Un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad concedido al capitán de la Policía Nacional, Óscar Leandro Mojica Cordón, investigado por su participación en las interceptaciones ilegales realizadas contra Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia, en un caso que surgió tras la investigación por el hurto de dinero ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República.Con la decisión judicial, se suspendió de manera parcial la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante un periodo de 12 meses, luego de que el oficial aceptara su responsabilidad por ese delito y se comprometiera a colaborar con la justicia como testigo de cargo en los procesos relacionados con las interceptaciones ilegales de las que fue víctima Marelbys Meza.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, para la época de los hechos Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y, presuntamente, participó en la elaboración de documentos falsos que sirvieron de soporte para obtener órdenes de interceptación de manera irregular.El ente acusador estableció que el oficial habría intervenido en la falsificación de informes y del formato de entrevista a fuente no formal, documentos en los que se aseguró, de manera presuntamente falsa, que las personas interceptadas hacían parte de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá. Con ese sustento se habrían obtenido las autorizaciones judiciales para realizar las interceptaciones.La investigación tiene origen en el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de Laura Sarabia. Durante las actuaciones adelantadas por las autoridades se detectaron las presuntas irregularidades que dieron lugar a las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, caso que posteriormente abrió una investigación penal independiente.Aunque el juez avaló el principio de oportunidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones, el proceso penal contra el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, conductas que siguen siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
La Fiscalía presentará escrito de acusación contra el coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de la Presidencia, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El proceso se enmarca en la investigación por la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La audiencia de acusación está programada para el próximo 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Con esta diligencia, el proceso judicial se reanuda luego de cerca de dos años del inició del proceso judicial.De acuerdo con la Fiscalía, el coronel Feria habría tenido un papel determinante en los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando Marelbys Meza fue contactada para realizarle una prueba de polígrafo. Según el ente acusador, los uniformados actuaron siguiendo órdenes e instrucciones directas del entonces jefe de la Oficina de Protección Presidencial.Según las autoridades, sin que existiera una orden judicial que lo respaldara, Meza fue conducida a un cuarto especial donde fue sometida a una prueba de polígrafo. Durante el procedimiento, se le habrían formulado preguntas relacionadas con el paradero de una maleta que contenía dinero en efectivo y documentos que habrían desaparecido de la residencia de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre.Para la Fiscalía, el objetivo de la diligencia habría sido ubicar un dinero que, según la investigación, habría sido robado el 29 de enero de 2023 a la entonces alta funcionaria del Gobierno. El ente acusador sostiene que el coronel Feria habría ordenado a otros miembros de la institución adelantar las actuaciones para esclarecer ese hecho, utilizando para ello recursos del Estado.En su acusación, la Fiscalía considera que tanto el coronel Feria como los demás funcionarios involucrados habrían abusado de su cargo y de la autoridad que les confería su posición, vulnerando la autonomía y los derechos de Marelbys Meza al someterla a un procedimiento para el cual no estaba legalmente obligada. Además, señala que la prueba del polígrafo está autorizada únicamente para personal vinculado al Gobierno nacional, y no para particulares o trabajadores externos, como era el caso de la exniñera.Por estos mismos hechos, también serán acusados el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en la ejecución de las órdenes impartidas por el coronel Feria.
En un fallo de única instancia, el Consejo de Estado determinó que la conducta dolosa de Bernardo Moreno fue determinante para que el Dapre fuera condenado en un proceso de reparación directa, relacionado con seguimientos e interceptaciones ilegales contra el exmagistrado auxiliar Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y su familia.La decisión señala además que el exfuncionario durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe deberá responder económicamente por el valor del dinero que pagó el Estado como indemnización, luego de comprobarse que fue penal y disciplinariamente responsable por los mismos hechos que originaron la condena contra el Departamento Administrativo de la Presidencia.El Consejo de Estado recordó en su fallo que Bernardo Moreno fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos como abuso de autoridad, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, y sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad por 18 años.La condena de Bernardo Moreno por las 'chuzadas del DAS'En junio del año pasado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Bernardo Moreno por su participación en una red de seguimientos e interceptaciones ilegales durante los años 2007 y 2008.Ambos exfuncionarios fueron hallados responsables de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público. La Corte Suprema de Justicia en su decisión también rechazó la solicitud de nulidad del proceso y declaró la preclusión de la actuación únicamente por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
El Juzgado 53 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa a 136 meses de prisión (11 años), una multa de 400 Salarios mínimos mensuales vigentes y una inhabilidad de 161 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas; y al patrullero Jhon Fredy Morales a 146 meses de prisión (12 años), multa equivalente a 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 175 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones en el caso chuzadas Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.Los uniformados fueron hallados culpables de presentar informes y datos falsos, lo que llevó a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran interceptaciones ilegales a las comunicaciones de Meza y de su compañera de trabajo, Fabiola Perea.Durante el proceso judicial, la Fiscalía probó que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran seguimientos telefónicos. Con esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.Según la Fiscalía, el propósito de las interceptaciones ilegales era esclarecer la desaparición de una maleta con dinero del apartamento de Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.El testimonio de Marelbys Meza fue determinante para esclarecer los hechos. En audiencia, relató los abusos que sufrió durante la prueba del polígrafo a la que fue sometida y las presiones psicológicas que padeció. La mujer describió el impacto que el caso tuvo en su vida y recordó haber insistido en someterse al polígrafo para “aclarar todo y volver a trabajar”, sin imaginar que se convertiría en víctima de un montaje judicial.
El Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero John Fredy Morales por haber presentado informes y elementos materiales probatorios con información falsa que hicieron incurrir en error a fiscales y jueces, quienes finalmente autorizaron las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, en el caso conocido como las “chuzadas” a la exniñera de la excanciller y actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La juez los halló culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran los seguimientos telefónicos. En esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.De acuerdo con la investigación, el objetivo final era indagar la desaparición de una maleta con dinero en el apartamento de la entonces canciller Laura Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.Durante el juicio oral, fueron fundamentales las declaraciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien describió la insistencia de los hoy condenados para dar curso a las interceptaciones.“Ese carácter apremiante se corroboró con las manifestaciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien relató que el capitán Carlos Andrés Correa le insistió reiteradamente en que debía tramitarse con urgencia la orden de interceptación, presionando para que el procedimiento se evacuara con la mayor celeridad. Aspecto que se aúna, sin lugar a dudas, para inferir que la información no provenía de un hallazgo objetivo y verificable, sino de un interés particular en que el trámite se materializara sin demora”, señaló la juez.La diligencia judicial continuará el próximo 28 de octubre, cuando se conocerán más decisiones frente a los responsables del caso.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los policías Hermes González y Edwin Méndez por el delito de abuso de función pública, dentro del proceso que investiga las denominadas chuzadas contra Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefa de gabinete y posterior canciller, Laura Sarabia.Como presuntas víctimas de estos actos figuran Marelbys Meza, así como Lucelia y Johnson, dos personas allegadas a la exniñera de Sarabia y que, desde el inicio, habría sido perjudicadas por este montaje realizado por algunos miembros de la Policía.Según la investigación, González habría realizado de forma irregular una inspección a la hoja de vida de Johnson, allegado de Meza, sin autorización judicial. De igual manera, se le atribuye, junto a Méndez, la práctica de inspecciones en la terminal de transporte con el propósito de dar con el paradero de una suma millonaria de dinero que se habría extraviado de la casa de Sarabia. Estas actuaciones se habrían realizado al margen de la ley y sin control de las autoridades competentes.Ya hay condenados por el caso de chuzadasEste nuevo capítulo se suma a la condena ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá contra el intendente Alfonso Quinchanego y la patrullera Dana Canizares, quienes aceptaron su responsabilidad y llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos fueron sentenciados a diez años de cárcel, convirtiéndose en los primeros policías condenados dentro del escándalo.En contraste, ni Hermes González ni Edwin Méndez aceptaron los cargos imputados. La Fiscalía deberá presentar ante los jueces los elementos de prueba que respalden las acusaciones por abuso de función pública, delito que castiga la utilización de la investidura oficial para fines distintos a los autorizados por la ley.El escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza continúa así ampliando su alcance judicial y político, evidenciando un uso indebido de los recursos del Estado.
