Un tribunal de la ciudad meridional china de Guilin condenó hoy a una pena de muerte suspendida durante dos años a Liu Xingtai, exvicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Hainan (sur), por haber aceptado más de 316 millones de yuanes en sobornos (44,1 millones de dólares, 38 millones de euros).La sentencia incluye la privación de derechos políticos de por vida, el decomiso de la totalidad de sus bienes personales y la recuperación de los ingresos ilícitos para su ingreso en el erario público, informó el tribunal en su cuenta oficial en la red social Wechat.De acuerdo con la resolución, entre 2003 y 2024 Liu se valió de los cargos que ocupó para favorecer a entidades y particulares en asuntos relacionados con la gestión de empresas, la adjudicación de negocios y la asignación de fondos, percibiendo de forma directa o a través de terceros bienes por un importe total superior a 316 millones de yuanes (44,1 millones de dólares, 38 millones de euros).El fallo señala que, entre 2003 y 2024, Liu ocupó sucesivamente puestos de dirección en el Partido Comunista Chino (PCCh) y la administración en la provincia oriental de Shandong y, posteriormente, cargos de alto nivel en Hainan.El tribunal consideró probado que los hechos constituyen soborno, que la cuantía aceptada es "especialmente grande" y que se causó un perjuicio "especialmente grave" a los intereses del Estado y de la ciudadanía, aunque señaló circunstancias atenuantes como la confesión de Liu y la devolución de los sobornos recibidos.La pena de muerte se suspende por un plazo de dos años, durante los cuales, si Liu no comete nuevos delitos y muestra buen comportamiento, su sentencia será conmutada a cadena perpetua, una práctica común en los casos de corrupción en China.Este proceso judicial se enmarca en la campaña anticorrupción que emprendió el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012 y que ha dejado a varios altos cargos condenados por aceptar sobornos millonarios.La campaña apunta a ámbitos tan diferentes como el deportivo, el tabacalero, el financiero y el farmacéutico, entre otros, en medio de las sospechas por parte de algunos expertos de que las acusaciones forman parte de una estratagema para acabar con sus críticos y rivales.
Colombia enfrenta una alarmante realidad: los delitos sexuales contra menores de edad han aumentado en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2023 se registraron más de 27.000 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, una cifra que evidencia la magnitud del problema. Casos recientes como el de Laura Sofía, en el que el agresor ya tenía antecedentes por abuso, han reavivado un debate que genera posiciones encontradas: ¿deberían endurecerse las penas para los abusadores sexuales de menores? ¿Debe contemplarse incluso la pena de muerte?En este contexto, emerge la voz de Diego Caro, activista y promotor de una iniciativa ciudadana que busca llevar a consulta popular una propuesta para endurecer radicalmente las penas contra quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad. En entrevista con Camila Zuluaga, Caro defendió su iniciativa, argumentando que es hora de poner en primer plano los derechos de los niños y no los de los criminales."Yo creo que sobre la agenda justamente lo que usted dice, hay que poner la discusión. Acá no podemos estar siempre simplemente utilizando la Constitución para beneficio de unos cuando se necesita..."Con estas palabras, Caro señala una de las premisas principales de su movimiento: la Constitución no debe ser un obstáculo cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Critica que se haya reformado la Carta Magna para favorecer políticamente a grupos como las FARC, mientras que aún no se contemplan cambios para castigar ejemplarmente a quienes abusan de menores. Su discurso apunta a una doble moral del sistema judicial y político, donde, según él, los derechos de las víctimas han sido sistemáticamente ignorados."La Constitución, el Estado y la misma sociedad le hemos fallado a nuestros niños... Acá no podemos seguir pensando simplemente en los derechos de los criminales..."Aquí, Caro refuerza su postura con un argumento moral: proteger a los niños debe estar por encima de todo. Insiste en que muchos abusadores son reincidentes, lo que a su juicio justifica medidas más duras como la cadena perpetua, la castración química o incluso la pena de muerte.Para que esta iniciativa pueda llegar a ser votada en las urnas, Caro debe recoger un número considerable de firmas. Así lo explica:"Bueno, la Registraduría emite 2 millones, me dice que son 2.050.000 firmas las que me pide, pero vamos a recoger 3 millones..." Caro planea reunir más firmas de las requeridas para evitar anulaciones. Su meta es ambiciosa: alcanzar entre 10 y 15 millones de firmas. Este entusiasmo evidencia que busca que la consulta se convierta en un movimiento masivo, más allá de lo legalmente necesario, y refleje el sentir colectivo frente a una problemática que indigna a la ciudadanía."Esto es algo que nos compete a todos... que