La Fiscalía presentará escrito de acusación contra el coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de la Presidencia, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El proceso se enmarca en la investigación por la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La audiencia de acusación está programada para el próximo 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Con esta diligencia, el proceso judicial se reanuda luego de cerca de dos años del inició del proceso judicial.De acuerdo con la Fiscalía, el coronel Feria habría tenido un papel determinante en los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando Marelbys Meza fue contactada para realizarle una prueba de polígrafo. Según el ente acusador, los uniformados actuaron siguiendo órdenes e instrucciones directas del entonces jefe de la Oficina de Protección Presidencial.Según las autoridades, sin que existiera una orden judicial que lo respaldara, Meza fue conducida a un cuarto especial donde fue sometida a una prueba de polígrafo. Durante el procedimiento, se le habrían formulado preguntas relacionadas con el paradero de una maleta que contenía dinero en efectivo y documentos que habrían desaparecido de la residencia de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre.Para la Fiscalía, el objetivo de la diligencia habría sido ubicar un dinero que, según la investigación, habría sido robado el 29 de enero de 2023 a la entonces alta funcionaria del Gobierno. El ente acusador sostiene que el coronel Feria habría ordenado a otros miembros de la institución adelantar las actuaciones para esclarecer ese hecho, utilizando para ello recursos del Estado.En su acusación, la Fiscalía considera que tanto el coronel Feria como los demás funcionarios involucrados habrían abusado de su cargo y de la autoridad que les confería su posición, vulnerando la autonomía y los derechos de Marelbys Meza al someterla a un procedimiento para el cual no estaba legalmente obligada. Además, señala que la prueba del polígrafo está autorizada únicamente para personal vinculado al Gobierno nacional, y no para particulares o trabajadores externos, como era el caso de la exniñera.Por estos mismos hechos, también serán acusados el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en la ejecución de las órdenes impartidas por el coronel Feria.
En un fallo de única instancia, el Consejo de Estado determinó que la conducta dolosa de Bernardo Moreno fue determinante para que el Dapre fuera condenado en un proceso de reparación directa, relacionado con seguimientos e interceptaciones ilegales contra el exmagistrado auxiliar Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y su familia.La decisión señala además que el exfuncionario durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe deberá responder económicamente por el valor del dinero que pagó el Estado como indemnización, luego de comprobarse que fue penal y disciplinariamente responsable por los mismos hechos que originaron la condena contra el Departamento Administrativo de la Presidencia.El Consejo de Estado recordó en su fallo que Bernardo Moreno fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos como abuso de autoridad, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, y sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad por 18 años.La condena de Bernardo Moreno por las 'chuzadas del DAS'En junio del año pasado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Bernardo Moreno por su participación en una red de seguimientos e interceptaciones ilegales durante los años 2007 y 2008.Ambos exfuncionarios fueron hallados responsables de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público. La Corte Suprema de Justicia en su decisión también rechazó la solicitud de nulidad del proceso y declaró la preclusión de la actuación únicamente por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
El Juzgado 53 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa a 136 meses de prisión (11 años), una multa de 400 Salarios mínimos mensuales vigentes y una inhabilidad de 161 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas; y al patrullero Jhon Fredy Morales a 146 meses de prisión (12 años), multa equivalente a 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 175 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones en el caso chuzadas Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.Los uniformados fueron hallados culpables de presentar informes y datos falsos, lo que llevó a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran interceptaciones ilegales a las comunicaciones de Meza y de su compañera de trabajo, Fabiola Perea.Durante el proceso judicial, la Fiscalía probó que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran seguimientos telefónicos. Con esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.Según la Fiscalía, el propósito de las interceptaciones ilegales era esclarecer la desaparición de una maleta con dinero del apartamento de Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.El testimonio de Marelbys Meza fue determinante para esclarecer los hechos. En audiencia, relató los abusos que sufrió durante la prueba del polígrafo a la que fue sometida y las presiones psicológicas que padeció. La mujer describió el impacto que el caso tuvo en su vida y recordó haber insistido en someterse al polígrafo para “aclarar todo y volver a trabajar”, sin imaginar que se convertiría en víctima de un montaje judicial.
El Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero John Fredy Morales por haber presentado informes y elementos materiales probatorios con información falsa que hicieron incurrir en error a fiscales y jueces, quienes finalmente autorizaron las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, en el caso conocido como las “chuzadas” a la exniñera de la excanciller y actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La juez los halló culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran los seguimientos telefónicos. En esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.De acuerdo con la investigación, el objetivo final era indagar la desaparición de una maleta con dinero en el apartamento de la entonces canciller Laura Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.Durante el juicio oral, fueron fundamentales las declaraciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien describió la insistencia de los hoy condenados para dar curso a las interceptaciones.“Ese carácter apremiante se corroboró con las manifestaciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien relató que el capitán Carlos Andrés Correa le insistió reiteradamente en que debía tramitarse con urgencia la orden de interceptación, presionando para que el procedimiento se evacuara con la mayor celeridad. Aspecto que se aúna, sin lugar a dudas, para inferir que la información no provenía de un hallazgo objetivo y verificable, sino de un interés particular en que el trámite se materializara sin demora”, señaló la juez.La diligencia judicial continuará el próximo 28 de octubre, cuando se conocerán más decisiones frente a los responsables del caso.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los policías Hermes González y Edwin Méndez por el delito de abuso de función pública, dentro del proceso que investiga las denominadas chuzadas contra Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefa de gabinete y posterior canciller, Laura Sarabia.Como presuntas víctimas de estos actos figuran Marelbys Meza, así como Lucelia y Johnson, dos personas allegadas a la exniñera de Sarabia y que, desde el inicio, habría sido perjudicadas por este montaje realizado por algunos miembros de la Policía.Según la investigación, González habría realizado de forma irregular una inspección a la hoja de vida de Johnson, allegado de Meza, sin autorización judicial. De igual manera, se le atribuye, junto a Méndez, la práctica de inspecciones en la terminal de transporte con el propósito de dar con el paradero de una suma millonaria de dinero que se habría extraviado de la casa de Sarabia. Estas actuaciones se habrían realizado al margen de la ley y sin control de las autoridades competentes.Ya hay condenados por el caso de chuzadasEste nuevo capítulo se suma a la condena ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá contra el intendente Alfonso Quinchanego y la patrullera Dana Canizares, quienes aceptaron su responsabilidad y llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos fueron sentenciados a diez años de cárcel, convirtiéndose en los primeros policías condenados dentro del escándalo.En contraste, ni Hermes González ni Edwin Méndez aceptaron los cargos imputados. La Fiscalía deberá presentar ante los jueces los elementos de prueba que respalden las acusaciones por abuso de función pública, delito que castiga la utilización de la investidura oficial para fines distintos a los autorizados por la ley.El escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza continúa así ampliando su alcance judicial y político, evidenciando un uso indebido de los recursos del Estado.
La Fiscalía General de la Nación solicitará este viernes, 2 de mayo, la preclusión de un delito en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionada con presuntas interceptaciones ilegales a los negociadores del proceso de paz con las Farc. La Fiscalía explicó que pedirá la preclusión parcial de uno de los cuatro delitos por los que se investiga al expresidente Álvaro Uribe por las presuntas ‘chuzadas’ a los exnegociadores del acuerdo de paz con las Farc. Según la Fiscalía, prescribió el delito de concierto para delinquir.Esta decisión se produce tras nueve años de indagaciones en las que no se encontraron pruebas concluyentes que vinculen al exmandatario con dichas actividades ilícitas.El caso se remonta a 2014, cuando se reveló la existencia de una oficina clandestina de inteligencia militar, conocida como “Andrómeda”, desde la cual se habrían interceptado comunicaciones de los negociadores del Gobierno y de las Farc durante las conversaciones de paz en La Habana. Entre los afectados se encontraban Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, y Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz en ese entonces.Uno de los principales involucrados en el escándalo fue el hacker Andrés Sepúlveda, quien aseguró haber realizado interceptaciones ilegales con el objetivo de afectar el proceso de paz y favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años de prisión por delitos relacionados con espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales, afirmó que sus actividades contaban con el respaldo de sectores cercanos al uribismo. Sin embargo, la justicia no halló pruebas que vincularan directamente a Álvaro Uribe con estas acciones.Aunque inicialmente se especuló sobre la posible implicación de altos funcionarios en estas interceptaciones, las investigaciones no lograron establecer una conexión directa con el expresidente Uribe. De hecho, otros involucrados en casos relacionados, como Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña del 2014, fueron exonerados de responsabilidad.
