Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y exembajadora de Colombia en Reino Unido, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación relacionada con el procedimiento de polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza en enero de 2023.La Fiscalía le imputó los delitos de abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal agravado. La investigación se originó en el procedimiento realizado a Meza después de que se reportara el hurto de dinero en efectivo en la vivienda de Sarabia.De acuerdo con la Fiscalía, el abuso de función pública se habría configurado porque Sarabia habría ordenado al coronel Carlos Alberto Feria la práctica de una prueba de polígrafo a Meza para resolver un asunto personal. El ente investigador sostiene que con esta actuación habría excedido sus competencias y utilizado un procedimiento destinado a decisiones institucionales para una situación particular. Frente al constreñimiento ilegal agravado, la Fiscalía sustentó la imputación en la relación laboral entre Sarabia y Meza y en la posición que ocupaba la entonces funcionaria. El ente investigador sostuvo que la exdirectora del Dapre habría utilizado su poder y la dependencia económica de la trabajadora para que aceptara someterse al procedimiento.La Fiscalía también imputó el delito de peculado por uso. Este cargo está relacionado con la utilización de personal de seguridad, instalaciones del Dapre ubicadas en el edificio Galán y otros recursos públicos para realizar la prueba de polígrafo a Meza.Durante la audiencia, la defensa cuestionó la inclusión de este tercer delito. El exfiscal Mario Iguarán manifestó que, en acercamientos previos con la Fiscalía, se había discutido la posibilidad de un preacuerdo y, según explicó, se les había indicado que no existían elementos para hablar de peculado por uso.La Fiscalía respondió a esta posición y señaló que la formulación de imputación es el escenario procesal en el que el ente investigador comunica a la persona indiciada y a su defensa los hechos jurídicamente relevantes y la calificación jurídica que considera aplicable.La fiscal del caso sostuvo que estas decisiones responden a la evidencia obtenida legalmente y al grado de conocimiento requerido para establecer una inferencia razonable sobre la ocurrencia de las conductas y su posible atribución a la investigada. También señaló que la apreciación de la defensa sobre un incremento de la imputación corresponde a una valoración subjetiva. Durante la audiencia, la jueza primera de control de garantías reconoció formalmente como víctima a la Presidencia de la República, a través del Dapre. Para intervenir en representación de la entidad fue reconocida la personería jurídica de Andrés Tapias, apoderado delegado por la Secretaría Jurídica, al considerar que no presentaba impedimentos legales para asumir esa representación.La Fiscalía aclaró además que la imputación contra Sarabia no comprende, por ahora, el capítulo relacionado con las interceptaciones de las comunicaciones de Fabiola Perea ni las actuaciones que habrían buscado inducir en error a la fiscal Marbel Morales. Por esta razón, la jueza no reconoció a Perea ni a Morales como víctimas dentro de esta actuación concreta.
La Fiscalía General de la Nación imputó a Laura Camila Sarabia Torres, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y exembajadora de Colombia en Reino Unido, como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, dentro de la investigación relacionada con el procedimiento de polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza en enero de 2023.Durante la audiencia, el ente investigador notificó además a Sarabia de un cargo por el delito de peculado por uso, relacionado con la utilización de bienes y recursos públicos para la realización de la prueba de polígrafo. La investigación se originó después del hurto de dinero en efectivo que se encontraba en una maleta en la vivienda de Sarabia. Posteriormente, Marelbys Meza fue trasladada a unas oficinas del Dapre, ubicadas en el edificio Galán, para ser sometida a una prueba de polígrafo.De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, Sarabia habría ordenado al coronel Carlos Alberto Feria que se practicara la prueba a Meza. El ente investigador sostiene que, al impartir esta instrucción, la entonces jefa del despacho presidencial habría excedido sus competencias funcionales para resolver un asunto de carácter personal.La Fiscalía explicó durante la audiencia que las pruebas de confiabilidad o poligrafía eran utilizadas como una herramienta técnica para decisiones institucionales relacionadas con la credibilidad y confiabilidad del personal que rodeaba al presidente de la República. Por esa razón, sostuvo que ese procedimiento no podía extenderse a una empleada particular con un propósito diferente al institucional.El ente investigador también fundamentó el delito de constreñimiento ilegal agravado en la relación laboral existente entre Sarabia y Meza. Según la Fiscalía, la entonces funcionaria habría utilizado la posición de poder derivada de esa relación y la dependencia económica de su empleada para que aceptara someterse a la prueba. La fiscal señaló que Meza conocía la posición de Sarabia dentro del Gobierno y que la relación laboral representaba para ella un trabajo estable y su principal sustento económico. Bajo esa hipótesis, la Fiscalía considera que estas circunstancias habrían