Colombia en noviembre de 2015, pero, por vencimiento de términos, terminó libre en 2017.En el comunicado, Maldonado también informa que es “ciudadano español con plenos derechos, desde mediados del año 2017” y que con autorización de la juez que lleva su caso alterna “entre las ciudades de Bogotá y Madrid”.Algunos han interpretado la renuncia a la ciudadanía como una jugada en medio del proceso judicial. Maldonado dijo que “independientemente de la ciudadanía” continuará luchando por su “dignidad e inocencia”.
Víctor Maldonado, uno de los principales señalados en el escándalo del descalabro de Interbolsa, junto a su familia interpuso una tutela en contra del actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, por haberlo bloqueado en su cuenta en Twitter. Según Maldonado, el director de la Agencia Jurídica, como funcionario público, estaba en la obligación de no bloquearlo porque a través de su cuenta personal de Twitter, publica informaciones clave en relación con las decisiones que toma su despacho. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela, pues Vélez, cuando se enteró de la tutela en su contra, desbloqueó la cuenta. En entrevista con Mañanas BLU, Luis Guillermo Vélez consideró que uno puede disponer de sus cuentas personales de redes sociales y no hay restricción de cerrarlas, abrirlas, bloquear o modificar. “Maldonado inició una acción de tutela porque yo lo había bloqueado en mi cuenta en Twitter, y para no entrar en discusiones jurídicas inocuas, innecesarias y hasta frívolas, decidí desbloquearlo”, comentó. Vélez, propietario de @lgvelezc, dijo que hay demasiados problemas jurídicos en el país, como para abrir una discusión sobre un tema que le parece bastante inocuo, que es el bloqueo de la cuenta @maldonado_victo, de propiedad del empresario colombo-español y su familia. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Esta semana vence plazo para que Colombia conteste la denuncia que interpuso el empresario Víctor Maldonado, uno de los implicados en el escándalo del Fondo Premium, ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación del debido proceso y honra. Y es que en abril pasado la CIDH envió una carta a la canciller María Ángela Holguín para responder a la demanda, al igual que más de 1.000 folios con evidencia presentada por los abogados de Maldonado. “Solicito respetuosamente al gobierno tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la transmisión de la presente comunicación”, señaló en su momento la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed. Lea también: Inicia octavo pagó por $8.000 millones a afectados del Fondo Premium Cabe recordar que Maldonado fue extraditado en enero de 2015 desde España, por solicitud de la Fiscalía. En marzo de este año quedó en libertad condicional mientras avanza el proceso por los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie y no reintegro de dineros captados del público.
El pasado 13 de enero, el juez 61 de garantías otorgó la libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, le ordenó portar el brazalete electrónico. En el desarrollo de la audiencia el abogado defensor, Iván Cancino, aseguró que pasaron 648 días y que la Fiscalía no ha definido la situación judicial de su cliente. La fiscal del caso, Alexandra Ladino, expuso que tan solo han transcurrido 215 días, que no se puede tener en cuenta el tiempo en que Maldonado estuvo preso en España y que no ha podido hacer la acusación porque la defensa de los implicados en el descalabro financiero han pedido aplazamientos, nulidades y no han asistido a las audiencias. El empresario, quien fue extraditado el 27 de noviembre de 2015, se declaró inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro imputados por la Fiscalía General.
