La Fiscalía presentará escrito de acusación contra el coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de la Presidencia, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El proceso se enmarca en la investigación por la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La audiencia de acusación está programada para el próximo 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Con esta diligencia, el proceso judicial se reanuda luego de cerca de dos años del inició del proceso judicial.De acuerdo con la Fiscalía, el coronel Feria habría tenido un papel determinante en los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando Marelbys Meza fue contactada para realizarle una prueba de polígrafo. Según el ente acusador, los uniformados actuaron siguiendo órdenes e instrucciones directas del entonces jefe de la Oficina de Protección Presidencial.Según las autoridades, sin que existiera una orden judicial que lo respaldara, Meza fue conducida a un cuarto especial donde fue sometida a una prueba de polígrafo. Durante el procedimiento, se le habrían formulado preguntas relacionadas con el paradero de una maleta que contenía dinero en efectivo y documentos que habrían desaparecido de la residencia de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre.Para la Fiscalía, el objetivo de la diligencia habría sido ubicar un dinero que, según la investigación, habría sido robado el 29 de enero de 2023 a la entonces alta funcionaria del Gobierno. El ente acusador sostiene que el coronel Feria habría ordenado a otros miembros de la institución adelantar las actuaciones para esclarecer ese hecho, utilizando para ello recursos del Estado.En su acusación, la Fiscalía considera que tanto el coronel Feria como los demás funcionarios involucrados habrían abusado de su cargo y de la autoridad que les confería su posición, vulnerando la autonomía y los derechos de Marelbys Meza al someterla a un procedimiento para el cual no estaba legalmente obligada. Además, señala que la prueba del polígrafo está autorizada únicamente para personal vinculado al Gobierno nacional, y no para particulares o trabajadores externos, como era el caso de la exniñera.Por estos mismos hechos, también serán acusados el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en la ejecución de las órdenes impartidas por el coronel Feria.
En un fallo de única instancia, el Consejo de Estado determinó que la conducta dolosa de Bernardo Moreno fue determinante para que el Dapre fuera condenado en un proceso de reparación directa, relacionado con seguimientos e interceptaciones ilegales contra el exmagistrado auxiliar Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y su familia.La decisión señala además que el exfuncionario durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe deberá responder económicamente por el valor del dinero que pagó el Estado como indemnización, luego de comprobarse que fue penal y disciplinariamente responsable por los mismos hechos que originaron la condena contra el Departamento Administrativo de la Presidencia.El Consejo de Estado recordó en su fallo que Bernardo Moreno fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos como abuso de autoridad, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, y sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad por 18 años.La condena de Bernardo Moreno por las 'chuzadas del DAS'En junio del año pasado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Bernardo Moreno por su participación en una red de seguimientos e interceptaciones ilegales durante los años 2007 y 2008.Ambos exfuncionarios fueron hallados responsables de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público. La Corte Suprema de Justicia en su decisión también rechazó la solicitud de nulidad del proceso y declaró la preclusión de la actuación únicamente por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
El Juzgado 53 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa a 136 meses de prisión (11 años), una multa de 400 Salarios mínimos mensuales vigentes y una inhabilidad de 161 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas; y al patrullero Jhon Fredy Morales a 146 meses de prisión (12 años), multa equivalente a 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 175 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones en el caso chuzadas Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.Los uniformados fueron hallados culpables de presentar informes y datos falsos, lo que llevó a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran interceptaciones ilegales a las comunicaciones de Meza y de su compañera de trabajo, Fabiola Perea.Durante el proceso judicial, la Fiscalía probó que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran seguimientos telefónicos. Con esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.Según la Fiscalía, el propósito de las interceptaciones ilegales era esclarecer la desaparición de una maleta con dinero del apartamento de Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.El testimonio de Marelbys Meza fue determinante para esclarecer los hechos. En audiencia, relató los abusos que sufrió durante la prueba del polígrafo a la que fue sometida y las presiones psicológicas que padeció. La mujer describió el impacto que el caso tuvo en su vida y recordó haber insistido en someterse al polígrafo para “aclarar todo y volver a trabajar”, sin imaginar que se convertiría en víctima de un montaje judicial.
El Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero John Fredy Morales por haber presentado informes y elementos materiales probatorios con información falsa que hicieron incurrir en error a fiscales y jueces, quienes finalmente autorizaron las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, en el caso conocido como las “chuzadas” a la exniñera de la excanciller y actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La juez los halló culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran los seguimientos telefónicos. En esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.De acuerdo con la investigación, el objetivo final era indagar la desaparición de una maleta con dinero en el apartamento de la entonces canciller Laura Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.Durante el juicio oral, fueron fundamentales las declaraciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien describió la insistencia de los hoy condenados para dar curso a las interceptaciones.“Ese carácter apremiante se corroboró con las manifestaciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien relató que el capitán Carlos Andrés Correa le insistió reiteradamente en que debía tramitarse con urgencia la orden de interceptación, presionando para que el procedimiento se evacuara con la mayor celeridad. Aspecto que se aúna, sin lugar a dudas, para inferir que la información no provenía de un hallazgo objetivo y verificable, sino de un interés particular en que el trámite se materializara sin demora”, señaló la juez.La diligencia judicial continuará el próximo 28 de octubre, cuando se conocerán más decisiones frente a los responsables del caso.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los policías Hermes González y Edwin Méndez por el delito de abuso de función pública, dentro del proceso que investiga las denominadas chuzadas contra Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefa de gabinete y posterior canciller, Laura Sarabia.Como presuntas víctimas de estos actos figuran Marelbys Meza, así como Lucelia y Johnson, dos personas allegadas a la exniñera de Sarabia y que, desde el inicio, habría sido perjudicadas por este montaje realizado por algunos miembros de la Policía.Según la investigación, González habría realizado de forma irregular una inspección a la hoja de vida de Johnson, allegado de Meza, sin autorización judicial. De igual manera, se le atribuye, junto a Méndez, la práctica de inspecciones en la terminal de transporte con el propósito de dar con el paradero de una suma millonaria de dinero que se habría extraviado de la casa de Sarabia. Estas actuaciones se habrían realizado al margen de la ley y sin control de las autoridades competentes.Ya hay condenados por el caso de chuzadasEste nuevo capítulo se suma a la condena ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá contra el intendente Alfonso Quinchanego y la patrullera Dana Canizares, quienes aceptaron su responsabilidad y llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos fueron sentenciados a diez años de cárcel, convirtiéndose en los primeros policías condenados dentro del escándalo.En contraste, ni Hermes González ni Edwin Méndez aceptaron los cargos imputados. La Fiscalía deberá presentar ante los jueces los elementos de prueba que respalden las acusaciones por abuso de función pública, delito que castiga la utilización de la investidura oficial para fines distintos a los autorizados por la ley.El escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza continúa así ampliando su alcance judicial y político, evidenciando un uso indebido de los recursos del Estado.
La Fiscalía General de la Nación solicitará este viernes, 2 de mayo, la preclusión de un delito en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionada con presuntas interceptaciones ilegales a los negociadores del proceso de paz con las Farc. La Fiscalía explicó que pedirá la preclusión parcial de uno de los cuatro delitos por los que se investiga al expresidente Álvaro Uribe por las presuntas ‘chuzadas’ a los exnegociadores del acuerdo de paz con las Farc. Según la Fiscalía, prescribió el delito de concierto para delinquir.Esta decisión se produce tras nueve años de indagaciones en las que no se encontraron pruebas concluyentes que vinculen al exmandatario con dichas actividades ilícitas.El caso se remonta a 2014, cuando se reveló la existencia de una oficina clandestina de inteligencia militar, conocida como “Andrómeda”, desde la cual se habrían interceptado comunicaciones de los negociadores del Gobierno y de las Farc durante las conversaciones de paz en La Habana. Entre los afectados se encontraban Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, y Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz en ese entonces.Uno de los principales involucrados en el escándalo fue el hacker Andrés Sepúlveda, quien aseguró haber realizado interceptaciones ilegales con el objetivo de afectar el proceso de paz y favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años de prisión por delitos relacionados con espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales, afirmó que sus actividades contaban con el respaldo de sectores cercanos al uribismo. Sin embargo, la justicia no halló pruebas que vincularan directamente a Álvaro Uribe con estas acciones.Aunque inicialmente se especuló sobre la posible implicación de altos funcionarios en estas interceptaciones, las investigaciones no lograron establecer una conexión directa con el expresidente Uribe. De hecho, otros involucrados en casos relacionados, como Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña del 2014, fueron exonerados de responsabilidad.