incidido en la decisión de Meza de acceder al procedimiento.En cuanto al peculado por uso, la Fiscalía sostuvo que el delito se habría configurado porque recursos y bienes públicos fueron utilizados para una actividad particular y ajena a las funciones legales para las cuales estaban destinados. El ente investigador indicó que el 30 de enero de 2023, aproximadamente a las 2 de la tarde, Meza fue trasladada por personal asignado a la seguridad de Sarabia a las oficinas del Dapre para la realización del polígrafo, procedimiento que habría durado entre tres y cuatro horas.La inclusión de este último delito fue cuestionada durante la audiencia por el exfiscal Mario Iguarán, integrante de la defensa de Sarabia. Iguarán manifestó que el cargo les resultó sorpresivo porque, según explicó, durante acercamientos previos con la Fiscalía se habría discutido la posibilidad de un preacuerdo y se les había indicado que, después de los análisis correspondientes, no había elementos para hablar de un peculado por uso.“Por eso nos pareció sorpresivo, incoherente, ininteligible”, afirmó Iguarán, quien también pidió precisión sobre la relación entre el delito de abuso de función pública y la nueva imputación por peculado. La Presidencia de la República solicitó ser reconocida como víctima dentro de la actuación, petición que fue avalada durante la audiencia. En contraste, la jueza primera de control de garantías no reconoció como víctimas a Marelbys Meza y Fabiola Perea ni a la fiscal Marbel Morales dentro de esta imputación.La Fiscalía aclaró que, por ahora, Sarabia no está siendo vinculada en esta actuación por las interceptaciones de las líneas telefónicas de Meza y Perea ni por las actuaciones relacionadas con la presunta inducción en error a la fiscal Marbel Morales.La audiencia se retomará a las 2 de la tarde, momento en el que se establecerá si Laura Sarabia acepta o no los cargos formulados por la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, dentro de la investigación relacionada con las interceptaciones realizadas a su exniñera Marelbys Meza y a Fabiola Perea, así como con el procedimiento de polígrafo practicado a Meza.De acuerdo con la solicitud conocida dentro del proceso, Sarabia será llamada a imputación como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. Sin embargo, la representación de víctimas considera que en la imputación debería incluirse otra conducta: peculado por uso, un delito por el cual un servidor público usa de manera indebida, o permite que otros usen, bienes del Estado para fines ajenos al servicio oficial. El abogado Wilson Pulido, representante de víctimas dentro de los procesos relacionados con las interceptaciones y seguimientos a Marelbys Meza, aseguró que, desde su perspectiva, la Fiscalía estaría dejando por fuera una conducta que considera relevante dentro de los hechos investigados y que según su cercanía en el proceso, estaba previsto en la imputación proyectada.“Desde la representación de víctimas debidamente reconocida en los procesos que giran en torno a las interceptaciones ilegales, seguimientos indebidos a la ciudadana Meza, en la cual se engañó a una fiscal de la República y a varios jueces, queremos hacer un llamado a la opinión pública por lo siguiente. Tenemos conocimiento por los medios de comunicación que a la ciudadana Laura Sarabia va a ser llamada a imputación por unos delitos. A juicio de la representación de víctimas, especialmente en la que yo represento, consideramos que se está dejando por fuera el delito más grave, el peculado por uso”, afirmó Pulido.El abogado sostuvo que, para la representación de víctimas, existen elementos que deberían ser analizados por la Fiscalía frente a esta conducta y pidió que el ente investigador permita la participación de las víctimas en esta etapa del proceso. “Es claro para la representación de víctimas que ese delito probablemente se cometió. Queremos que la Fiscalía General de la Nación haga contacto con la representación de víctimas. Hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna llamada, ningún acercamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, y menos por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia que lleva el caso”, señaló.Pulido también hizo referencia al cambio de fiscal que estaba al frente de algunos de los procesos relacionados con las interceptaciones. Según explicó, la fiscal que llevaba el caso en Bogotá fue retirada y trasladada a otro departamento, mientras que el funcionario que asumió posteriormente tampoco se habría comunicado con la representación de víctimas.“La fiscal que tenía el caso en Bogotá, de varios procesos, fue retirada del caso y trasladada a otro departamento. Pero el nuevo fiscal que continuó con los casos tampoco se ha comunicado con nosotros, y en este caso importante, en contra de la ciudadana Laura Sarabia, menos se ha hecho comunicación”, aseguró. La representación de víctimas sostiene que su intención es aportar elementos y argumentos para que la Fiscalía evalúe la inclusión del peculado por uso dentro de la imputación que será presentada contra Sarabia. El abogado insistió en que las víctimas deben tener participación dentro de la actuación penal.“Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que nos escuche. Nosotros tenemos mucho para aportar y, sobre todo, que nos garantice esa verdad, esa justicia y esa reparación que es la que perseguimos”, dijo Pulido.
