Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y exembajadora de Colombia en Reino Unido, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación relacionada con el procedimiento de polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza en enero de 2023.La Fiscalía le imputó los delitos de abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal agravado. La investigación se originó en el procedimiento realizado a Meza después de que se reportara el hurto de dinero en efectivo en la vivienda de Sarabia.De acuerdo con la Fiscalía, el abuso de función pública se habría configurado porque Sarabia habría ordenado al coronel Carlos Alberto Feria la práctica de una prueba de polígrafo a Meza para resolver un asunto personal. El ente investigador sostiene que con esta actuación habría excedido sus competencias y utilizado un procedimiento destinado a decisiones institucionales para una situación particular. Frente al constreñimiento ilegal agravado, la Fiscalía sustentó la imputación en la relación laboral entre Sarabia y Meza y en la posición que ocupaba la entonces funcionaria. El ente investigador sostuvo que la exdirectora del Dapre habría utilizado su poder y la dependencia económica de la trabajadora para que aceptara someterse al procedimiento.La Fiscalía también imputó el delito de peculado por uso. Este cargo está relacionado con la utilización de personal de seguridad, instalaciones del Dapre ubicadas en el edificio Galán y otros recursos públicos para realizar la prueba de polígrafo a Meza.Durante la audiencia, la defensa cuestionó la inclusión de este tercer delito. El exfiscal Mario Iguarán manifestó que, en acercamientos previos con la Fiscalía, se había discutido la posibilidad de un preacuerdo y, según explicó, se les había indicado que no existían elementos para hablar de peculado por uso.La Fiscalía respondió a esta posición y señaló que la formulación de imputación es el escenario procesal en el que el ente investigador comunica a la persona indiciada y a su defensa los hechos jurídicamente relevantes y la calificación jurídica que considera aplicable.La fiscal del caso sostuvo que estas decisiones responden a la evidencia obtenida legalmente y al grado de conocimiento requerido para establecer una inferencia razonable sobre la ocurrencia de las conductas y su posible atribución a la investigada. También señaló que la apreciación de la defensa sobre un incremento de la imputación corresponde a una valoración subjetiva. Durante la audiencia, la jueza primera de control de garantías reconoció formalmente como víctima a la Presidencia de la República, a través del Dapre. Para intervenir en representación de la entidad fue reconocida la personería jurídica de Andrés Tapias, apoderado delegado por la Secretaría Jurídica, al considerar que no presentaba impedimentos legales para asumir esa representación.La Fiscalía aclaró además que la imputación contra Sarabia no comprende, por ahora, el capítulo relacionado con las interceptaciones de las comunicaciones de Fabiola Perea ni las actuaciones que habrían buscado inducir en error a la fiscal Marbel Morales. Por esta razón, la jueza no reconoció a Perea ni a Morales como víctimas dentro de esta actuación concreta.