El juez 61 de garantías otorgó la libertad por vencimiento de términos al empresario Víctor Maldonado procesado por el escándalo financiero de Interbolsa, sin embargo, le ordenó portar el brazalete electrónico. El empresario quedará en libertad una vez sea notificado y el Inpec compruebe que no tiene otras órdenes de captura. En el desarrollo de la audiencia el abogado defensor, Iván Cancino, aseguró que pasaron 648 días y que la Fiscalía no ha definido la situación judicial de su cliente. La fiscal del caso, Alexandra Ladino, expuso que tan solo han transcurrido 215 días, qué no se puede tener en cuenta el tiempo en que Maldonado estuvo preso en España y que no ha podido hacer la acusación porque la defensa de los implicados en el descalabro financiero han pedido aplazamientos, nulidades y no han asistido a las audiencias. Por su parte, la Procuraduría había solicitado que no se otorgue el beneficio.El empresario, quien fue extraditado el 27 de noviembre de 2015, se declaró inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro imputados por la Fiscalía General. Según la investigación de la Fiscalía, el deudor del Fondo Premium de InterBolsa habría tenido conocimiento directo del uso indebido que se le dio al dinero de los inversionistas sin su consentimiento para adelantar diferentes actividades bursátiles y la realización de negocios personales. Otras libertadesA la fecha 10 personas procesadas por el desfalco financiero de Interbolsa y Fondo Premiun han recobrado su libertad. En cuanto al caso de InterBolsa, en enero de 2015, un juez de Conocimiento de Bogotá dejó en libertad al empresario italiano Alessandro Corridori; su esposa, Claudia Jaramillo Palacios; además de la inversionista María Eugenia Jaramillo, y el representante legal de P&P Investment, Carlos Arturo Neira Llache. En cuanto al proceso por el Fondo Premium de InterBolsa, en el transcurso de 2016 quedaron en libertad la representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero, Claudia Patricia Aristizábal González; los representantes legales de Valores Incorporados, Natalia Zúñiga Isaacs y Ricardo Martínez; y el directivo del Fondo Premium, Juan Andrés Tirado Moreno. Mientras que el último en quedar en libertad fue Maldonado, quien se suma al gerente del Fondo Premium de InterBolsa Rachid Maluf Raad, en salir de prisión. Escuche en este audio más información sobre: -El ministerio de Defensa anunció que la próxima semana se anunciará la reestructuración de la Policía. Señaló que ya se recibieron todos los elementos necesarios de la comisión designada por el presidente. -Arrollado por una volqueta murió uno de los operarios que adelantaba labores para la reapertura de la vía Medellín – Bogotá. Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho. -Los Gobernadores del país pidieron que se decrete un reglamento que le de claridad a la ley de licores. -La multinacional Uber responde a requerimientos de la Superintendencia de Sociedades. La firma presentó un recurso de reposición ante la demanda que cursa en ese organismo. -El Departamento de Policía de Chicago, Estados Unidos, fue acusado de incurrir en patrones de uso indebido de la fuerza letal. -El abierto de Australia dará inicio a la temporada del año en el Grand Slam. -Desde el Consejo de Bogotá denuncian que los conductores del Sistema Integrado de Transporte Público continúan manejando alta velocidad para cumplir con los tiempos que se les estipula. -Después de que un vehículo de transporte público se estrellara hoy contra un poste y cayera sobre una vivienda en la Localidad de San Cristóbal en el sur de la ciudad, La Secretaría de Movilidad anunció medidas para la reducción de accidentes de tránsito en el SITP.
La pérdida de la carpeta del proceso y un juez qué se declaró impedido llevó a qué este jueves se aplazara por tercera vez la audiencia en la que iban a solicitar la libertad del empresario Víctor Maldonado, investigado por el descalabro del Fondo Premium. El reparto del proceso se hizo hasta este jueves y al ser presentado ante el juez segundo de garantías, este se declaró impedido por ser amigo íntimo de la familia Maldonado. Así las cosas, el juez tuvo que devolver al centro de servicios judiciales la carpeta del proceso, y fue asignada al juez 61 de garantías, a quién nunca le llegó la asignación, pues la carpeta se perdió durante una hora entre el traslado del piso uno al dos del complejo judicial. Debido a esto, las autoridades no tuvieron otro recurso más qué aplazar la audiencia para este viernes. Aunque se podría otorgar la libertad al empresario, trascendió que la