La audiencia de formulación de imputación contra el mayor Duván Muñoz y el capitán Óscar Mojica, oficiales de la Policía Nacional acusados de presuntas interceptaciones ilegales a Marelbys Meza en febrero de 2023, quedó en suspenso luego de que la juez 56 penal municipal de control de garantías se declarara incompetente para conocer el caso. Ahora, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre qué jurisdicción deberá adelantar el proceso.La Fiscalía tenía todo listo para imputar a los dos oficiales cinco delitos relacionados con las interceptaciones ilegales a Meza, exniñera del hijo de la canciller Laura Sarabia. Estas supuestas interceptaciones ilegales se habrían llevado a cabo por la desaparición de una suma de dinero en la residencia de la alta funcionaria del Gobierno Petro.Los delitos que la Fiscalía pretendía imputar a los oficiales son:Fraude procesalFalsedad ideológica en documento públicoFalsedad material en documento públicoInterceptación ilegal de comunicacionesAbuso de autoridadSegún la tesis del ente acusador, Muñoz y Mojica habrían trabajado en conjunto con otros dos policías ya condenados por los mismos hechos: Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua, quienes aceptaron cargos. El objetivo de la supuesta maniobra ilegal habría sido interceptar las comunicaciones de Meza para determinar si estuvo involucrada en el robo del dinero.En el marco de este proceso, Dana Canizales ha manifestado su intención de colaborar con la justicia. La Fiscalía acordó con ella un principio de oportunidad, figura que le otorgaría beneficios penales a cambio de información relevante sobre otras conductas punibles. Sin embargo, un juez negó la solicitud al considerar que no se cumplían ciertos requisitos. Ahora, el acuerdo deberá ser presentado nuevamente con los ajustes correspondientes para su posible aprobación.Otro proceso contra Duván Muñoz también está en la Corte ConstitucionalEste no es el único proceso que involucra al mayor Duván Muñoz en el alto tribunal. En otro expediente, también en manos de la Corte Constitucional, se investiga si la jurisdicción competente para juzgarlo debe ser la justicia penal militar o la justicia ordinaria. En ese caso, Muñoz es señalado por presuntas intimidaciones tras practicarle una prueba de polígrafo de manera irregular. Se espera que este proceso tenga una decisión en el primer semestre del año.En cuanto al radicado sobre las chuzadas a Marelbys Meza, la Corte Constitucional podría dar una respuesta en un plazo aproximado de seis meses.
El caso se remonta al año 2023, cuando Fabiola Perea trabajaba para Laura Sarabia, entonces jefa del despacho presidencial, en ese sentido para esa época tuvo lugar la presunta desaparición de 4.000 dólares en la residencia de Sarabia llevó a que las autoridades solicitaran la intervención de comunicaciones de Fabiola Perea y otra empleada, Marelbys Meza.En los documentos presentados, Perea fue señalada como alias 'La Cocinera', supuesta integrante del Clan del Golfo, con el fin de justificar la medida.Según la solicitud, las acciones ilegales generaron graves afectaciones a la vida personal, dignidad y reputación de la señora Perea, quien desde entonces no ha podido conseguir empleo debido a la estigmatización sufrida luego de que Fabiola Perea fuera señalada de tener vínculos con ese grupo criminal.La solicitud de reparación pide una indemnización equivalente a 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que asciende a 640.575.000 pesos.La solicitud también pide a las entidades involucradas en el caso, que son: el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y la Fiscalía General de la Nación, a ofrecer un acto público de disculpa a Fabiola Perea.Dicha solicitud, fue presentada ante la Procuraduría Delegada para los Juzgados Administrativos, para que se convoque una audiencia para discutir el caso que ha generado una larga batalla judicial en el país.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme sentencia a 63 meses de cárcel, más de cinco años, contra dos funcionarios del expresidente Álvaro Uribe: Edmundo del Castillo, secretario jurídico, y César Mauricio Velásquez, secretario de comunicaciones, por las chuzadas del DAS y presunto pago de testigos falsos en la Yidis Política. El primero de ellos negó, en diálogo con Meridiano Blu, estar vinculado con algún delito."El episodio mío en eso es que me llamaron a una reunión un día y me preguntaron si un señor había sido extraditado. Entregué una resolución y eso me convierte en criminal, ese es el tema, nunca llevé información a ningún medio de comunicación. La entregué para que supieran si alguien estaba o no extraditado, de ahí en adelante no sé qué hicieron con la información", indicó Edmundo del Castillo, señalado de concierto para delinquir.Además, el exsecretario jurídico del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez afirmó que nunca ordenó, hizo o participó del tema de chuzadas y resaltó que, aún así, es "una persona que siempre le ha puesto la cara a la justicia".