La Fiscalía General de la Nación imputó a Laura Camila Sarabia Torres, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y exembajadora de Colombia en Reino Unido, como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, dentro de la investigación relacionada con el procedimiento de polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza en enero de 2023.Durante la audiencia, el ente investigador notificó además a Sarabia de un cargo por el delito de peculado por uso, relacionado con la utilización de bienes y recursos públicos para la realización de la prueba de polígrafo. La investigación se originó después del hurto de dinero en efectivo que se encontraba en una maleta en la vivienda de Sarabia. Posteriormente, Marelbys Meza fue trasladada a unas oficinas del Dapre, ubicadas en el edificio Galán, para ser sometida a una prueba de polígrafo.De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, Sarabia habría ordenado al coronel Carlos Alberto Feria que se practicara la prueba a Meza. El ente investigador sostiene que, al impartir esta instrucción, la entonces jefa del despacho presidencial habría excedido sus competencias funcionales para resolver un asunto de carácter personal.La Fiscalía explicó durante la audiencia que las pruebas de confiabilidad o poligrafía eran utilizadas como una herramienta técnica para decisiones institucionales relacionadas con la credibilidad y confiabilidad del personal que rodeaba al presidente de la República. Por esa razón, sostuvo que ese procedimiento no podía extenderse a una empleada particular con un propósito diferente al institucional.El ente investigador también fundamentó el delito de constreñimiento ilegal agravado en la relación laboral existente entre Sarabia y Meza. Según la Fiscalía, la entonces funcionaria habría utilizado la posición de poder derivada de esa relación y la dependencia económica de su empleada para que aceptara someterse a la prueba. La fiscal señaló que Meza conocía la posición de Sarabia dentro del Gobierno y que la relación laboral representaba para ella un trabajo estable y su principal sustento económico. Bajo esa hipótesis, la Fiscalía considera que estas circunstancias habrían incidido en la decisión de Meza de acceder al procedimiento.En cuanto al peculado por uso, la Fiscalía sostuvo que el delito se habría configurado porque recursos y bienes públicos fueron utilizados para una actividad particular y ajena a las funciones legales para las cuales estaban destinados. El ente investigador indicó que el 30 de enero de 2023, aproximadamente a las 2 de la tarde, Meza fue trasladada por personal asignado a la seguridad de Sarabia a las oficinas del Dapre para la realización del polígrafo, procedimiento que habría durado entre tres y cuatro horas.La inclusión de este último delito fue cuestionada durante la audiencia por el exfiscal Mario Iguarán, integrante de la defensa de Sarabia. Iguarán manifestó que el cargo les resultó sorpresivo porque, según explicó, durante acercamientos previos con la Fiscalía se habría discutido la posibilidad de un preacuerdo y se les había indicado que, después de los análisis correspondientes, no había elementos para hablar de un peculado por uso.“Por eso nos pareció sorpresivo, incoherente, ininteligible”, afirmó Iguarán, quien también pidió precisión sobre la relación entre el delito de abuso de función pública y la nueva imputación por peculado. La Presidencia de la República solicitó ser reconocida como víctima dentro de la actuación, petición que fue avalada durante la audiencia. En contraste, la jueza primera de control de garantías no reconoció como víctimas a Marelbys Meza y Fabiola Perea ni a la fiscal Marbel Morales dentro de esta imputación.La Fiscalía aclaró que, por ahora, Sarabia no está siendo vinculada en esta actuación por las interceptaciones de las líneas telefónicas de Meza y Perea ni por las actuaciones relacionadas con la presunta inducción en error a la fiscal Marbel Morales.La audiencia se retomará a las 2 de la tarde, momento en el que se establecerá si Laura Sarabia acepta o no los cargos formulados por la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, dentro de la investigación relacionada con las interceptaciones realizadas a su exniñera Marelbys Meza y a Fabiola Perea, así como con el procedimiento de polígrafo practicado a Meza.De acuerdo con la solicitud conocida dentro del proceso, Sarabia será llamada a imputación como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. Sin embargo, la representación de víctimas considera que en la imputación debería incluirse otra conducta: peculado por uso, un delito por el cual un servidor público usa de manera indebida, o permite que otros usen, bienes del Estado para fines ajenos al servicio oficial. El abogado Wilson Pulido, representante de víctimas dentro de los procesos relacionados con las interceptaciones y seguimientos a Marelbys Meza, aseguró que, desde su perspectiva, la Fiscalía estaría dejando por fuera una conducta que considera relevante dentro de los hechos investigados y que según su cercanía en el proceso, estaba previsto en la imputación proyectada.