Empresarios extorsionados no están obligados a comparecer ante JEP: Fiscal

El fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó que están adelantando las investigaciones y manifestó que las empresas que financiaron a los grupos paramilitares y a las Farc, pero que fueron obligadas por dichos grupos, no tendrán que rendir cuentas ante el Tribunal Especial para la Paz.

"Aquellos empresarios que por fuerza de la coacción fueron obligados a financiar a los grupos ilegales, pueden tener la seguridad de que no serán llevados ante el Tribunal Especial para la Paz, sin embargo, no pasará lo mismo con los terceros que se beneficiaron de estos grupos", señaló.

Agregó que  "la Fiscalía tiene la obligación moral y legal de esclarecer las conductas de los terceros mucho antes que entre en funcionamiento la jurisdicción especial para la paz".

De igual forma, la Fiscalía maneja tres líneas de investigación de terceros que apoyaron el conflicto: el primero los que apoyaron a los paramilitares, los que apoyaron a la guerrilla y por último los que apoyaron a los agentes del Estado.

"La Fiscalía seguirá las investigaciones y procesos penales en contra de los terceros hasta tres meses antes de que tome decisiones la sala de conclusiones del Tribunal de Paz", agregó el el jefe del ente investigador.

Las cifras

A la fecha los exparamilitares han señalado a empresas que operan en el sector ganadero, minero, petrolero, bananero, palmicultor e industrial que habrían participado  en esas acciones delictivas.

La justicia tendrá que determinar si las acusaciones de los exparamilitares tienen sustento o si pretenden enlodar los nombres de las empresas.

En caso de que haya elementos para investigar, cabe recordar que las responsabilidades penales son individuales y no involucran en su totalidad a las compañías mencionadas.

Tal como lo señala el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc en el capítulo de Justicia, a aquellos que hayan incurrido en las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción” se les aplicarán las mismas sanciones de restricción efectiva de la libertad previstas para guerrillas y agentes estatales.

En cuanto a aquellos, cuyo apoyo a los paramilitares no revista las características anteriores, JEP “tendrá la función de resolver la situación jurídica de terceros que hayan participado en el conflicto armado, cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos. En estos casos la JEP podrá por ejemplo renunciar a la persecución pena”.

Así las cosas quienes fueron realmente extorsionados, los inocentes, no tendrán nada que temer pues no habrá medidas judiciales en su contra.

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