Un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad concedido al capitán de la Policía Nacional, Óscar Leandro Mojica Cordón, investigado por su participación en las interceptaciones ilegales realizadas contra Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia, en un caso que surgió tras la investigación por el hurto de dinero ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República.Con la decisión judicial, se suspendió de manera parcial la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante un periodo de 12 meses, luego de que el oficial aceptara su responsabilidad por ese delito y se comprometiera a colaborar con la justicia como testigo de cargo en los procesos relacionados con las interceptaciones ilegales de las que fue víctima Marelbys Meza.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, para la época de los hechos Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y, presuntamente, participó en la elaboración de documentos falsos que sirvieron de soporte para obtener órdenes de interceptación de manera irregular.El ente acusador estableció que el oficial habría intervenido en la falsificación de informes y del formato de entrevista a fuente no formal, documentos en los que se aseguró, de manera presuntamente falsa, que las personas interceptadas hacían parte de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá. Con ese sustento se habrían obtenido las autorizaciones judiciales para realizar las interceptaciones.La investigación tiene origen en el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de Laura Sarabia. Durante las actuaciones adelantadas por las autoridades se detectaron las presuntas irregularidades que dieron lugar a las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, caso que posteriormente abrió una investigación penal independiente.Aunque el juez avaló el principio de oportunidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones, el proceso penal contra el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, conductas que siguen siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
La Fiscalía decidido apartar al fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario encargado del proceso. La determinación se tomó tras aceptar el impedimento presentado por Juan Carlos Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció una relación personal cercana con el abogado defensor de la investigada.La actuación penal corresponde al proceso adelantado por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, a partir de la denuncia de Marelbys Meza, quien aseguró que los días 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante una prueba de credibilidad y confiabilidad con polígrafo, en instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial, en inmediaciones del Palacio de Nariño.Debido al fuero constitucional de Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, el caso había sido asignado de manera especial a la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de Arias Duque. Sin embargo, el propio fiscal solicitó ser apartado del expediente al considerar que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley.En el documento presentado ante la fiscal general, Arias fundamentó su impedimento en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 2004, que contempla como causal la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. Según explicó, el 16 de diciembre de 2025 Sarabia otorgó poder al abogado José Fernando Reyes Cuartas para que asumiera su defensa en este proceso.“El doctor Arias manifestó que entre él y el abogado Reyes existe una amistad cercana e íntima desde hace más de veinticinco años”, señala el documento. El fiscal precisó que esa relación se ha construido a partir de “vínculos regionales, relaciones personales, académicas y profesionales, fortalecidas además por la existencia de amistades en común y la participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional”.En su escrito, Arias Duque afirmó que, “en atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía General acogió ese argumento y concluyó que la causal estaba debidamente acreditada.Al analizar el impedimento, el despacho de la fiscal general recordó que el régimen de impedimentos busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen con plena objetividad. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, señaló que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.En la decisión final, la Fiscalía concluyó que la amistad descrita “trasciende el ámbito meramente profesional” y que, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por ello, resolvió “declarar fundado el impedimento” y “apartar al doctor Juan Carlos Arias Duque del conocimiento de la actuación penal”.Como consecuencia, el expediente sería remitido a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que corresponda por reparto, la cual asumirá el caso. La decisión establece, además, que, si Sarabia llegara a perder su fuero constitucional, la nueva fiscalía continuará con el proceso por asignación especial.Eventualmente, este hecho podría retrasar el resultado de la investigación contra la ahora embajadora Sarabia, ya que el nuevo fiscal que sea asignado al caso tendría que iniciar nuevamente el estudio del proceso desde cero para empezar a tomar decisiones.