“Desde la representación de víctimas debidamente reconocida en los procesos que giran en torno a las interceptaciones ilegales, seguimientos indebidos a la ciudadana Meza, en la cual se engañó a una fiscal de la República y a varios jueces, queremos hacer un llamado a la opinión pública por lo siguiente. Tenemos conocimiento por los medios de comunicación que a la ciudadana Laura Sarabia va a ser llamada a imputación por unos delitos. A juicio de la representación de víctimas, especialmente en la que yo represento, consideramos que se está dejando por fuera el delito más grave, el peculado por uso”, afirmó Pulido.El abogado sostuvo que, para la representación de víctimas, existen elementos que deberían ser analizados por la Fiscalía frente a esta conducta y pidió que el ente investigador permita la participación de las víctimas en esta etapa del proceso. “Es claro para la representación de víctimas que ese delito probablemente se cometió. Queremos que la Fiscalía General de la Nación haga contacto con la representación de víctimas. Hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna llamada, ningún acercamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, y menos por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia que lleva el caso”, señaló.Pulido también hizo referencia al cambio de fiscal que estaba al frente de algunos de los procesos relacionados con las interceptaciones. Según explicó, la fiscal que llevaba el caso en Bogotá fue retirada y trasladada a otro departamento, mientras que el funcionario que asumió posteriormente tampoco se habría comunicado con la representación de víctimas.“La fiscal que tenía el caso en Bogotá, de varios procesos, fue retirada del caso y trasladada a otro departamento. Pero el nuevo fiscal que continuó con los casos tampoco se ha comunicado con nosotros, y en este caso importante, en contra de la ciudadana Laura Sarabia, menos se ha hecho comunicación”, aseguró. La representación de víctimas sostiene que su intención es aportar elementos y argumentos para que la Fiscalía evalúe la inclusión del peculado por uso dentro de la imputación que será presentada contra Sarabia. El abogado insistió en que las víctimas deben tener participación dentro de la actuación penal.“Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que nos escuche. Nosotros tenemos mucho para aportar y, sobre todo, que nos garantice esa verdad, esa justicia y esa reparación que es la que perseguimos”, dijo Pulido.
La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Laura Camila Sarabia Torres, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, dentro de la investigación relacionada con las interceptaciones a su exniñera Marelbys Meza y Fabiola Perea y con el procedimiento de polígrafo practicado a Meza.La diligencia fue programada para el próximo 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, por el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá. La solicitud fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y está relacionada específicamente con los hechos ocurridos entre el 27 y el 29 de enero de 2023, cuando Marelbys Meza habría sido constreñida a someterse a una prueba de polígrafo después de la pérdida de una maleta de propiedad de Sarabia Torres, que para ese momento se desempeñaba como jefe de Gabinete de la Presidencia de la República. Según la información conocida, en el equipaje había documentación y dinero. La Fiscalía sostiene que estos hechos hacen parte de la investigación que se adelanta contra Sarabia por las actuaciones desplegadas alrededor de la exniñera y de las interceptaciones telefónicas que posteriormente fueron objeto de investigación judicial.La solicitud de imputación se conoce después de que el ente investigador descartara la posibilidad de aplicar un mecanismo de justicia restaurativa para resolver anticipadamente el proceso. De acuerdo con la información conocida, la defensa de Sarabia habría planteado en al menos cinco oportunidades la posibilidad de acudir a esta alternativa con el propósito de buscar una terminación anticipada de la actuación. Sin embargo, la Fiscalía decidió no avanzar por esa vía, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos que actualmente son materia de investigación.El caso también tiene como antecedente procesos en los que se han producido condenas y se han otorgado principios de oportunidad que han permitido a la Fiscalía recopilar elementos sobre lo ocurrido alrededor de las interceptaciones y del procedimiento de polígrafo. Esos elementos, de acuerdo con la investigación, hacen parte del material con el que el ente acusador sustenta la presunta participación de Sarabia como determinadora de actuaciones relacionadas con las interceptaciones y el procedimiento practicado a Marelbys Meza.
