Según la juez, la defensora podría obstruir la justicia en libertad pues podría tener acceso a las víctimas “que manipuló” para modificar sus testimonios. “Hay que vigilar sus comunicaciones. Puede interferir en la investigación como ya lo ha hecho”, dijo la juez.
La Fiscalía General de la Nación imputó a Bedoya los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y fraude en el registro de víctimas pues habría engañado a más de 80 mujeres para que se declararan víctimas de violencia sexual y así cobrar indemnizaciones que terminaron en sus manos.
Según la fiscal del caso, el proceso se inició por una denuncia interpuesta por la Unidad de Víctimas por quejas de personas en la Dirección Territorial del Putumayo, donde indicaban que la defensora en mención les cobraba por trámites ante el organismo y que agregaba falsas víctimas a los listados. Incluso, en la imputación se mencionó dos nombres de mujeres que la defensora habría usado para incluir en el registro como víctimas de violencia sexual y, tiempo después de la investigación, las mujeres aseguraron que nunca habían declarado.
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