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Un tribunal de la ciudad meridional china de Guilin condenó hoy a una pena de muerte suspendida durante dos años a Liu Xingtai, exvicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Hainan (sur), por haber aceptado más de 316 millones de yuanes en sobornos (44,1 millones de dólares, 38 millones de euros).
La sentencia incluye la privación de derechos políticos de por vida, el decomiso de la totalidad de sus bienes personales y la recuperación de los ingresos ilícitos para su ingreso en el erario público, informó el tribunal en su cuenta oficial en la red social Wechat.
De acuerdo con la resolución, entre 2003 y 2024 Liu se valió de los cargos que ocupó para favorecer a entidades y particulares en asuntos relacionados con la gestión de empresas, la adjudicación de negocios y la asignación de fondos, percibiendo de forma directa o a través de terceros bienes por un importe total superior a 316 millones de yuanes (44,1 millones de dólares, 38 millones de euros).
El fallo señala que, entre 2003 y 2024, Liu ocupó sucesivamente puestos de dirección en el Partido Comunista Chino (PCCh) y la administración en la provincia oriental de Shandong y, posteriormente, cargos de alto nivel en Hainan.
El tribunal consideró probado que los hechos constituyen soborno, que la cuantía aceptada es "especialmente grande" y que se causó un perjuicio "especialmente grave" a los intereses del Estado y de la ciudadanía, aunque señaló circunstancias atenuantes como la confesión de Liu y la devolución de los sobornos recibidos.
La pena de muerte se suspende por un plazo de dos años, durante los cuales, si Liu no comete nuevos delitos y muestra buen comportamiento, su sentencia será conmutada a cadena perpetua, una práctica común en los casos de corrupción en China.
Este proceso judicial se enmarca en la campaña anticorrupción que emprendió el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012 y que ha dejado a varios altos cargos condenados por aceptar sobornos millonarios.
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La campaña apunta a ámbitos tan diferentes como el deportivo, el tabacalero, el financiero y el farmacéutico, entre otros, en medio de las sospechas por parte de algunos expertos de que las acusaciones forman parte de una estratagema para acabar con sus críticos y rivales.
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