La Fiscalía presentará escrito de acusación contra el coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de la Presidencia, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El proceso se enmarca en la investigación por la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La audiencia de acusación está programada para el próximo 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Con esta diligencia, el proceso judicial se reanuda luego de cerca de dos años del inició del proceso judicial.De acuerdo con la Fiscalía, el coronel Feria habría tenido un papel determinante en los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando Marelbys Meza fue contactada para realizarle una prueba de polígrafo. Según el ente acusador, los uniformados actuaron siguiendo órdenes e instrucciones directas del entonces jefe de la Oficina de Protección Presidencial.Según las autoridades, sin que existiera una orden judicial que lo respaldara, Meza fue conducida a un cuarto especial donde fue sometida a una prueba de polígrafo. Durante el procedimiento, se le habrían formulado preguntas relacionadas con el paradero de una maleta que contenía dinero en efectivo y documentos que habrían desaparecido de la residencia de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre.Para la Fiscalía, el objetivo de la diligencia habría sido ubicar un dinero que, según la investigación, habría sido robado el 29 de enero de 2023 a la entonces alta funcionaria del Gobierno. El ente acusador sostiene que el coronel Feria habría ordenado a otros miembros de la institución adelantar las actuaciones para esclarecer ese hecho, utilizando para ello recursos del Estado.En su acusación, la Fiscalía considera que tanto el coronel Feria como los demás funcionarios involucrados habrían abusado de su cargo y de la autoridad que les confería su posición, vulnerando la autonomía y los derechos de Marelbys Meza al someterla a un procedimiento para el cual no estaba legalmente obligada. Además, señala que la prueba del polígrafo está autorizada únicamente para personal vinculado al Gobierno nacional, y no para particulares o trabajadores externos, como era el caso de la exniñera.Por estos mismos hechos, también serán acusados el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en la ejecución de las órdenes impartidas por el coronel Feria.
El Juzgado 53 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa a 136 meses de prisión (11 años), una multa de 400 Salarios mínimos mensuales vigentes y una inhabilidad de 161 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas; y al patrullero Jhon Fredy Morales a 146 meses de prisión (12 años), multa equivalente a 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 175 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones en el caso chuzadas Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.Los uniformados fueron hallados culpables de presentar informes y datos falsos, lo que llevó a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran interceptaciones ilegales a las comunicaciones de Meza y de su compañera de trabajo, Fabiola Perea.Durante el proceso judicial, la Fiscalía probó que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran seguimientos telefónicos. Con esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.Según la Fiscalía, el propósito de las interceptaciones ilegales era esclarecer la desaparición de una maleta con dinero del apartamento de Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.El testimonio de Marelbys Meza fue determinante para esclarecer los hechos. En audiencia, relató los abusos que sufrió durante la prueba del polígrafo a la que fue sometida y las presiones psicológicas que padeció. La mujer describió el impacto que el caso tuvo en su vida y recordó haber insistido en someterse al polígrafo para “aclarar todo y volver a trabajar”, sin imaginar que se convertiría en víctima de un montaje judicial.
El Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero John Fredy Morales por haber presentado informes y elementos materiales probatorios con información falsa que hicieron incurrir en error a fiscales y jueces, quienes finalmente autorizaron las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, en el caso conocido como las “chuzadas” a la exniñera de la excanciller y actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La juez los halló culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran los seguimientos telefónicos. En esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.De acuerdo con la investigación, el objetivo final era indagar la desaparición de una maleta con dinero en el apartamento de la entonces canciller Laura Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.Durante el juicio oral, fueron fundamentales las declaraciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien describió la insistencia de los hoy condenados para dar curso a las interceptaciones.“Ese carácter apremiante se corroboró con las manifestaciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien relató que el capitán Carlos Andrés Correa le insistió reiteradamente en que debía tramitarse con urgencia la orden de interceptación, presionando para que el procedimiento se evacuara con la mayor celeridad. Aspecto que se aúna, sin lugar a dudas, para inferir que la información no provenía de un hallazgo objetivo y verificable, sino de un interés particular en que el trámite se materializara sin demora”, señaló la juez.La diligencia judicial continuará el próximo 28 de octubre, cuando se conocerán más decisiones frente a los responsables del caso.