La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Laura Camila Sarabia Torres, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, dentro de la investigación relacionada con las interceptaciones a su exniñera Marelbys Meza y Fabiola Perea y con el procedimiento de polígrafo practicado a Meza.La diligencia fue programada para el próximo 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, por el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá. La solicitud fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y está relacionada específicamente con los hechos ocurridos entre el 27 y el 29 de enero de 2023, cuando Marelbys Meza habría sido constreñida a someterse a una prueba de polígrafo después de la pérdida de una maleta de propiedad de Sarabia Torres, que para ese momento se desempeñaba como jefe de Gabinete de la Presidencia de la República. Según la información conocida, en el equipaje había documentación y dinero. La Fiscalía sostiene que estos hechos hacen parte de la investigación que se adelanta contra Sarabia por las actuaciones desplegadas alrededor de la exniñera y de las interceptaciones telefónicas que posteriormente fueron objeto de investigación judicial.La solicitud de imputación se conoce después de que el ente investigador descartara la posibilidad de aplicar un mecanismo de justicia restaurativa para resolver anticipadamente el proceso. De acuerdo con la información conocida, la defensa de Sarabia habría planteado en al menos cinco oportunidades la posibilidad de acudir a esta alternativa con el propósito de buscar una terminación anticipada de la actuación. Sin embargo, la Fiscalía decidió no avanzar por esa vía, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos que actualmente son materia de investigación.El caso también tiene como antecedente procesos en los que se han producido condenas y se han otorgado principios de oportunidad que han permitido a la Fiscalía recopilar elementos sobre lo ocurrido alrededor de las interceptaciones y del procedimiento de polígrafo. Esos elementos, de acuerdo con la investigación, hacen parte del material con el que el ente acusador sustenta la presunta participación de Sarabia como determinadora de actuaciones relacionadas con las interceptaciones y el procedimiento practicado a Marelbys Meza.
La Fiscalía descartó la posibilidad de aplicar un mecanismo de justicia restaurativa en el proceso que se adelanta contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, por los hechos relacionados con las interceptaciones a Marelbys Meza y Fabiola Perea y el polémico procedimiento de polígrafo practicado a la exniñera.De acuerdo con la información conocida, la defensa de Sarabia habría solicitado en al menos cinco oportunidades que se evaluará la posibilidad de acudir a esta vía para buscar la terminación anticipada del proceso judicial. Sin embargo, la Fiscalía decidió no avanzar con esa alternativa, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos que son materia de investigación. La decisión se conoce mientras el ente acusador prepara la radicación de la imputación de cargos contra la exfuncionaria por estos hechos. Entre las conductas que podrían hacer parte del expediente se encuentran constreñimiento, abuso de autoridad y peculado por uso, delitos por determinar.El caso está relacionado con las actuaciones adelantadas alrededor de Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera, y Fabiola Perea, en medio de la investigación por las interceptaciones telefónicas y el procedimiento de polígrafo al que fue sometida Meza.La Fiscalía también ha avanzado en otros procesos derivados de este caso, con condenas y principios de oportunidad que, según la información conocida, han aportado elementos sobre la presunta participación de Sarabia como determinadora de actuaciones relacionadas con las interceptaciones y el procedimiento de polígrafo. Frente a las versiones sobre la actuación que prepara la Fiscalía, la exfuncionaria respondió que cualquier pronunciamiento jurídico estará a cargo de sus abogados.“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”, escribió Sarabia.
Ante las versiones sobre la posible imputación que está preparando la Fiscalía en contra de la exdirectora del Departamento Administrativa de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, la exfuncionaria respondió, dejando en sus abogados cualquier actuación frente al proceso.La respuesta se deriva de una negociación reservada que se habría intentado entre su defensa, la exniñera de su hijo Marelbys Meza y la Fiscalía, por el caso del polígrafo en contra de la empleada, después que se perdiera un maletín con dinero, en dólares, en el apartamento de Sarabia. Sin embargo, el caos ha sido considerado abuso de poder, debido a que Marelbys no era funcionaria para someterla al detector de mentiras por un asunto ocurrido en la casa.Esa negociación estaría centrada en finalizar el caso con una sanción de justicia restaurativa, el cual no prosperó, por lo que sería llamada a imputación.“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”, escribió la exfuncionaria, sin hacer alusión a la publicación del portal Cambio sobre la caída de la negociación.Ante la encrucijada por la situación, quien fuera la mujer fuerte del Gobierno expresó que confía en el manejo del proceso. “Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”, escribió Sarabia.Sarabia sería imputada por abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.
