La disputa por el control territorial y las rentas criminales siguen agravando el panorama humanitario en el Norte de Antioquia tras reportarse en las últimas horas un nuevo desplazamiento masivo en el municipio de Briceño.Según indicaron a Blu Radio fuentes de la zona, fuertes confrontaciones entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc en el corregimiento Las Auras generaron la llegada de al menos un grupo de 96 personas al casco urbano.La situación ha generado temor en la población civil particularmente por el uso de drones cargados con explosivos muy cerca de centros urbanos y viviendas. En los más recientes hechos una persona resultó herida de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial de mayor complejidad en el municipio de Yarumal. El reporte es del secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez."Hubo el lanzamiento aproximadamente de 5 o 6 drones que causaron daños materiales a varias viviendas de del corregimiento y heridas a una persona", destacó.Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, destacó que hay solicitudes en materia de seguridad por parte de los mismos pobladores que siguen sin ser atendidas."Evidentemente, es una situación de riesgo constante, inminente, en este territorio, y que ellos han buscado, de muchas maneras, que las autoridades le presten atención a estas a esta situación. Los enfrentamientos son constantes, la presión de grupos armados es constante. Lo que buscan en las comunidades es que se proteja la vida de dignidad", recalcó Zapata.Sobre el panorama de orden público, en los últimos días la Gobernación de Antioquia destacó que ha fortalecido la presencia institucional en la localidad y por parte de la fuerza pública se mantienen activos al menos tres focos priorizados en zona urbana.No obstante, está pendiente la llegada vía aérea de nuevos hombres de la Policía y el Ejército a las zonas más afectadas, mientras que también se está a la espera de un consejo de seguridad encabezado por el Ministerio de Defensa para hacer un seguimiento a compromisos institucionales adquiridos en los últimos meses con el territorio.
La investigación por el ataque armado que generó consternación en el Norte de Antioquia el pasado 19 de abril registró avances en las últimas horas con el envío a prisión de un hombre señalado de participar en la acción criminal que dejó dos personas muertas y seis más heridas en un establecimiento comercial del municipio de Yarumal.Se trata de Juan Felipe Jaramillo Villegas, conocido con los alias de ‘Cofla’ o ‘Federico’, quien fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, aunque no aceptó los cargos formulados durante las audiencias preliminares.De acuerdo con la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que el ataque fue ejecutado por dos hombres armados que abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el establecimiento, en un hecho que estaría relacionado con la confrontación entre estructuras ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de ‘Calarcá’ por el dominio de economías criminales en dicha subregión de Antioquia.Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Jaramillo Villegas los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte y fabricación ilegal de armas de fuego, así como porte de armamento y municiones de uso restringido.Al momento de su captura, las autoridades le incautaron a Jaramillo una granada de fragmentación, una pistola traumática, documentos relacionados con el Clan del Golfo y varias prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas durante el ataque sicarial.
Se cumplen cerca de 12 horas desde que el municipio de Segovia es el epicentro del conflicto en el departamento luego de que mineros informales tomaran las vías de hecho para rechazar una intervención de las autoridades. Estos hechos dejan un muerto, dos heridos y seis vehículos incendiados.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó en su cuenta de X que, “los criminales del Clan del Golfo están azotando a Segovia como retaliación por los operativos contra la minería ilegal. Respaldamos las acciones judiciales y de la fuerza pública”.Según el mandatario detrás del accionar criminal de las últimas horas hay interés económicos del Clan del Golfo y por ello se hizo un Consejo de Seguridad para coordinar la respuesta institucional y tratar de contener esta situación que ha generado zozobra en el Nordeste antioqueño.Dentro de las conclusiones de la reunión, está la solicitud a la Alcaldía de Segovia de elaborar un decreto con medidas administrativas como, por ejemplo, la restricción de parrillero. También se hizo una solicitud para que la Policía Antioquia amplíe sus capacidades en la zona, especialmente con hombres de la UNDMO para poder contener las protestas.Asimismo, durante la reunión de seguridad se solicitó la coordinación inmediata de la Brigada 14 y la Brigada 19 del Ejército Nacional para evitar bloqueos en las vías del Nordeste antioqueño en donde persisten cuatro bloqueos en los accesos al Segovia con quema de llantas, vehículos atravesados e incineración de motocicletas, camionetas y una volqueta.Rendón publicó un video en donde se logra apreciar a varias personas ocultando su rostro y tratando de bloquear las vías del municipio para evitar la respuesta de las autoridades en lo que el mandatario ha calificado como, “instrumentalización de algunos pobladores por parte de esa estructura criminal”.
