El expresidente del Congreso de Guatemala Luis Rabbé, prófugo de la Justicia desde agosto de 2016 por varios delitos de corrupción, fue arrestado en México, según confirmó la portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera.
"Podemos informar que hemos recibido la información oficial de Interpol sobre la detención de Luis Rabbé en Monterrey, México. El proceso a continuación corresponde directamente a las autoridades mexicanas", acotó.
Rabbé, quien presidió el Parlamento guatemalteco en el período 2015-2016, está acusado de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por su supuesta participación en un caso de plazas fantasmas.
La Fiscalía, que había solicitado su extradición el pasado 30 de mayo, asegura que en su calidad de presidente del Congreso autorizó para la junta directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva, además sin el perfil idóneo y muchas de las cuáles no asistían a sus labores.
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También autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera vicepresidencia a cargo del diputado Arístides Crespo Villegas, quien está en prisión preventiva y procesado por este mismo caso.
Otra de las modalidades de contratación detectadas es que como presidente de la Junta Directiva del Congreso (2015-2016) autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios elevados, de hasta 3.000 dólares.
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Rabbé está acusado de pertenecer a esta trama de corrupción, que operó entre 2014 y 2015 y en la que están implicadas unas 65 personas, entre diputados, exdiputados y particulares, señaladas de crear plazas ficticias.
Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los miembros de la junta directiva del Congreso de 2014 (presidente Arístides Crespo) y de 2015 (presidente Rabbé) realizaron "un gran número de contrataciones" que presentan "irregularidades evidentes e ilegales".
El tipo de contratación para la cual se unieron las directivas "se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad", "irrespetando" las formas correctas y por la "no asistencia" de los contratados, que ganaban entre 5.000 y 20.000 quetzales (680 a 2.720 dólares) mensuales.
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