Fiscalía solicitó una nueva medida de aseguramiento en su contra. El proceso Para la defensa, ya se cumplieron 648 días sin que inicie un juicio en su contra, asegura que la Fiscalía se ha demorado y ha incumplido los términos que la ley para iniciar un juicio y está violando sus derechos. Maldonado fue extraditado de España desde el año 2015 por solicitud de la justicia colombiana. Está acusado de los delitos de estafa, captación masiva de dinero, negativa de reintegro de dineros y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, cometió varias irregularidades en el manejo de millonarios recursos que depositaron inversionistas, mientras se desempeñó como principal accionista del Fondo Premium. De acuerdo con el ente acusador, Maldonado Rodríguez estaba enterado de las presuntas acciones ilegales que se estaban realizando al interior de Interbolsa desde el año 2009, cuando muchos de los dineros de los inversionistas de la liquidada entidad financiera llegaban a sus cuentas a través de operaciones ilegales que se realizaban en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales del Caribe. El empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
Este jueves se asignó a un juez la solicitud de libertad de Víctor Maldonado, sin embargo, el funcionario judicial tuvo que devolver al centro de servicios la carpeta del proceso y la petición del investigado por el descalabro del Fondo Premium, pues se declaró impedido por ser amigo de la familia Maldonado. Esta petición fue puesta en manos del juez de 61 de garantías, quien deberá resolver el recurso interpuesto por Maldonado y que busca que le otorguen la libertad por vencimiento de términos. Para la defensa, ya se cumplieron 648 días sin que inicie un juicio en contra de Maldonado y asegura que la Fiscalía se ha demorado y ha incumplido los términos de ley para iniciar un juicio por lo que se estarán violando sus derechos. Cabe señalar que Maldonado llegó al país tras ser extraditado de España de donde fue enviado a Colombia para que responda por los delitos relacionados con el desfalco del Fondo Premium. Maldonado fue trasladado al búnker de la Fiscalía para que un juez de garantías legalizara su captura y posteriormente inició el juicio en su contra por los delitos de captación masiva de dinero, concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dinero. Eduardo Montealegre, fiscal general de la época, reveló que el empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
En una carta a la opinión pública y firmada por el abogado Ignacio Álvarez, los familiares del empresario Víctor Maldonado defendieron su derecho a solicitar la libertad por vencimiento de términos, situación que será resuelta en una audiencia citada para este miércoles en los juzgados especializados de Bogotá. Los allegados de Maldonado Rodríguez, investigado por el escándalo de Interbolsa, advierten que órganos del Estado buscan influenciar a jueces de la República para que nieguen el recurso invocado, no obstante los 648 días de prisión que ha pagado, según ellos sin que se le juzgue ni haya sido vencido en los tribunales. Afirman en la misiva que no se puede forzar a los jueces de la República a que tomen decisiones que favorezcan a unos u otros intereses, y que la presunción de inocencia debe prevalecer, por lo que no se puede calificar como una injusticia el pedido de libertad de la defensa. La familia de Víctor Maldonado rechaza lo que cataloga como un grave intento de interferencia y argumenta que de conformidad con la normatividad de los derechos humanos, el uso excesivo de la prisión preventiva es contrario a la esencia del Estado democrático de derecho. Agregan que Maldonado, de 72 años de edad, padece cáncer y trastornos sicológicos que requieren tratamiento especializado y permanente, y que la permanencia en prisión pone en riesgo su vida e integridad. Maldonado está acusado de los delitos de estafa, captación masiva de dinero, negativa de reintegro de dineros y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, cometió varias irregularidades en el manejo de millonarios recursos que depositaron inversionistas, mientras se desempeñó como principal accionista del Fondo Premium. De acuerdo con el ente acusador, Maldonado Rodríguez estaba enterado de las presuntas acciones ilegales que se estaban realizando al interior de Interbolsa desde el año 2009, cuando muchos de los dineros de los inversionistas de la liquidada entidad financiera llegaban a sus cuentas, a través de operaciones ilegales que se realizaban en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales del Caribe.