En medio de la compleja situación de orden público en el Nordeste antioqueño, el Ejército Nacional confirmó que adelanta una operación militar en zona rural del municipio de Amalfi en donde se cuenta con la ayuda de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que el procedimiento está dirigido contra la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que se disputa el terreno con las disidencias y el ELN.En la zona del Nordeste antioqueño algunas personas han reportado fuertes detonaciones desde hace varias horas, uno de esos relatos lo conoció BLU Radio."Está prendido, están dando bombas y de todo, pero hay un voleo el berriondo de tres helicópteros y avionetas que están bombardeando por por todo esto", expresó.Mientras el operativo militar continúa en la zona rural de Amalfi, se espera un consolidado sobre los ataques contra el Clan del Golfo que, de momento, ha dejado a dos presuntos delincuentes abatidos.Hay que recordar que en el Nordeste antioqueño, como aseguran las autoridades departamentales, es en la única zona de Colombia en donde el Clan del Golfo se pelea el territorio contra una alianza de las disidencias y el ELN.
Luego de 11 días de que decenas de familias salieran desplazadas de zonas rurales de Segovia y Remedios por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias, la Gobernación de Antioquia confirmó que ya los afectados regresaron a sus viviendas con la compañía del Ejército Nacional.La situación fue tan grave en el Nordeste antioqueño que las autoridades reportaron en su momento el desplazamiento de 36 familias, integradas por 112 personas en el municipio de Segovia, mientras que otras 71 familias, conformadas por 237 personas, salieron huyendo de Remedios.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que ya la Fuerza Pública logró llegar a las zonas afectadas para brindarle la seguridad a las personas de volver a sus viviendas."Ya las familias regresaron a sitio, ahí está el Ejército, porque el Ejército llegó para garantizar seguridad en esa vereda que nos ocasionó ese ese desplazamiento, pero muy seguramente más adelante vuelve y se nos da, porque esta es una dinámica permanente en el departamento", aseguró el funcionario.Por ahora, las autoridades locales esperan que la presencia de las Fuerzas Militares sirva para que el orden público retorne a la normalidad en el Nordeste antioqueño a la espera que asuma Abelardo De La Espriella con sus promesas de intervenir las zonas de conflictividad.La Gobernación de Antioquia reiteró que lo que pasa en la subregión es único en el país, pues recordó que en Segovia y Remedios el ELN y las disidencias trabajan de la mano para poder enfrentar la creciente expansión del Clan del Golfo.
La Fuerza Pública ha emprendido una lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes en el Nordeste antioqueño y muestra de ello es que en menos de 24 horas dos laboratorios han sido destruidos por el Ejército Nacional, el último en zona rural de Amalfi.La operación fue adelantada por soldados de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional que ubicaron y destruyeron de manera controlada, un laboratorio en la vereda La Gurria en donde el complejo era, presuntamente, de la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.Durante la operación fueron hallados un kilogramo de pasta base de coca, 165 galones de coca en solución, dos kilogramos de marihuana, 250 gramos de bazuco, así como cemento, combustible, equipos empleados para el procesamiento de narcóticos y un semillero con aproximadamente 600 plántulas de coca.Horas atrás las Fuerzas Militares habían ubicado y destruido un laboratorio del frente Capitán Mauricio del ELN y que estaba ubicado en la vereda Los Trozos, zona de alta conflictividad en el municipio de Anorí y centro de operaciones de inteligencia en el Nordeste antioqueño.Durante la intervención fueron incautados 220 galones de pasta base de coca en solución, 100 kilogramos de hoja de coca en proceso de transformación, 55 galones de ACPM, 50 kilogramos de cemento y 15 kilogramos de cal, además de otros insumos empleados en la elaboración del estupefaciente.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Joan Sebastián Agudelo Florián, alias “Pablo”, señalado de integrar la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y de participar en homicidios, desapariciones forzadas y hechos de violencia sexual ocurridos en el Bajo Cauca antioqueño.