La Fiscalía General de la Nación solicitará este viernes, 2 de mayo, la preclusión de un delito en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionada con presuntas interceptaciones ilegales a los negociadores del proceso de paz con las Farc. La Fiscalía explicó que pedirá la preclusión parcial de uno de los cuatro delitos por los que se investiga al expresidente Álvaro Uribe por las presuntas ‘chuzadas’ a los exnegociadores del acuerdo de paz con las Farc. Según la Fiscalía, prescribió el delito de concierto para delinquir.Esta decisión se produce tras nueve años de indagaciones en las que no se encontraron pruebas concluyentes que vinculen al exmandatario con dichas actividades ilícitas.El caso se remonta a 2014, cuando se reveló la existencia de una oficina clandestina de inteligencia militar, conocida como “Andrómeda”, desde la cual se habrían interceptado comunicaciones de los negociadores del Gobierno y de las Farc durante las conversaciones de paz en La Habana. Entre los afectados se encontraban Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, y Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz en ese entonces.Uno de los principales involucrados en el escándalo fue el hacker Andrés Sepúlveda, quien aseguró haber realizado interceptaciones ilegales con el objetivo de afectar el proceso de paz y favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años de prisión por delitos relacionados con espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales, afirmó que sus actividades contaban con el respaldo de sectores cercanos al uribismo. Sin embargo, la justicia no halló pruebas que vincularan directamente a Álvaro Uribe con estas acciones.Aunque inicialmente se especuló sobre la posible implicación de altos funcionarios en estas interceptaciones, las investigaciones no lograron establecer una conexión directa con el expresidente Uribe. De hecho, otros involucrados en casos relacionados, como Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña del 2014, fueron exonerados de responsabilidad.
La audiencia de formulación de imputación contra el mayor Duván Muñoz y el capitán Óscar Mojica, oficiales de la Policía Nacional acusados de presuntas interceptaciones ilegales a Marelbys Meza en febrero de 2023, quedó en suspenso luego de que la juez 56 penal municipal de control de garantías se declarara incompetente para conocer el caso. Ahora, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre qué jurisdicción deberá adelantar el proceso.La Fiscalía tenía todo listo para imputar a los dos oficiales cinco delitos relacionados con las interceptaciones ilegales a Meza, exniñera del hijo de la canciller Laura Sarabia. Estas supuestas interceptaciones ilegales se habrían llevado a cabo por la desaparición de una suma de dinero en la residencia de la alta funcionaria del Gobierno Petro.Los delitos que la Fiscalía pretendía imputar a los oficiales son:Fraude procesalFalsedad ideológica en documento públicoFalsedad material en documento públicoInterceptación ilegal de comunicacionesAbuso de autoridadSegún la tesis del ente acusador, Muñoz y Mojica habrían trabajado en conjunto con otros dos policías ya condenados por los mismos hechos: Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua, quienes aceptaron cargos. El objetivo de la supuesta maniobra ilegal habría sido interceptar las comunicaciones de Meza para determinar si estuvo involucrada en el robo del dinero.En el marco de este proceso, Dana Canizales ha manifestado su intención de colaborar con la justicia. La Fiscalía acordó con ella un principio de oportunidad, figura que le otorgaría beneficios penales a cambio de información relevante sobre otras conductas punibles. Sin embargo, un juez negó la solicitud al considerar que no se cumplían ciertos requisitos. Ahora, el acuerdo deberá ser presentado nuevamente con los ajustes correspondientes para su posible aprobación.Otro proceso contra Duván Muñoz también está en la Corte ConstitucionalEste no es el único proceso que involucra al mayor Duván Muñoz en el alto tribunal. En otro expediente, también en manos de la Corte Constitucional, se investiga si la jurisdicción competente para juzgarlo debe ser la justicia penal militar o la justicia ordinaria. En ese caso, Muñoz es señalado por presuntas intimidaciones tras practicarle una prueba de polígrafo de manera irregular. Se espera que este proceso tenga una decisión en el primer semestre del año.En cuanto al radicado sobre las chuzadas a Marelbys Meza, la Corte Constitucional podría dar una respuesta en un plazo aproximado de seis meses.
