La Fiscalía decidido apartar al fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario encargado del proceso. La determinación se tomó tras aceptar el impedimento presentado por Juan Carlos Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció una relación personal cercana con el abogado defensor de la investigada.La actuación penal corresponde al proceso adelantado por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, a partir de la denuncia de Marelbys Meza, quien aseguró que los días 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante una prueba de credibilidad y confiabilidad con polígrafo, en instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial, en inmediaciones del Palacio de Nariño.Debido al fuero constitucional de Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, el caso había sido asignado de manera especial a la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de Arias Duque. Sin embargo, el propio fiscal solicitó ser apartado del expediente al considerar que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley.En el documento presentado ante la fiscal general, Arias fundamentó su impedimento en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 2004, que contempla como causal la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. Según explicó, el 16 de diciembre de 2025 Sarabia otorgó poder al abogado José Fernando Reyes Cuartas para que asumiera su defensa en este proceso.“El doctor Arias manifestó que entre él y el abogado Reyes existe una amistad cercana e íntima desde hace más de veinticinco años”, señala el documento. El fiscal precisó que esa relación se ha construido a partir de “vínculos regionales, relaciones personales, académicas y profesionales, fortalecidas además por la existencia de amistades en común y la participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional”.En su escrito, Arias Duque afirmó que, “en atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía General acogió ese argumento y concluyó que la causal estaba debidamente acreditada.Al analizar el impedimento, el despacho de la fiscal general recordó que el régimen de impedimentos busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen con plena objetividad. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, señaló que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.En la decisión final, la Fiscalía concluyó que la amistad descrita “trasciende el ámbito meramente profesional” y que, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por ello, resolvió “declarar fundado el impedimento” y “apartar al doctor Juan Carlos Arias Duque del conocimiento de la actuación penal”.Como consecuencia, el expediente sería remitido a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que corresponda por reparto, la cual asumirá el caso. La decisión establece, además, que, si Sarabia llegara a perder su fuero constitucional, la nueva fiscalía continuará con el proceso por asignación especial.Eventualmente, este hecho podría retrasar el resultado de la investigación contra la ahora embajadora Sarabia, ya que el nuevo fiscal que sea asignado al caso tendría que iniciar nuevamente el estudio del proceso desde cero para empezar a tomar decisiones.
La Fiscalía presentará escrito de acusación contra el coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de la Presidencia, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El proceso se enmarca en la investigación por la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La audiencia de acusación está programada para el próximo 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Con esta diligencia, el proceso judicial se reanuda luego de cerca de dos años del inició del proceso judicial.De acuerdo con la Fiscalía, el coronel Feria habría tenido un papel determinante en los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando Marelbys Meza fue contactada para realizarle una prueba de polígrafo. Según el ente acusador, los uniformados actuaron siguiendo órdenes e instrucciones directas del entonces jefe de la Oficina de Protección Presidencial.Según las autoridades, sin que existiera una orden judicial que lo respaldara, Meza fue conducida a un cuarto especial donde fue sometida a una prueba de polígrafo. Durante el procedimiento, se le habrían formulado preguntas relacionadas con el paradero de una maleta que contenía dinero en efectivo y documentos que habrían desaparecido de la residencia de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre.Para la Fiscalía, el objetivo de la diligencia habría sido ubicar un dinero que, según la investigación, habría sido robado el 29 de enero de 2023 a la entonces alta funcionaria del Gobierno. El ente acusador sostiene que el coronel Feria habría ordenado a otros miembros de la institución adelantar las actuaciones para esclarecer ese hecho, utilizando para ello recursos del Estado.En su acusación, la Fiscalía considera que tanto el coronel Feria como los demás funcionarios involucrados habrían abusado de su cargo y de la autoridad que les confería su posición, vulnerando la autonomía y los derechos de Marelbys Meza al someterla a un procedimiento para el cual no estaba legalmente obligada. Además, señala que la prueba del polígrafo está autorizada únicamente para personal vinculado al Gobierno nacional, y no para particulares o trabajadores externos, como era el caso de la exniñera.Por estos mismos hechos, también serán acusados el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en la ejecución de las órdenes impartidas por el coronel Feria.
