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Luego de casi tres décadas de impunidad, la Fiscalía declaró como crimen de lesa humanidad el caso de Nydia Erika Bautista, desaparecida, torturada y asesinada en 1987.
Según la decisión judicial, “lo ocurrido a Nydia Erika Bautista no fue un hecho aislado ni un exceso individual, sino parte de un ataque generalizado y sistemático ejecutado desde estructuras de inteligencia militar contra un sector de la población civil señalado como ‘subversión’”.
La providencia también establece que los hechos se cometieron con planeación, pleno conocimiento de su ilegalidad y estuvieron acompañados de maniobras de encubrimiento, alteración de registros, desaparición de evidencias y desvío de las investigaciones.
La declaratoria fue celebrada por la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos (FUNEB), que durante años acompañó la búsqueda de verdad y justicia liderada por la familia Bautista Montañez.
Según la organización, la decisión llega después de 29 años de impunidad y 17 años de litigio, en un proceso marcado por cambios reiterados de fiscales, respuestas institucionales insuficientes y una investigación que incluso fue precluida en 2004.
La providencia establece que Bautista fue víctima de desaparición forzada, tortura, violencia sexual y homicidio, crímenes que habrían sido cometidos por agentes del Estado con planeación y conocimiento de su ilegalidad.
“La motivación resalta que los agentes actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus conductas, que sus acciones hacían parte de un plan criminal y que desplegaron maniobras de encubrimiento, entre ellas alteración de registros, desaparición de elementos, cambios en vehículos, presentación de testigos falsos y pactos de silencio entre altos mandos del Ejército”.
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Para la Fundación, uno de los aspectos más significativos de la decisión es el reconocimiento explícito de las violencias basadas en género, al establecer que Bautista fue sometida a tratos crueles e inhumanos y violencia sexual antes de ser asesinada. Durante años, estas violencias, según la organización, fueron negadas o tratadas como hechos secundarios dentro del proceso judicial.
La Fiscalía también determinó que los hechos deben entenderse dentro de un plan criminal ejecutado por estructuras de inteligencia militar, dirigido contra personas identificadas como simpatizantes o integrantes del movimiento guerrillero M-19. Este reconocimiento, según la Fundación, desmonta décadas de estigmatización contra mujeres señaladas por su cercanía con ese grupo y reafirma que Bautista fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se pronunció sobre la decisión y destacó que la declaratoria constituye un paso clave en la lucha contra la impunidad. El organismo señaló que el reconocimiento de estos crímenes, representa “un precedente fundamental para la justicia en Colombia, en particular para las mujeres víctimas de persecución política y violencia basada en género”.
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La ONU también resaltó la persistencia de la familia Bautista Montañez, que durante décadas ha liderado la exigencia de verdad y justicia pese a enfrentar obstáculos y riesgos. En ese contexto recordó la lucha de Yanette Bautista, hermana de la víctima y defensora de derechos humanos fallecida en 2025, cuyo trabajo fue clave para mantener el caso activo.
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