La investigación por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, niñera de la exembajadora Laura Sarabia, enfrenta un nuevo escenario tras la salida de la fiscal Cindy Hernández, quien encabezó el proceso desde 2023 y dejó el caso luego de ganar un concurso de méritos, un proceso interno en la Fiscalía que ha generado variaciones en múltiples despachos y casos. El cambio se produce mientras varias audiencias han sido aplazadas y las víctimas advierten posibles consecuencias para el avance de la investigación.Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el principio de oportunidad del patrullero José Sebastián López Herrán, considerado por la representación de víctimas como un testigo clave frente a las actuaciones atribuidas al mayor Duván Muñoz y al coronel Carlos Feria, este último señalado dentro de la investigación por presuntamente ordenar las interceptaciones y el polígrafo practicado a la niñera y a la empleada Fabiola Perea. El abogado Wilson Pulido, representante de la fiscal Marbel Morales, víctima dentro del proceso, cuestionó el cambio y aseguró que con la anterior fiscal existía una comunicación permanente con las víctimas. “Venimos con una línea muy dinámica. La fiscal del caso, de manera ágil, juiciosa, venía dándole respuestas precisamente a la representación de víctimas”, afirmó.Según Pulido, la anterior funcionaria “llamaba, estaba pendiente, nos avisaba de las audiencias” y mantenía una dinámica de trabajo que, aseguró, era valorada positivamente por la representación de víctimas. Por eso, calificó como preocupante que ahora el proceso esté a cargo de un fiscal que las partes todavía no conocen.“Nosotros nos vemos sorprendidos con el cambio de la Fiscalía, porque es que, al retirar a la fiscal que tenía los procesos adelantados, que tenía una dinámica de trabajo ideal, que la representación de víctima se sentía conforme”, señaló.Uno de los asuntos que genera mayor inquietud es la situación del patrullero López Herrán. De acuerdo con la representación de víctimas, estaba prevista una audiencia para solicitar la prórroga de su principio de oportunidad el pasado viernes 21 de agosto, pero la diligencia no se habría realizado y las partes no recibieron información clara sobre lo ocurrido. Pulido sostuvo que el principio de oportunidad “se venció el 4 de agosto” y explicó que la Fiscalía debía acudir ante un juez para solicitar su prórroga. “Si no la pidieron, está vencido. ¿Qué significa ello? Que tendrán que ir a pedir nuevamente el principio de oportunidad”, manifestó.Para la representación de víctimas, la situación es especialmente delicada porque López es considerado un testigo con información sobre el mayor Duván Muñoz y el coronel Carlos Feria. “Es un testigo fundamental, ideal, que para la representación de víctimas era importantísimo, porque tenía información no solo del mayor Duván Muñoz, sino del coronel Feria”, dijo el abogado.A esto se suma otra alerta, la posible prescripción del delito de abuso de función pública en todos los procesos. Pulido explicó que esta conducta tiene una pena máxima de 36 meses, es decir, 3 años, y advirtió que las demoras en el proceso podrían afectar la posibilidad de obtener una decisión judicial por ese delito. “Esas dilaciones tan impresionantes por parte de la Fiscalía, pues va a llevar a que ese delito se prescriba”, afirmó.Según el abogado, la preocupación no se limita a las conductas investigadas por las interceptaciones a Marelbys Meza, sino que también alcanzaría otros hechos y personas que habrían sido objeto de interceptaciones ilegales. “Ese abuso de función pública se va a prescribir, lo estamos avisando, desde la representación de víctimas hoy”, sostuvo.La defensa de las víctimas también cuestiona que, hasta el momento, no se haya producido la imputación de la exembajadora Laura Sarabia. Pulido aseguró que la representación considera que existen elementos para que sea llamada a responder dentro del proceso. “Esta representación de víctimas tiene conocimiento que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia no ha hecho la imputación que se requiere contra la ciudadana exembajadora Laura Sarabia”, señaló. A juicio del abogado, existen “elementos materiales probatorios para llamarla a una imputación, para sostener un proceso con probabilidades altísimas de una condena”.En cuanto al coronel Carlos Feria, quien continúa activo en la Escuela en Protección y Servicios Especiales, vinculado a la investigación, la representación de víctimas pidió que sea llamado a calificar servicios. “Nosotros no entenderíamos otra posibilidad frente a este uniformado, que no sea llamarlo a calificar servicios”.Finalmente, la representación recordó que por este caso ya existen cuatro uniformados condenados. Entre ellos se encuentra el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales, además de otros dos uniformados vinculados a la división de Chocó, quienes no aceptaron responsabilidad y fueron a juicio, donde resultaron condenados.