El Juzgado 53 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa a 136 meses de prisión (11 años), una multa de 400 Salarios mínimos mensuales vigentes y una inhabilidad de 161 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas; y al patrullero Jhon Fredy Morales a 146 meses de prisión (12 años), multa equivalente a 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 175 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones en el caso chuzadas Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.Los uniformados fueron hallados culpables de presentar informes y datos falsos, lo que llevó a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran interceptaciones ilegales a las comunicaciones de Meza y de su compañera de trabajo, Fabiola Perea.Durante el proceso judicial, la Fiscalía probó que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran seguimientos telefónicos. Con esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.Según la Fiscalía, el propósito de las interceptaciones ilegales era esclarecer la desaparición de una maleta con dinero del apartamento de Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.El testimonio de Marelbys Meza fue determinante para esclarecer los hechos. En audiencia, relató los abusos que sufrió durante la prueba del polígrafo a la que fue sometida y las presiones psicológicas que padeció. La mujer describió el impacto que el caso tuvo en su vida y recordó haber insistido en someterse al polígrafo para “aclarar todo y volver a trabajar”, sin imaginar que se convertiría en víctima de un montaje judicial.
El Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero John Fredy Morales por haber presentado informes y elementos materiales probatorios con información falsa que hicieron incurrir en error a fiscales y jueces, quienes finalmente autorizaron las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, en el caso conocido como las “chuzadas” a la exniñera de la excanciller y actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La juez los halló culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran los seguimientos telefónicos. En esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.De acuerdo con la investigación, el objetivo final era indagar la desaparición de una maleta con dinero en el apartamento de la entonces canciller Laura Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.Durante el juicio oral, fueron fundamentales las declaraciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien describió la insistencia de los hoy condenados para dar curso a las interceptaciones.“Ese carácter apremiante se corroboró con las manifestaciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien relató que el capitán Carlos Andrés Correa le insistió reiteradamente en que debía tramitarse con urgencia la orden de interceptación, presionando para que el procedimiento se evacuara con la mayor celeridad. Aspecto que se aúna, sin lugar a dudas, para inferir que la información no provenía de un hallazgo objetivo y verificable, sino de un interés particular en que el trámite se materializara sin demora”, señaló la juez.La diligencia judicial continuará el próximo 28 de octubre, cuando se conocerán más decisiones frente a los responsables del caso.
La Fiscalía General de la Nación pidió la condena contra el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales, ambos involucrados en las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, exniñera de la familia de la entonces jefe de Despacho, Laura Sarabia.El caso surgió en enero del 2023, tras la denuncia de un supuesto robo de 12 millones de pesos que estaban en un maletín, ubicado en la casa de la exfuncionaria. Ante la negativa de la fiscal del caso de autorizar seguimientos, se habría orquestado un plan para engañar a la justicia: algunos policías, entre ellos el capitán y el patrullero, elaboraron informes falsos que hicieron pasar a Meza como supuesta integrante del Clan del Golfo, con lo que lograron que se emitieran órdenes de interceptación en su contra.Como presuntas víctimas de estos actos figuran, además de Meza, Lucelia y Johnson, dos personas allegadas a la exniñera de Sarabia y que, desde el inicio, habría sido perjudicadas por este montaje realizado por algunos miembros de la Policía.Hay que recordar que, en medio de este proceso, la expatrullera Dana Canizales y el exintendente Alfonso Quinchanegua aceptaron su responsabilidad en la manipulación de documentos y firmaron un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos fueron condenados a 10 años de prisión, pero, a cambio, se comprometieron a entregar información que permita develar la participación de otros presuntos colaboradores, entre ellos particulares y uniformados.En este caso, la Fiscalía imputó también a los policías Hermes González y Edwin Méndez por el delito de abuso de función pública. Según la investigación, González habría realizado de forma irregular una inspección a la hoja de vida de Johnson, allegado