La audiencia de formulación de imputación contra el mayor Duván Muñoz y el capitán Óscar Mojica, oficiales de la Policía Nacional acusados de presuntas interceptaciones ilegales a Marelbys Meza en febrero de 2023, quedó en suspenso luego de que la juez 56 penal municipal de control de garantías se declarara incompetente para conocer el caso. Ahora, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre qué jurisdicción deberá adelantar el proceso.La Fiscalía tenía todo listo para imputar a los dos oficiales cinco delitos relacionados con las interceptaciones ilegales a Meza, exniñera del hijo de la canciller Laura Sarabia. Estas supuestas interceptaciones ilegales se habrían llevado a cabo por la desaparición de una suma de dinero en la residencia de la alta funcionaria del Gobierno Petro.Los delitos que la Fiscalía pretendía imputar a los oficiales son:Fraude procesalFalsedad ideológica en documento públicoFalsedad material en documento públicoInterceptación ilegal de comunicacionesAbuso de autoridadSegún la tesis del ente acusador, Muñoz y Mojica habrían trabajado en conjunto con otros dos policías ya condenados por los mismos hechos: Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua, quienes aceptaron cargos. El objetivo de la supuesta maniobra ilegal habría sido interceptar las comunicaciones de Meza para determinar si estuvo involucrada en el robo del dinero.En el marco de este proceso, Dana Canizales ha manifestado su intención de colaborar con la justicia. La Fiscalía acordó con ella un principio de oportunidad, figura que le otorgaría beneficios penales a cambio de información relevante sobre otras conductas punibles. Sin embargo, un juez negó la solicitud al considerar que no se cumplían ciertos requisitos. Ahora, el acuerdo deberá ser presentado nuevamente con los ajustes correspondientes para su posible aprobación.Otro proceso contra Duván Muñoz también está en la Corte ConstitucionalEste no es el único proceso que involucra al mayor Duván Muñoz en el alto tribunal. En otro expediente, también en manos de la Corte Constitucional, se investiga si la jurisdicción competente para juzgarlo debe ser la justicia penal militar o la justicia ordinaria. En ese caso, Muñoz es señalado por presuntas intimidaciones tras practicarle una prueba de polígrafo de manera irregular. Se espera que este proceso tenga una decisión en el primer semestre del año.En cuanto al radicado sobre las chuzadas a Marelbys Meza, la Corte Constitucional podría dar una respuesta en un plazo aproximado de seis meses.
El caso se remonta al año 2023, cuando Fabiola Perea trabajaba para Laura Sarabia, entonces jefa del despacho presidencial, en ese sentido para esa época tuvo lugar la presunta desaparición de 4.000 dólares en la residencia de Sarabia llevó a que las autoridades solicitaran la intervención de comunicaciones de Fabiola Perea y otra empleada, Marelbys Meza.En los documentos presentados, Perea fue señalada como alias 'La Cocinera', supuesta integrante del Clan del Golfo, con el fin de justificar la medida.Según la solicitud, las acciones ilegales generaron graves afectaciones a la vida personal, dignidad y reputación de la señora Perea, quien desde entonces no ha podido conseguir empleo debido a la estigmatización sufrida luego de que Fabiola Perea fuera señalada de tener vínculos con ese grupo criminal.La solicitud de reparación pide una indemnización equivalente a 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que asciende a 640.575.000 pesos.La solicitud también pide a las entidades involucradas en el caso, que son: el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y la Fiscalía General de la Nación, a ofrecer un acto público de disculpa a Fabiola Perea.Dicha solicitud, fue presentada ante la Procuraduría Delegada para los Juzgados Administrativos, para que se convoque una audiencia para discutir el caso que ha generado una larga batalla judicial en el país.