Casa por cárcel para policías que habrían chuzado ilegalmente en caso ‘Ñeñe’

El juez 62 de garantías de Bogotá envió a casa por cárcel al mayor Yeferson Fabián Tocarruncho y al sargento Wadith Miguel Velásquez, capturados por interceptar ilegalmente, supuestamente, a cinco de sus compañeros en Cali en medio del proceso en el que investigaban al ‘Ñeñe’ Hernández como supuesto determinador del homicidio de Óscar Rodríguez, hijo del sastre Carlos Rodríguez de Barranquilla.

Según la Fiscalía, los dos policías cometieron el ilícito con el fin de establecer si se habían robado unos dineros en un allanamiento en Cali.

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“Para el hecho si existe una inferencia razonable de autoría, hay varios elementos que dan cuenta de la posible participación del mayor Tocarruncho y del sargento Wadith Velásquez. Existía un móvil que fue el que provocó toda esa serie de actuaciones irregulares”, señaló el juez.

El abogado de los policías, Miguel del Río, había planteado que se trataba de un montaje judicial que había iniciado en el 2017, cuando el entonces subdirector de la Policía, general Ricardo Restrepo, había tratado de trasladarlo como un supuesto mandado de ‘Marquitos’ Figueroa a través de su amigo el ‘Ñeñe’ Hernández.

Incluso, que en el 2019 les habían contado que se venía un montaje judicial por el que ‘Marquitos’ había ordenado pagar “lo que fuera necesario” a altas esferas de la justicia.

El juez desvirtuó esa hipótesis, pues aseguró que no había pruebas de ello.

“Se trata de un complot judicial, pueden existir esas intenciones, pero en el caso en concreto debería demostrarse si efectivamente al fiscal Daniel Hernández o a sus superiores se les ha entregado alguna dádiva. No hay ni un solo elemento de prueba que diga que la Fiscalía o el delegado ha sido comprado por grupos delincuenciales”, argumentó el juez 62 de garantías.

El mayor de la Policía Yeferson Fabián Tocarruncho y del sargento de la Policía Wadith Miguel Velásquez se declararon inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y uso ilícito de comunicaciones.