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el procesado sería el encargado de retener y trasladar a personas que la organización señalaba de colaborar o tener información sobre otros grupos armados ilegales, para que posteriormente fueran interrogadas por los cabecillas de la estructura criminal.Los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador indican que alias “Pablo” estaría involucrado en la desaparición de un hombre ocurrida el 3 de febrero de 2023. Según la investigación, la víctima fue sacada por la fuerza de su vivienda, ubicada en el barrio 20 de Julio del municipio de El Bagre y trasladada a una zona rural de Zaragoza, donde presuntamente fue golpeada e interrogada durante varias horas. Desde ese momento se desconoce su paradero.La Fiscalía también le atribuye su presunta participación en la retención y posterior homicidio de un habitante del corregimiento La Palizada, en El Bagre, ocurrido el 7 de julio de 2023.Adicionalmente, Agudelo Florián es investigado por un caso de violencia sexual registrado el 21 de abril de 2023 en Zaragoza. De acuerdo con la investigación, una mujer habría permanecido encerrada durante tres días en una finca, donde presuntamente fue víctima de acceso carnal violento y de tratos crueles y degradantes por no responder a los insistentes cuestionamientos que le hacían integrantes de la organización ilegal.Con fundamento en estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Joan Sebastián Agudelo Florián los delitos de homicidio, secuestro simple, concierto para delinquir, desaparición forzada, acceso carnal violento y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, todas las conductas con circunstancias de agravación.Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, un juez de control de garantías consideró procedente imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra por los hechos investigados en el Bajo Cauca antioqueño.
Luego de la captura del canadiense Arif Jhuman, alias 'Gillani', en un gimnasio de la exclusiva zona de El Poblado en Medellín, las autoridades han entregado nuevos detalles del hombre que era buscado por los Estados Unidos por tráfico de armas.El extranjero tenía actualmente una sentencia vigente de más de 9 años de prisión por porte y tráfico de estupefacientes en Canadá y por ello y otros delitos internacionales fue capturado en la capital de Antioquia.Por lo anterior y de acuerdo con la información obtenida mediante los mecanismos de cooperación internacional, el extranjero también era requerido por la Policía Provincial de Ontario por incumplir las condiciones de libertad condicional impuestas tras una condena de diez años de prisión.El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, mencionó que las investigaciones preliminares han permitido establecer que alias 'Gillani' pretendía establecer nexos criminales con el Clan del Golfo."Habría ingresado presuntamente con documentos falsos para pasar precisamente desapercibido. Estaría aquí año y medio, casi dos años, y se dice que estaría también analizando algunas alianzas posibles con el Clan del Golfo para seguir, precisamente, en esa actividad criminal y delictiva del tráfico de armas", señaló el funcionario.Hay que mencionar que la Fiscalía del Distrito Medio de Florida indicó que el objetivo del contrabando de armas del canadiense, adquiridas con recursos del narcotráfico, era netamente económico, pues aunque valían solo cientos de dólares en Estados Unidos, podrían venderse por miles una vez introducidas en Canadá.El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para adelantar el procedimiento correspondiente dentro del trámite de extradición solicitado por las autoridades de los Estados Unidos.
Pese a la presencia de la fuerza pública en varias de la zonas afectadas por varios hechos violentos de los últimos días, sigue la zozobra para decenas de familias que aún no se atreven a regresar tras reciente confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Remedios.Según el reporte oficial más reciente sobre la situación, en el casco urbano de Segovia se mantienen 251 personas de 71 familias, mientras que a Remedios han llegado 31 grupos familiares para un total de 130 personas que huyen de las confrontaciones en veredas como El Río y Lejanías.Una de las mayores preocupaciones sigue siendo la utilización de drones cargados con explosivos. Una fuente de la zona, quien prefirió reservar su identidad por motivos de seguridad, le comentó a Blu Radio que algunos de estos elementos aún sin detonar han terminado en caminos y áreas no identificadas por las que se abstienen de transitar."Algunas no han reventado, algunas están en en la carretera. Hace un par de días se presentaron detonaciones por medio de bombas y en ese sector de la ciudadanía sí duró la comunidad 1, 2, 3 días confinada", aseguró.Otro de los asuntos que también genera incertidumbre en la población del Nordeste antioqueño tiene que ver con la aparición de un presunto grupo de limpieza social que promete combatir principalmente a estructuras como las disidencias de ‘Calarcá’.Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, advirtió que un nuevo actor solo aumenta el riesgo para las comunidades ya en medio de al menos tres amenazas armadas que se disputan el control territorial y las rentas criminales."Demostraría un interés particular, principalmente por todo lo que tiene que ver con el comercio legal o ilegal del oro en esta zona del departamento. Y, si hay otro grupo armado ilegal, podría repercutir en nuevas acciones armadas de un triple fuego cruzado, en donde la población civil está más vulnerable", indicó Zapata.Como uno de los principales objetivos de la fuerza pública se mantiene Luis Antonio Montoya Muriel, alias ‘Jhon Fiera’, señalado de comandar el frente cuarto de las disidencias y ser el determinador de la masacre de cuatro campesinos en una finca de la vereda Las Camelias del municipio de Remedios. Por su ubicación se mantiene vigente una recompensa por parte de la Gobernación de Antioquia de hasta 300 millones de pesos.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra José Elías Cortés Velásquez, señalado integrante del Clan del Golfo, por su presunta participación en el asesinato del líder social José Isidro Cuesta Rivas, crimen ocurrido el 29 de marzo de 2020 en el municipio de Carmen del Darién, Chocó.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría citado mediante engaños a la víctima a un sector conocido como La Y del Vergel, ubicado en la vereda Uradá. Allí, presuntamente, lo sometió para dejarlo en estado de indefensión y posteriormente fue atacado con arma de fuego hasta causarle la muerte.Según el ente acusador, Cortés Velásquez integraría desde 2020 la estructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, donde cumpliría funciones como comandante de punto y tendría a su cargo un componente armado con presencia e injerencia en el municipio de Carmen del Darién.El señalado fue capturado durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en un inmueble de la vereda La Borojera, en zona rural de Nuevo Belén de Bajirá, Chocó. En el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego, 21 cartuchos y un proveedor.La Fiscalía recordó que, con anterioridad, José Elías Cortés Velásquez ya había sido declarado persona ausente dentro de la investigación por el homicidio del líder social José Isidro Cuesta Rivas. En esa actuación también fue vinculado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Una serie de audios conocidos por Blu Radio tiene bajo investigación al Hospital Universitario Clínica San Rafael, en Bogotá. Las grabaciones corresponden a una reunión realizada el 18 de diciembre de 2025, en la que directivos del hospital hablan sobre contratar médicos que estaban terminando su último año de especialización en anestesiología para que comenzaran a trabajar desde enero de 2026.Todo comenzó por una denuncia anónima que recibió Blu Radio. En ella se advierte sobre posibles irregularidades en la contratación de estos médicos. Según la denuncia, varios de ellos todavía no aparecían registrados oficialmente como anestesiólogos cuando fueron contratados, aunque los contratos se firmaron entre el 19 y el 22 de diciembre de 2025.Uno de los audios conocidos por Blu Radio muestra la preocupación de los directivos por la gran cantidad de cirugías pendientes que tenía el hospital. En la grabación se escucha:“Tenemos una demanda quirúrgica, yo creo que por lo menos hay un listado de 3.000 cirugías por bajito. Entonces trabajo es lo que hay y cada vez estamos más demandantes…”Sin embargo, el segundo audio es el que genera los principales cuestionamientos. Allí se habla de la necesidad de contratar rápidamente a los residentes que estaban a punto de terminar su especialización.“Lo que queremos con el motivo de las reuniones es que primero usted conozca al equipo, ellos son residentes de último año de cuarto año que ya terminan. Ellos son los residentes. Van a tener hasta el 1 de febrero son mes, solo oficialmente, que ya. Pero hay algunos que terminan antes, como ya le habíamos comentado, que estarían dispuestos a entrar a ser parte del equipo a partir del 1 de enero sin ningún problema, porque ya han cumplido, digamos su ciclo académico completo."Ok, la idea es que ellos ingresen ya a partir del primero, primero como médicos generales. Entrarían con el valor hora normal de anestesiólogo y oficializamos cuando tengan ReTHUS de anestesiología, pues eso va a ser un cambio de estatus de freno. Sería básicamente eso (…) Es eso, entonces es básicamente ingeniero definir eso, confirmarlo para que ellos tengan esa certeza porque es importante resaltar al ingeniero que el mercado está captantemente valorado para los antesiólogos. Si no los amarramos, se van a ir a buscar algún sitio. Ya, pasemos la resolución, yo la firmo en lista”.En esa conversación también se menciona que ya había una resolución preparada