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El Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero John Fredy Morales por haber presentado informes y elementos materiales probatorios con información falsa que hicieron incurrir en error a fiscales y jueces, quienes finalmente autorizaron las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, en el caso conocido como las “chuzadas” a la exniñera de la excanciller y actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.
La juez los halló culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran los seguimientos telefónicos. En esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.
La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.
De acuerdo con la investigación, el objetivo final era indagar la desaparición de una maleta con dinero en el apartamento de la entonces canciller Laura Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.
Durante el juicio oral, fueron fundamentales las declaraciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien describió la insistencia de los hoy condenados para dar curso a las interceptaciones.
“Ese carácter apremiante se corroboró con las manifestaciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien relató que el capitán Carlos Andrés Correa le insistió reiteradamente en que debía tramitarse con urgencia la orden de interceptación, presionando para que el procedimiento se evacuara con la mayor celeridad. Aspecto que se aúna, sin lugar a dudas, para inferir que la información no provenía de un hallazgo objetivo y verificable, sino de un interés particular en que el trámite se materializara sin demora”, señaló la juez.
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La diligencia judicial continuará el próximo 28 de octubre, cuando se conocerán más decisiones frente a los responsables del caso.
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