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La Corporación Jurídica Libertad, Nodo Antioquia, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Antioquia y la Mesa Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos en el departamento, aseguraron que la decisión del Congreso de no permitir que quienes en los últimos cinco años hayan defendido los derechos humanos a través de organizaciones privadas tomen posesión de cargos en la JEP, es un ataque a su labor.
“En esta ocasión nuevamente evidenciamos como la posibilidad de abrir espacios para la justicia y la verdad para las víctimas del conflicto, se convierte en un escenario de confrontación política y jurídica contra los defensores de derechos humanos”, expresan las organizaciones en un comunicado.
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Martha Soto, secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Antioquia, aseguró que se desvirtuó la naturaleza de la JEP.
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Los movimientos aseguran que la decisión garantiza impunidad para los agentes estatales y los responsables de grandes crímenes.
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“Los más afectados somos las víctimas, en especial, las de crímenes de Estado con los fueros que se le han dado justamente a nuestros victimarios”, afirmó Soto.
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