Un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad concedido al capitán de la Policía Nacional, Óscar Leandro Mojica Cordón, investigado por su participación en las interceptaciones ilegales realizadas contra Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia, en un caso que surgió tras la investigación por el hurto de dinero ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República.Con la decisión judicial, se suspendió de manera parcial la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante un periodo de 12 meses, luego de que el oficial aceptara su responsabilidad por ese delito y se comprometiera a colaborar con la justicia como testigo de cargo en los procesos relacionados con las interceptaciones ilegales de las que fue víctima Marelbys Meza.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, para la época de los hechos Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y, presuntamente, participó en la elaboración de documentos falsos que sirvieron de soporte para obtener órdenes de interceptación de manera irregular.El ente acusador estableció que el oficial habría intervenido en la falsificación de informes y del formato de entrevista a fuente no formal, documentos en los que se aseguró, de manera presuntamente falsa, que las personas interceptadas hacían parte de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá. Con ese sustento se habrían obtenido las autorizaciones judiciales para realizar las interceptaciones.La investigación tiene origen en el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de Laura Sarabia. Durante las actuaciones adelantadas por las autoridades se detectaron las presuntas irregularidades que dieron lugar a las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, caso que posteriormente abrió una investigación penal independiente.Aunque el juez avaló el principio de oportunidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones, el proceso penal contra el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, conductas que siguen siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
La Fiscalía presentará escrito de acusación contra el coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de la Presidencia, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El proceso se enmarca en la investigación por la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La audiencia de acusación está programada para el próximo 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Con esta diligencia, el proceso judicial se reanuda luego de cerca de dos años del inició del proceso judicial.De acuerdo con la Fiscalía, el coronel Feria habría tenido un papel determinante en los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando Marelbys Meza fue contactada para realizarle una prueba de polígrafo. Según el ente acusador, los uniformados actuaron siguiendo órdenes e instrucciones directas del entonces jefe de la Oficina de Protección Presidencial.Según las autoridades, sin que existiera una orden judicial que lo respaldara, Meza fue conducida a un cuarto especial donde fue sometida a una prueba de polígrafo. Durante el procedimiento, se le habrían formulado preguntas relacionadas con el paradero de una maleta que contenía dinero en efectivo y documentos que habrían desaparecido de la residencia de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre.Para la Fiscalía, el objetivo de la diligencia habría sido ubicar un dinero que, según la investigación, habría sido robado el 29 de enero de 2023 a la entonces alta funcionaria del Gobierno. El ente acusador sostiene que el coronel Feria habría ordenado a otros miembros de la institución adelantar las actuaciones para esclarecer ese hecho, utilizando para ello recursos del Estado.En su acusación, la Fiscalía considera que tanto el coronel Feria como los demás funcionarios involucrados habrían abusado de su cargo y de la autoridad que les confería su posición, vulnerando la autonomía y los derechos de Marelbys Meza al someterla a un procedimiento para el cual no estaba legalmente obligada. Además, señala que la prueba del polígrafo está autorizada únicamente para personal vinculado al Gobierno nacional, y no para particulares o trabajadores externos, como era el caso de la exniñera.Por estos mismos hechos, también serán acusados el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en la ejecución de las órdenes impartidas por el coronel Feria.