para formalizar esas contrataciones y que era importante “amarrar” a esos médicos antes de que aceptaran ofertas de otros hospitales.A partir de estos audios, Blu Radio empezó a revisar el caso y encontró que la denuncia ya estaba en manos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.Este medio conoció un documento que confirma que el 12 de marzo de 2026 la Secretaría abrió una investigación preliminar para recoger documentos, revisar la información recibida y establecer si hubo incumplimientos en las normas que regulan el ejercicio de los profesionales de la salud.Durante esta investigación, Blu Radio también conoció un documento enviado por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), en el que la organización pide revisar las presuntas irregularidades y verificar si las anestesias fueron realizadas por personas que cumplían todos los requisitos exigidos por la ley.Como parte de esa revisión, S.C.A.R.E. analizó las programaciones de cirugía de los días 7, 9, 14 y 15 de enero de 2026. Según el documento, durante esas jornadas se realizaron entre 36 y 42 cirugías por día.En esas listas también aparecían entre seis y doce procedimientos identificados con nombres como “INT.”, “EST.”, “Anestesiólogo 1” y “Anestesiólogo 2”. Según la organización, esas denominaciones podrían corresponder a médicos que todavía estaban en formación.Además, encontraron que en varias cirugías aparecían asignados tanto especialistas como residentes. Por eso, la organización pidió establecer quién fue la persona que realmente aplicó la anestesia en cada procedimiento y si el residente estuvo acompañado por un especialista, como exige la formación médica.Para entender qué necesita una persona para ejercer legalmente como anestesiólogo en Colombia, Blu Radio consultó a S.C.A.R.E.La organización explicó que un médico solo puede trabajar como anestesiólogo cuando ya terminó su especialización, tiene todos los permisos exigidos por las autoridades de salud y aparece inscrito como especialista en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), que es la base de datos oficial donde cualquier persona puede verificar si un profesional está autorizado para ejercer una especialidad médica.Según los documentos conocidos por Blu Radio, la preocupación surge porque los audios hablan de contratar médicos que aún estaban terminando su residencia, por lo que ahora se busca establecer si en ese momento ya cumplían todos los requisitos para ejercer como especialistas.Durante la investigación también se estableció que varios de los residentes mencionados pertenecerían al programa de Anestesiología de la Universidad Militar Nueva Granada.Por esa razón, también fue presentada una denuncia ante esa universidad. Allí se solicita revisar si el hospital sigue ofreciendo las condiciones necesarias para formar especialistas y si los residentes continúan realizando allí sus prácticas bajo la supervisión que exige este tipo de programas.Frente a los señalamientos conocidos por Blu Radio, el Hospital Universitario Clínica San Rafael respondió que las contrataciones realizadas a finales de 2025 hacían parte de una estrategia para fortalecer el servicio de anestesiología, una de las especialidades con mayor escasez de profesionales en Colombia.El hospital explicó que, por ser un hospital universitario, trabaja de la mano con varias universidades en la formación de especialistas y que, dentro de ese proceso, adelantó la selección de médicos que estaban terminando su especialización.Según la institución, esos profesionales comenzaron a trabajar desde enero de 2026 como médicos generales mientras terminaban los trámites necesarios para quedar registrados oficialmente como anestesiólogos.El hospital rechazó las acusaciones y aseguró que nunca contrató personas para ejercer como anestesiólogos sin cumplir los requisitos legales.También afirmó que esta información fue entregada oportunamente a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) y sostuvo que todas las contrataciones y asignación de funciones se hicieron siguiendo criterios técnicos, administrativos y legales, siempre priorizando la seguridad de los pacientes y el cumplimiento de la ley. Además, aseguró que atenderá todos los requerimientos de las autoridades durante la investigación.Blu Radio también consultó a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, entidad que confirmó que el caso sigue siendo analizado dentro de la investigación que abrió el 12 de marzo de 2026.Fuentes de la Secretaría señalaron que actualmente están revisando toda la documentación y verificando los hechos denunciados para establecer si hubo o no irregularidades. Agregaron que, debido a la complejidad del caso, solo emitirán un pronunciamiento cuando termine esta primera etapa de la investigación.