El caso se remonta al año 2023, cuando Fabiola Perea trabajaba para Laura Sarabia, entonces jefa del despacho presidencial, en ese sentido para esa época tuvo lugar la presunta desaparición de 4.000 dólares en la residencia de Sarabia llevó a que las autoridades solicitaran la intervención de comunicaciones de Fabiola Perea y otra empleada, Marelbys Meza.En los documentos presentados, Perea fue señalada como alias 'La Cocinera', supuesta integrante del Clan del Golfo, con el fin de justificar la medida.Según la solicitud, las acciones ilegales generaron graves afectaciones a la vida personal, dignidad y reputación de la señora Perea, quien desde entonces no ha podido conseguir empleo debido a la estigmatización sufrida luego de que Fabiola Perea fuera señalada de tener vínculos con ese grupo criminal.La solicitud de reparación pide una indemnización equivalente a 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que asciende a 640.575.000 pesos.La solicitud también pide a las entidades involucradas en el caso, que son: el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y la Fiscalía General de la Nación, a ofrecer un acto público de disculpa a Fabiola Perea.Dicha solicitud, fue presentada ante la Procuraduría Delegada para los Juzgados Administrativos, para que se convoque una audiencia para discutir el caso que ha generado una larga batalla judicial en el país.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme sentencia a 63 meses de cárcel, más de cinco años, contra dos funcionarios del expresidente Álvaro Uribe: Edmundo del Castillo, secretario jurídico, y César Mauricio Velásquez, secretario de comunicaciones, por las chuzadas del DAS y presunto pago de testigos falsos en la Yidis Política. El primero de ellos negó, en diálogo con Meridiano Blu, estar vinculado con algún delito."El episodio mío en eso es que me llamaron a una reunión un día y me preguntaron si un señor había sido extraditado. Entregué una resolución y eso me convierte en criminal, ese es el tema, nunca llevé información a ningún medio de comunicación. La entregué para que supieran si alguien estaba o no extraditado, de ahí en adelante no sé qué hicieron con la información", indicó Edmundo del Castillo, señalado de concierto para delinquir.Además, el exsecretario jurídico del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez afirmó que nunca ordenó, hizo o participó del tema de chuzadas y resaltó que, aún así, es "una persona que siempre le ha puesto la cara a la justicia".>>> En contexto: En firme condena contra exsecretarios jurídico y de prensa de Uribe por “chuzadas”Preguntado sobre si hubo estrategias de desprestigio contra la Corte Suprema, Edmundo cuestionó si ese delito realmente existe y afirmó, de paso que desde su labor en el Gobierno de Uribe "no había ningún tema distinto a trabajar por el país".Lo que sí reconoció en diálogo con Blu fue que conoció a Gloria Congote, la periodista que filtró la información, y aunque alguna vez -dijo- le llevó información, esta fue de "un tema absolutamente distinto a este" por el cual fue sentenciado."La realidad del tema es una gran falacia porque jamás le llevé a la Revista Semana información del caso paseo, por que no fui yo, es una gran mentira. No participé en el tema de reelección de Uribe. Yo recibí en mi secretaría jurídica a todo el mundo, sin propósito de hacer ningún daño", añadió Edmundo.Finalmente, el abogado afirmó que acudirá a instancias internacionales para continuar con el proceso jurídico que hoy lo tiene sentenciado a 5 años de cárcel en prisión domiciliaria: "Claro, voy con toda. Ese es un tema de injusticia, es una cosa increíble. Voy con Derechos Humanos y con tutela, aquí nadie ha hecho nada indebido. Trabajé tres años en un tema técnico", concluyo, señalando que, en ningún momento, se arrepiente de haber formado parte del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Un creador de contenido, labor que alternaba con el oficio de preparar y despachar tacos, fue asesinado a tiros presuntamente por dos sujetos mientras atendía en un negocio comida en la ciudad de Ciudad Obregón, estado mexicano de Sonora, noroeste del país, informaron autoridades estatales.Según medios locales, el creador de contenido era conocido en redes sociales como 'El Piturris' y respondía al nombre de José Luis Esparza, quien fue asesinado a balazos mientras trabajaba en una taquería en la colonia (barrio) Reforma, en Ciudad Obregón.En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que investigaba un homicidio con proyectil de arma de fuego en agravio de un taquero en la citada ciudad,Señaló que de acuerdo con los primeros datos, la víctima, de 37 años, "fue agredida mientras atendía la taquería por un sujeto que posteriormente huyó a bordo de una motocicleta junto con otra persona".En el lugar, explicó la institución, fueron recolectados dos casquillos calibre 40, como parte de los indicios que serán analizados.Según versiones, mientras el hombre trabajaba en el negocio de su familia un sujeto se acercó, ubicó a José Luis y disparó en su contra, tras la agresión, el atacante escapó del lugar a bordo de una motocicleta conducida por otro sujeto.Luego de la agresión, la víctima fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital cercano, donde más tarde perdió la vida.Esparza era un creador de contenido que narraba con humor su oficio de taquero, su conocimiento popular de la cultura de Sonora y contaba con unos 90.000 seguidores en las redes sociales Instagram y Facebook, además transmitía un pódcast.La FGJES precisó que mantenía abierta la investigación en relación con los hechos registrados en una taquería ubicada la colonia Reforma, donde un taquero perdió la vida tras ser agredido con proyectiles de arma de fuego.También dijo que está a la espera del trabajo de campo de los agentes de servicios periciales, los resultados de la necropsia y el análisis de los elementos balísticos hallados en el lugar de los hechos, esto con el propósito de "establecer las circunstancias del hecho y determinar con qué otros asuntos pudiera estar relacionado el homicidio".El pasado 5 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las autoridades buscarán detener tanto a los autores materiales, como a los intelectuales, del asesinato del creador de contenido César Gastélum en plena transmisión, ocurrida un día antes en Culiacá, Sinaloa.