En un fallo de única instancia, el Consejo de Estado determinó que la conducta dolosa de Bernardo Moreno fue determinante para que el Dapre fuera condenado en un proceso de reparación directa, relacionado con seguimientos e interceptaciones ilegales contra el exmagistrado auxiliar Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y su familia.La decisión señala además que el exfuncionario durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe deberá responder económicamente por el valor del dinero que pagó el Estado como indemnización, luego de comprobarse que fue penal y disciplinariamente responsable por los mismos hechos que originaron la condena contra el Departamento Administrativo de la Presidencia.El Consejo de Estado recordó en su fallo que Bernardo Moreno fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos como abuso de autoridad, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, y sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad por 18 años.La condena de Bernardo Moreno por las 'chuzadas del DAS'En junio del año pasado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Bernardo Moreno por su participación en una red de seguimientos e interceptaciones ilegales durante los años 2007 y 2008.Ambos exfuncionarios fueron hallados responsables de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público. La Corte Suprema de Justicia en su decisión también rechazó la solicitud de nulidad del proceso y declaró la preclusión de la actuación únicamente por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
El Juzgado 53 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa a 136 meses de prisión (11 años), una multa de 400 Salarios mínimos mensuales vigentes y una inhabilidad de 161 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas; y al patrullero Jhon Fredy Morales a 146 meses de prisión (12 años), multa equivalente a 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 175 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones en el caso chuzadas Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.Los uniformados fueron hallados culpables de presentar informes y datos falsos, lo que llevó a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran interceptaciones ilegales a las comunicaciones de Meza y de su compañera de trabajo, Fabiola Perea.Durante el proceso judicial, la Fiscalía probó que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran seguimientos telefónicos. Con esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.Según la Fiscalía, el propósito de las interceptaciones ilegales era esclarecer la desaparición de una maleta con dinero del apartamento de Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.El testimonio de Marelbys Meza fue determinante para esclarecer los hechos. En audiencia, relató los abusos que sufrió durante la prueba del polígrafo a la que fue sometida y las presiones psicológicas que padeció. La mujer describió el impacto que el caso tuvo en su vida y recordó haber insistido en someterse al polígrafo para “aclarar todo y volver a trabajar”, sin imaginar que se convertiría en víctima de un montaje judicial.
El Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero John Fredy Morales por haber presentado informes y elementos materiales probatorios con información falsa que hicieron incurrir en error a fiscales y jueces, quienes finalmente autorizaron las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, en el caso conocido como las “chuzadas” a la exniñera de la excanciller y actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia.La juez los halló culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró que los dos uniformados fueron determinantes en la redacción de documentos con datos ficticios que llevaron a que fiscales y jueces del Chocó autorizaran los seguimientos telefónicos. En esos informes, Meza fue identificada con el alias de 'La Madrina' y su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como 'La Cocinera', supuestamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.La juez aseguró que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.De acuerdo con la investigación, el objetivo final era indagar la desaparición de una maleta con dinero en el apartamento de la entonces canciller Laura Sarabia, señalando inicialmente como sospechosas a Meza y a Perea.Durante el juicio oral, fueron fundamentales las declaraciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien describió la insistencia de los hoy condenados para dar curso a las interceptaciones.“Ese carácter apremiante se corroboró con las manifestaciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien relató que el capitán Carlos Andrés Correa le insistió reiteradamente en que debía tramitarse con urgencia la orden de interceptación, presionando para que el procedimiento se evacuara con la mayor celeridad. Aspecto que se aúna, sin lugar a dudas, para inferir que la información no provenía de un hallazgo objetivo y verificable, sino de un interés particular en que el trámite se materializara sin demora”, señaló la juez.La diligencia judicial continuará el próximo 28 de octubre, cuando se conocerán más decisiones frente a los responsables del caso.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los policías Hermes González y Edwin Méndez por el delito de abuso de función pública, dentro del proceso que investiga las denominadas chuzadas contra Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefa de gabinete y posterior canciller, Laura Sarabia.Como presuntas víctimas de estos actos figuran Marelbys Meza, así como Lucelia y Johnson, dos personas allegadas a la exniñera de Sarabia y que, desde el inicio, habría sido perjudicadas por este montaje realizado por algunos miembros de la Policía.Según la investigación, González habría realizado de forma irregular una inspección a la hoja de vida de Johnson, allegado de Meza, sin autorización judicial. De igual manera, se le atribuye, junto a Méndez, la práctica de inspecciones en la terminal de transporte con el propósito de dar con el paradero de una suma millonaria de dinero que se habría extraviado de la casa de Sarabia. Estas actuaciones se habrían realizado al margen de la ley y sin control de las autoridades competentes.Ya hay condenados por el caso de chuzadasEste nuevo capítulo se suma a la condena ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá contra el intendente Alfonso Quinchanego y la patrullera Dana Canizares, quienes aceptaron su responsabilidad y llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos fueron sentenciados a diez años de cárcel, convirtiéndose en los primeros policías condenados dentro del escándalo.En contraste, ni Hermes González ni Edwin Méndez aceptaron los cargos imputados. La Fiscalía deberá presentar ante los jueces los elementos de prueba que respalden las acusaciones por abuso de función pública, delito que castiga la utilización de la investidura oficial para fines distintos a los autorizados por la ley.El escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza continúa así ampliando su alcance judicial y político, evidenciando un uso indebido de los recursos del Estado.