La Fiscalía General de la Nación pidió la condena contra el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales, ambos involucrados en las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, exniñera de la familia de la entonces jefe de Despacho, Laura Sarabia.El caso surgió en enero del 2023, tras la denuncia de un supuesto robo de 12 millones de pesos que estaban en un maletín, ubicado en la casa de la exfuncionaria. Ante la negativa de la fiscal del caso de autorizar seguimientos, se habría orquestado un plan para engañar a la justicia: algunos policías, entre ellos el capitán y el patrullero, elaboraron informes falsos que hicieron pasar a Meza como supuesta integrante del Clan del Golfo, con lo que lograron que se emitieran órdenes de interceptación en su contra.Como presuntas víctimas de estos actos figuran, además de Meza, Lucelia y Johnson, dos personas allegadas a la exniñera de Sarabia y que, desde el inicio, habría sido perjudicadas por este montaje realizado por algunos miembros de la Policía.Hay que recordar que, en medio de este proceso, la expatrullera Dana Canizales y el exintendente Alfonso Quinchanegua aceptaron su responsabilidad en la manipulación de documentos y firmaron un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos fueron condenados a 10 años de prisión, pero, a cambio, se comprometieron a entregar información que permita develar la participación de otros presuntos colaboradores, entre ellos particulares y uniformados.En este caso, la Fiscalía imputó también a los policías Hermes González y Edwin Méndez por el delito de abuso de función pública. Según la investigación, González habría realizado de forma irregular una inspección a la hoja de vida de Johnson, allegado de Meza, sin autorización judicial. De igual manera, se le atribuye, junto a Méndez, la práctica de inspecciones en la terminal de transporte con el propósito de dar con el paradero de una suma millonaria de dinero que se habría extraviado de la casa de Sarabia. Estas actuaciones se habrían realizado al margen de la ley y sin control de las autoridades competentes.Ni Hermes González ni Edwin Méndez aceptaron los cargos imputados. La Fiscalía deberá presentar ante los jueces los elementos de prueba que respalden las acusaciones por abuso de función pública, delito que castiga la utilización de la investidura oficial para fines distintos a los autorizados por la ley.El ente acusador advirtió que este caso es una muestra de cómo se intentó utilizar la institucionalidad para fines ilegales y reiteró que seguirá avanzando en las investigaciones para establecer la responsabilidad de todos los implicados.Desde la Procuraduría pidieron que se suspenda el juicio contra el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales por motivos de fuerza mayor. La petición fue acogida por la jueza del caso, quien reprogramó la audiencia para el próximo viernes 19 de septiembre a las 8:00 a.m.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los policías Hermes González y Edwin Méndez por el delito de abuso de función pública, dentro del proceso que investiga las denominadas chuzadas contra Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefa de gabinete y posterior canciller, Laura Sarabia.Como presuntas víctimas de estos actos figuran Marelbys Meza, así como Lucelia y Johnson, dos personas allegadas a la exniñera de Sarabia y que, desde el inicio, habría sido perjudicadas por este montaje realizado por algunos miembros de la Policía.Según la investigación, González habría realizado de forma irregular una inspección a la hoja de vida de Johnson, allegado de Meza, sin autorización judicial. De igual manera, se le atribuye, junto a Méndez, la práctica de inspecciones en la terminal de transporte con el propósito de dar con el paradero de una suma millonaria de dinero que se habría extraviado de la casa de Sarabia. Estas actuaciones se habrían realizado al margen de la ley y sin control de las autoridades competentes.Ya hay condenados por el caso de chuzadasEste nuevo capítulo se suma a la condena ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá contra el intendente Alfonso Quinchanego y la patrullera Dana Canizares, quienes aceptaron su responsabilidad y llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos fueron sentenciados a diez años de cárcel, convirtiéndose en los primeros policías condenados dentro del escándalo.En contraste, ni Hermes González ni Edwin Méndez aceptaron los cargos imputados. La Fiscalía deberá presentar ante los jueces los elementos de prueba que respalden las acusaciones por abuso de función pública, delito que castiga la utilización de la investidura oficial para fines distintos a los autorizados por la ley.El escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza continúa así ampliando su alcance judicial y político, evidenciando un uso indebido de los recursos del Estado.