Un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad concedido al capitán de la Policía Nacional, Óscar Leandro Mojica Cordón, investigado por su participación en las interceptaciones ilegales realizadas contra Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia, en un caso que surgió tras la investigación por el hurto de dinero ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República.Con la decisión judicial, se suspendió de manera parcial la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante un periodo de 12 meses, luego de que el oficial aceptara su responsabilidad por ese delito y se comprometiera a colaborar con la justicia como testigo de cargo en los procesos relacionados con las interceptaciones ilegales de las que fue víctima Marelbys Meza.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, para la época de los hechos Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y, presuntamente, participó en la elaboración de documentos falsos que sirvieron de soporte para obtener órdenes de interceptación de manera irregular.El ente acusador estableció que el oficial habría intervenido en la falsificación de informes y del formato de entrevista a fuente no formal, documentos en los que se aseguró, de manera presuntamente falsa, que las personas interceptadas hacían parte de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá. Con ese sustento se habrían obtenido las autorizaciones judiciales para realizar las interceptaciones.La investigación tiene origen en el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de Laura Sarabia. Durante las actuaciones adelantadas por las autoridades se detectaron las presuntas irregularidades que dieron lugar a las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, caso que posteriormente abrió una investigación penal independiente.Aunque el juez avaló el principio de oportunidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones, el proceso penal contra el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, conductas que siguen siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
La Fiscalía decidido apartar al fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario encargado del proceso. La determinación se tomó tras aceptar el impedimento presentado por Juan Carlos Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció una relación personal cercana con el abogado defensor de la investigada.La actuación penal corresponde al proceso adelantado por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, a partir de la denuncia de Marelbys Meza, quien aseguró que los días 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante una prueba de credibilidad y confiabilidad con polígrafo, en instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial, en inmediaciones del Palacio de Nariño.Debido al fuero constitucional de Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, el caso había sido asignado de manera especial a la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de Arias Duque. Sin embargo, el propio fiscal solicitó ser apartado del expediente al considerar que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley.En el documento presentado ante la fiscal general, Arias fundamentó su impedimento en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 2004, que contempla como causal la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. Según explicó, el 16 de diciembre de 2025 Sarabia otorgó poder al abogado José Fernando Reyes Cuartas para que asumiera su defensa en este proceso.“El doctor Arias manifestó que entre él y el abogado Reyes existe una amistad cercana e íntima desde hace más de veinticinco años”, señala el documento. El fiscal precisó que esa relación se ha construido a partir de “vínculos regionales, relaciones personales, académicas y profesionales, fortalecidas además por la existencia de amistades en común y la participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional”.En su escrito, Arias Duque afirmó que, “en atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía General acogió ese argumento y concluyó que la causal estaba debidamente acreditada.Al analizar el impedimento, el despacho de la fiscal general recordó que el régimen de impedimentos busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen con plena objetividad. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, señaló que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.En la decisión final, la Fiscalía concluyó que la amistad descrita “trasciende el ámbito meramente profesional” y que, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por ello, resolvió “declarar fundado el impedimento” y “apartar al doctor Juan Carlos Arias Duque del conocimiento de la actuación penal”.Como consecuencia, el expediente sería remitido a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que corresponda por reparto, la cual asumirá el caso. La decisión establece, además, que, si Sarabia llegara a perder su fuero constitucional, la nueva fiscalía continuará con el proceso por asignación especial.Eventualmente, este hecho podría retrasar el resultado de la investigación contra la ahora embajadora Sarabia, ya que el nuevo fiscal que sea asignado al caso tendría que iniciar nuevamente el estudio del proceso desde cero para empezar a tomar decisiones.