La Fiscalía General de la Nación solicitará este viernes, 2 de mayo, la preclusión de un delito en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionada con presuntas interceptaciones ilegales a los negociadores del proceso de paz con las Farc. La Fiscalía explicó que pedirá la preclusión parcial de uno de los cuatro delitos por los que se investiga al expresidente Álvaro Uribe por las presuntas ‘chuzadas’ a los exnegociadores del acuerdo de paz con las Farc. Según la Fiscalía, prescribió el delito de concierto para delinquir.Esta decisión se produce tras nueve años de indagaciones en las que no se encontraron pruebas concluyentes que vinculen al exmandatario con dichas actividades ilícitas.El caso se remonta a 2014, cuando se reveló la existencia de una oficina clandestina de inteligencia militar, conocida como “Andrómeda”, desde la cual se habrían interceptado comunicaciones de los negociadores del Gobierno y de las Farc durante las conversaciones de paz en La Habana. Entre los afectados se encontraban Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, y Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz en ese entonces.Uno de los principales involucrados en el escándalo fue el hacker Andrés Sepúlveda, quien aseguró haber realizado interceptaciones ilegales con el objetivo de afectar el proceso de paz y favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años de prisión por delitos relacionados con espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales, afirmó que sus actividades contaban con el respaldo de sectores cercanos al uribismo. Sin embargo, la justicia no halló pruebas que vincularan directamente a Álvaro Uribe con estas acciones.Aunque inicialmente se especuló sobre la posible implicación de altos funcionarios en estas interceptaciones, las investigaciones no lograron establecer una conexión directa con el expresidente Uribe. De hecho, otros involucrados en casos relacionados, como Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña del 2014, fueron exonerados de responsabilidad.
La audiencia de formulación de imputación contra el mayor Duván Muñoz y el capitán Óscar Mojica, oficiales de la Policía Nacional acusados de presuntas interceptaciones ilegales a Marelbys Meza en febrero de 2023, quedó en suspenso luego de que la juez 56 penal municipal de control de garantías se declarara incompetente para conocer el caso. Ahora, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre qué jurisdicción deberá adelantar el proceso.La Fiscalía tenía todo listo para imputar a los dos oficiales cinco delitos relacionados con las interceptaciones ilegales a Meza, exniñera del hijo de la canciller Laura Sarabia. Estas supuestas interceptaciones ilegales se habrían llevado a cabo por la desaparición de una suma de dinero en la residencia de la alta funcionaria del Gobierno Petro.Los delitos que la Fiscalía pretendía imputar a los oficiales son:Fraude procesalFalsedad ideológica en documento públicoFalsedad material en documento públicoInterceptación ilegal de comunicacionesAbuso de autoridadSegún la tesis del ente acusador, Muñoz y Mojica habrían trabajado en conjunto con otros dos policías ya condenados por los mismos hechos: Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua, quienes aceptaron cargos. El objetivo de la supuesta maniobra ilegal habría sido interceptar las comunicaciones de Meza para determinar si estuvo involucrada en el robo del dinero.En el marco de este proceso, Dana Canizales ha manifestado su intención de colaborar con la justicia. La Fiscalía acordó con ella un principio de oportunidad, figura que le otorgaría beneficios penales a cambio de información relevante sobre otras conductas punibles. Sin embargo, un juez negó la solicitud al considerar que no se cumplían ciertos requisitos. Ahora, el acuerdo deberá ser presentado nuevamente con los ajustes correspondientes para su posible aprobación.Otro proceso contra Duván Muñoz también está en la Corte ConstitucionalEste no es el único proceso que involucra al mayor Duván Muñoz en el alto tribunal. En otro expediente, también en manos de la Corte Constitucional, se investiga si la jurisdicción competente para juzgarlo debe ser la justicia penal militar o la justicia ordinaria. En ese caso, Muñoz es señalado por presuntas intimidaciones tras practicarle una prueba de polígrafo de manera irregular. Se espera que este proceso tenga una decisión en el primer semestre del año.En cuanto al radicado sobre las chuzadas a Marelbys Meza, la Corte Constitucional podría dar una respuesta en un plazo aproximado de seis meses.