Las personas que requieren revisar su estado financiero en las centrales de riesgo cuentan con un nuevo canal digital para entender sus datos de historial crediticio.La plataforma Midatacrédito presentó la versión EVA 2.0, un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial diseñado para resolver inquietudes sobre reportes negativos, deudas pendientes y calificación de score mediante una interacción en formato de conversación.Cómo funciona el asistente para resolver dudas de créditoDe acuerdo con lo informado por la entidad, la herramienta permite que el ciudadano consulte su información financiera mediante preguntas directas en lenguaje sencillo.Entre las gestiones y dudas que el sistema ayuda a interpretar se encuentran:La identificación de los motivos por los cuales una persona aparece reportada ante las centrales.El estado del reporte tras realizar el pago de una obligación pendiente.La entidad o institución específica que generó un reporte en la plataforma.Orientación inicial y pasos a seguir ante sospechas de fraude o suplantación de identidad.Alternativas y pautas para buscar un incremento en el puntaje o score crediticio.Uso de tecnología financiera en el paísLa implementación de este tipo de canales se da en medio de un aumento en el uso de herramientas tecnológicas por parte de los usuarios del sistema financiero en Colombia.Según el estudio Cómo la innovación y la IA están transformando la inclusión crediticia en Colombia, elaborado por la firma DataCrédito Experian, el 59 % de los ciudadanos encuestados afirmó haber utilizado servicios financieros impulsados por inteligencia artificial en el último año.Asimismo, el informe de la entidad arrojó las siguientes cifras sobre la percepción de los usuarios:El 73 % de los consultados considera que la tecnología ha contribuido a mejorar la atención en los servicios financieros.El 44 % de las personas prioriza el acceso a procesos de crédito sin complicaciones ni barreras de trámite.El 40 % de los usuarios demanda productos y servicios con mayor grado de personalización.En el país, el 38 % de los encuestados considera confiable el uso de inteligencia artificial para la evaluación y aprobación de solicitudes de crédito, mientras que un 31 % mantiene una postura neutral frente al tema.Con la actualización de este asistente, la plataforma busca facilitar el acceso a la información crediticia y orientar a las personas en la toma de decisiones sobre su bolsillo.
Los ataques con drones explosivos ya dejan 124 víctimas en Norte de Santander entre enero de 2025 y el 8 de septiembre de 2026, según un consolidado de Corporeddeh. La cifra incluye 25 personas muertas y 99 heridas, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.El reporte muestra un aumento durante 2026. Mientras en todo 2025 fueron registradas 55 víctimas, en lo corrido de este año la cifra llegó a 69. Tibú y El Tarra concentran buena parte de los hechos, aunque también aparecen registros en Teorama, Convención, Sardinata, El Carmen, Ábrego, El Zulia y Ocaña.Entre los sectores con mayor recurrencia está Filo Gringo, en El Tarra. En Tibú, la vereda 20 de Julio acumula 16 personas afectadas. Los ataques también han dejado daños en viviendas, vehículos, cultivos, animales e infraestructura militar, policial, educativa y religiosa, además de provocar desplazamientos y confinamientos.Para Enrique Pertuz, de Corporeddeh, el escenario resulta especialmente preocupante por la manera en que esta tecnología está siendo incorporada a la confrontación. El defensor de derechos humanos advierte que “todos los indicadores nos señalan que la situación en regiones como el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta se va a complicar mucho más”.Pertuz también llama la atención sobre el impacto que estos ataques están teniendo en la Fuerza Pública. Según explicó, “en el Catatumbo, el uso de los drones, que han sido armas mortales de una u otra forma, han golpeado duramente a las fuerzas militares”.Corporeddeh atribuye el empleo de estos dispositivos a estructuras armadas ilegales como el ELN y el Frente 33, que estarían utilizando drones comerciales modificados para lanzar explosivos y atacar posiciones de la Fuerza Pública. Para Pertuz, la incorporación de esta tecnología hace parte de una transformación de las dinámicas del conflicto que exige una respuesta diferente por parte de las autoridades.El defensor también advierte sobre las consecuencias que una mayor intensidad de los enfrentamientos podría tener para las comunidades. “Estos elementos combinados van a generar no solamente temor, miedo en la población civil, sino que va a generar un desplazamiento en aras de salvaguardar la vida”, señaló.La preocupación se extiende a Cúcuta y su área metropolitana, que podrían convertirse en receptores de nuevas familias desplazadas si se intensifica la confrontación en el Catatumbo. Pertuz insiste además en que la salida al conflicto no puede depender exclusivamente de la respuesta militar y señala que “el conflicto no se va a resolver por la vía de las armas”.La organización aclara que su consolidado solo incluye casos que pudieron ser documentados y verificados, por lo que no incorpora posibles bajas de integrantes de grupos armados.