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme sentencia a 63 meses de cárcel, más de cinco años, contra dos funcionarios del expresidente Álvaro Uribe: Edmundo del Castillo, secretario jurídico, y César Mauricio Velásquez, secretario de comunicaciones, por las chuzadas del DAS y presunto pago de testigos falsos en la Yidis Política. El primero de ellos negó, en diálogo con Meridiano Blu, estar vinculado con algún delito."El episodio mío en eso es que me llamaron a una reunión un día y me preguntaron si un señor había sido extraditado. Entregué una resolución y eso me convierte en criminal, ese es el tema, nunca llevé información a ningún medio de comunicación. La entregué para que supieran si alguien estaba o no extraditado, de ahí en adelante no sé qué hicieron con la información", indicó Edmundo del Castillo, señalado de concierto para delinquir.Además, el exsecretario jurídico del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez afirmó que nunca ordenó, hizo o participó del tema de chuzadas y resaltó que, aún así, es "una persona que siempre le ha puesto la cara a la justicia".>>> En contexto: En firme condena contra exsecretarios jurídico y de prensa de Uribe por “chuzadas”Preguntado sobre si hubo estrategias de desprestigio contra la Corte Suprema, Edmundo cuestionó si ese delito realmente existe y afirmó, de paso que desde su labor en el Gobierno de Uribe "no había ningún tema distinto a trabajar por el país".Lo que sí reconoció en diálogo con Blu fue que conoció a Gloria Congote, la periodista que filtró la información, y aunque alguna vez -dijo- le llevó información, esta fue de "un tema absolutamente distinto a este" por el cual fue sentenciado."La realidad del tema es una gran falacia porque jamás le llevé a la Revista Semana información del caso paseo, por que no fui yo, es una gran mentira. No participé en el tema de reelección de Uribe. Yo recibí en mi secretaría jurídica a todo el mundo, sin propósito de hacer ningún daño", añadió Edmundo.Finalmente, el abogado afirmó que acudirá a instancias internacionales para continuar con el proceso jurídico que hoy lo tiene sentenciado a 5 años de cárcel en prisión domiciliaria: "Claro, voy con toda. Ese es un tema de injusticia, es una cosa increíble. Voy con Derechos Humanos y con tutela, aquí nadie ha hecho nada indebido. Trabajé tres años en un tema técnico", concluyo, señalando que, en ningún momento, se arrepiente de haber formado parte del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 63 meses contra César Velásquez, exjefe de prensa y Edmundo del Castillo, exasesor jurídico del expresidente Álvaro Uribe, por el caso de las chuzadas del DAS, pues la Sala de conjueces negó los argumentos que pedían tumbar la condena inicial impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá.La conjuez Rosa Elena Suárez emitió una sentencia clave en el caso relacionado con las denominadas “chuzadas”, un esquema de interceptaciones ilegales que sacudió a las instituciones colombianas, por esta razón la Corte Suprema dejó en firme la sentencia condenatoria en contra los exfuncionarios del Gobierno Uribe, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo las "chuzadas" del DAS contra este alto tribunal y Yidis Medina.“La sala encontró que los argumentos esgrimidos por los impugnantes no logran demostrar yerros atribuidos al tribunal, que por primera vez halló penalmente responsables de la conducta de concierto para delinquir a los enjuiciados César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo Restrepo, razón para que el fallo condenatorio sea confirmado”, dijo la conjuezSuarez también aseguró que, entre las impugnaciones realizadas por los exfuncionarios del Gobierno Uribe, no hicieron referencia a reducir las penas, por lo que solamente otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al asesor jurídico, Edmundo del Castillo.Cabe resaltar que la Fiscalía acusó a Castillo y Velásquez de usar durante el Gobierno Uribe al Departamento Administrativo de Seguridad, para intentar desacreditar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes en ese entonces investigaban los nexos de varios congresistas uribistas con los paramilitares.Comunicado de César Mauricio Velásquez1. El día de hoy, una sala de Conjueces insiste en condenarme luego de que el único juez que vio las pruebas de este proceso me había absuelto en el pasado.2. En la sentencia se hacen graves afirmaciones de que yo "solicité, recibí y filtré información" cuando no existe una sola evidencia, nunca la hubo, nunca ocurrió acción alguna que respalde estas acusaciones.3. Con la certeza de mi inocencia, seguiré luchando con todas las acciones jurídicas que existan para que la verdad salga a la luz y así reivindicar mi honra y mi buen nombre.