El caso se remonta al año 2023, cuando Fabiola Perea trabajaba para Laura Sarabia, entonces jefa del despacho presidencial, en ese sentido para esa época tuvo lugar la presunta desaparición de 4.000 dólares en la residencia de Sarabia llevó a que las autoridades solicitaran la intervención de comunicaciones de Fabiola Perea y otra empleada, Marelbys Meza.En los documentos presentados, Perea fue señalada como alias 'La Cocinera', supuesta integrante del Clan del Golfo, con el fin de justificar la medida.Según la solicitud, las acciones ilegales generaron graves afectaciones a la vida personal, dignidad y reputación de la señora Perea, quien desde entonces no ha podido conseguir empleo debido a la estigmatización sufrida luego de que Fabiola Perea fuera señalada de tener vínculos con ese grupo criminal.La solicitud de reparación pide una indemnización equivalente a 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que asciende a 640.575.000 pesos.La solicitud también pide a las entidades involucradas en el caso, que son: el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y la Fiscalía General de la Nación, a ofrecer un acto público de disculpa a Fabiola Perea.Dicha solicitud, fue presentada ante la Procuraduría Delegada para los Juzgados Administrativos, para que se convoque una audiencia para discutir el caso que ha generado una larga batalla judicial en el país.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme sentencia a 63 meses de cárcel, más de cinco años, contra dos funcionarios del expresidente Álvaro Uribe: Edmundo del Castillo, secretario jurídico, y César Mauricio Velásquez, secretario de comunicaciones, por las chuzadas del DAS y presunto pago de testigos falsos en la Yidis Política. El primero de ellos negó, en diálogo con Meridiano Blu, estar vinculado con algún delito."El episodio mío en eso es que me llamaron a una reunión un día y me preguntaron si un señor había sido extraditado. Entregué una resolución y eso me convierte en criminal, ese es el tema, nunca llevé información a ningún medio de comunicación. La entregué para que supieran si alguien estaba o no extraditado, de ahí en adelante no sé qué hicieron con la información", indicó Edmundo del Castillo, señalado de concierto para delinquir.Además, el exsecretario jurídico del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez afirmó que nunca ordenó, hizo o participó del tema de chuzadas y resaltó que, aún así, es "una persona que siempre le ha puesto la cara a la justicia".>>> En contexto: En firme condena contra exsecretarios jurídico y de prensa de Uribe por “chuzadas”Preguntado sobre si hubo estrategias de desprestigio contra la Corte Suprema, Edmundo cuestionó si ese delito realmente existe y afirmó, de paso que desde su labor en el Gobierno de Uribe "no había ningún tema distinto a trabajar por el país".Lo que sí reconoció en diálogo con Blu fue que conoció a Gloria Congote, la periodista que filtró la información, y aunque alguna vez -dijo- le llevó información, esta fue de "un tema absolutamente distinto a este" por el cual fue sentenciado."La realidad del tema es una gran falacia porque jamás le llevé a la Revista Semana información del caso paseo, por que no fui yo, es una gran mentira. No participé en el tema de reelección de Uribe. Yo recibí en mi secretaría jurídica a todo el mundo, sin propósito de hacer ningún daño", añadió Edmundo.Finalmente, el abogado afirmó que acudirá a instancias internacionales para continuar con el proceso jurídico que hoy lo tiene sentenciado a 5 años de cárcel en prisión domiciliaria: "Claro, voy con toda. Ese es un tema de injusticia, es una cosa increíble. Voy con Derechos Humanos y con tutela, aquí nadie ha hecho nada indebido. Trabajé tres años en un tema técnico", concluyo, señalando que, en ningún momento, se arrepiente