Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA permitió dar un nuevo golpe a las redes del narcotráfico con la captura y notificación con fines de extradición de dos presuntos integrantes de una organización criminal que operaba en Antioquia y tenía conexiones internacionales.Los procedimientos se desarrollaron en el marco de la Operación Primavera, donde las autoridades hicieron efectiva la captura de Fabio Alberto Moreno Rendón, alias ‘Mono’, y notificaron con fines de extradición a Daniel Suaza Ochoa, alias ‘Menor’, identificado como uno de los principales cabecillas del Grupo Delincuencial Común Organizado "Los Chivos".Ambos son requeridos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, para responder por cargos relacionados con concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.Según las investigaciones, alias ‘Menor’ ejercía el liderazgo de la estructura criminal, mientras que alias ‘Mono’ era señalado de administrar las finanzas derivadas del narcotráfico y de desempeñar un papel determinante en la consolidación financiera de la organización.El alcalde Federico Gutiérrez indicó que el grupo mantenía alianzas con otras estructuras ilegales que delinquen en el Valle de Aburrá, incluido el Clan del Golfo, con el propósito de fortalecer la producción, el almacenamiento y el transporte de cocaína."Esa lucha en contra de esas estructuras criminales la vamos a seguir dando. Pero acá hay un dato muy relevante. Alias 'Menor' hacía parte de esa estructura criminal de toda la vida, de Los Chivos, que ha liderado inclusive directamente su papá, donde inclusive su hermano, alias 'Chatán', fue capturado en la administración anterior nuestra entre 2016 - 2019, cuando fungía como máxima cabecilla de Los Chivos", dijo.El expediente también señala que la organización había establecido contactos con redes criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, conformando un entramado transnacional para el envío de cargamentos de droga hacia mercados internacionales.Según las autoridades, la producción y procesamiento del estupefaciente que era traficado se concentraban en sectores de Belén y Altavista desde donde presuntamente funcionaban laboratorios urbanos.Posteriormente, la cocaína era movilizada por corredores terrestres hacia La Guajira para facilitar su salida hacia Centroamérica y Estados Unidos.
En un operativo conjunto entre autoridades de Colombia y Costa Rica fue retenido en el municipio de Sabaneta el ciudadano costarricense Óscar David Román Ovares, señalado de integrar la organización criminal transnacional conocida como Los Saggy y requerido mediante notificación roja de Interpol.La operación fue desarrollada por la Policía, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con apoyo de las autoridades costarricenses, luego de varias labores de seguimiento, verificación y vigilancia que permitieron establecer la ubicación exacta del requerido en territorio colombiano.De acuerdo con las investigaciones, Román Ovares, conocido con el alias de ‘Kokin’, sería uno de los integrantes clave de la estructura criminal Los Saggy, organización señalada de coordinar operaciones de tráfico internacional de drogas y de participar en esquemas de lavado de activos mediante la adquisición de establecimientos comerciales y vehículos de alta gama.Las autoridades de Costa Rica también lo relacionan con al menos 22 homicidios ocurridos en ese país, atribuyéndole presunta responsabilidad intelectual y material en varios de esos hechos violentos.El ciudadano costarricense fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los trámites correspondientes para su extradición a Costa Rica, donde deberá responder ante la justicia por los delitos que le son imputados.