>>> En contexto: En firme condena contra exsecretarios jurídico y de prensa de Uribe por “chuzadas”Preguntado sobre si hubo estrategias de desprestigio contra la Corte Suprema, Edmundo cuestionó si ese delito realmente existe y afirmó, de paso que desde su labor en el Gobierno de Uribe "no había ningún tema distinto a trabajar por el país".Lo que sí reconoció en diálogo con Blu fue que conoció a Gloria Congote, la periodista que filtró la información, y aunque alguna vez -dijo- le llevó información, esta fue de "un tema absolutamente distinto a este" por el cual fue sentenciado."La realidad del tema es una gran falacia porque jamás le llevé a la Revista Semana información del caso paseo, por que no fui yo, es una gran mentira. No participé en el tema de reelección de Uribe. Yo recibí en mi secretaría jurídica a todo el mundo, sin propósito de hacer ningún daño", añadió Edmundo.Finalmente, el abogado afirmó que acudirá a instancias internacionales para continuar con el proceso jurídico que hoy lo tiene sentenciado a 5 años de cárcel en prisión domiciliaria: "Claro, voy con toda. Ese es un tema de injusticia, es una cosa increíble. Voy con Derechos Humanos y con tutela, aquí nadie ha hecho nada indebido. Trabajé tres años en un tema técnico", concluyo, señalando que, en ningún momento, se arrepiente de haber formado parte del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 63 meses contra César Velásquez, exjefe de prensa y Edmundo del Castillo, exasesor jurídico del expresidente Álvaro Uribe, por el caso de las chuzadas del DAS, pues la Sala de conjueces negó los argumentos que pedían tumbar la condena inicial impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá.La conjuez Rosa Elena Suárez emitió una sentencia clave en el caso relacionado con las denominadas “chuzadas”, un esquema de interceptaciones ilegales que sacudió a las instituciones colombianas, por esta razón la Corte Suprema dejó en firme la sentencia condenatoria en contra los exfuncionarios del Gobierno Uribe, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo las "chuzadas" del DAS contra este alto tribunal y Yidis Medina.“La sala encontró que los argumentos esgrimidos por los impugnantes no logran demostrar yerros atribuidos al tribunal, que por primera vez halló penalmente responsables de la conducta de concierto para delinquir a los enjuiciados César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo Restrepo, razón para que el fallo condenatorio sea confirmado”, dijo la conjuezSuarez también aseguró que, entre las impugnaciones realizadas por los exfuncionarios del Gobierno Uribe, no hicieron referencia a reducir las penas, por lo que solamente otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al asesor jurídico, Edmundo del Castillo.Cabe resaltar que la Fiscalía acusó a Castillo y Velásquez de usar durante el Gobierno Uribe al Departamento Administrativo de Seguridad, para intentar desacreditar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes en ese entonces investigaban los nexos de varios congresistas uribistas con los paramilitares.Comunicado de César Mauricio Velásquez1. El día de hoy, una sala de Conjueces insiste en condenarme luego de que el único juez que vio las pruebas de este proceso me había absuelto en el pasado.2. En la sentencia se hacen graves afirmaciones de que yo "solicité, recibí y filtré información" cuando no existe una sola evidencia, nunca la hubo, nunca ocurrió acción alguna que respalde estas acusaciones.3. Con la certeza de mi inocencia, seguiré luchando con todas las acciones jurídicas que existan para que la verdad salga a la luz y así reivindicar mi honra y mi buen nombre.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