La Fiscalía presentará escrito de acusación contra el coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de la Presidencia, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El proceso se enmarca en la investigación por la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La audiencia de acusación está programada para el próximo 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Con esta diligencia, el proceso judicial se reanuda luego de cerca de dos años del inició del proceso judicial.De acuerdo con la Fiscalía, el coronel Feria habría tenido un papel determinante en los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando Marelbys Meza fue contactada para realizarle una prueba de polígrafo. Según el ente acusador, los uniformados actuaron siguiendo órdenes e instrucciones directas del entonces jefe de la Oficina de Protección Presidencial.Según las autoridades, sin que existiera una orden judicial que lo respaldara, Meza fue conducida a un cuarto especial donde fue sometida a una prueba de polígrafo. Durante el procedimiento, se le habrían formulado preguntas relacionadas con el paradero de una maleta que contenía dinero en efectivo y documentos que habrían desaparecido de la residencia de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre.Para la Fiscalía, el objetivo de la diligencia habría sido ubicar un dinero que, según la investigación, habría sido robado el 29 de enero de 2023 a la entonces alta funcionaria del Gobierno. El ente acusador sostiene que el coronel Feria habría ordenado a otros miembros de la institución adelantar las actuaciones para esclarecer ese hecho, utilizando para ello recursos del Estado.En su acusación, la Fiscalía considera que tanto el coronel Feria como los demás funcionarios involucrados habrían abusado de su cargo y de la autoridad que les confería su posición, vulnerando la autonomía y los derechos de Marelbys Meza al someterla a un procedimiento para el cual no estaba legalmente obligada. Además, señala que la prueba del polígrafo está autorizada únicamente para personal vinculado al Gobierno nacional, y no para particulares o trabajadores externos, como era el caso de la exniñera.Por estos mismos hechos, también serán acusados el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en la ejecución de las órdenes impartidas por el coronel Feria.
Una ruptura repentina de una tubería de agua puede convertirse en una situación de alto riesgo para quienes transitan por el lugar. La presión del agua puede provocar una salida violenta del líquido, afectar la superficie y poner en peligro a conductores, motociclistas y peatones que se encuentren cerca.Eso fue lo que ocurrió en el suroeste de Venezuela, donde la fractura de un ducto del Acueducto Regional dejó al menos dos personas heridas. El momento de la emergencia quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales.Así ocurrió la ruptura del tubo en VenezuelaDe acuerdo con la información conocida, la tubería del Acueducto Regional del Táchira, de aproximadamente 40 pulgadas, sufrió una fractura mientras sobre la vía circulaban vehículos y personas.En las imágenes se observa que, segundos antes de la ruptura, varios carros pasaban en ambas direcciones justo por encima del lugar donde se encontraba el ducto. Al mismo tiempo, algunas personas caminan por los andenes, muy cerca del punto en el que posteriormente se produjo la emergencia.De un momento a otro, el tubo se rompió y provocó una fuerte explosión de agua que alcanzó más de 3 metros de altura. Un motociclista que avanzaba en dirección al sitio alcanzó a frenar antes de ser lanzado por el aire debido a la fuerza del agua. Luego abandonó la motocicleta y corrió en dirección contraria para alejarse del lugar.Asimismo, otro vehículo alcanzó a pasar por la zona. El conductor continuó algunos metros y finalmente frenó, aparentemente confundido por lo que acababa de ocurrir. Otras personas que caminaban cerca también salieron corriendo ante la explosión.La ruptura de la tubería dejó al menos dos heridos y también ocasionó daños en siete inmuebles y un vehículo. La fuerza del agua destrozó una parte de la vía por lo que escombros de pavimento también volaron por el aire.Autoridades locales y entidades responsables acudieron al lugar para atender la emergencia, hacer el drenaje de las aguas y comenzar las labores de excavación necesarias para sustituir el tramo de tubería afectado.