Ecuador extraditará a Estados Unidos al colombiano Nerlin Pineda Paredes, conocido bajo el alias de Familia, quien fue detenido el pasado 9 de junio y que ahora enfrentará en el país norteamericano un proceso por presunto narcotráfico, informó este jueves la Fiscalía.El Ministerio Público señaló que 'Familia' consintió la extradición solicitada por las autoridades estadounidenses, durante una audiencia realizada este jueves en la Corte Nacional de Justicia.El criminal fue detenido en Quito, en una operación coordinada entre la Policía ecuatoriana y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), junto a otro colombiano identificado como Alver Pineda Mosquera , alias Mono o Promesa.Ambos eran requeridos por Estados Unidos por ser "piezas clave de una organización de narcotráfico internacional" vinculada con Edison Washington Prado Álava, alias 'Gerald', narcotraficante conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano que fue extraditado a territorio estadounidense en 2017, según dijo tras su detención el ministro del Interior, John Reimberg.El ministro indicó que, de acuerdo a las investigaciones, los capturados habrían "controlado laboratorios de procesamiento de droga, centros de acopio e insumos químicos en zonas estratégicas de Colombia", desde donde presuntamente abastecían rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.Tras la captura de Gerald, ambos habrían intentado infiltrarse en procesos de desmovilización de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "mediante el pago de millonarias sumas de dinero para obtener beneficios ilegales".Una vez que quede en firme la sentencia de extradición, deberá ser enviada al presidente, Daniel Noboa, para que disponga la entrega del requerido a Estados Unidos.
Las autoridades extraditaron a Dayonis Junior Orozco Castillo, conocido con los alias de ‘Botija’ y ‘Botyy’, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal transnacional Tren de Aragua con operaciones en Chile.El traslado del ciudadano colombo-venezolano se realizó bajo estrictas medidas de seguridad hacia Santiago, donde deberá comparecer ante un juez por el delito de homicidio y otros cargos relacionados con el crimen ocurrido el 10 de abril de 2024.La justicia chilena lo señala como autor material del asesinato del oficial de Carabineros de Chile Emmanuel Sánchez Soto, quien murió mientras intentaba frustrar un hurto cometido, presuntamente, por Orozco Castillo y otros cuatro integrantes de la estructura criminal.El caso generó una amplia coordinación entre las autoridades de Chile, Perú y Colombia, lo que permitió ubicar y capturar al señalado cabecilla en Popayán, en abril de 2024, evitando su salida definitiva del continente y su posible fuga de la justicia.Tras su captura, alias ‘Botija’ permaneció privado de la libertad durante 26 meses mientras se surtían los trámites judiciales y diplomáticos necesarios para concretar su entrega a las autoridades chilenas. La solicitud formal de extradición fue presentada por el Gobierno chileno y recibió concepto favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, al considerar que los delitos imputados no tenían carácter político.La entrega del procesado se realizó a funcionarios de INTERPOL en Santiago, mediante un operativo coordinado entre las autoridades judiciales y policiales de ambos países y con apoyo logístico de la Fuerza Aérea chilena.La extradición es considerada uno de los golpes más relevantes contra la presencia del Tren de Aragua en el Cono Sur y se convierte en un nuevo ejemplo de cooperación regional para enfrentar las estructuras criminales transnacionales que operan en América Latina.
El Juzgado 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la decisión que había concedido un hábeas corpus al ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van Der Voort y ordenó que permanezca privado de la libertad mientras continúa el proceso de extradición solicitado por el Reino de los Países Bajos por delitos relacionados con narcotráfico. La determinación dejó sin efectos el fallo de primera instancia que había dispuesto su libertad, al concluir que no se configuraban las condiciones para conceder el amparo constitucional.Al resolver el recurso de apelación, el despacho judicial verificó las circunstancias de la captura y del trámite de extradición, y concluyó que no existía una privación ilegal de la libertad ni una prolongación indebida de esta. En consecuencia, declaró improcedente la acción de hábeas corpus y dispuso que el ciudadano extranjero continúe recluido en un establecimiento carcelario mientras avanza el procedimiento correspondiente.La decisión se produce luego de que el Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá concediera la libertad del requerido mediante un recurso de hábeas corpus. Esa determinación generó una reacción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que promovió una acción de tutela al considerar que la liberación habría sido otorgada de manera irregular.Según los antecedentes del caso, el ciudadano neerlandés fue capturado en Colombia en cumplimiento de una circular roja de Interpol emitida a solicitud del Gobierno de los Países Bajos. Previamente, la Sala Penal de la Corte Suprema había emitido concepto favorable para su extradición, dentro del trámite previsto por la legislación colombiana.
