Los ocho presuntos integrantes de la red delictiva al parecer se encargaban de sacar armas de fuego y munición de uso exclusivo de las fuerza pública para venderlas a estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el ‘Clan del Golfo’.
Algunos procesados hacen parte del personal activo del Ejército y, al parecer, aprovechaban sus cargos para extraer pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos de diferentes calibres y comercializarlos y distribuirlos a los grupos armados ilegales.
Durante la audiencia, el fiscal hizo referencia al soldado profesional (r) Pedro Javier Ciro Restrepo, quien se habría retirado de las fuerzas militares para evadir la justicia y en el procedimiento de captura presentó una cédula falsa.
Entre los detenidos también está el soldado profesional retirado Arbey Panqueva Neira y el civil Virgilio Bonilla Díaz, quienes fueron condenados por el delito de tráfico de armas, pese a que ya cumplían detención en los lugares de residencia y, presuntamente, continuaban con las actividades ilegales.
La evidencia indica que los dineros producto de las negociaciones ilícitas eran enviados a través de empresas de giros. Según la investigación, hasta el momento se han documentado pagos por más de 50 millones de pesos, entre 2017 y 2022.
A las ocho personas capturadas un fiscal les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; enriquecimiento ilícito y uso de documento falso.
Solo el soldado profesional Milton de Jesús Ávila Ortiz aceptó los cargos, tras las capturas que se dieron en Antioquia, Meta, Risaralda y Huila después de los operativos realizados por las autoridades.
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