El estado costero de La Guaira, puerta de entrada a Venezuela, enfrenta una de sus horas más oscuras tras un sismo que ha dejado imágenes desoladoras de edificios prácticamente destruidos que "se cayeron como castillos de Naipes".En medio de esta tragedia, las autoridades han declarado el estado de emergencia en las parroquias de Caraballeda y Catia La Mar, las zonas que requieren mayor atención inmediata.Operaciones de rescate y esperanzaAndrés Goncalvez, secretario de seguridad de La Guaira, informó que las labores de búsqueda no se han detenido y que la prioridad absoluta es localizar a personas atrapadas bajo las estructuras colapsadas. Según Goncalvez, el esfuerzo ha dado frutos: "Ayer... más de cinco personas ahí, gracias a Dios, rescatadas con vida".Pese a los testimonios desgarradores de familias que escuchan gritos bajo las toneladas de concreto, el funcionario enfatizó que "son lo último que se pierde, la esperanza". Respuesta gubernamental y apoyo internacionalDesde la noche del domingo, el gobierno nacional ordenó la instalación de puestos de comando y el despliegue de cuerpos de bomberos y paramédicos de diversos estados del país. La fase de recuperación ha comenzado con la llegada de más de 150 máquinas amarillas destinadas al despeje de vialidad y remoción de escombros. La tragedia también ha convocado la solidaridad extranjera. "Ayer entramos en la fase de recuperación, ya llegaron los primeros apoyos internacionales de la República Dominicana, varios rescatistas", señaló el secretario de seguridad, añadiendo que otros países se están sumando a la labor de colaboración. Restablecimiento de servicios y logísticaEl impacto en la infraestructura ha sido severo, afectando incluso al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Durante la noche, una comitiva de altos funcionarios supervisó las "obras nocturnas reparando la pista del aeropuerto" para garantizar su operatividad. Paralelamente, se trabaja en el restablecimiento de la energía eléctrica en zonas como Macuto y en la distribución de suministros básicos. "Hoy también estamos recibiendo por Ministerio de Alimentación, camiones de alimentación, comida para brindarle todo el apoyo a nuestro estado", confirmó Goncalvez, quien destacó la resiliencia y solidaridad típica de la cultura venezolana ante la magnitud de la catástrofe. Aunque todavía no existe un balance definitivo de víctimas, se estima que la cifra de personas afectadas podría superar las 70,000 en toda la región.
Las comunidades del municipio de Yondó, Antioquia, en límites con Barrancabermeja completan 10 días de protesta con el bloqueo del ingreso al campo de producción Casabe, en rechazo a la suspensión de las obras de perforación y a la reducción de las inversiones que, según denuncian, habían sido socializadas por Ecopetrol para el desarrollo del proyecto.Los manifestantes aseguran que la incertidumbre sobre el futuro del campo y la falta de claridad frente a la continuidad de las operaciones ponen en riesgo cientos de empleos y afectan la economía del territorio.Rafael Ospino, vocero de la comunidad, afirmó que el reclamo busca que Ecopetrol responda por los compromisos adquiridos con la población."Estamos reclamando los derechos. Hace más de un año se socializaron aquí 53 pozos. Estamos diciendo que Ecopetrol responda por los pozos faltantes. Queremos que el nuevo operador también se manifieste y nos diga qué va a pasar con el resto de los pozos que están pendientes por perforar", señaló.Por su parte, el líder comunitario Yebrail Meza sostuvo que la comunidad se siente engañada por los cambios que ha tenido el proyecto durante los últimos años."Primero nos socializaron 74 pozos. Después pasaron a ser 53 y finalmente solo se perforaron 24. Hoy el trabajo se termina de un momento a otro y Ecopetrol dice que se acabó la plata. Ahora entregan la operación a Parex, pero esa empresa no ha dado la cara a la comunidad ni ha explicado cuáles serán sus planes", manifestó.Los manifestantes sostienen además que la decisión de suspender los contratos podría dejar sin sustento a más de 300 familias y reclaman que los recursos e inversiones anunciados para los campos Casabe, Casabe Sur y Peñas Blancas permanezcan en el territorio y se cumplan los compromisos adquiridos durante las socializaciones.Frente a la protesta, Ecopetrol rechazó el bloqueo que ha impedido el ingreso y la salida de trabajadores y contratistas del campo Casabe.La compañía advirtió que estas acciones afectan la seguridad industrial, ponen en riesgo a las personas y al medio ambiente, además de comprometer la continuidad de la operación petrolera.Asimismo, indicó que, de mantenerse el bloqueo, se verá obligada a suspender contratos asociados a la operación, una medida que impactaría a más de 1.200 trabajadores y a proveedores de bienes y servicios de la región.Ecopetrol explicó que la suspensión temporal de la campaña de perforación, una vez concluido el pozo número 24, hace parte de las condiciones pactadas para la entrada en operación de la alianza con la empresa Parex Resources y mientras se surten los trámites pendientes, entre ellos la aprobación del acuerdo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.La estatal petrolera aseguró que el plan de re-desarrollo del campo y las inversiones para el primer año se encuentran en revisión por parte de los equipos técnicos de ambas compañías y serán socializados con las comunidades una vez sean aprobados.Además, recordó que Parex Resources tiene prevista una inversión cercana a los 250 millones de dólares durante los próximos cinco años para fortalecer la operación de los campos Casabe y Llanito mediante la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras operativas.Finalmente, Ecopetrol reiteró que mantendrá la priorización de mano de obra local, la contratación de proveedores de la región y los programas de inversión social en Yondó, Barrancabermeja y el Magdalena Medio, al tiempo que hizo un llamado a levantar el bloqueo y continuar el diálogo con las comunidades.