La Procuraduría General de la Nación solicitó, a través de un concepto conocido por BLU Radio, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar el acceso a ese sistema de justicia transicional del exsenador Álvaro García, condenado a 40 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple y peculado.
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Según el Ministerio Público, “las conductas por las que fue condenado Álvaro García fueron cometidas en su calidad de fundador y miembro del Bloque Héroes de Montes de María, de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y los miembros de los grupos paramilitares no son sujetos de competencia de la JEP”.
Uno de los argumentos es que la condición de excongresista no es un requisito absoluto para permitir su ingreso, e indicaron que su participación en la masacre de Macayepo, en jurisdicción de Carmen de Bolívar (14 de octubre de 2000), ocurrió mientras era miembro activo de las AUC y no como un tercero civil. Por esas razones, la Procuraduría pide que la JEP no permita su acceso a ese tribunal.
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