Una distracción con el celular terminó en un aparatoso accidente para un hombre que se encontraba supervisando los avances de una construcción. Mientras recorría el lugar, permaneció atento a la pantalla de su teléfono y no habría visto una abertura en el piso.El momento quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el sitio y muestra cómo, en cuestión de segundos, el hombre perdió el equilibrio y cayó desde el segundo nivel.Así ocurrió la caída del hombre en la construcciónDe acuerdo con la información preliminar, el hombre había llegado a la obra para supervisar los trabajos. Al subir por las escaleras hacia el segundo nivel y comenzar a recorrer una de las áreas de la construcción, permanecía mirando su celular, por lo que no logró ver una abertura en el piso ubicada a pocos metros de las escaleras.En las imágenes se observa al hombre avanzar por el segundo piso mientras sostiene el teléfono. De repente, pisa sobre la zona donde se encuentra el vacío y cae hacia el nivel inferior.La secuencia también muestra el momento posterior a la caída, varias personas que ven lo ocurrido corren a mirar hacía el interior del hueco en el piso para ver si el sujeto que cayó se encuentra bien, otras corren a auxiliarlo, se les ve bajando las escaleras.Frente a lo ocurrido, algunos internautas comentaron que ir mirando el celular puede llegar a ser peligroso. Caminar mientras se mira el celular puede ser peligroso porque la atención se concentra en la pantalla y se reduce la capacidad de identificar obstáculos o reaccionar a tiempo. Entre los principales riesgos están:Tropezar o caer: puede no advertir huecos, desniveles, escaleras, obstáculos u objetos en el camino.Chocar con personas u objetos: al no mirar hacia adelante, aumenta la posibilidad de golpearse con paredes, puertas, postes o personas.Caer desde una altura: en lugares como obras, escaleras, puentes o plataformas, no detectar una abertura o el borde puede provocar una caída grave.Entrar a zonas de riesgo: la distracción puede hacer que una persona cruce una calle, se acerque a maquinaria o ingrese a un área peligrosa sin darse cuenta.Reaccionar más tarde: incluso si el obstáculo aparece de repente, la atención dividida puede retrasar la respuesta.
Se complica la situación de orden público en el corregimiento de Guamalito, El Carmen, Norte de Santander. La comunidad está denunciando que, luego del retiro de todos los miembros de la Policía, miembros del ELN se tomó lo que quedaba de la subestación.Cabe recordar que el pasado miércoles, 21 uniformados fueron evacuados vía aérea, tras al menos tres ataques consecutivos que dejaron inservible la infraestructura.El más reciente fue el pasado viernes con un ataque con un enjambre de drones, el lunes anterior terminaron de atacar la subestación de policía, y el pasado miércoles ya se terminaron de tomar precisamente esta subestación.Este jueves se reportan nuevos ataques y la presencia de los guerrilleros del ELN, según lo confirmó a Blu Radio el alcalde José Contreras, quien, además, tuvo comunicación con el ministro de Defensa y el Gobierno Nacional para poder recuperar esa subestación de policía.“El corregimiento de Guamalito, el municipio de El Carmen, fue la subestación de policía afectada el día viernes con drones y con una destrucción por más 80%. De manera reiterada, el día lunes terminaron de atacarla y causaron una destrucción total. Lastimosamente, para el día de hoy, no contamos con policía y aún no ha llegado Ejército al corregimiento de Guamalito. Según información de la misma comunidad, la subestación fue tomada por presuntos integrantes de la organización criminal del ELN a la cual se le atribuyen esos atentados, según la inteligencia y la fuerza pública”, detalló el mandatario.Recordemos además que el ataque con enjambre de drones registrado el viernes pasado fue al mismo tiempo donde se presentó también el otro ataque en Ocaña, en Norte de Santander, por lo que las autoridades piden al Gobierno Nacional priorizar la ayuda para la región.
