Capriles denuncia incendio en sus oficinas

Manifestantes opositores atacaron este sábado una sede del máximo tribunal venezolano en Caracas, en el marco de una protesta contra el presidente Nicolás Maduro, constataron periodistas de la AFP.

Decenas de opositores lanzaron piedras, palos y bombas incendiarias contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en el sector de Chacao (este), desatándose luego una batalla campal con efectivos de la militarizada Guardia Nacional y policías.

Algunas vidrieras del edificio terminaron rotas, al igual que las de una sucursal bancaria que funciona en la parte baja.
 
El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, el opositor Henrique Capriles, aseguró hoy que fue atacado "con bombas" cuando se encontraba dentro del comando de su partido, Primero Justicia (PJ), luego de asistir a una protesta antigubernamental en la ciudad de Caracas.
 
"URGENTE!!! Fuimos atacados con BOMBAS dentro del EDF! En este momento actúa BOMBEROS!", expresó Capriles en su cuenta de la red social Twitter.
 
El dirigente opositor, que ayer fue informado sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, preguntó directamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, si la "orden" era matarlo a él y a su equipo de trabajo.
 
"Cuál es la orden Maduro? Matarnos? Si algo pasa ya saben quien es el responsable y saben lo que tienen que hacer!!!", añadió el opositor.
 
Casi de forma inmediata el alcalde del municipio caraqueño Baruta, el opositor Gerardo Blyde, indicó que nadie resultó herido, pese al incendio que afectó la sede partidista.
 
 Aseguró además que el fuego fue controlado y que no existe riesgo de que afecte a las edificaciones que rodean la sede de Primero Justicia.
 
"El fuego ya está extinguido, se hacen labores de refrescamiento para que no se vuelva a prender", explicó en declaraciones telefónicas al canal privado Globovisión.
 
Capriles estaba en la sede de Primero Justicia luego de participar en una manifestación opositora para exigir la realización de elecciones y apoyar una iniciativa del Parlamento de remover a siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo.
 
Esta protesta tenía como objetivo llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, pero fue dispersada con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad venezolanas.