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó de la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 80 ciudadanos nacionales desaparecidos.Fuentes de Exteriores aseguraron que "el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80" y lamentaron "profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares", a quienes trasladaron sus condolencias.Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores lamentó también el fallecimiento a causa de los terremotos de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas.Tras trasladar también sus condolencias a los allegados de estas víctimas, Exteriores recordó que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas en todo momento y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela”.Horas antes de confirmarse la existencia de víctimas españolas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que su departamento está centrado en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.En declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey de camino a México, Albares hizo un llamamiento a quienes no hayan contactado con la embajada en Caracas ni con el consulado correspondiente a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito por Venezuela.También explicó que el edificio del consulado de España en Caracas ha sufrido daños "de una cierta envergadura" a causa del seísmo, en el que se han contabilizado por ahora 164 fallecidos y más de 900 heridos, y que la embajada ha sufrido desperfectos pero "son menos importantes".
"Fue terrible. Todo, todo se desplomó", lamenta Yilsmaris Blanco mientras observa pávida el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las localidades más afectadas por el doble terremoto que arrasó decenas de edificios en el estado venezolano La Guaira."Le damos gracias a Dios porque (...) estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar", aseguró a la AFP esta mujer de 39 años.Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles y provocaron la muerte de al menos 235 personas y casi 4.000 heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.La Guaira, a 40 minutos de Caracas y frente al Caribe, es la región más afectada del país, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía. El gobierno la declaró "zona de desastre" para atender la emergencia."No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú", cuenta Larry Rojas, de 49 años y uno de los miles de residentes afectados en una zona de Catia la Mar de casi 200 torres residenciales.Algunos de esos edificios se mantienen en pie como pueden, con grandes grietas y paredes abiertas visibles desde el exterior, constató un equipo de la AFP en un recorrido por el lugar."Necesitamos que vengan a ayudarnos. Hay gente viva ahí, hay gente muerta", dijo a la AFP Paola Sanoja, de 31 años, apuntando a un edificio que quedó torcido y con los apartamentos al descubierto, donde uno de sus familiares está desaparecido."Necesitamos saber de nuestros familiares", vocifera, junto a otra mujer que llora desconsolada. Al fondo, decenas de personas se arremolinan en torno el edificio que ha quedado en pie, al costado de una avenida ajetreada de motocicletas y autos que tocan bocina.Decenas de otros edificios quedaron totalmente colapsados y reducidos a escombros."Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida", dijo a la AFP Jean Alexander Capote, 48 años, residente de Catia la Mar.Muchos vecinos pasaron la noche en las calles. El jueves por la mañana, todavía no había electricidad en buena parte de la región.En Playa Grande, Dani Rizo reclamaba ayuda para rescatar a una niña a la que escuchaban desde hacía horas bajo los escombros de una vivienda colapsada."Está atrapada desde anoche, si vienen (con ayuda) la podemos sacar, necesitamos una retroexcavadora", dijo desesperado a la AFP este residente de 48 años."Lo que hace falta es ayuda"Decenas de rescatistas trabajaban como podían entre los escombros y las autoridades vigilaban de cerca cómo ciudadanos intentan por su cuenta encontrar a sus allegados gritando sus nombres.Los periodistas de la AFP presenciaron cómo familiares recuperaron en medio de la noche los cadáveres de un hombre y una mujer y los metieron en la cajuela de una camioneta.Una reconocida farmacia de Catia la Mar quedó con sus puertas de vidrio destruidas y sus anaqueles vacíos, sin que las autoridades confirmaran de inmediato si ha habido saqueos tras la emergencia."Lo que hace falta es ayuda, más que todo con los equipos técnicos, los equipos que están en Caracas, que saben qué (herramientas) usar, que pueden venir a ayudar aquí a La Guaira, que se vengan", clama con aliento entrecortado José Pacheco, jefe de operación del Grupo de Rescate Unido de Venezuela.Pacheco, socorrista de 52 años con tres décadas de experiencia, contaba unas 14 edificaciones afectadas a su alrededor y dijo que "nunca" había visto "algo parecido"."Temblaba más duro"Antonio Bermúdez, residente de 45 años de La Guaira, se encontraba en el salón de su casa cuando "de repente" empezó el temblor."Me empecé a mover, busqué refugio bajo una columna. Estaba entre mi cuarto y la ducha. Temblaba más duro, temblaba más duro", recuerda."Me agarré a la pared, me agarré a la pared, me agarré a la pared y el edificio empezó a bajar", explica sentado contra un muro en la calle, mientras intenta acomodar una pierna que no puede mover luego de que una "placa" le quedara encima mientras intentaba salir de entre los escombros.En la noche oscura, algunos residentes corrían con linternas, mientras los vehículos de emergencia iluminan brevemente las calles con sus sirenas y los sobrevivientes también buscan refugio."No tenemos tampoco ni agua, estamos muertos de sed, nos metemos a la estructura y estamos temerosos de que se caiga también", añade Larry Rojas."De verdad que alguien que nos ayude, que envíen maquinaria. Es lo que necesitamos para entrar a los edificios que están caídos", pide.
