La investigación por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, niñera de la exembajadora Laura Sarabia, enfrenta un nuevo escenario tras la salida de la fiscal Cindy Hernández, quien encabezó el proceso desde 2023 y dejó el caso luego de ganar un concurso de méritos, un proceso interno en la Fiscalía que ha generado variaciones en múltiples despachos y casos.
El cambio se produce mientras varias audiencias han sido aplazadas y las víctimas advierten posibles consecuencias para el avance de la investigación.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el principio de oportunidad del patrullero José Sebastián López Herrán, considerado por la representación de víctimas como un testigo clave frente a las actuaciones atribuidas al mayor Duván Muñoz y al coronel Carlos Feria, este último señalado dentro de la investigación por presuntamente ordenar las interceptaciones y el polígrafo practicado a la niñera y a la empleada Fabiola Perea.
El abogado Wilson Pulido, representante de la fiscal Marbel Morales, víctima dentro del proceso, cuestionó el cambio y aseguró que con la anterior fiscal existía una comunicación permanente con las víctimas. “Venimos con una línea muy dinámica. La fiscal del caso, de manera ágil, juiciosa, venía dándole respuestas precisamente a la representación de víctimas”, afirmó.
Según Pulido, la anterior funcionaria “llamaba, estaba pendiente, nos avisaba de las audiencias” y mantenía una dinámica de trabajo que, aseguró, era valorada positivamente por la representación de víctimas. Por eso, calificó como preocupante que ahora el proceso esté a cargo de un fiscal que las partes todavía no conocen.
“Nosotros nos vemos sorprendidos con el cambio de la Fiscalía, porque es que, al retirar a la fiscal que tenía los procesos adelantados, que tenía una dinámica de trabajo ideal, que la representación de víctima se sentía conforme”, señaló.
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Uno de los asuntos que genera mayor inquietud es la situación del patrullero López Herrán. De acuerdo con la representación de víctimas, estaba prevista una audiencia para solicitar la prórroga de su principio de oportunidad el pasado viernes 21 de agosto, pero la diligencia no se habría realizado y las partes no recibieron información clara sobre lo ocurrido.
Pulido sostuvo que el principio de oportunidad “se venció el 4 de agosto” y explicó que la Fiscalía debía acudir ante un juez para solicitar su prórroga. “Si no la pidieron, está vencido. ¿Qué significa ello? Que tendrán que ir a pedir nuevamente el principio de oportunidad”, manifestó.
Para la representación de víctimas, la situación es especialmente delicada porque López es considerado un testigo con información sobre el mayor Duván Muñoz y el coronel Carlos Feria. “Es un testigo fundamental, ideal, que para la representación de víctimas era importantísimo, porque tenía información no solo del mayor Duván Muñoz, sino del coronel Feria”, dijo el abogado.
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A esto se suma otra alerta, la posible prescripción del delito de abuso de función pública en todos los procesos. Pulido explicó que esta conducta tiene una pena máxima de 36 meses, es decir, 3 años, y advirtió que las demoras en el proceso podrían afectar la posibilidad de obtener una decisión judicial por ese delito. “Esas dilaciones tan impresionantes por parte de la Fiscalía, pues va a llevar a que ese delito se prescriba”, afirmó.
Según el abogado, la preocupación no se limita a las conductas investigadas por las interceptaciones a Marelbys Meza, sino que también alcanzaría otros hechos y personas que habrían sido objeto de interceptaciones ilegales. “Ese abuso de función pública se va a prescribir, lo estamos avisando, desde la representación de víctimas hoy”, sostuvo.
La defensa de las víctimas también cuestiona que, hasta el momento, no se haya producido la imputación de la exembajadora Laura Sarabia. Pulido aseguró que la representación considera que existen elementos para que sea llamada a responder dentro del proceso.
“Esta representación de víctimas tiene conocimiento que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia no ha hecho la imputación que se requiere contra la ciudadana exembajadora Laura Sarabia”, señaló. A juicio del abogado, existen “elementos materiales probatorios para llamarla a una imputación, para sostener un proceso con probabilidades altísimas de una condena”.
En cuanto al coronel Carlos Feria, quien continúa activo en la Escuela en Protección y Servicios Especiales, vinculado a la investigación, la representación de víctimas pidió que sea llamado a calificar servicios. “Nosotros no entenderíamos otra posibilidad frente a este uniformado, que no sea llamarlo a calificar servicios”.
Finalmente, la representación recordó que por este caso ya existen cuatro uniformados condenados. Entre ellos se encuentra el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales, además de otros dos uniformados vinculados a la división de Chocó, quienes no aceptaron responsabilidad y fueron a juicio, donde resultaron condenados.