de Meza, sin autorización judicial. De igual manera, se le atribuye, junto a Méndez, la práctica de inspecciones en la terminal de transporte con el propósito de dar con el paradero de una suma millonaria de dinero que se habría extraviado de la casa de Sarabia. Estas actuaciones se habrían realizado al margen de la ley y sin control de las autoridades competentes.Ni Hermes González ni Edwin Méndez aceptaron los cargos imputados. La Fiscalía deberá presentar ante los jueces los elementos de prueba que respalden las acusaciones por abuso de función pública, delito que castiga la utilización de la investidura oficial para fines distintos a los autorizados por la ley.El ente acusador advirtió que este caso es una muestra de cómo se intentó utilizar la institucionalidad para fines ilegales y reiteró que seguirá avanzando en las investigaciones para establecer la responsabilidad de todos los implicados.Desde la Procuraduría pidieron que se suspenda el juicio contra el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales por motivos de fuerza mayor. La petición fue acogida por la jueza del caso, quien reprogramó la audiencia para el próximo viernes 19 de septiembre a las 8:00 a.m.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los policías Hermes González y Edwin Méndez por el delito de abuso de función pública, dentro del proceso que investiga las denominadas chuzadas contra Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefa de gabinete y posterior canciller, Laura Sarabia.Como presuntas víctimas de estos actos figuran Marelbys Meza, así como Lucelia y Johnson, dos personas allegadas a la exniñera de Sarabia y que, desde el inicio, habría sido perjudicadas por este montaje realizado por algunos miembros de la Policía.Según la investigación, González habría realizado de forma irregular una inspección a la hoja de vida de Johnson, allegado de Meza, sin autorización judicial. De igual manera, se le atribuye, junto a Méndez, la práctica de inspecciones en la terminal de transporte con el propósito de dar con el paradero de una suma millonaria de dinero que se habría extraviado de la casa de Sarabia. Estas actuaciones se habrían realizado al margen de la ley y sin control de las autoridades competentes.Ya hay condenados por el caso de chuzadasEste nuevo capítulo se suma a la condena ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá contra el intendente Alfonso Quinchanego y la patrullera Dana Canizares, quienes aceptaron su responsabilidad y llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos fueron sentenciados a diez años de cárcel, convirtiéndose en los primeros policías condenados dentro del escándalo.En contraste, ni Hermes González ni Edwin Méndez aceptaron los cargos imputados. La Fiscalía deberá presentar ante los jueces los elementos de prueba que respalden las acusaciones por abuso de función pública, delito que castiga la utilización de la investidura oficial para fines distintos a los autorizados por la ley.El escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza continúa así ampliando su alcance judicial y político, evidenciando un uso indebido de los recursos del Estado.
La congresista republicana María Elvira Salazar le solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se nieguen las credenciales diplomáticas al coronel Carlos Feria, actual agregado de la Policía en la Embajada de Colombia en Washington."Debe ser enviado de regreso a Colombia, donde está imputado por abuso de poder, privación ilegal de la libertad y participación en un grave caso de corrupción. Estados Unidos no debe ser cómplice de los intentos del presidente Petro por proteger a sus aliados de la justicia", aseguró la congresista en su carta.El coronel Feria está vinculado al escándalo de interceptaciones ilegales en el caso de Marelbys Meza, una exempleada de la hoy canciller Laura Sarabia.El polémico caso de Carlos FeriaA inicios de 2025, el coronel Carlos Feria salió del cargo de la jefatura de seguridad del presidente Gustavo Petro para salir a una misión diplomática luego de haber sido acusado en el caso del polígrafo de la exniñera de Laura Sarabia. En ese cado él habría ordenado el dinero robado y llevar a cabo el procedimiento contra Meza, que dijo haber sentido "secuestrada".“Se puede afirmar con probabilidad de verdad que el capitán Carlos Correa y el patrullero John Freddy Morales, que como ya se indicó son servidores públicos vinculados a la Dijínindujeron en error al fiscal 191 para obtener orden de interceptación”, indicó la fiscal Cindy Hernández, quien fue la encargada de este caso.Cabe recordar que ocho congresistas María Fernanda Cabal y Andrés Guerra, y los representantes Juan Espinal, Christian Garcés, Jhon Jairo Berrio, Yulieth Sánchez y Hugo Danilo Lozano- también enviaron una carta a Marco Rubio en donde mostraban "profunda preocupación" por el nombramiento en Estados Unidos y pedían apoyo para que pudiera cumplir sus responsabilidades judiciales en Colombia.
