Chuzadas Marelbys Meza: imputan a dos policías por el delito de abuso de función pública
Ahora hay otras dos víctimas en este caso y que son allegados a la exniñera Marelbys Meza. Conozca los detalles de lo que hicieron estos policías.
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La Fiscalía General de la Nación imputó a los policías Hermes González y Edwin Méndez por el delito de abuso de función pública, dentro del proceso que investiga las denominadas chuzadas contra Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefa de gabinete y posterior canciller, Laura Sarabia.
Como presuntas víctimas de estos actos figuran Marelbys Meza, así como Lucelia y Johnson, dos personas allegadas a la exniñera de Sarabia y que, desde el inicio, habría sido perjudicadas por este montaje realizado por algunos miembros de la Policía.
Según la investigación, González habría realizado de forma irregular una inspección a la hoja de vida de Johnson, allegado de Meza, sin autorización judicial. De igual manera, se le atribuye, junto a Méndez, la práctica de inspecciones en la terminal de transporte con el propósito de dar con el paradero de una suma millonaria de dinero que se habría extraviado de la casa de Sarabia. Estas actuaciones se habrían realizado al margen de la ley y sin control de las autoridades competentes.
Este nuevo capítulo se suma a la condena ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá contra el intendente Alfonso Quinchanego y la patrullera Dana Canizares, quienes aceptaron su responsabilidad y llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos fueron sentenciados a diez años de cárcel, convirtiéndose en los primeros policías condenados dentro del escándalo.
En contraste, ni Hermes González ni Edwin Méndez aceptaron los cargos imputados. La Fiscalía deberá presentar ante los jueces los elementos de prueba que respalden las acusaciones por abuso de función pública, delito que castiga la utilización de la investidura oficial para fines distintos a los autorizados por la ley.
El escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza continúa así ampliando su alcance judicial y político, evidenciando un uso indebido de los recursos del Estado.