La Fiscalía descartó la posibilidad de aplicar un mecanismo de justicia restaurativa en el proceso que se adelanta contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, por los hechos relacionados con las interceptaciones a Marelbys Meza y Fabiola Perea y el polémico procedimiento de polígrafo practicado a la exniñera.De acuerdo con la información conocida, la defensa de Sarabia habría solicitado en al menos cinco oportunidades que se evaluará la posibilidad de acudir a esta vía para buscar la terminación anticipada del proceso judicial. Sin embargo, la Fiscalía decidió no avanzar con esa alternativa, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos que son materia de investigación. La decisión se conoce mientras el ente acusador prepara la radicación de la imputación de cargos contra la exfuncionaria por estos hechos. Entre las conductas que podrían hacer parte del expediente se encuentran constreñimiento, abuso de autoridad y peculado por uso, delitos por determinar.El caso está relacionado con las actuaciones adelantadas alrededor de Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera, y Fabiola Perea, en medio de la investigación por las interceptaciones telefónicas y el procedimiento de polígrafo al que fue sometida Meza.La Fiscalía también ha avanzado en otros procesos derivados de este caso, con condenas y principios de oportunidad que, según la información conocida, han aportado elementos sobre la presunta participación de Sarabia como determinadora de actuaciones relacionadas con las interceptaciones y el procedimiento de polígrafo. Frente a las versiones sobre la actuación que prepara la Fiscalía, la exfuncionaria respondió que cualquier pronunciamiento jurídico estará a cargo de sus abogados.“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”, escribió Sarabia.
Ante las versiones sobre la posible imputación que está preparando la Fiscalía en contra de la exdirectora del Departamento Administrativa de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, la exfuncionaria respondió, dejando en sus abogados cualquier actuación frente al proceso.La respuesta se deriva de una negociación reservada que se habría intentado entre su defensa, la exniñera de su hijo Marelbys Meza y la Fiscalía, por el caso del polígrafo en contra de la empleada, después que se perdiera un maletín con dinero, en dólares, en el apartamento de Sarabia. Sin embargo, el caos ha sido considerado abuso de poder, debido a que Marelbys no era funcionaria para someterla al detector de mentiras por un asunto ocurrido en la casa.Esa negociación estaría centrada en finalizar el caso con una sanción de justicia restaurativa, el cual no prosperó, por lo que sería llamada a imputación.“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”, escribió la exfuncionaria, sin hacer alusión a la publicación del portal Cambio sobre la caída de la negociación.Ante la encrucijada por la situación, quien fuera la mujer fuerte del Gobierno expresó que confía en el manejo del proceso. “Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”, escribió Sarabia.Sarabia sería imputada por abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.
La investigación por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, niñera de la exembajadora Laura Sarabia, enfrenta un nuevo escenario tras la salida de la fiscal Cindy Hernández, quien encabezó el proceso desde 2023 y dejó el caso luego de ganar un concurso de méritos, un proceso interno en la Fiscalía que ha generado variaciones en múltiples despachos y casos. El cambio se produce mientras varias audiencias han sido aplazadas y las víctimas advierten posibles consecuencias para el avance de la investigación.Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el principio de oportunidad del patrullero José Sebastián López Herrán, considerado por la representación de víctimas como un testigo clave frente a las actuaciones atribuidas al mayor Duván Muñoz y al coronel Carlos Feria, este último señalado dentro de la investigación por presuntamente ordenar las interceptaciones y el polígrafo practicado a la niñera y a la empleada Fabiola Perea. El abogado Wilson Pulido, representante de la fiscal Marbel Morales, víctima dentro del proceso, cuestionó el cambio y aseguró que con la anterior fiscal existía una comunicación permanente con las víctimas. “Venimos con una línea muy dinámica. La fiscal del caso, de manera ágil, juiciosa, venía dándole respuestas precisamente a la representación de víctimas”, afirmó.Según Pulido, la anterior funcionaria “llamaba, estaba pendiente, nos avisaba de las audiencias” y mantenía una dinámica de trabajo que, aseguró, era valorada positivamente por la representación de víctimas. Por eso, calificó como preocupante que ahora el proceso esté a cargo de un fiscal que las partes todavía no conocen.“Nosotros nos vemos sorprendidos con el cambio de la Fiscalía, porque es que, al retirar a la fiscal que tenía los procesos adelantados, que tenía una dinámica de trabajo ideal, que la representación de víctima se sentía conforme”, señaló.Uno de los asuntos que genera mayor inquietud es la situación del patrullero López Herrán. De acuerdo con la representación de víctimas, estaba prevista una audiencia para solicitar la prórroga de su principio de oportunidad el pasado viernes 21 de agosto, pero la diligencia no se habría realizado y las partes no recibieron información clara sobre lo ocurrido. Pulido sostuvo que el principio de oportunidad “se venció el 4 de agosto” y explicó que la Fiscalía debía acudir ante un juez para solicitar su prórroga. “Si no la pidieron, está vencido. ¿Qué significa ello? Que tendrán que ir a pedir nuevamente el principio de oportunidad”, manifestó.Para la representación de víctimas, la situación es especialmente delicada porque López es considerado un testigo con información sobre el mayor Duván Muñoz y el coronel Carlos Feria. “Es un testigo fundamental, ideal, que para la representación de víctimas era importantísimo, porque tenía información no solo del mayor Duván Muñoz, sino del coronel Feria”, dijo el abogado.A esto se suma otra alerta, la posible prescripción del delito de abuso de función pública en todos los procesos. Pulido explicó que esta conducta tiene una pena máxima de 36 meses, es decir, 3 años, y advirtió que las demoras en el proceso podrían afectar la posibilidad de obtener una decisión judicial por ese delito. “Esas dilaciones tan impresionantes por parte de la Fiscalía, pues va a llevar a que ese delito se prescriba”, afirmó.Según el abogado, la preocupación no se limita a las conductas investigadas por las interceptaciones a Marelbys Meza, sino que también alcanzaría otros hechos y personas que habrían sido objeto de interceptaciones ilegales. “Ese abuso de función pública se va a prescribir, lo estamos avisando, desde la representación de víctimas hoy”, sostuvo.La defensa de las víctimas también cuestiona que, hasta el momento, no se haya producido la imputación de la exembajadora Laura Sarabia. Pulido aseguró que la representación considera que existen elementos para que sea llamada a responder dentro del proceso. “Esta representación de víctimas tiene conocimiento que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia no ha hecho la imputación que se requiere contra la ciudadana exembajadora Laura Sarabia”, señaló. A juicio del abogado, existen “elementos materiales probatorios para llamarla a una imputación, para sostener un proceso con probabilidades altísimas de una condena”.En cuanto al coronel Carlos Feria, quien continúa activo en la Escuela en Protección y Servicios Especiales, vinculado a la investigación, la representación de víctimas pidió que sea llamado a calificar servicios. “Nosotros no entenderíamos otra posibilidad frente a este uniformado, que no sea llamarlo a calificar servicios”.Finalmente, la representación recordó que por este caso ya existen cuatro uniformados condenados. Entre ellos se encuentra el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales, además de otros dos uniformados vinculados a la división de Chocó, quienes no aceptaron responsabilidad y fueron a juicio, donde resultaron condenados.