El excanciller Álvaro Leyva Durán sigue marcando distancia del Gobierno de Gustavo Petro. En un contundente mensaje, publicado en X, Leyva expresa su desencanto con Petro, anuncia el envío de una carta personal al presidente y lanza duras críticas contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por escándalos no aclarados.En el mensaje, Leyva, quien fue uno de los primeros aliados de Petro en su llegada a la Presidencia, admitió que las "ilusiones” que lo colmaron al inicio “se fueron desvaneciendo", aunque agradeció la oportunidad de haber dirigido la Cancillería."Prudente ocultación de la verdad" vs. el bien comúnEl exfuncionario citó al filósofo español Antonio Millán-Puelles para justificar su decisión de hablar ahora: "Aprendí [...] que en algunos momentos se debe recurrir a una ‘prudente ocultación de la verdad’ para no ofender [...] pero que, al verse afectado el bien común, es pertinente dejar de lado esa ocultación".Con esta advertencia, Leyva dirigió sus señalamientos hacia Benedetti, cuestionó su pasado y su manejo de polémicas como los diálogos con su la hoy canciller, Laura Sarabia y el caso de la niñera Marelbys Meza."¿Qué podría contarnos sobre lo ocurrido después del Consejo de Ministros del martes 4 de febrero, noche tarde con dóberman incluido?", escribió en alusión a un episodio no aclarado. Además, cuestionó: "¿Se puede pensar que el cuerpo diplomático [...] son unos tontos como para no conocer ya quién es quién y qué ocurre?".Leyva anuncia carta a Petro y advertencia sobre "algo más de fondo"Leyva confirmó que enviará una misiva privada a Petro "de la manera más comedida", con reflexiones para Semana Santa, y rechazó que sus mensajes sean "enigmáticos", pese a haber cerrado anteriores publicaciones con una pregunta inquietante: "¿Puede ser lo anterior el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos necesariamente nos debemos preparar?".Este es el mensaje completo de Álvaro Leyva:Ciudadanas, ciudadanos:Creí en el discurso de Petro candidato. Por esto le acepté el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde la Constituyente del 91 no ejercía función pública alguna. Le agradecí que hubiera pensado en mi para tan alto cargo. Y lo reitero. Pero por circunstancias por él conocidas, las ilusiones que me colmaron al inicio se fueron desvaneciendo. Hoy solo me queda uno que otro recuerdo grato.Mas pienso en mi país y pienso y pienso en mi país. En nada más. No puedo ser inferior. ¿Ocultar? ¿No ocultar? Ya lo he dicho: Aprendí del filósofo español ampliamente reconocido Antonio Millán-Puelles, amigo personal de cercano trato, que en algunos momentos se debe recurrir a una “prudente ocultación de la verdad” para no ofender; para evitar daños. Pero que mutatio materiae, en el caso que nos ocupa, al verseafectadoel bien común, es pertinente dejar de lado esa “prudente ocultación de la verdad”. No se piense que no es difícil referirme a ciertas circunstancias para ir aproximando el centro del meollo.Inicio refiriéndome al actual Ministro del Interior conocido de marras en el país y en el exterior. ¿Qué ya se rehabilitó? Quien escribe este mensaje viene de haberlo lidiado, padecido. No me cabe entonces soslayar alertas rojas a estas alturas de la vida. A propósito, ¿qué podría contarnos sobre lo ocurrido después del Consejo de Ministros del martes 4 de febrero, noche tarde con dóberman incluido?Para referirme a algo menos personal del señor ministro, vemos que llegó a la altísima responsabilidad pública sin haber esclarecido antes los alcances de los diálogos que tuvieron lugar entre él y quien fuera su subalterna, dados a conocer por la revista Semana en junio de 2023. Y sin que ninguno de los dos – ella hoy en la cumbre del poder –, hubiese explicado qué sucedió con la niñera, de la última, Marelbys Meza. Y qué del consabido tema del polígrafo; de los hoy detenidos como resultado de ese insuceso y demás cuentos espeluznantes con suicidio incluido y viaje de la señora Meza a Venezuela. Y lo que ha venido conociéndose relativo al actuar de la susodicha funcionara después de aquellos insolutos casos.Ahora, ¿se puede siquiera pensar que el cuerpo diplomático acreditado en Colombia está integrado por un poco de tontas y tontos como para no conocer ya quién es quién y qué ocurre? Y las cancillerías de todas las naciones qué. ¿Y que los embajadores que integran el Consejo de Seguridad son unos desinformados?Próximos estamos a rendirlea esa corporación el informe trimestral sobre la implementación de la paz.A esto me referiré oportunamente.Y por favor no sigan pensando que estos mensajes son enigmáticos o crípticos como lo señalan algunos por haber concluido más de unocon la pregunta ¿puede ser lo anterior el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos necesariamente nos debemos preparar?Esta misma semana le haré llegar de la manera más comedida al señor Presidente Petro una carta personal que esperocomprenda y asimile con patriótica generosidad. Reflexiones para tener en cuenta en la Semana Santa.