simplemente queremos que los niños crezcan en un ambiente sano"Caro apela a la conciencia colectiva, buscando conectar con padres, madres y cualquier ciudadano preocupado por la seguridad infantil. Su estrategia comunicativa se centra en la empatía y en la idea de que el abuso a menores no es un problema aislado, sino una amenaza estructural.En cuanto al contenido de la consulta, Caro detalla las preguntas que se le plantearían al pueblo colombiano:"Está si la persona quiere o no quiere que exista pena de muerte... castración química... cadena perpetua... Registro Nacional Permanente para abusadores sexuales"Estas preguntas revelan el corazón de su propuesta: sanciones extremas para crímenes extremos. También busca que exista un registro público, accesible a cualquier ciudadano, para identificar a los abusadores condenados, similar al sistema estadounidense."Nosotros lo que pedimos con esta plataforma es que sea público... que las personas tengan derecho a acceder..."Aquí, Caro critica que actualmente solo ciertas instituciones tienen acceso a esa información. Él propone mayor transparencia y derecho ciudadano a saber cuántos agresores viven cerca, aunque esto podría colisionar con normas de habeas data y protección de datos.Ante las críticas de que su iniciativa sería inconstitucional, especialmente por plantear medidas ya rechazadas por la Corte Constitucional como la pena de muerte o la cadena perpetua, Caro afirmó que "la consulta jurídica ya la hice... nosotros tenemos que volver a poner sobre la mesa la discusión política"Reconoce que su propuesta no es viable bajo el marco actual de la Constitución, pero insiste en que abrir el debate podría llevar a una reforma. En su visión, la presión ciudadana puede empujar al Congreso a cambiar las leyes."No podemos quedarnos simplemente en el hecho de que esto es inconstitucional... tenemos que buscar una salida para proteger y defender a los niños"Este punto refleja una estrategia de choque: no se trata solo de viabilidad legal, sino de movilizar a la ciudadanía para forzar un cambio institucional. Caro compara su iniciativa con las concesiones políticas otorgadas a las FARC, afirmando que si se modificó la Constitución para permitir su participación política, también debería poder hacerse para proteger a los menores."18677 niños abusados en las FARC... también tenemos que buscar la forma... obligarnos como Estado..."Caro cierra con una frase que sintetiza su lucha: exigir que el país alce la voz por los niños, así como lo ha hecho en otros temas. Su propuesta puede parecer extrema para muchos, pero también interpela a un dolor real y profundo de la sociedad colombiana.¿Podrá esta propuesta transformar el orden legal actual en Colombia? ¿O será otra iniciativa frustrada por las barreras constitucionales? El tiempo, y la ciudadanía, lo dirán.
En 1966, Iwao Hakamada era un exboxeador que trabajaba en una fábrica de miso. Su vida dio un giro trágico cuando fue acusado de asesinar a su jefe, su esposa y sus dos hijos en un crimen que conmocionó a Japón. Aunque siempre declaró su inocencia, una confesión forzada bajo tortura lo llevó al corredor de la muerte, donde pasó casi 48 años, convirtiéndose en el preso condenado a la pena capital que más tiempo esperó su ejecución, según el Libro Guinness de los Récords.El caso comenzó el 18 de agosto de 1966, cuando los cuerpos de la familia fueron hallados apuñalados y calcinados en su casa en Shizuoka. La policía acusó a Hakamada de robar 200.000 yenes (unos 17.000 dólares de la época) y luego cometer los asesinatos.Aunque inicialmente negó su participación, después de 20 días de interrogatorios brutales, confesó. Sin embargo, más tarde denunció que lo habían golpeado y presionado para declararse culpable, sin acceso a un abogado.En 1968, un tribunal lo sentenció a muerte basándose en prendas manchadas de sangre encontradas en un tanque de miso, supuestamente vinculadas al crimen. A pesar de las irregularidades, la Corte Suprema confirmó la sentencia en 1970.Casi medio siglo esperando la ejecuciónHakamada pasó 48 años en el corredor de la muerte, en condiciones inhumanas, sin saber cuándo sería ejecutado. Mientras tanto, su hermana Hideko (ahora de 92 años) y organizaciones de derechos humanos lucharon incansablemente por revisar su caso.En 2014, tras nuevas pruebas de ADN que demostraron que la sangre en la ropa no era suya, un tribunal lo liberó. Pero no fue hasta septiembre de 2024 que, en un segundo juicio, fue declarado inocente y absuelto definitivamente.El 24 de marzo de 2024, el Estado japonés le otorgó 1,4 millones de dólares (85 dólares por cada día en prisión), la compensación más alta en un caso así. Sin embargo, su abogado, Hideyo Ogawa, afirmó que "nada repara el daño psicológico y los años perdidos".Hoy, con 89 años, Hakamada vive con las secuelas de casi cinco décadas de encierro. Su hermana Hideko, emocionada tras la absolución, dijo a Amnistía Internacional: "Cuando escuché 'no culpable', lloré sin parar. Fueron años de lucha, pero al fin hay justicia".