Un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad concedido al capitán de la Policía Nacional, Óscar Leandro Mojica Cordón, investigado por su participación en las interceptaciones ilegales realizadas contra Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia, en un caso que surgió tras la investigación por el hurto de dinero ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República.Con la decisión judicial, se suspendió de manera parcial la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante un periodo de 12 meses, luego de que el oficial aceptara su responsabilidad por ese delito y se comprometiera a colaborar con la justicia como testigo de cargo en los procesos relacionados con las interceptaciones ilegales de las que fue víctima Marelbys Meza.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, para la época de los hechos Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y, presuntamente, participó en la elaboración de documentos falsos que sirvieron de soporte para obtener órdenes de interceptación de manera irregular.El ente acusador estableció que el oficial habría intervenido en la falsificación de informes y del formato de entrevista a fuente no formal, documentos en los que se aseguró, de manera presuntamente falsa, que las personas interceptadas hacían parte de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá. Con ese sustento se habrían obtenido las autorizaciones judiciales para realizar las interceptaciones.La investigación tiene origen en el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de Laura Sarabia. Durante las actuaciones adelantadas por las autoridades se detectaron las presuntas irregularidades que dieron lugar a las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, caso que posteriormente abrió una investigación penal independiente.Aunque el juez avaló el principio de oportunidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones, el proceso penal contra el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, conductas que siguen siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
La Fiscalía decidido apartar al fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario encargado del proceso. La determinación se tomó tras aceptar el impedimento presentado por Juan Carlos Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció una relación personal cercana con el abogado defensor de la investigada.La actuación penal corresponde al proceso adelantado por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, a partir de la denuncia de Marelbys Meza, quien aseguró que los días 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante una prueba de credibilidad y confiabilidad con polígrafo, en instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial, en inmediaciones del Palacio de Nariño.Debido al fuero constitucional de Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, el caso había sido asignado de manera especial a la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de Arias Duque. Sin embargo, el propio fiscal solicitó ser apartado del expediente al considerar que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley.En el documento presentado ante la fiscal general, Arias fundamentó su impedimento en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 2004, que contempla como causal la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. Según explicó, el 16 de diciembre de 2025 Sarabia otorgó poder al abogado José Fernando Reyes Cuartas para que asumiera su defensa en este proceso.“El doctor Arias manifestó que entre él y el abogado Reyes existe una amistad cercana e íntima desde hace más de veinticinco años”, señala el documento. El fiscal precisó que esa relación se ha construido a partir de “vínculos regionales, relaciones personales, académicas y profesionales, fortalecidas además por la existencia de amistades en común y la participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional”.En su escrito, Arias Duque afirmó que, “en atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía General acogió ese argumento y concluyó que la causal estaba debidamente acreditada.Al analizar el impedimento, el despacho de la fiscal general recordó que el régimen de impedimentos busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen con plena objetividad. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, señaló que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.En la decisión final, la Fiscalía concluyó que la amistad descrita “trasciende el ámbito meramente profesional” y que, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por ello, resolvió “declarar fundado el impedimento” y “apartar al doctor Juan Carlos Arias Duque del conocimiento de la actuación penal”.Como consecuencia, el expediente sería remitido a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que corresponda por reparto, la cual asumirá el caso. La decisión establece, además, que, si Sarabia llegara a perder su fuero constitucional, la nueva fiscalía continuará con el proceso por asignación especial.Eventualmente, este hecho podría retrasar el resultado de la investigación contra la ahora embajadora Sarabia, ya que el nuevo fiscal que sea asignado al caso tendría que iniciar nuevamente el estudio del proceso desde cero para empezar a tomar decisiones.
La Fiscalía presentará escrito de acusación contra el coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de la Presidencia, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El proceso se enmarca en la investigación por la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La audiencia de acusación está programada para el próximo 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Con esta diligencia, el proceso judicial se reanuda luego de cerca de dos años del inició del proceso judicial.De acuerdo con la Fiscalía, el coronel Feria habría tenido un papel determinante en los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando Marelbys Meza fue contactada para realizarle una prueba de polígrafo. Según el ente acusador, los uniformados actuaron siguiendo órdenes e instrucciones directas del entonces jefe de la Oficina de Protección Presidencial.Según las autoridades, sin que existiera una orden judicial que lo respaldara, Meza fue conducida a un cuarto especial donde fue sometida a una prueba de polígrafo. Durante el procedimiento, se le habrían formulado preguntas relacionadas con el paradero de una maleta que contenía dinero en efectivo y documentos que habrían desaparecido de la residencia de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre.Para la Fiscalía, el objetivo de la diligencia habría sido ubicar un dinero que, según la investigación, habría sido robado el 29 de enero de 2023 a la entonces alta funcionaria del Gobierno. El ente acusador sostiene que el coronel Feria habría ordenado a otros miembros de la institución adelantar las actuaciones para esclarecer ese hecho, utilizando para ello recursos del Estado.En su acusación, la Fiscalía considera que tanto el coronel Feria como los demás funcionarios involucrados habrían abusado de su cargo y de la autoridad que les confería su posición, vulnerando la autonomía y los derechos de Marelbys Meza al someterla a un procedimiento para el cual no estaba legalmente obligada. Además, señala que la prueba del polígrafo está autorizada únicamente para personal vinculado al Gobierno nacional, y no para particulares o trabajadores externos, como era el caso de la exniñera.Por estos mismos hechos, también serán acusados el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en la ejecución de las órdenes impartidas por el coronel Feria.