La audiencia de formulación de imputación contra el mayor Duván Muñoz y el capitán Óscar Mojica, oficiales de la Policía Nacional acusados de presuntas interceptaciones ilegales a Marelbys Meza en febrero de 2023, quedó en suspenso luego de que la juez 56 penal municipal de control de garantías se declarara incompetente para conocer el caso. Ahora, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre qué jurisdicción deberá adelantar el proceso.La Fiscalía tenía todo listo para imputar a los dos oficiales cinco delitos relacionados con las interceptaciones ilegales a Meza, exniñera del hijo de la canciller Laura Sarabia. Estas supuestas interceptaciones ilegales se habrían llevado a cabo por la desaparición de una suma de dinero en la residencia de la alta funcionaria del Gobierno Petro.Los delitos que la Fiscalía pretendía imputar a los oficiales son:Fraude procesalFalsedad ideológica en documento públicoFalsedad material en documento públicoInterceptación ilegal de comunicacionesAbuso de autoridadSegún la tesis del ente acusador, Muñoz y Mojica habrían trabajado en conjunto con otros dos policías ya condenados por los mismos hechos: Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua, quienes aceptaron cargos. El objetivo de la supuesta maniobra ilegal habría sido interceptar las comunicaciones de Meza para determinar si estuvo involucrada en el robo del dinero.En el marco de este proceso, Dana Canizales ha manifestado su intención de colaborar con la justicia. La Fiscalía acordó con ella un principio de oportunidad, figura que le otorgaría beneficios penales a cambio de información relevante sobre otras conductas punibles. Sin embargo, un juez negó la solicitud al considerar que no se cumplían ciertos requisitos. Ahora, el acuerdo deberá ser presentado nuevamente con los ajustes correspondientes para su posible aprobación.Otro proceso contra Duván Muñoz también está en la Corte ConstitucionalEste no es el único proceso que involucra al mayor Duván Muñoz en el alto tribunal. En otro expediente, también en manos de la Corte Constitucional, se investiga si la jurisdicción competente para juzgarlo debe ser la justicia penal militar o la justicia ordinaria. En ese caso, Muñoz es señalado por presuntas intimidaciones tras practicarle una prueba de polígrafo de manera irregular. Se espera que este proceso tenga una decisión en el primer semestre del año.En cuanto al radicado sobre las chuzadas a Marelbys Meza, la Corte Constitucional podría dar una respuesta en un plazo aproximado de seis meses.
A 10 años de casa por cárcel fueron condenados los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales por haber participado en las chuzadas ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia, hoy directora del DPS.Los patrulleros aceptaron los cargos por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. Según la patrullera Canizalez, solo recibió órdenes de sus superiores: “Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, situación de la que estoy totalmente arrepentida al perder mi libertad, pase situaciones muy difíciles, por eso pido perdón”, expresó.Durante la audiencia del caso, Marelbys Meza le contó a la jueza cómo cambio su vida luego de que estallara este escándalo que involucra a la directora del Dapre, Laura Sarabia.>>> Lea también: Chuzadas Marelbys Meza: policía dice que la orden la dieron desde Presidencia“A partir de ese momento mi vida cambió, la salud de mi familia, yo siempre he dicho que no he robado nada”, aseguró Meza.Además, tras varias preguntas por parte de la fiscal del caso, Marelbys Mesa también indicó que la persona que le realizó la prueba del polígrafo le dio un mensaje que supuestamente le había enviado Laura Sarabia.Escuche el informe completo aquí: “Pero antes de comenzar el polígrafo, el señor del polígrafo me dice: Le manda a decir la jefa, o sea, la doctora Laura, que si se gastó algo de plata devuelta el resto”, señaló Marelbys a la juez.