de haber formado parte del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes a gran parte de Colombia, dejando varias víctimas y daños en estructuras de ciudades como Manizales, Cali, Pereira y Quibdó.El sismo ocurrió sobre las 7:34 de la mañana y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según lo revelado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El terremoto, que se sintió en diferentes regiones del territorio nacional, ha generado preocupación entre los colombianos ante el temor de posibles réplicas, teniendo en cuenta lo ocurrido en junio en Venezuela, con sismos que dejaron miles de muertos tras un doble movimiento.Ante ello, en WhatsApp comenzaron a circular mensajes de alerta sobre una posible réplica, lo que generó preocupación entre la ciudadanía, por lo que el IDEAM salió a aclarar estos rumores.IDEAM aclara sobre posible réplica del temblorAnte la preocupación por posibles réplicas, el IDEAM señaló que la información que ha circulado en redes como WhatsApp "es falsa y no corresponde a ningún pronunciamiento oficial del Instituto".Y es que, según la institución, el IDEAM no tiene facultades para predecir la ocurrencia de sismos, tal como lo señala el mensaje que circula en WhatsApp, sino que el seguimiento de la actividad sísmica en el país corresponde al Servicio Geológico Colombiano (SGC).Por lo anterior, las autoridades invitaron a la ciudadanía a no compartir información sin verificar y a consultar solamente los canales oficiales.¿Qué dice el SGC sobre una réplica sísmica?Ante ello, el Servicio Geológico Colombiano señaló que, de momento, se han presentado tres réplicas de magnitudes 2,8; 4,8 y 3.8, por lo que solicitó estar pendientes de las cuentas oficiales del SGC para verificar si se presentan nuevos movimientos.Adicionalmente, el Servicio Geológico Colombiano señaló que este temblor también se sintió en Venezuela, Ecuador y Panamá, por lo que continuará monitoreando la actividad sísmica para ofrecer información oportuna.Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano para conocer las actualizaciones sobre el comportamiento sísmico en el país.
Desde la madrugada de este domingo se encuentra hospitalizado el maestro Juan Piña, debido a una isquemia transitoria que sufrió recientemente y que obligó su traslado a un centro médico de Barranquilla, donde afortunadamente logró ser estabilizado y se encuentra en recuperación.Allegados al artista informaron a Blu Radio que el cantante sucreño, de 75 años, había sido sometido a un cateterismo la semana pasada y que dos días después del procedimiento sufrió este cuadro de isquemia.Explicaron que, debido a su condición inicial de salud, el artista debió ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos; sin embargo, fue un episodio transitorio, ha ido respondiendo satisfactoriamente al tratamiento suministrado y podría ser remitido a hospitalización en piso, lo que arroja un parte de tranquilidad para sus familiares y seguidores.Sus allegados informaron que el intérprete pasó buena noche, está consciente, y pudo conversar coherentemente con su esposa, Elisa Gamba, quien lo ha estado acompañando en este momento.Juan Piña es cantante, compositor y director de orquesta, ha desarrollado una trayectoria de más de seis décadas y es reconocido por haber llevado la cumbia, el porro y el vallenato de la región sabanera a escenarios nacionales e internacionales.Entre sus principales distinciones se encuentran un Grammy Latino 2012 por el álbum ‘Le canta a San Jacinto’, en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato, además de cuatro Congos de Oro del Carnaval de Barranquilla (1980, 1981, 1983 y 1993).Entre sus éxitos más famosos se encuentran ‘La rama del tamarindo’, ‘La canillona’, ‘Compañera’, ‘Te perdí’, ‘Baila Simón’ y ‘El almirante Padilla’.