Starbucks ha confirmado oficialmente la clausura de aproximadamente 250 establecimientos en toda la región de Norteamérica. La decisión, detallada a través de una presentación regulatoria este jueves, forma parte de una política corporativa orientada a optimizar el rendimiento financiero de la marca. Según informaron fuentes de la compañía, estos cierres se llevarán a cabo en el transcurso de esta misma semana.El criterio principal detrás de esta medida es el rendimiento operativo, pues la cadena ha identificado locales que, bajo el análisis actual, presentan un desempeño inferior a las expectativas y carecen de una "ruta clara" hacia la rentabilidad a mediano plazo. Al eliminar estos activos, la dirección busca concentrar sus recursos y esfuerzos en aquellas sucursales con un mayor potencial de crecimiento y una trayectoria financiera sólida.El impacto de la gestión de Brian NiccolEsta nueva ola de cierres constituye un paso decisivo en el plan de transformación iniciado por el CEO de Starbucks, Brian Niccol. Desde su llegada, el directivo ha priorizado la eficiencia operativa y la mejora en la experiencia del cliente como ejes para revertir la tendencia actual de la empresa. La reducción del 1% de su inventario total de cafeterías en Norteamérica se interpreta como una señal de que la directiva está dispuesta a realizar ajustes estructurales profundos.El mercado ha observado con atención estos movimientos, ya que la cadena se enfrenta a un entorno altamente competitivo y a cambios significativos en los hábitos de consumo post-pandemia. A pesar de la relevancia del anuncio, la empresa se ha mantenido cautelosa respecto a los detalles específicos sobre la ubicación geográfica de los locales afectados o la proporción exacta de establecimientos que se encuentran bajo convenios sindicales.Antecedentes y contexto en el sector cafeteroLa medida anunciada hoy se produce apenas un año después de un ciclo de cierres masivos que ya había afectado significativamente la presencia física de la marca en el mercado norteamericano. En aquel entonces, Starbucks también argumentó que la decisión respondía a la necesidad de renovar su modelo de negocio ante la saturación de ciertos puntos de venta y los altos costos operativos.Este patrón de cierre de locales de bajo rendimiento se alinea con una tendencia observada en la industria de la restauración y el retail en Estados Unidos. La presión inflacionaria y el aumento en los costos de mano de obra han obligado a grandes cadenas a realizar auditorías exhaustivas sobre sus activos físicos. El objetivo final es alcanzar un equilibrio entre la presencia masiva y la viabilidad económica de cada unidad.Incertidumbre para empleados y clientesHasta el momento, Starbucks no ha facilitado una lista pública de los establecimientos que cesarán sus operaciones en los próximos días, lo que ha generado interrogantes sobre cómo se gestionará la reubicación del personal afectado por los cierres. Históricamente, en procesos de reestructuración a gran escala, las empresas suelen ofrecer alternativas de transferencia a otras sucursales cercanas, aunque la compañía aún no ha emitido un comunicado detallado sobre el protocolo de recursos humanos para este caso específico.Para los clientes habituales, la noticia supone un cambio en la accesibilidad de la marca, especialmente en mercados urbanos donde la densidad de locales ha sido un sello distintivo por décadas. Con este ajuste, la empresa espera no solo mejorar sus márgenes de beneficio, sino también consolidar una estructura más ágil y adaptada a las nuevas demandas operativas de la compañía bajo la dirección de Niccol.
El Concejo de Barranquilla aprobó en primer debate la iniciativa presentada por el alcalde Alejandro Char, para la creación del Mínimo Vital de Agua Potable y Saneamiento Básico en los estratos 1, 2, y el 3, siempre y cuando esté en condición de vulnerabilidad.El mandatario explicó que el proyecto busca aliviar la economía de más de 200.000 hogares a los que se les busca garantizar el acceso a una cantidad esencial de agua para atender necesidades básicas como hidratación, preparación de alimentos, higiene y salubridad.La medida contempla que el Distrito reconozca el valor correspondiente a los primeros 6 metros cúbicos mensuales de consumo.“Estoy muy feliz de que el Concejo de Barranquilla ya haya aprobado hoy, en primer debate, el Mínimo Vital de Agua para cerca de 700.000 personas en Barranquilla. Esto significa salud, significa vida”, comentó Char.De acuerdo con el anexo técnico financiero que acompaña el proyecto, la medida tendría una cobertura potencial inicial de 200.244 suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2, de los cuales 186.474 cuentan también con el servicio de alcantarillado.Para 2027, el Distrito estima destinar $66.209 millones para la financiación del programa, recursos que estarán sujetos a las condiciones tarifarias, el consumo efectivamente reconocido, la verificación de los beneficiarios y las apropiaciones presupuestales de cada vigencia.El esfuerzo fiscal estimado se distribuiría en aproximadamente $36.624 millones para los usuarios del estrato 1 y $29.586 millones para los del estrato 2. Estos recursos no sustituirán los subsidios vigentes para ambos estratos, sino que se sumarán a ellos para cubrir exclusivamente el componente de consumo correspondiente a los 6 metros cúbicos reconocidos como mínimo vital.El mandatario explicó que este beneficio representa mucho más que un alivio en la factura de los servicios públicos, especialmente para las familias con menores ingresos. “Es agua para el abuelito que necesita estar limpio, para hidratar a los bebés, para limpiar los alimentos, para tener bien limpio lo que consumimos; o sea, para estar saludable”, explicó el mandatario de los barranquilleros, al señalar que el acceso al agua constituye una condición fundamental para la salud y el bienestar de las familias.