Las autoridades aplazaron la audiencia en la que iban a solicitar la libertad del empresario Víctor Maldonado, investigado por el descalabro del Fondo Premium y cuya defensa alegará el vencimiento de términos. Maldonado llegó al país tras ser extraditado de España de donde fue enviado a Colombia para que responda por los delitos relacionados con el desfalco del Fondo Premium. Maldonado fue trasladado al búnker de la Fiscalía para que un juez de garantías legalizara su captura y posteriormente inició el juicio en su contra por los delitos de captación masiva de dinero, concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dinero. Maldonado fue extraditado por solicitud de la justicia colombiana que lo requiere por estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especias y no reintegro de dineros captados al público. Eduardo Montealegre, fiscal general de la época, reveló que el empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
Los empresarios habrían logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación para recibir beneficios penales a cambio de aceptar tres delitos y entregar información que ayude al proceso contra Víctor Maldonado. Según conoció Blu Radio, el exfiscal Eduardo Montealgre antes de dejar su cargo, firmó ese preacuerdo con el que se busca avanzar en las investigaciones y en las cuales Jaramillo y Ortiz se convertirían en los testigos estelares contra Maldonado. (Lea también: Nombres de políticos colombianos aparecen en escándalo de Panamá Papers) En este escenario, Jaramillo y Ortiz recibirían importantes beneficios penales por el delito de captación masiva y habitual de dineros del público, esto a cambio de testimonios y documentos que demuestren la participación de Maldonado en este escándalo financiero. Así mismo, aceptaron cargos por los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación de especies, casos en los cuales solo se leería sentencia y evitarían ir a juicio. Sin embargo, contra Jaramillo y Ortiz continua una investigación que los llevaría a juicio por el delito de no reintegro de dineros captados al público. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Blu Radio habló con la familia de alias ‘Marquitos’. La hija del exparamilitar denunció amenazas en su contra y pidió garantías en el proceso de su padre. -El Gobierno anunció que el proceso de restitución de tierras será priorizado en los departamentos afectados por la presencia de las guerrillas de las Farc y el ELN. -Algunos sectores del partido Conservador pidieron al ELN liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder para continuar con las negociaciones de paz y dar inicio al primer ciclo de conversación. -En diferentes regiones de Antioquia se lanzará el plan piloto del programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas en conjunto con la Fiscalía y el Gobierno Nacional. -La Defensoría del Pueblo pidió a la Procuraduría y Contraloría investigar al gerente del Fondo de Salud para las cárceles por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos. -La esperada reglamentación de servicio de taxis de lujo establece condiciones de cobro de tarifas, distintivos de los vehículos y obliga a los conductores a certificarse en universidades o en el Sena. -Los jueces y notarios del país, se comprometieron a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que les ordena celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo. -Una persona murió luego de que las fuertes lluvias provocaran la caída de una carpa en la Plaza Alfonso López de Valledupar. -En alerta naranja se encuentran los organismos de socorro del departamento del Meta por el posible desbordamiento de varios ríos. -Los ingresos por microtráfico en Bogotá superan los $15 mil millones de pesos al año. Las drogas más incautadas son marihuana, bazuco y base de Coca. -Más de 1 millón de firmas logró la oposición en la primera etapa de recolección para el revocatorio contra Nicolás Maduro.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló este lunes al régimen iraní como autor de los ciberataques que sufrieron los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución el pasado octubre y anunció que habrá sanciones europeas contra los responsables."La responsabilidad de este ataque es del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán", dijo en declaraciones a la prensa durante la primera de las dos jornadas de la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París.Barrot subrayó que "es un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas. Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés y un ataque grave contra los intereses de la nación y contra la seguridad de las francesas y los franceses".A ese respecto, recordó que las perturbaciones afectaron a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución el 11 y el 12 de octubre y se tradujeron en averías de maquinaria, grandes cantidades de mercancía dañada e incendios.Por eso, aseguró que esta operación "no quedará sin consecuencias" y que, además de haber convocado al embajador de Irán en Francia para "protestar muy fuertemente", se aplicarán "sanciones a escala europea contra todos los responsables".Añadió que igualmente se adoptará "cualquier otra medida proporcionada y necesaria pública o no para responder a este ataque y disuadir a las que y a los que quisieran repetirla".El ministro indicó que la justicia francesa ha lanzado un procedimiento y también actuará.Ciberataques como los que sufrió Francia, que días después afectaron a sus bancos de sangre, también alcanzaron en los días siguientes a otros países europeos.