La congresista republicana María Elvira Salazar le solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se nieguen las credenciales diplomáticas al coronel Carlos Feria, actual agregado de la Policía en la Embajada de Colombia en Washington."Debe ser enviado de regreso a Colombia, donde está imputado por abuso de poder, privación ilegal de la libertad y participación en un grave caso de corrupción. Estados Unidos no debe ser cómplice de los intentos del presidente Petro por proteger a sus aliados de la justicia", aseguró la congresista en su carta.El coronel Feria está vinculado al escándalo de interceptaciones ilegales en el caso de Marelbys Meza, una exempleada de la hoy canciller Laura Sarabia.El polémico caso de Carlos FeriaA inicios de 2025, el coronel Carlos Feria salió del cargo de la jefatura de seguridad del presidente Gustavo Petro para salir a una misión diplomática luego de haber sido acusado en el caso del polígrafo de la exniñera de Laura Sarabia. En ese cado él habría ordenado el dinero robado y llevar a cabo el procedimiento contra Meza, que dijo haber sentido "secuestrada".“Se puede afirmar con probabilidad de verdad que el capitán Carlos Correa y el patrullero John Freddy Morales, que como ya se indicó son servidores públicos vinculados a la Dijínindujeron en error al fiscal 191 para obtener orden de interceptación”, indicó la fiscal Cindy Hernández, quien fue la encargada de este caso.Cabe recordar que ocho congresistas María Fernanda Cabal y Andrés Guerra, y los representantes Juan Espinal, Christian Garcés, Jhon Jairo Berrio, Yulieth Sánchez y Hugo Danilo Lozano- también enviaron una carta a Marco Rubio en donde mostraban "profunda preocupación" por el nombramiento en Estados Unidos y pedían apoyo para que pudiera cumplir sus responsabilidades judiciales en Colombia.
El excanciller Álvaro Leyva Durán sigue marcando distancia del Gobierno de Gustavo Petro. En un contundente mensaje, publicado en X, Leyva expresa su desencanto con Petro, anuncia el envío de una carta personal al presidente y lanza duras críticas contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por escándalos no aclarados.En el mensaje, Leyva, quien fue uno de los primeros aliados de Petro en su llegada a la Presidencia, admitió que las "ilusiones” que lo colmaron al inicio “se fueron desvaneciendo", aunque agradeció la oportunidad de haber dirigido la Cancillería."Prudente ocultación de la verdad" vs. el bien comúnEl exfuncionario citó al filósofo español Antonio Millán-Puelles para justificar su decisión de hablar ahora: "Aprendí [...] que en algunos momentos se debe recurrir a una ‘prudente ocultación de la verdad’ para no ofender [...] pero que, al verse afectado el bien común, es pertinente dejar de lado esa ocultación".Con esta advertencia, Leyva dirigió sus señalamientos hacia Benedetti, cuestionó su pasado y su manejo de polémicas como los diálogos con su la hoy canciller, Laura Sarabia y el caso de la niñera Marelbys Meza."¿Qué podría contarnos sobre lo ocurrido después del Consejo de Ministros del martes 4 de febrero, noche tarde con dóberman incluido?", escribió en alusión a un episodio no aclarado. Además, cuestionó: "¿Se puede pensar que el cuerpo diplomático [...] son unos tontos como para no conocer ya quién es quién y qué ocurre?".Leyva anuncia carta a Petro y advertencia sobre "algo más de fondo"Leyva confirmó que enviará una misiva privada a Petro "de la manera más comedida", con reflexiones para Semana Santa, y rechazó que sus mensajes sean "enigmáticos", pese a haber cerrado anteriores publicaciones con una pregunta inquietante: "¿Puede ser lo anterior el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos necesariamente nos debemos preparar?".Este es el mensaje completo de Álvaro Leyva:Ciudadanas, ciudadanos:Creí en el discurso de Petro candidato. Por esto le acepté el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde la Constituyente del 91 no ejercía función pública alguna. Le agradecí que hubiera pensado en mi para tan alto cargo. Y lo reitero. Pero por circunstancias por él conocidas, las ilusiones que me colmaron al inicio se fueron desvaneciendo. Hoy solo me queda uno que otro recuerdo grato.Mas pienso en mi país y pienso y pienso en mi país. En nada más. No puedo ser inferior. ¿Ocultar? ¿No ocultar? Ya lo he dicho: Aprendí del filósofo español ampliamente reconocido Antonio Millán-Puelles, amigo personal de cercano trato, que en algunos momentos se debe recurrir a una “prudente ocultación de la verdad” para no ofender; para evitar daños. Pero que mutatio materiae, en el caso que nos ocupa, al verseafectadoel bien común, es pertinente dejar de lado esa “prudente ocultación de la