Hay consternación en el nororiente de Medellín tras un nuevo hecho de violencia de género que derivó en el crimen de una mujer de 53 años de edad.La víctima fue identificada como Janeth Estela Álvarez Rivera, quien fue asesinada por su expareja sentimental en su vivienda ubicada en un tercer piso del barrio Popular 1.Según el reporte oficial, la víctima recibió un total de 15 heridas con arma cortopunzante en zonas como su rostro, cuello y mano izquierda a manos de Jorge Andrés Villada, de 45 años.La situación violenta se habría derivado tras la decisión tomada hacía una semana por parte de la mujer mujer de terminar la relación sentimental que sostenía con Villada por cerca de tres años.De acuerdo con información entregada por parte de familiares de la mujer a las autoridades, dos días después de finalizar la relación, el hombre llegó a la vivienda con la excusa de sacar unas pertenencias y atacó con golpes a su expareja. Sin embargo, no se tuvo un nuevo reporte de la situación entre ambos cuando en las últimas horas se escucharon gritos en el inmueble.Tras la verificación del lugar encontraron extendidos en el piso tanto a la mujer como al victimario, quien murió en el lugar de los hechos tras atentar contra su vida usando también un arma blanca.Por su parte, la mujer fue trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe a donde llegó sin signos vitales por cuenta de la gravedad de las lesiones. Como material probatorio las autoridades judiciales recaudaron en la vivienda dos celulares y tres cuchillos que harán parte de la investigación para esclarecer los sucedido.Con este hecho ya son 142 los homicidios registrados en Medellín durante 2026, de los cuales en 13 las víctimas fueron mujeres y actualmente nueve se investigan como presuntos feminicidios, cuatro casos menos que los que se tenían en el mismo periodo del año anterior.
En medio de la tensión entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el último jefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, los integrantes del último secretariado de esa guerrilla enviaron una carta al próximo mandatario en la que manifestaron su disposición a dialogar sobre la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, próximo a cumplir diez años.“Es claro y públicamente conocido por la opinión nacional, que nosotros ocupamos una orilla ideológica y política distinta a la suya, algo natural en una democracia, lo cual no implica que no podamos convivir y dialogar civilizadamente a cerca de nuestras diferencias; de eso se trata precisamente la paz”, afirman los firmantes de paz.La carta se conoce después de que De la Espriella arremetiera contra Rodrigo Londoño por su viaje a España, donde asistió a un seminario invitado por la organización política Izquierda Unida. El presidente electo afirmó que el excomandante “merecía estar preso de por vida” y que trabajará para lograrlo. A esto se suma su anuncio de acabar con algunas de las agencias y entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz.“Estamos seguros de que usted conoce perfectamente las obligaciones constitucionales y legales que le competen al Estado con relación a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales, ya que usted ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos”, afirman los firmantes.Finalmente, pidieron que el Estado responda a los compromisos adquiridos, “comenzando por el respeto al derecho a la vida y brindando las debidas garantías para la participación y la inclusión política”, concluyeron. La carta está firmada por Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo.
La llegada de la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, coincide con uno de los momentos más desafiantes para el sistema eléctrico colombiano. La posible llegada del Fenómeno de El Niño aumenta el riesgo de una menor disponibilidad de agua para generar energía en las hidroeléctricas, por lo que el país dependerá en mayor medida de las plantas termoeléctricas. Ante este panorama, el principal reto será garantizar que el sistema tenga la capacidad suficiente para responder sin afectar el servicio de los colombianos.Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, consideran que el nombramiento llega en un momento clave. Su presidente, Camilo Sánchez Ortega, destacó que la nueva ministra conoce el funcionamiento del sector y el trabajo que realiza XM, operador encargado de monitorear el sistema eléctrico y emitir alertas cuando existen riesgos para el suministro de energía. Según el dirigente gremial, esa experiencia permitirá una mejor coordinación con el Gobierno para tomar decisiones oportunas.Uno de los problemas que más preocupa al sector es la situación financiera de las termoeléctricas. Aunque estas plantas solo funcionan con mayor intensidad cuando disminuye la generación de las hidroeléctricas, hoy representan cerca del 55 % de la energía firme del país, es decir, la capacidad de respaldo que garantiza el suministro cuando las condiciones climáticas son adversas. Sin embargo, Andesco advierte que estas empresas enfrentan dificultades porque les