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Corte Suprema define si opositora de Maduro debe ser extraditada a Venezuela

Suyin Rosaly Navarrete Balza es señalada por un supuesto desfalco en la gobernación de Aragua en 2017, pero ella dice que se trata de persecución política.

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Foto: Blu Radio - Rama Justicia

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está adelantando las verificaciones para avalar o no la extradición de una ciudadana venezolana quien se acreditó como perseguida política por cuenta del régimen de Nicolás Maduro.

Vea también: En Venezuela se acabó la democracia”: presidente de la Asamblea Nacional opositora

Según el documento conocido por BLU radio y que tiene en poder la Corte, la mujer acreditó su condición de miembro del partido Copei, opositor a Maduro, y por lo tanto pide a la Corte Suprema que suspenda su proceso de extradición.

En el expediente se advierte que la venezolana tiene cómo demostrar que es asilada política en Colombia y por lo tanto debe ser dejada en libertad, ya que en agosto de 2018 fue capturada atendiendo la circular de interpol que tiene por delitos cometidos en Venezuela.

Suyin Rosaly Navarrete Balza fue acusada por un tribunal de Venezuela, como una de las  responsables de un desfalco a la gobernación de Aragua por más de 15.986 millones de bolívares en noviembre de 2017.

Dentro de las evidencias que tiene la Corte en este caso, la persecución política ha ido más allá de ser colaboradora reconocida de la causa opositora,” al punto que individuos pertenecientes a grupos llamados colectivos, apoyados por el gobierno de Venezuela, la amedrentaron y su madre, hermano, sobrino y cuñada fueron secuestrados en carreteras al oriente del país, por lo cual se interpuso denuncia sin obtener ningún resultado”.

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La mujer solicitada en extradición adujo que como perseguida política tiene condición de refugiada y por lo tanto la Corte ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que “remita copia de la Resolución mediante la cual se reconoció la condición de refugiada a la ciudadana venezolana Suyin Rosaly Navarrete Balza, identificada con la cédula venezolana junto con copia de los soportes que sustentaron la decisión”.

La defensa consideró que la ciudadana venezolana debe quedar en libertad y frenar el proceso de extradición, “máxime cuando el presidente de la República expresó que no va a mantener relaciones diplomáticas con Venezuela, lo cual implica “la invalidez” de los tratados y convenios como el de extradición”.
 
 

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