verdad”. No se piense que no es difícil referirme a ciertas circunstancias para ir aproximando el centro del meollo.Inicio refiriéndome al actual Ministro del Interior conocido de marras en el país y en el exterior. ¿Qué ya se rehabilitó? Quien escribe este mensaje viene de haberlo lidiado, padecido. No me cabe entonces soslayar alertas rojas a estas alturas de la vida. A propósito, ¿qué podría contarnos sobre lo ocurrido después del Consejo de Ministros del martes 4 de febrero, noche tarde con dóberman incluido?Para referirme a algo menos personal del señor ministro, vemos que llegó a la altísima responsabilidad pública sin haber esclarecido antes los alcances de los diálogos que tuvieron lugar entre él y quien fuera su subalterna, dados a conocer por la revista Semana en junio de 2023. Y sin que ninguno de los dos – ella hoy en la cumbre del poder –, hubiese explicado qué sucedió con la niñera, de la última, Marelbys Meza. Y qué del consabido tema del polígrafo; de los hoy detenidos como resultado de ese insuceso y demás cuentos espeluznantes con suicidio incluido y viaje de la señora Meza a Venezuela. Y lo que ha venido conociéndose relativo al actuar de la susodicha funcionara después de aquellos insolutos casos.Ahora, ¿se puede siquiera pensar que el cuerpo diplomático acreditado en Colombia está integrado por un poco de tontas y tontos como para no conocer ya quién es quién y qué ocurre? Y las cancillerías de todas las naciones qué. ¿Y que los embajadores que integran el Consejo de Seguridad son unos desinformados?Próximos estamos a rendirlea esa corporación el informe trimestral sobre la implementación de la paz.A esto me referiré oportunamente.Y por favor no sigan pensando que estos mensajes son enigmáticos o crípticos como lo señalan algunos por haber concluido más de unocon la pregunta ¿puede ser lo anterior el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos necesariamente nos debemos preparar?Esta misma semana le haré llegar de la manera más comedida al señor Presidente Petro una carta personal que esperocomprenda y asimile con patriótica generosidad. Reflexiones para tener en cuenta en la Semana Santa.
La audiencia de formulación de imputación contra el mayor Duván Muñoz y el capitán Óscar Mojica, oficiales de la Policía Nacional acusados de presuntas interceptaciones ilegales a Marelbys Meza en febrero de 2023, quedó en suspenso luego de que la juez 56 penal municipal de control de garantías se declarara incompetente para conocer el caso. Ahora, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre qué jurisdicción deberá adelantar el proceso.La Fiscalía tenía todo listo para imputar a los dos oficiales cinco delitos relacionados con las interceptaciones ilegales a Meza, exniñera del hijo de la canciller Laura Sarabia. Estas supuestas interceptaciones ilegales se habrían llevado a cabo por la desaparición de una suma de dinero en la residencia de la alta funcionaria del Gobierno Petro.Los delitos que la Fiscalía pretendía imputar a los oficiales son:Fraude procesalFalsedad ideológica en documento públicoFalsedad material en documento públicoInterceptación ilegal de comunicacionesAbuso de autoridadSegún la tesis del ente acusador, Muñoz y Mojica habrían trabajado en conjunto con otros dos policías ya condenados por los mismos hechos: Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua, quienes aceptaron cargos. El objetivo de la supuesta maniobra ilegal habría sido interceptar las comunicaciones de Meza para determinar si estuvo involucrada en el robo del dinero.En el marco de este proceso, Dana Canizales ha manifestado su intención de colaborar con la justicia. La Fiscalía acordó con ella un principio de oportunidad, figura que le otorgaría beneficios penales a cambio de información relevante sobre otras conductas punibles. Sin embargo, un juez negó la solicitud al considerar que no se cumplían ciertos requisitos. Ahora, el acuerdo deberá ser presentado nuevamente con los ajustes correspondientes para su posible aprobación.Otro proceso contra Duván Muñoz también está en la Corte ConstitucionalEste no es el único proceso que involucra al mayor Duván Muñoz en el alto tribunal. En otro expediente, también en manos de la Corte Constitucional, se investiga si la jurisdicción competente para juzgarlo debe ser la justicia penal militar o la justicia ordinaria. En ese caso, Muñoz es señalado por presuntas intimidaciones tras practicarle una prueba de polígrafo de manera irregular. Se espera que este proceso tenga una decisión en el primer semestre del año.En cuanto al radicado sobre las chuzadas a Marelbys Meza, la Corte Constitucional podría dar una respuesta en un plazo aproximado de seis meses.