Tras cuestionamientos planteados por el gobernador Andrés Julián Rendón frente a las acciones de Cornare que darían viabilidad ambiental a obras estratégicas para la movilidad del Oriente de Antioquia, en las últimas horas la autoridad ambiental se pronunció frente al estado de cinco proyectos que avanzan en su jurisdicción.Según Cornare, en los últimos meses han ejecutado 13 mesas técnicas con la Gobernación y sus consultores para revisar estudios, resolver inquietudes y analizar los requerimientos de cada iniciativa. Esto, en medio de las recientes declaraciones del mandatario departamental donde solicitaba agilidad en los trámites."Nosotros somos respetuosos del ambiente, pero las decisiones hay que tomarlas oportunamente. La mejor forma de proteger los activos ambientales es dándole la cara. Si usted les da la espalda, pues, lo único que hace es dejar que se conviertan en rastrojos", afirmó el mandatario sobre las obras.Frente a la vía Aeropuerto - SIKA, en el municipio de Rionegro, que hace parte de la modificación de la licencia ambiental del Túnel de Oriente, desde Cornare destacaron que el trámite permanece suspendido por vacíos en la información entregada como la falta de diseños detallados, algunas inconsistencias en el balance de materiales y una caracterización insuficiente de cuerpos de agua en la zona.Por su parte, sobre la vía El Santuario - Providencia, la entidad indicó que en siete mesas técnicas sigue el estudio de su trazado, pues las tres alternativas propuestas hasta el momento “atraviesan áreas protegidas, fuentes hídricas, corredores ecológicos y otros elementos ambientales que requieren especial consideración”, dijo Cornare.En el caso de la vía El Carmen de Viboral - El Canadá, las dificultades se encuentran en la falta de diseños de detalle, soportes cartográficos y claridad sobre las intervenciones previstas, situaciones que identificaron tras una revisión al avance del proyecto en agosto.“La Corporación tiene la responsabilidad de administrar y proteger los recursos naturales y sustentar técnicamente sus decisiones, una misión que ha guiado su gestión durante 42 años. En ese marco, los trámites se atienden de manera oportuna y con el rigor necesario: cuando la información lo permite, los procesos avanzan y, cuando requiere complementarse, se solicitan los ajustes correspondientes, siempre bajo premisas de diálogo y socialización”.
La Corte Suprema de Justicia decidió no investigar de fondo al exministro Armando Benedetti por el caso de los presuntos recomendados en la DIAN y ordenó enviar el expediente completo a la Fiscalía General de la Nación. La decisión se debe a que el alto tribunal determinó que no tiene competencia para procesarlo por estos hechos.La Sala Especial de Instrucción estableció que Benedetti fue senador de la República hasta el 19 de julio de 2022. Sin embargo, las presuntas gestiones o interferencias que son objeto de análisis habrían ocurrido durante 2024, cuando ya no tenía la condición de congresista.Esto significa que para la época de los hechos Benedetti no contaba con el fuero congresional, es decir, la protección constitucional que establece que determinados congresistas sean investigados y juzgados por la Corte Suprema. Tampoco encontró la Sala una relación directa entre esos hechos y las funciones legislativas que Benedetti ejerció hasta 2022.Por esa razón, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre la responsabilidad de Benedetti y remitió toda la actuación a la justicia ordinaria. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de evaluar el material recopilado y determinar si existe fundamento para iniciar una investigación formal.El expediente se originó en los informes y declaraciones del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien elaboró una matriz interna denominada “puesta en conocimiento de presuntos hechos”. El documento funcionaba como una herramienta de gestión de riesgos y allí fueron registrados nombres de políticos relacionados con presuntas recomendaciones para nombramientos, ascensos y traslados dentro de la entidad.En el caso de Benedetti, su nombre apareció en ese listado entre las personas que habrían formulado recomendaciones relacionadas con direcciones seccionales de la DIAN, específicamente en las áreas de aduanas e impuestos en Barranquilla. Además, durante una declaración juramentada ante la Corte, Luis Carlos Reyes confirmó que recordaba el nombre de Benedetti asociado a ese tipo de solicitudes.La situación de Benedetti es diferente a la de más de 30 congresistas y excongresistas vinculados a la misma causa, quienes sí permanecían bajo la competencia de la Corte Suprema. Frente a ese grupo, la Sala Especial de Instrucción decidió archivar definitivamente la actuación al concluir que no había elementos suficientes para establecer el delito de tráfico de influencias de servidor público.La Corte explicó que recomendar a una persona para un cargo o postular una hoja de vida no constituye por sí solo ese delito. Por el momento, en el caso de Benedetti, será la Fiscalía la que determine si los elementos existentes permiten avanzar en una investigación.