La Unidad para las Víctimas lanzó una alerta a nivel nacional por posibles estafas dirigidas a personas afectadas por el conflicto armado. Según la entidad, se han conocido denuncias de ciudadanos que recibieron llamadas y mensajes de WhatsApp de personas que prometen gestionar indemnizaciones administrativas o desbloquear ayudas humanitarias a cambio de dinero.La alerta se activó luego de conocer algunas denuncias en las que los responsables habrían utilizado el nombre y la imagen de la entidad para generar confianza entre las víctimas y solicitar pagos o información personal.En uno de los casos reportados, una persona habría exigido 300.000 pesos para autorizar el desembolso de unas ayudas. En otro, se habría solicitado dinero para acelerar el trámite de una indemnización. También se conoció una situación en la que pidieron datos personales con el argumento de gestionar la entrega de estos recursos.De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, los responsables utilizan expresiones como “ayuda congelada”, “pago bloqueado”, “desembolso retenido” o “indemnización pendiente de autorización” para convencer a las personas de que deben realizar un pago y así recibir los recursos.En algunos casos, los contactos utilizan perfiles de WhatsApp con fotografías, logotipos de la entidad y documentos que aparentan ser oficiales. Sin embargo, la institución advirtió que estos elementos no demuestran que quien escribe o llama sea realmente un funcionario.La entidad recordó que ningún funcionario, intermediario o particular puede cobrar por reconocer, priorizar, agilizar o entregar una indemnización administrativa o una ayuda humanitaria.Ante estos casos, la entidad pidió a la población no realizar transferencias, consignaciones, giros ni pagos en efectivo para supuestamente liberar recursos o acelerar trámites.También recomendó no entregar copias de la cédula, información bancaria, contraseñas, códigos de verificación ni fotografías de tarjetas a personas cuya identidad no haya sido confirmada.La entidad insistió en que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Por eso, pidió a las víctimas del conflicto armado desconfiar de cualquier persona que prometa garantizar o acelerar el pago de una indemnización a cambio de dinero.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 9 de noviembre de 2026:El Gobierno comenzó a ejecutar el plan para cubrir las deudas de Air-e y evitar una crisis financiera en el sistema eléctrico del Caribe. En las últimas horas fueron pagados otros $300.000 millones a empresas del sector, con lo que ya se han desembolsado cerca de $600.000 millones de los $1,5 billones prometidos. La siguiente factura corresponde a los consumos de octubre y será presentada durante la próxima semana.El ataque con drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, dejó tres soldados muertos y cerca de 50 heridos. Las autoridades señalaron que los artefactos cargados con explosivos impactaron varias veces las instalaciones, mientras la Defensoría advirtió que el sur de Bolívar ya acumulaba 22 emergencias humanitarias entre mayo y septiembre. La zona enfrenta además disputas entre el ELN, disidencias y estructuras criminales por el control territorial.Las autoridades investigan si un exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia intentó interferir en las elecciones presidenciales y acceder a información sensible de la Registraduría. Carlos Andrés Oyola también es investigado por posibles accesos a archivos de inteligencia y por una eventual venta de información a terceros. Paralelamente, la Fiscalía lo imputó por una red que habría alterado 41 calificaciones y más de $35 millones en matrículas de la UNAD para obtener títulos académicos.Un grave accidente en la vía Buga-Buenaventura dejó varias personas muertas y obligó al cierre de la carretera. El choque ocurrió dentro de uno de los túneles del sector Los Naranjos, en Dagua, e involucró un bus intermunicipal y un camión tipo niñera. Los organismos de emergencia atendieron a los heridos mientras las autoridades iniciaron la investigación para establecer las causas del siniestro.El Gobierno detalló dónde buscará los recortes para completar el ajuste fiscal de $45 billones. Entre los gastos que serán revisados aparecen recursos destinados a empresas mixtas, fondos especiales, estudios y programas que podrían financiarse con ingresos propios, mientras salud, educación y transferencias constitucionales quedarían protegidas. También se anticipó una futura revisión del esquema de subsidios de energía y gas y cambios en la devolución del IVA.Las autoridades investigan el homicidio de Ramsés Vargas, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado con una herida de arma de fuego en los cerros orientales de Bogotá. María Paula Morera, quien era su pareja, contó que había hablado con él días antes de su muerte y aseguró que el joven no tenía enemigos conocidos. También señaló que la camioneta en la que se movilizaba desapareció y planteó, desde su percepción personal, que el crimen pudo haber sido planeado, una hipótesis que todavía debe ser esclarecida por los investigadores.Escuche el programa completo aquí:
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, respondió a las críticas de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, por la convocatoria de varios futbolistas del equipo antioqueño en un momento determinante de la temporada. En entrevista con Gol Caracol, el seleccionador defendió sus decisiones y cuestionó que los reclamos se hagan públicamente en lugar de establecer una comunicación directa con el cuerpo técnico de la Tricolor. "Me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa", manifestó el argentino.Esto dijo el DT de NacionalLa polémica surgió luego de que González expresara su inconformidad por perder jugadores para compromisos importantes, entre ellos las semifinales de la Copa BetPlay. El entrenador de Nacional señaló que las convocatorias representan una dificultad para el equipo, especialmente porque también debe afrontar las ausencias de jugadores llamados a las selecciones Colombia Sub-20 y Sub-17.González también cuestionó lo que considera un trato desigual frente a los clubes del exterior. Como ejemplo, mencionó el caso del arquero Álvaro Montero, quien permaneció en Argentina para disputar una semifinal de Copa con Boca Juniors, mientras que Atlético Nacional debe prescindir de sus futbolistas convocados. "Lo que no es coherente es que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de fuera", señaló el entrenador, quien afirmó que su equipo pierde entre ocho y nueve jugadores, incluyendo los llamados a selecciones juveniles.La respuesta de LorenzoAnte estos cuestionamientos, Lorenzo aseguró que considera injustas las declaraciones del técnico verdolaga, especialmente porque Atlético Nacional es una institución que históricamente ha contribuido a las diferentes categorías de las selecciones nacionales. Sobre la comparación con Montero, explicó que las situaciones de los futbolistas se manejan de acuerdo con la programación de cada convocatoria. Según indicó, antes de la fecha anterior habló con Camilo Vargas para informarle que no sería llamado en esa oportunidad, mientras que Montero sí estaba contemplado para integrar el equipo nacional.Finalmente, el entrenador argentino defendió el orgullo que debería representar para los equipos colombianos tener jugadores en la Selección y cuestionó las críticas que recibe por sus decisiones."Cuando no llamo jugadores del fútbol local dicen que no miro la liga. Cuando llamo jugadores del fútbol local se quejan porque los llamo", expresó. El argentino también recordó que no es responsable de organizar el calendario de la Fifa ni las fechas del campeonato colombiano y aseguró que preferiría que los entrenadores se comuniquen directamente con él para resolver sus inquietudes, en lugar de llevar las diferencias a los medios de comunicación.
TikTok ha instado a la Fundación Maldita.es a compartir "de forma completa" su investigación en la que ha detectado más de mil vídeos de abuso sexual infantil y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en la plataforma, porque "su negativa" les está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material".Así lo han confirmado a EFE fuentes de TikTok, que han subrayado que no disponer de esos "hallazgos" publicados por Maldita.es "obstaculiza" la presentación de informes ante las fuerzas de seguridad españolas por parte de la plataforma, que sigue "dando apoyo a las autoridades pertinentes". Maldita.es, plataforma dedicada a combatir la desinformación, ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés."Mantener TikTok como un lugar seguro para nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad. El contenido sexualmente explícito con menores (CSAM, por sus siglas en inglés) está categóricamente prohibido, y desplegamos tecnologías de detección avanzadas y mecanismos de cumplimiento para identificar y eliminar de forma contundente este contenido de nuestra plataforma", aseguran las fuentes consultadas. La compañía considera "vital" que haya una "respuesta colectiva" dado que, explican las mismas fuentes, "los actores malintencionados evolucionan continuamente sus métodos para evadir la detección".Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia de España ha pedido a la Fiscalía General del Estado español que "actúe" ante los presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma, y ha planteado paralizar los servicios de TikTok en el país, si se considera "oportuno".