La primera gira del papa León XIV por América Latina tiene un significado que va más allá de su agenda religiosa. El recorrido de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú representa un acercamiento del pontífice a una región con la que mantiene vínculos personales, especialmente por su trayectoria misionera en territorio peruano, pero también una oportunidad para transmitir mensajes sobre reconciliación, igualdad y atención a las poblaciones más vulnerables.Néstor Pongutá, periodista especializado en el Vaticano, explicó en entrevista en Sala de Prensa que esta visita tiene un componente especial para el pontífice, quien llegó a Perú en 1985 como misionero agustino y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Aunque nació en Estados Unidos, ese país latinoamericano ocupa un lugar importante en su historia personal y religiosa.La influencia del papa León XIV y su capacidad de convocatoriaUno de los aspectos que ha llamado la atención durante el recorrido es la respuesta de los fieles, incluso en países donde el catolicismo no tiene una presencia mayoritaria. En Uruguay, por ejemplo, según explicó el periodista, se agotaron en menos de 48 horas las 60.000 entradas disponibles para el encuentro del pontífice con los jóvenes.Para Pongutá, la capacidad de convocatoria de León XIV no depende necesariamente de un carisma similar al de su antecesor, el papa Francisco, sino de su experiencia de vida y cercanía con las comunidades.La gira también ha estado marcada por su dimensión política y diplomática. En Argentina, su llegada estuvo precedida por diferencias relacionadas con el protocolo que pretendía implementar el presidente Javier Milei para recibirlo. Desde el Vaticano se mantuvo el procedimiento establecido, evitando que el encuentro se convirtiera en un escenario de protagonismo político.Los mensajes que León XIV busca llevar a América LatinaMás allá de las concentraciones multitudinarias, el periodista destacó que el propósito del viaje está relacionado con los principios del Evangelio: promover la reconciliación, la igualdad y mejores condiciones de vida para las personas más necesitadas.En Argentina, el pontífice también tiene previstas visitas a una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad y a una cárcel, en línea con el interés que manifestó Francisco por acompañar a quienes viven situaciones de vulnerabilidad.“Un papa no mueve ejércitos, no mueve sanciones económicas, no mueve inversiones, pero mueve conciencias. Y esa es la gran influencia que tiene un pontífice”, afirmó Pongutá.Finalmente, el recorrido por Perú tendrá un significado particular, especialmente durante su paso por Chiclayo, donde vivió varios años y ejerció como obispo. Allí se espera una de las mayores concentraciones de la gira, con una asistencia estimada de 1,5 millones de personas.Así, León XIV busca consolidar su propio estilo de liderazgo, sin desligarse del camino trazado por Francisco. Como concluyó el periodista, se trata de un pontificado que continúa algunos de los objetivos de su antecesor, pero con otra manera de acercarse a los fieles.