Un operativo realizado en Cali permitió la captura de Emilio Jiménez Galves, conocido con el alias de ‘El Español’, señalado por las autoridades como el principal responsable de las finanzas de la organización criminal liderada por alias ‘Dimax’. La captura se produjo durante un allanamiento de la Dijín y la Fiscalía.Jiménez es requerido con fines de extradición por las autoridades de España, que lo buscan por el delito de estafa a gran escala. La orden internacional fue emitida mediante una notificación roja de Interpol.De acuerdo con las investigaciones, alias ‘El Español’ desempeñaba un papel clave dentro de la denominada oficina de cobro asociada a alias ‘Dimax’, al encargarse de ocultar y legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas. Los investigadores sostienen que diseñó mecanismos para ingresar dinero de origen criminal al sistema financiero formal mediante la compra y venta de vehículos de alta gama y bienes inmuebles.Las autoridades también le atribuyen vínculos directos con estructuras dedicadas a la extorsión, el tráfico de drogas y la ejecución de homicidios selectivos, actividades que eran financiadas y sostenidas gracias a la red económica que ayudaba a administrar.Tras su captura, alias ‘El Español’ fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, entidad que adelantará los trámites correspondientes para definir su proceso de extradición hacia España y su posterior judicialización.
Avanza la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que falleció tras someterse presuntamente a un procedimiento de lipólisis láser en un establecimiento clandestino y cuyo cuerpo fue abandonado posteriormente en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca. Mientras continúan las indagaciones sobre las circunstancias de su muerte, la Fiscalía adelanta trámites judiciales para lograr la comparecencia de varios de los implicados capturados en Venezuela.Por este caso han sido vinculadas María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del supuesto centro estético; su pareja, Edison Torres; Eduardo David Ramos Ramos, señalado como supuesto cirujano; un hombre identificado como “Leonardo”, supuesto anestesiólogo que permanece prófugo; además de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.El abogado de la familia de Yulixa Toloza, Diego Gutiérrez, aseguró en entrevista con Blu Radio que actualmente avanzan gestiones internacionales para intentar judicializar a los tres implicados capturados en Venezuela. “Ya está en trámites la solicitud de extradición, con algunas variables para poder determinar si puede haber alguna conectividad para que esas personas sean judicializadas vía plataforma virtual acá en Colombia. Y otra de las opciones es, pues, determinar si finalmente no se puede ninguna de las 2, extradición o la judicialización, pues mirar si el Estado venezolano los judicializa por los hechos cometidos acá, bajo el amparo de las figuras internacionales”, explicó el jurista. La decisión actualmente queda en manos de las autoridades venezolanas.Sobre el hombre identificado como “Leo”, señalado como supuesto anestesiólogo que habría participado en el procedimiento, el abogado aseguró que las autoridades ya avanzaron en su plena identificación y ubicación para lograr que comparezca ante la justicia colombiana.En relación con el dictamen de necropsia, que concluyó que Yulixa Toloza murió por complicaciones asociadas a embolia pulmonar, anemia aguda, fracturas y múltiples lesiones, el representante de las víctimas afirmó que aún esperan análisis técnicos especializados para establecer si existió mala praxis médica.“Lo que pudimos ver que sucedió con el cuerpo de Yulixa en vida y luego de su fallecimiento, pues nos dimos cuenta del mal procedimiento que se estaba realizando, pero quiero dejar una salvedad. Nosotros no somos médicos para determinar si había una mala praxis o no. De todas maneras, hay un grupo de peritos que se pusieron al servicio de la representación de víctimas; vamos a tener una reunión el día lunes para poder determinar todos esos aspectos relacionados con el procedimiento como tal”, señaló Diego Gutiérrez.El abogado también cuestionó las lesiones documentadas por Medicina Legal y la forma en que, presuntamente, intentaron reanimar a la víctima antes de su muerte. “Porque es altamente llamativo que hubiese tenido tantas perforaciones y demás en el cuerpo para la supuesta intervención que le iban a hacer, que era algo mínimo, no tan relevante como lo que le hicieron en realidad (…) pudimos observar que, supuestamente, en apariencia, se trató de brindarle como los primeros auxilios a Yulixa por parte de estas personas. Pero hasta eso lo hicieron mal”.Según explicó, médicos vinculados a la representación de víctimas observaron inconsistencias en las maniobras practicadas sobre el cuerpo de la mujer. “Los médicos que se pusieron al servicio de nosotros nos avisaron y nos comentaron que, por ejemplo, estaba al costado derecho con fracturas en sus costillas, como si le hubiesen hecho reanimación en ese costado, y ese costado no debía haber sido manipulado, sino el costado izquierdo”, agregó.La representación de las víctimas anunció que durante la próxima semana presentará ante la Fiscalía un informe técnico elaborado por peritos especializados, con el que buscan sustentar una hipótesis médica y judicial sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Yulixa Toloza.