adeudan más de 1,7 billones de pesos, recursos que necesitan para comprar combustibles y gas y mantener su operación.A esto se suma que el consumo de energía ha crecido más rápido que la capacidad de generación disponible. Según el gremio, esa situación ha obligado al país a depender cada vez más del gas importado para producir electricidad, un combustible que resulta más costoso. De mantenerse esta tendencia durante el Fenómeno de El Niño, los costos de generación podrían aumentar y ejercer una mayor presión sobre todo el sistema eléctrico.Otro de los retos será resolver la situación de Air-e, empresa que presta el servicio de energía en varios departamentos de la región Caribe. Andesco advirtió que la compañía atraviesa una crisis financiera porque no ha recibido los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones, especialmente con las termoeléctricas. Para el gremio, si no se encuentra una solución de fondo, esta situación podría seguir afectando la estabilidad del sector energético.Además de garantizar recursos para las empresas, el gremio considera necesario que el Gobierno pague los subsidios pendientes, los compromisos relacionados con la opción tarifaria y asegure el dinero necesario para la compra de combustibles y gas. También plantea fortalecer la producción nacional de hidrocarburos, aumentar las reservas de gas y petróleo y recuperar la capacidad del país para depender menos de combustibles importados.Frente al futuro de la matriz energética, Andesco sostiene que el país necesita acelerar los proyectos de energía solar y eólica, pero sin dejar de fortalecer las plantas térmicas y las demás fuentes que hoy respaldan el sistema. El objetivo, según el gremio, es que Colombia cuente con una oferta de energía superior a la demanda, evitando que cualquier evento climático ponga en riesgo el suministro para hogares, empresas e industrias."Necesitamos disminuir la demanda, en este momento crítico, por lo menos entre un 5 % y un 7 % para que no tengamos esos apagones", afirmó Camilo Sánchez Ortega. El presidente de Andesco explicó que el ahorro de energía será una de las herramientas más importantes durante los meses de mayor riesgo y recordó que cada hogar puede contribuir reduciendo el consumo para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico nacional.Finalmente, Andesco reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta con la nueva ministra y las demás entidades del Gobierno. El gremio confía en que las decisiones técnicas, la estabilidad en las reglas del sector y una respuesta rápida frente a los problemas financieros permitirán enfrentar el Fenómeno de El Niño, disminuir el riesgo de racionamientos y garantizar un servicio de energía confiable para los colombianos.
Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA permitió dar un nuevo golpe a las redes del narcotráfico con la captura y notificación con fines de extradición de dos presuntos integrantes de una organización criminal que operaba en Antioquia y tenía conexiones internacionales.Los procedimientos se desarrollaron en el marco de la Operación Primavera, donde las autoridades hicieron efectiva la captura de Fabio Alberto Moreno Rendón, alias ‘Mono’, y notificaron con fines de extradición a Daniel Suaza Ochoa, alias ‘Menor’, identificado como uno de los principales cabecillas del Grupo Delincuencial Común Organizado "Los Chivos".Ambos son requeridos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, para responder por cargos relacionados con concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.Según las investigaciones, alias ‘Menor’ ejercía el liderazgo de la estructura criminal, mientras que alias ‘Mono’ era señalado de administrar las finanzas derivadas del narcotráfico y de desempeñar un papel determinante en la consolidación financiera de la organización.El alcalde Federico Gutiérrez indicó que el grupo mantenía alianzas con otras estructuras ilegales que delinquen en el Valle de Aburrá, incluido el Clan del Golfo, con el propósito de fortalecer la producción, el almacenamiento y el transporte de cocaína."Esa lucha en contra de esas estructuras criminales la vamos a seguir dando. Pero acá hay un dato muy relevante. Alias 'Menor' hacía parte de esa estructura criminal de toda la vida, de Los Chivos, que ha liderado inclusive directamente su papá, donde inclusive su hermano, alias 'Chatán', fue capturado en la administración anterior nuestra entre 2016 - 2019, cuando fungía como máxima cabecilla de Los Chivos", dijo.El expediente también señala que la organización había establecido contactos con redes criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, conformando un entramado transnacional para el envío de cargamentos de droga hacia mercados internacionales.Según las autoridades, la producción y procesamiento del estupefaciente que era traficado se concentraban en sectores de Belén y Altavista desde donde presuntamente funcionaban laboratorios urbanos.Posteriormente, la cocaína era movilizada por corredores terrestres hacia La Guajira para facilitar su salida hacia Centroamérica y Estados Unidos.