Desde hace varios meses, la vida de Mayra Cajicá se ha convertido en una batalla constante contra su EPS, exigiendo el tratamiento y las autorizaciones para la atender el síndrome de Costello de su hijo Emanuel, de 18 meses de edad.Esta enfermedad huérfana que afecta el desarrollo físico y cognitivo de las personas le fue diagnosticada a su hijo cuando apenas tenía tres meses de edad.En las últimas horas, Mayra llegó alterada hasta la sede San Fernando de la EPS SOS pidiendo que le entregaran los insumos para el tratamiento de su hijo, entrando en desesperación al no sentirse escuchada por los trabajadores, situación que generó un altercado.Blu Radio se comunicó con Mayra para conocer cuál es la situación actual de su bebé. Ella explicó que a Emanuel se le deben suministrar 10 medicamentos, pues su delicada condición de salud le ha generado fallas en el corazón, problemas de azúcar y convulsiones."Me dejan vencer las órdenes médicas para autorizar, cuando recibo respuesta me lo mandan para los puestos de salud. Hace más de cinco meses no me entregan insumos, no me entregan guantes, gazas, no me entregan medicamentos. Mi bebé tenía hambre, se me descompensó, se le bajó el azúcar y yo no tenía de dónde darle alimento. Yo me dirigía ya a la EPS porque ya llevaba cuatro meses, todo el tiempo con las mismas mentiras tras mentiras", aseguró Mayra a Blu Radio.A pesar de las acciones de tutela que ha ganado, y de los diferentes reclamos formales que ha realizado, el tratamiento de Emanuel sigue interrumpiéndose. El temor más grande de Mayra es que sufra el mismo destino que la pequeña Sharlott Mosquera, la bebé que murió en Cali el pasado 09 de mayo, tras no recibir atención oportuna por parte de Emssanar para su enfermedad de Pompe.Desde la EPS SOS han señalado que ya se le entregaron los insumos para la alimentación; sin embargo, Mayra asegura que no lo hicieron completamente. Pues la orden pedía nutrición para 90 días y solo recibió la cantidad requerida para un mes.
En medio de los difíciles días que atraviesan cientos de familias por las intensas lluvias en el Urabá antioqueño, comenzó la entrega de ayudas humanitarias para atender a las comunidades que han resultado afectadas por inundaciones, deslizamientos y daños en vías durante los últimos días.La Gobernación de Antioquia, a través del Dagran, anunció el envío de 2.961 ayudas destinadas a aliviar la emergencia que golpea a varios municipios de la subregión. Los apoyos incluyen mercados, kits de aseo, cobijas, colchonetas y otros elementos básicos para las familias que hoy enfrentan pérdidas materiales y dificultades por las fuertes precipitaciones.Los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Turbo están entre los más afectados por la temporada invernal y serán priorizados en la distribución de la asistencia humanitaria. En varias de estas localidades se han reportado viviendas inundadas y afectaciones en carreteras tras movimientos en masa generados por las lluvias constantes.Además del envío de ayudas, las autoridades departamentales mantienen trabajos con maquinaria amarilla para intervenir puntos críticos y remover material en zonas afectadas, mientras avanzan acciones para garantizar el suministro de agua potable en las comunidades que han tenido dificultades de suministro del líquido.Las autoridades departamentales destacaron que la llegada de estas ayudas representa un alivio para decenas de familias que han soportado días complejos a propósito de la alerta que sigue en Urabá por la persistencia de estos eventos.