El coronel Elver Alonso, director de la Dijínn, se pronunció sobre la captura en Venezuela de dos hombres y una mujer señalados de participar en la muerte y posterior desaparición de Yulixa Toloza, quien murió tras someterse a una intervención estética en el sur de Bogotá.El oficial aseguró que las autoridades colombianas esperan una “solidaridad” por parte de Venezuela y una cooperación internacional efectiva para lograr que los tres detenidos sean enviados al país y respondan ante la justicia colombiana. “Lo que se espera y aspira es que haya una solidaridad por parte de las autoridades venezolanas, y también una muestra de cooperación internacional efectiva frente a la extradición de estas tres personas”, afirmó.Según explicó el director de la Dijin, el proceso ya está siendo adelantado por la Fiscalía, a través de la oficina de asuntos internacionales, en el marco de los acuerdos de extradición vigentes entre ambos países. “Ese acuerdo tiene que traducirse en un procedimiento estandarizado por parte de la Fiscalía General de la Nación, y es a través de la oficina de asuntos internacionales que se solicitará en extradición a estas personas”, indicó.Sin embargo, el coronel advirtió que, en caso de que la extradición no se concrete, los tres capturados deberán responder judicialmente en Venezuela por delitos que calificó como de lesa humanidad. “En el evento de que no se logre materializar citada extradición, estas tres personas tendrían que responder por estos delitos”, señaló.El oficial también confirmó que la Fiscalía colombiana ya adelanta toda la documentación requerida para formalizar la solicitud ante Venezuela. “Están en ese procedimiento, haciendo toda esta documentación requerida a través de sus protocolos, pero también mediante la cooperación internacional frente a estas tres personas que hoy están privadas de la libertad”, explicó.
Las capturas en Venezuela de tres personas señaladas de participar en la desaparición y muerte de Yulixa Toloza abrieron un nuevo capítulo judicial en uno de los casos que más conmoción ha generado en Bogotá durante los últimos días. Sin embargo, aunque la Fiscalía colombiana anunció que avanzará en los trámites para pedir su extradición, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago advirtió que la entrega de los capturados a Colombia sería prácticamente inviable por las normas constitucionales venezolanas.Según explicó Buitrago, la Constitución de Venezuela, específicamente su artículo 69, y el Código Penal de ese país prohíben la extradición de ciudadanos venezolanos. Los tres capturados, dos hombres y una mujer, son de nacionalidad venezolana y fueron detenidos en territorio de ese país, luego de huir tras la muerte de Toloza, ocurrida después de un procedimiento estético en una clínica clandestina del sur de Bogotá.La exministra señaló que, aunque la extradición tendría enormes obstáculos legales, sí existe la posibilidad de que las autoridades venezolanas asuman directamente el proceso penal. Para ello, Colombia deberá enviar el material probatorio recopilado por la Fiscalía, incluyendo evidencias, testimonios y elementos técnicos relacionados con los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, conductas que también están tipificadas en la legislación venezolana.“Lo que se necesita es que se solicite a Venezuela investigar a estas personas por esos delitos, trasladando el material probatorio y asegurándose de que cumpla los estándares exigidos en ambos sistemas judiciales”, explicó Buitrago. En ese escenario, serían la Fiscalía y los jueces venezolanos quienes asumirían la investigación y eventual juzgamiento de los detenidos, mientras Colombia actuaría como país requirente y colaborador en el intercambio de pruebas.Los capturados fueron ubicados en los estados de Portuguesa y Aragua, en Venezuela, tras la activación de mecanismos de cooperación internacional e interceptaciones coordinadas con Interpol. Entre los detenidos estarían los administradores de la clínica estética Beauty Láser donde Toloza fue sometida al procedimiento y un hombre señalado de practicar la intervención sin contar con formación médica profesional.