Una muñeca sexual de apariencia extremadamente realista provocó una investigación policial por un supuesto asesinato en Australia, después de que fuera encontrada dentro de una maleta abandonada en una zona rural de Nueva Gales del Sur.El insólito hallazgo ocurrió el domingo, cuando dos hombres que conducían por una zona rural encontraron la valija y observaron en su interior lo que inicialmente parecían ser restos humanos.Ante la posibilidad de que se tratara de una víctima de homicidio, la Policía de Nueva Gales del Sur desplegó un equipo de detectives y expertos forenses para examinar la escena.Policía creyó inicialmente que se trataba de restos humanosLa investigación comenzó como un posible caso de asesinato. Sin embargo, los análisis realizados por los especialistas permitieron establecer que el contenido de la maleta no correspondía a una persona.La superintendente de la Policía de Nueva Gales del Sur, Linda Bradbury, explicó que la muñeca sexual era tan realista que incluso los agentes llegaron a confundirla inicialmente con un cuerpo humano.“Inicialmente la confundieron con un humano”, explicó Bradbury a los periodistas. La funcionaria agregó que este tipo de muñecas pueden tener una apariencia muy similar a la de una persona real, lo que hizo que el hallazgo resultara especialmente desconcertante para los investigadores.La muñeca tenía cabello, ropa y hasta un aro en la narizLos exámenes forenses determinaron que se trataba de una muñeca sexual de apariencia realista. Entre sus características se encontraban ropa, cabello y un aro en la nariz. Pero había otro detalle que contribuyó a que los investigadores pensaran inicialmente que podían estar frente a un cadáver: la muñeca presentaba marcas similares a moretones y raspones.Según la Policía, estas características hicieron todavía más difícil determinar a primera vista qué había realmente dentro de la maleta abandonada.La investigación por el supuesto asesinato terminóDespués de realizar los análisis correspondientes, las autoridades descartaron que hubiera una víctima humana y concluyeron la investigación. La Policía confirmó que los exámenes forenses permitieron establecer que se trataba de una muñeca sexual hiperrealista y no de restos humanos.El curioso episodio demuestra hasta qué punto algunos de estos objetos pueden llegar a parecerse a una persona real, incluso en circunstancias que inicialmente llevaron a las autoridades a considerar un posible homicidio.
Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volquetaUna perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Un avión Airbus protagonizó una prueba inédita al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, después de despegar de Melbourne, Australia, y aterrizar en Toulouse, Francia.El Airbus A350-1000ULR recorrió más de 23.000 kilómetros durante el trayecto, que comenzó el 28 de julio y terminó un día después en territorio francés.La particularidad del recorrido estuvo también en la ruta elegida. En lugar de tomar el trayecto directo hacia el oeste, que habría sido de aproximadamente 17.000 kilómetros, la aeronave realizó un recorrido mucho más extenso sobre el Pacífico.¿Cómo fue la ruta del vuelo de 24 horas?El avión tomó dirección noreste sobre el Pacífico y posteriormente atravesó Estados Unidos y Canadá. Después cruzó el océano Atlántico y continuó hacia el sur sobre el Reino Unido antes de llegar a Toulouse.De acuerdo con el mensaje difundido por la compañía aérea, durante el recorrido el Airbus pasó por tres continentes y dos océanos y alcanzó a experimentar dos amaneceres y dos atardeceres.La ruta fue diseñada deliberadamente para llevar al avión al límite de permanencia en el aire y extender la duración de la prueba.¿Quiénes viajaron en el Airbus A350-1000ULR?Aunque se trató de un avión comercial de pasajeros, el vuelo no transportó pasajeros con boleto.A bordo viajaron cuatro pilotos de prueba de Airbus y cinco ingenieros, además de más de cinco toneladas de instrumentación.El avión llevaba aproximadamente 1.000 sensores, destinados a registrar diferentes aspectos de su comportamiento durante las 24 horas de vuelo.El recorrido supera la duración del anterior récord mencionado en la información suministrada. En 2005, un Boeing 777-200LR había completado un vuelo de 22 horas y 42 minutos.¿Para qué se realizó este vuelo?El Airbus A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para el Project Sunrise de Qantas, iniciativa con la que la aerolínea busca conectar Sídney y Londres sin escalas a partir de octubre de 2027.El vuelo entre Melbourne y Toulouse forma parte de las pruebas relacionadas con las capacidades de la aeronave para realizar trayectos de duración extrema.La certificación oficial del récord todavía está pendiente. Sin embargo, la aeronave ya completó un recorrido de 24 horas y 24 minutos sin aterrizar.