Colombia y Portugal protagonizarán este sábado uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, ambas selecciones buscarán quedarse con el liderato del Grupo K, aunque la Tricolor parte con ventaja gracias a su campaña perfecta en las dos primeras fechas.El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega como líder con seis puntos, tras vencer 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a República Democrática del Congo. Ese rendimiento le permite afrontar el compromiso con tranquilidad, ya que un empate será suficiente para terminar en el primer lugar de la zona.Portugal, por su parte, suma cuatro unidades y está obligado a ganar si quiere desplazar a Colombia de la cima. Incluso, una derrota podría comprometer su clasificación si República Democrática del Congo consigue una amplia victoria frente a Uzbekistán.Miami se prepara para un ambiente favorable a ColombiaEl encuentro se disputará desde las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el Hard Rock Stadium, escenario donde se espera una mayoría de aficionados colombianos debido a la numerosa comunidad cafetera residente en el sur de la Florida.Ese factor fue destacado por el atacante portugués Pedro Neto, quien reconoció que el apoyo de la hinchada colombiana y las condiciones climáticas serán dos de los principales retos para su selección. Sin embargo, el estadio también trae un recuerdo doloroso para Colombia, pues allí perdió la final de la Copa América 2024 frente a Argentina.El premio de terminar primero del Grupo KAdemás del prestigio de finalizar como líder, el ganador del grupo tendrá un camino más favorable en los octavos de final. El primero del Grupo K jugará el 3 de julio en Kansas City frente a uno de los mejores terceros clasificados, mientras que el segundo deberá enfrentar el 2 de julio en Toronto al segundo del Grupo L, donde Inglaterra, Ghana y Croacia aún mantienen opciones de clasificación.Colombia apuesta por la continuidadLa Selección Colombia atraviesa un gran momento futbolístico y podría cerrar, por segunda vez en su historia, una fase de grupos de un Mundial con puntaje perfecto. La única ocasión en que logró esa marca fue en Brasil 2014, torneo en el que alcanzó los cuartos de final.Néstor Lorenzo mantuvo la misma formación titular en los dos primeros partidos y todo apunta a que repetirá el once inicial frente a Portugal. Tras la victoria sobre República Democrática del Congo, el entrenador concedió una jornada de descanso a los jugadores antes de preparar el compromiso definitivo.Portugal confía en Cristiano RonaldoEn el conjunto portugués, el técnico Roberto Martínez aún mantiene dudas sobre algunos nombres en ataque. Bernardo Silva no convenció en el debut y João Félix tampoco logró destacar en el segundo compromiso.La gran certeza sigue siendo Cristiano Ronaldo. El delantero respondió con un doblete en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán y buscará liderar nuevamente a Portugal en un partido decisivo para las aspiraciones lusas.Portugal intentará terminar por segunda Copa del Mundo consecutiva como líder de su grupo, mientras que Colombia buscará confirmar su excelente presente y asegurar un cruce más favorable en la siguiente ronda.Posibles alineacionesColombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Javier Suárez.DT: Néstor Lorenzo.Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.DT: Roberto Martínez.Árbitro: Alireza Faghani (Australia).Estadio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos).