Funcionarios de la Fiscalía del Reino Unido tienen previsto visitar la cárcel El Buen Pastor de Bogotá los próximos 25 y 26 de mayo, en el marco del proceso de extradición que se adelanta contra Zulma Guzmán y que busca su retorno a Colombia por el caso de las frambuesas envenenadas que concluyó con el fallecimiento de 2 menores.De acuerdo con un documento oficial, Alan Mitchell y Bradley Hillier, adscritos a la unidad de extradición, realizarán una inspección al área psiquiátrica del centro de reclusión. La diligencia se enmarca en una solicitud elevada dentro del trámite de extradición y está sujeta a la autorización del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.En la comunicación enviada, se señala que, en el marco del proceso contra Guzmán, “la documentación complementaria presentada por la Fiscalía General de la Nación fue debidamente recibida y se encuentra actualmente en proceso de revisión”. Este paso hace parte del análisis que adelantan las autoridades del Reino Unido frente a la solicitud de extradición.Asimismo, el documento precisa que la visita responde a una petición formulada por la defensa de la ciudadana, relacionada con su estado de salud mental. En ese sentido, se solicita autorización para que los funcionarios “realicen una inspección penitenciaria y una evaluación del área de psiquiatría del establecimiento de reclusión en Colombia, los días 25 y 26 de mayo de 2026”.La diligencia tendría como propósito verificar las condiciones del área especializada dentro del establecimiento penitenciario, en el contexto de los argumentos presentados por la defensa en el proceso. La evaluación se concentrará en las instalaciones del pabellón psiquiátrico del centro de reclusión de mujeres.En este escenario, corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Inpec emitir un pronunciamiento frente a la solicitud elevada por la Fiscalía de Reino Unido. La petición contempla la realización de la visita por parte de los expertos designados, quienes llevarían a cabo la inspección y evaluación de las condiciones del área psiquiátrica de la cárcel El Buen Pastor.