Despertar en plena noche sin poder mover un solo músculo, sentir una presión intensa sobre el pecho o percibir que alguien está dentro de la habitación son experiencias que muchas personas describen como "se me subió el muerto". Aunque algunos las relacionan con fantasmas o presencias del más allá, la ciencia tiene una explicación.Con el crecimiento de las redes sociales, cada vez más internautas comparten sus experiencias con este fenómeno y descubren que otras personas también han vivido situaciones similares. Los relatos suelen coincidir en varios detalles: incapacidad para moverse, sensación de ahogo, sonidos extraños y figuras que parecen acercarse a la cama.Estas historias suelen alimentar las conversaciones sobre lo paranormal y las creencias populares relacionadas con los íncubos y los espíritus. Sin embargo, detrás de estos episodios existe un proceso neurológico conocido como parálisis del sueño, que explica por qué el cerebro puede despertar mientras el cuerpo permanece inmóvil.¿Por qué siente que se le "sube el muerto" mientras duerme?De acuerdo con la información atribuida al Instituto Neurológico de Colombia, alrededor del 40 % de las personas en el país han experimentado estos episodios. Aunque la sensación puede ser aterradora, su origen está relacionado con un desfase entre el estado de conciencia y los mecanismos que controlan el movimiento corporal.Para entenderlo es necesario conocer una de las etapas del descanso: la fase REM, sigla en inglés de Rapid Eye Movement, que en español significa Movimiento Ocular Rápido (MOR). Durante este periodo, el cerebro permanece muy activo, mientras el cuerpo entra en un estado de inmovilidad natural.Este mecanismo cumple una función importante: evitar que las personas realicen físicamente los movimientos que experimentan mientras sueñan. Por ejemplo, si alguien sueña que está corriendo, sus músculos voluntarios permanecen bloqueados para impedir que reproduzca esa acción mientras duerme.El problema aparece cuando ocurre un desfase entre ambos procesos. La persona recupera la conciencia, pero el cuerpo continúa bajo ese bloqueo temporal, por lo que intenta moverse, hablar o levantarse sin conseguirlo.Entre las sensaciones que pueden aparecer durante estos episodios están:Presión en el pecho: puede sentirse como si alguien estuviera sentado encima o apretando el cuerpo.Dificultad para moverse: aunque la persona está consciente, no consigue controlar sus músculos voluntarios.Sensación de ahogo: la respiración continúa, pero puede percibirse como limitada o insuficiente.Presencias extrañas: algunas personas sienten que alguien está cerca de la cama o dentro de la habitación.¿Por qué aparecen sombras, figuras y sonidos aterradores?Otro de los aspectos que más miedo genera durante la parálisis del sueño es la percepción de figuras oscuras, movimientos y sonidos difíciles de identificar. Aunque algunas personas interpretan estas experiencias como señales de una presencia paranormal, también existen explicaciones relacionadas con el funcionamiento cerebral.En su sección Mente en equilibrio, de El Heraldo Radio, Mariano Salinas explicó que el cerebro tiene una necesidad constante de identificar patrones y encontrar elementos familiares incluso cuando recibe estímulos confusos: "El cerebro siempre tiene la necesidad de detectar patrones, de detectar cosas que le parezcan familiares".En este proceso aparecen dos fenómenos que ayudan a entender lo que ocurre:Pareidolia visual: cuando hay poca visibilidad, el cerebro intenta reconocer objetos, manchas y sombras. Si no consigue identificarlos, puede interpretarlos como siluetas o figuras amenazantes. La amígdala, relacionada con el procesamiento del miedo, interviene en la respuesta de alerta.Apofenia: ocurre cuando la persona conecta estímulos o acontecimientos aislados y les atribuye un significado. Por ejemplo, puede interpretar un sonido extraño o una sombra como una señal de un supuesto ataque espiritual.Así, sonidos como el viento o la estática pueden adquirir significados inquietantes, mientras que una sombra difícil de reconocer puede convertirse en una figura aterradora. La combinación de estas percepciones con la imposibilidad de moverse explica por qué la experiencia de "se me subió el muerto" resulta tan impactante.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.