En medio de la devastación que sacude a la capital del Valle del Cauca tras el sismo que sacudió este lunes al país, el periodista José Patiño habló con Blu radio y compartió un desgarrador testimonio sobre la situación de su padre, Darío Patiño, quien se encuentra atrapado bajo los escombros de casa ubicada en Torres de Limonar, en el barrio Ciudad Capri, al sur de Cali. Desde el aeropuerto de Bogotá, mientras intentaba abordar un vuelo hacia Cali, Patiño describió la pesadilla que vive su familia. Según el comunicador, sus familiares en el lugar están intentando remover los escombros con sus propias manos en un esfuerzo desesperado por rescatar a su padre.Le puede interesar: Duras afectaciones en Manizales tras sismo de 7.4 en Colombia: varios edificios desplomados"Nunca me imaginé estar de este lado de la noticia. La foto que me mandaron mis familiares que están ahí intentando con sus propias manos levantar los escombros es que todo el edificio cayó. Mi padre no volvió a contestar. no contesta. Lo que sé es que alguien de los que está ahí, de los vecinos, escuchó que mi papá dijo, 'Darío Patiño'. Mi papá está vivo, requerimos urgente a las autoridades para que ayuden a levantar los escombros y esperamos que logren el rescate", relató.Cali bajo emergencia máximaEl caso de la familia Patiño es solo uno de los múltiples dramas que enfrenta la ciudad. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que existen al menos 12 puntos críticos de colapsos, incluyendo desplomes parciales en infraestructuras clave como el Hospital Universitario del Valle.Otros sectores gravemente afectados incluyen:Calle Quinta con 24: Donde ya se han rescatado a una mujer de la tercera edad y a una menor de edad con vida.Barrio Guadalupe: Cerca del centro comercial Mall Plaza.Autopista Sur: Donde se reporta el colapso de un motel.Rescatistas piden silencio para hallar vidaEn los puntos de desastre, los cuerpos de socorro, integrados por Bomberos, Policía y Defensa Civil, han solicitado a la ciudadanía y a los medios de comunicación mantener silencio absoluto. Esta medida es vital para que los rescatistas puedan escuchar las voces o señales de las personas que aún permanecen atrapadas bajo las estructuras de concreto.Mientras tanto, se ha hecho un llamado urgente a los ciudadanos que residan en edificaciones con grietas grandes o fallas estructurales evidentes para que las abandonen de inmediato y permanezcan en espacios abiertos. La prioridad absoluta en este momento es el rescate de sobrevivientes en una carrera contra el tiempo que mantiene en vilo a todo el país.Escuche la entrevista aquí:
Al menos 18 personas murieron este lunes en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, según confirmó el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar.El movimiento telúrico provocó afectaciones en diferentes zonas del territorio colombiano, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños ocasionados por el fuerte sismo.El aeropuerto Matecaña, uno de los puntos afectados en Pereira, concentra parte de las víctimas reportadas hasta el momento. De acuerdo con el balance entregado por el mandatario local, tres de los fallecidos se encontraban en esta terminal aérea. El alcalde de Pereira confirmó que el terremoto deja al menos 18 personas fallecidas en la ciudad. Este es el primer balance entregado por la administración municipal sobre las consecuencias del movimiento telúrico.La cifra corresponde a víctimas registradas en Pereira, una de las ciudades afectadas por el sismo de magnitud 7,4 que se sintió en buena parte del territorio colombiano.En ese sentido, el mandatario local añadió que las autoridades continúan con la atención de la emergencia y la revisión de las zonas que pudieron resultar afectadas por el terremoto.Aeropuerto Matecaña de Pereira, uno de los más afectados El aeropuerto Matecaña fue uno de los lugares señalados entre los puntos con mayores afectaciones en Pereira. El balance conocido hasta ahora no precisa el número total de personas heridas ni detalla la cantidad de edificaciones afectadas en la ciudad.Por ahora, el reporte entregado por el alcalde de Pereira establece en 18 el número de personas fallecidas en la ciudad, mientras continúan las labores de atención y evaluación tras el fuerte movimiento telúrico.
Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto, y dejó al menos 24 personas muertas, según el balance preliminar conocido durante la mañana. La emergencia ha provocado graves daños en edificaciones y mantiene desplegados a organismos de socorro en diferentes regiones del país.El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano. El sismo fue sentido con fuerza en buena parte del territorio nacional, incluidas Bogotá, Cali, Pereira y Manizales.Al menos 24 personas han muerto por el terremotoEl balance de víctimas continúa en actualización debido a que los organismos de emergencia siguen realizando labores de búsqueda y rescate. De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, Pereira concentra el mayor número de víctimas mortales, mientras que también se han confirmado fallecimientos en Manizales, Cali, Roldanillo y diferentes municipios del Valle del Cauca y Chocó.Durante el reporte de la emergencia se confirmó además la muerte de tres niños en el Valle del Cauca, después de que una pared les cayera encima durante el terremoto. Las autoridades todavía trabajan para establecer las circunstancias exactas en las que se encontraban los menores. La cifra también aumentó con reportes de personas fallecidas en municipios como Zarzal y Buenaventura, mientras continúa el barrido de las zonas afectadas.Continúan las labores de rescate en edificios colapsadosUno de los puntos críticos de la emergencia se encuentra en una edificación de cuatro pisos que colapsó y donde los organismos de socorro continúan retirando escombros. Un sobreviviente identificado como Ricardo relató la situación y pidió ayuda de las autoridades municipales para las familias que perdieron sus viviendas.Según su estimación, al menos 15 personas podrían permanecer atrapadas entre los escombros del edificio. Bomberos y equipos de rescate mantienen las labores para localizar a posibles sobrevivientes.La emergencia ha dejado además daños graves en edificaciones de varias ciudades. En Cali se reportaron cerca de una veintena de estructuras con afectaciones graves, mientras que Pereira y Manizales también registraron daños estructurales.Pereira y Manizales, entre las ciudades más afectadasEl alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó un elevado número de víctimas mortales en la ciudad y señaló que los equipos de emergencia trabajan en diferentes puntos para establecer la magnitud de los daños.En Manizales también se reportaron personas fallecidas y afectaciones en edificaciones. La situación permanece en evaluación mientras los organismos de socorro realizan recorridos y verificaciones para determinar si existen más personas atrapadas o heridas.Cali registra edificios afectados por el sismoCali fue otra de las ciudades donde el terremoto se sintió con intensidad. Las autoridades reportaron edificaciones con graves daños y estructuras colapsadas, por lo que se desplegaron equipos de emergencia para atender la situación. Las autoridades mantienen la recomendación de permanecer atentos a las instrucciones oficiales y evitar ingresar a edificaciones que presenten daños estructurales.Bogotá no reporta daños estructurales, según el alcaldeEn Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que, hasta el momento del reporte, no se habían registrado afectaciones ni daños estructurales en los edificios de la capital. El terremoto, sin embargo, fue sentido con fuerza por los habitantes de la ciudad y generó evacuaciones preventivas en algunos sectores.Gobierno activa Puesto de Mando UnificadoEl presidente Abelardo de la Espriella convocó un comité de emergencia para coordinar la respuesta ante los daños ocasionados por el terremoto y anunció su desplazamiento a Pereira, una de las zonas más afectadas. El mandatario informó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de los damnificados y las labores de emergencia."El Estado está presente y actuando", señaló el presidente al referirse a la respuesta institucional. El vicepresidente José Manuel Restrepo también expresó su solidaridad con las familias afectadas y señaló que la prioridad es proteger la vida, rescatar a las personas atrapadas y atender a los heridos.Autoridades mantienen evaluación de dañosLos organismos de emergencia continúan realizando un barrido en las zonas afectadas para establecer el número de personas fallecidas, heridas y desaparecidas, además de determinar la cantidad de viviendas y edificaciones afectadas. La cifra de víctimas podría cambiar durante las próximas horas a medida que avancen las labores de rescate y las autoridades territoriales consoliden sus reportes.