El comercio electrónico continúa ganando terreno en Colombia, pero su crecimiento también está acompañado por nuevos desafíos para las empresas que reciben pagos por internet.Un estudio elaborado por la empresa brasileña de prevención de fraude Koin, en alianza con Gmattos, estima que las pérdidas por chargeback (contracargo) en compras online realizadas con tarjetas de crédito podrían alcanzar los US$48 millones en Colombia durante 2026. La cifra representa un aumento frente a los US$43 millones estimados para 2025 y aparece en medio de una expansión acelerada de las ventas digitales en el país.Según el documento, las proyecciones más recientes apuntan a que el comercio electrónico crecerá 22% en Colombia, por encima del 18% previsto para México y del 10% para Brasil. En América Latina, las ventas online aumentaron 12,2% durante 2025.¿Qué es un chargeback y por qué genera pérdidas?Un chargeback o contracargo ocurre cuando una transacción realizada con tarjeta es revertida a solicitud del banco del cliente. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando una persona denuncia que no realizó una compra o cuando se detecta que la tarjeta fue utilizada de manera fraudulenta. Esta función que ofrecen los bancos se puede usar maliciosa y deliberadamente por un comprador para obtener un bien o servicio y, después, reportar la compra para recibir el dinero de vuelta.El problema para los comercios es que recuperar ese dinero no siempre resulta sencillo. De acuerdo con el estudio, en América Latina la recuperación de este tipo de operaciones apenas supera el 12%, mientras que en América del Norte se acerca al 20%.En los casos en los que el reclamo corresponde efectivamente a un fraude, el establecimiento puede terminar asumiendo el valor de la compra perdida.El documento advierte además que América Latina y Europa presentan uno de los mayores niveles relativos de fraude electrónico entre las regiones analizadas. Un estudio citado en el informe señala que 4,1% de los pedidos online terminaron en fraude, frente al 3,1% de América del Norte y al 3% de Asia-Pacífico.Las compras legítimas también pueden ser rechazadasEl estudio identifica un segundo problema para los comercios electrónicos: los llamados falsos positivos.Se trata de compras realizadas por clientes legítimos que son bloqueadas porque los sistemas de seguridad las consideran, equivocadamente, potencialmente fraudulentas.Aunque en estos casos no existe un robo de dinero, el comercio pierde una venta y el usuario puede abandonar la compra o incluso optar por otra plataforma donde no suceda este error.Koin señala que las tasas de aprobación de transacciones online en América Latina son inferiores a las registradas en América del Norte, lo que, según su análisis, evidencia una mayor cantidad de operaciones legítimas rechazadas durante el proceso de pago. El desafío que estos dos fenómenos presentan para las plataformas es bloquear operaciones sospechosas sin afectar a los compradores reales.Inteligencia artificial entra en la lucha contra el fraudeEl informe señala que el crecimiento y sofisticación del fraude está obligando a las plataformas de comercio electrónico y medios de pago a incorporar herramientas capaces de evaluar un mayor número de variables en tiempo real. Entre ellas aparece la IA, utilizada para identificar comportamientos anómalos y determinar con mayor precisión cuándo una transacción representa un riesgo y cuándo corresponde a una compra legítima.El estudio fue elaborado a partir del monitoreo de algunas de las principales tiendas online de Colombia y México y analizó además la evolución del comercio electrónico en mercados como Brasil. Entre los principales actores de la región menciona plataformas como Mercado Libre, Amazon, Falabella, Temu, Rappi, Sodimac, Éxito y Alkosto.Con unas ventas digitales que continuarían creciendo a gran ritmo en Colombia, el reto para los comercios será encontrar un equilibrio entre detectar cada vez mejor los intentos de fraude sin convertir las medidas de seguridad en una barrera para quienes simplemente quieren realizar una compra por internet.
Un sismo de magnitud 3,8 se registró este martes 11 de agosto, a las 10:43 de la mañana, en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento hace parte de la actividad sísmica posterior al terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, cuyo epicentro también estuvo localizado en esta zona del departamento del Chocó. Tras el terremoto, se han registrado numerosas réplicas en el área.De acuerdo con la información del SGC, el nuevo sismo tuvo una profundidad de 99 kilómetros y su epicentro fue localizado a 14 kilómetros de San José del Palmar. Las coordenadas reportadas fueron 4,88 de latitud y -76,36 de longitud.¿Por qué se presentan réplicas?Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal y que se producen mientras la zona afectada continúa ajustándose a los cambios generados por la ruptura.En este caso, la actividad se concentra alrededor de la zona donde ocurrió el terremoto de 7,4 del lunes, que tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y fue sentido en buena parte del territorio colombiano.El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y advierte que los datos de sus boletines pueden ser modificados a medida que avanza el procesamiento de la información. Por ahora, el reporte corresponde a un sismo de magnitud 3,8 y no se han informado nuevas afectaciones asociadas específicamente a este movimiento.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.