Personal especializado en búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Envigado viajó a Venezuela para apoyar en las labores de rescate luego de los terremotos en el vecino país.Personal especializado en búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Envigado viajó a Venezuela para apoyar en las labores de rescate luego de los terremotos en el vecino país.El Gobernador Andrés Julián informó que un grupo especializado del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado viaja a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por el fuerte terremoto que golpeó en las últimas horas a ese país.El mandatario departamental expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó la difícil situación humanitaria que enfrentan miles de familias tras la emergencia.El capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, explicó en qué consistirán las tareas de búsqueda y rescate de este personal en el vecino país.“Estos jóvenes han podido lograr excelentes niveles de capacitación y de entrenamiento. Hacen parte fundamental de las operaciones que se realizarán en el territorio venezolano. Ellos salen ya para la ciudad de Bogotá y luego viajan a Caracas para dirigirse a los lugares donde más sea útil eh su especialidad”, aseguró.La misión está liderada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, reconocido por su experiencia en atención de emergencias y operaciones de rescate, que llevará capacidades técnicas y personal entrenado para apoyar las tareas en las zonas más afectadas por el sismo.Además, la Gobernación informó que la Cruz Roja, seccional Antioquia, habilitó una cuenta de ahorros para recibir las ayudas económicas.
Un operativo del Ejército Nacional permitió frustrar el secuestro del excandidato del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por el Magdalena y empresario, Pablo José Acuña Herrera, quien había sido interceptado por hombres armados en zona rural del municipio de El Banco.De acuerdo con la información oficial, Acuña Herrera y otra persona fueron retenidos por presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes intentaban llevárselos del lugar. La rápida reacción de las tropas del Batallón de Infantería N.° 5 General José María Córdova, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército Nacional permitió ubicar a los responsables e iniciar un enfrentamiento armado.Como resultado de la operación, los militares lograron rescatar con vida al excandidato liberal y a la otra persona que permanecía en poder de los delincuentes. Durante la acción fueron incautados un fusil y material de guerra.Hasta el momento, las autoridades no reportan capturas ni bajas entre los presuntos integrantes del grupo armado ilegal, quienes lograron huir tras el intercambio de disparos.Tras conocerse el hecho, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó el intento de secuestro y destacó la reacción de las tropas del Ejército. "Reconozco la rápida y decidida reacción de nuestros soldados, especialmente de las unidades del Batallón Córdova y de la Segunda Brigada, quienes evitaron que este hecho criminal tuviera consecuencias aún más graves", manifestó la mandataria.No obstante, insistió en que este tipo de acciones evidencian la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el departamento. "Estos resultados no pueden seguir siendo respuestas aisladas frente a una violencia que insiste en desafiar al Estado. Exijo al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa acciones permanentes, contundentes y sostenidas para garantizar la seguridad de los magdalenenses. El Magdalena no puede seguir enfrentando solo el accionar de las estructuras criminales", afirmó.Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del intento de secuestro.
En menos de una semana hallan otro cadáver dentro de una bolsa en el norte del Valle de Aburrá, en esta ocasión el descubrimiento fue en la vía que de Bello conduce a San Félix. Las autoridades avanzan en la identificación de la víctima, con base en sus características.El cadáver fue encontrado por una mujer que realizaba su caminata habitual diaria. Luego de informar a las autoridades, agentes de la Policía Nacional al hacer las pesquisas confirmaron que era el cuerpo de un hombre muerto que estaba dentro de un costal y envuelto en varias cobijas.Una vez los agentes de la Policía Nacional reportaron el hallazgo del cadáver, acudieron al lugar personal del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el sitio y realizaron la inspección y establecieron que se trataba de un hombre, que por algunos rasgos que se observaron se presume tendría entre 20 y 25 años.Así mismo, en las indagaciones con personas del sector, los agentes de la Policía Nacional y el personal del CTI de la Fiscalía no descartan que el abandono del cadáver se hizo en horas de la madrugada cuando la vía registra un bajo flujo vehicular.Entre las hipótesis que contemplan los investigadores no se descarta que el crimen estuviera relacionado con ajuste de cuentas de grupos criminales. El cadáver fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, para labores forenses establecer la identidad de la víctima y las causas de la muerte.