El Ministerio de Educación Nacional advirtió sobre la detección de más de 1.200 presuntas irregularidades relacionadas con vacantes y nombramientos docentes en Antioquia, en medio de un proceso de seguimiento y verificación adelantado junto con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).Según esta dependencia del Gobierno nacional, las inconsistencias identificadas podrían afectar la prestación del servicio educativo público y están relacionadas con posibles fallas en la administración del talento humano y el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).En total en Antioquia fueron revisadas cerca de 170 vacantes docentes y 240 nombramientos en cargos definitivos que habrían sido realizados por fuera del Sistema Maestro, que es por donde debe hacerse. Además, indicó esta cartera, se detectaron 38 encargos que no habrían cumplido con el procedimiento establecido por la CNSC.Durante la revisión, el Ministerio también reportó un caso de doble asignación salarial correspondiente a la vigencia 2026 entre las nóminas de Antioquia y Sabaneta. El ministro Daniel Rojas explicó que es el gobierno, a través del SGP, el que gira los recursos a los entes territoriales para la educación, por lo que tras estas labores de inspección podrán en conocimiento de los entes de control los hallazgos."En Medellín, por ejemplo, 390 vacantes, quiere decir que hay 390 profesores que debieron haberse asignado y estos niños no cuentan con esos profesores y tienen los recursos para asignarlo. Son 2.429 nombramientos por fuera del Sistema Maestro. ¿Por qué los nombran sin el debido registro en el Sistema Maestro?", cuestionó el ministro.Según esta cartera, ya han adelantado estas mismas labores de vigilancia en Magdalena, Santa Marta, Popayán, Cauca, Nariño y Pasto, y continuarán durante mayo y junio en otras regiones del país. Entre los principales riesgos detectados están duplicidades en nómina, pagos por encima de los topes normativos y nombramientos fuera de los mecanismos oficiales.Por lo pronto, MinEducación señaló que estas acciones hacen parte de una estrategia nacional de inspección, vigilancia y control que busca garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a educación y proteger los derechos de carrera de los docentes.
Una compleja operación médica y humanitaria permitió salvar la vida de un joven de 21 años que sufrió una grave mordedura de araña en zona rural del municipio de Los Santos, Santander.El paciente tuvo que ser trasladado de urgencia a la ESE Hospital Universitario de Santander debido al delicado estado de salud que presentaba tras la picadura del arácnido.Según informó Orlando Quintero, subgerente dle HUS, "el joven requería de manera inmediata un suero antiarácnido especializado que no se encontraba disponible en Colombia, situación que obligó a activar una misión de cooperación internacional para conseguir el medicamento y evitar una tragedia".Ante la emergencia, varias entidades nacionales e internacionales articularon esfuerzos para gestionar el traslado del antídoto desde México hasta Bucaramanga, donde finalmente fue aplicado al paciente, logrando estabilizarlo y salvarle la vida.La ESE Hospital Universitario de Santander destacó el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país y la Embajada de Colombia en México, instituciones que facilitaron la consecución y envío del medicamento.Asimismo, reconoció el trabajo conjunto del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, a través de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, la Oficina de Cooperación Internacional y el Centro Nacional de Enlace.En la operación también participaron la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, la aerolínea Avianca, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Santander, la Gobernación de Santander y el CRUE Bogotá.Gracias a esta articulación institucional y logística, el joven logró recibir a tiempo el tratamiento especializado que necesitaba para sobrevivir a la peligrosa mordedura.La historia del joven santandereano terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj entre médicos, entidades internacionales y organismos de emergencia para evitar que una picadura terminara en tragedia.
La violencia política en Colombia volvió a generar reacciones internacionales luego del asesinato del exalcalde de Cubarral, Meta, y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en ese municipio, Rogers Mauricio Devia. El senador republicano estadounidense Bernie Moreno condenó públicamente los hechos y pidió protección para los candidatos presidenciales y sus equipos de trabajo.A través de un mensaje publicado en la red social X, Moreno calificó como “absolutamente inaceptable” la violencia política que atraviesa Colombia y aseguró que se deben realizar “todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras sin intimidación”.“Estados Unidos está observando con atención”, advirtió el senador republicano.Abelardo de la Espriella respondió al mensaje del senador estadounidense y agradeció su respaldo. En su publicación, aseguró que la comunidad internacional debe mantenerse vigilante frente a la situación de violencia que vive el país.“Estados Unidos está observando de cerca. No toleraremos esta ola de violencia política y asesinatos contra nuestra campaña. Basta ya”, escribió el candidato presidencial.De la Espriella también hizo un llamado directo a la comunidad internacional para que permanezca “alerta, vigilante e intransigente en la defensa de la democracia en Colombia”. Según afirmó, se necesitan “ojos en el terreno para garantizar elecciones seguras, libres y transparentes, sin intimidación, terror ni asesinatos”.Concluyó señalando que “las vidas de los candidatos, sus equipos y cada colombiano que quiere votar en paz deben ser protegidas”, al tiempo que pidió que cesen los ataques y la violencia política en el país.