El estado de Florida ejecutó este jueves a Edward James, condenado por el asesinato en 1993 de una niña de ocho años y su abuela, en lo que supone la décima ejecución en lo que va de este 2025 en Estados Unidos.James, de 63 años, fue declarado muerto a las 20.15 hora local (00.15 GMT del viernes) tras recibir una inyección letal en una prisión estatal de Florida, según informó el Departamento de Correcciones del estado.Fue ejecutado por el asesinato, el 19 de septiembre de 1993, de Betty Dick, de 58 años, y su nieta Toni Neuner, de 8, quien fue violada.Esa noche, la abuela estaba en su casa de Casselberry, en Florida, con cuatro de sus nietos, de entre 2 y 10 años, cuando llegó James, quien llevaba unos seis meses alquilando una habitación en la vivienda y conocía a la familia desde hacía años, según medios locales.James había consumido hasta 24 cervezas en una fiesta, además de ginebra y LSD, y llegó en estado de embriaguez.Al llegar, agarró a la niña de ochos años, que dormía, la estranguló y la violó antes de arrojar su cuerpo tras una cama.Luego entró en el dormitorio de la abuela, la golpeó, intentó violarla y la apuñaló 23 veces antes de huir con su bolso, sus joyas y su automóvil.El crimen desató una intensa búsqueda a nivel nacional, con James incluido en la lista de los fugitivos más buscados del país.Finalmente, fue arrestado el 6 de octubre de ese año en Bakersfield (California), donde la Policía, tras interrogarlo, obtuvo una confesión grabada en video.Durante años, los abogados de James presentaron varios recursos ante cortes federales y estatales, todos rechazados.En ellos argumentaron que el consumo prolongado por parte de James de drogas y alcohol, así como varios traumatismos craneales y un infarto que sufrió en 2023, le habían provocado un grave deterioro mental que hacía que su ejecución pudiera ser considerada como un castigo cruel e inhumano.Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Florida utiliza para sus ejecuciones un cóctel de tres fármacos: un sedante, un paralizante y una sustancia que detiene el corazón.La de James fue la cuarta ejecución en Estados Unidos en tres días, en un lapso de poco más de 48 horas. El martes fue ejecutado Jessie Hoffman en Luisiana, el miércoles Aaron Gunches en Arizona y este jueves por la mañana Wendell Grissom en Oklahoma.Se trata de la décima ejecución del año en Estados Unidos y la segunda en Florida.Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte hace casi 50 años, el país ha ejecutado a 1.617 personas, de ellas 108 en Florida.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, propuso este martes la pena de muerte para violadores de menores, tras el asesinato de una niña de 12 años que fue agredida sexualmente el fin de semana en un barrio pobre de Lima.Partidaria de la mano dura contra la delincuencia, la mandataria conservadora afirmó que llegó "el momento" de discutir el restablecimiento de la pena capital, que fue abolida en 1979 y que por décadas estuvo reservada para delitos como traición a la patria y homicidio agravado."Es momento que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas; es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores", dijo Boluarte.Durante una ceremonia pública ante la Fuerza Aérea de Perú, la mandataria expresó su indignación por el asesinato de una niña cuyo cuerpo fue hallado el domingo en el distrito de Villa María del Triunfo, en el sur de la capital peruana.La menor había sido reportada como desaparecida el sábado. Su cadáver estaba envuelto en frazadas y alfombras debajo de la cama del presunto agresor de 26 años, identificado como Gerson Juárez y quien fue detenido por la policía, de acuerdo con autoridades.Este martes un juez de Lima dispuso prisión preventiva por siete días contra el sospechoso, según informó el poder judicial en sus redes sociales."No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos (...) No debemos de tener ningún tipo de contemplación con quienes se atreven a tocar a nuestros niños y niñas, que son lo más sagrado e intocable para nuestras familias peruanas", enfatizó Boluarte.La pena de muerte solo podría ser restablecida mediante una reforma constitucional que apruebe el Congreso. La iniciativa, sin embargo, chocaría con compromisos internacionales que asumió Perú en defensa de los derechos humanos y en contra de este tipo de castigos.Desde 1995, el poder legislativo ha hundido al menos ocho proyectos de ley que buscaban restaurar la pena de muerte.La actual normativa prevé la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años. Según el Instituto Nacional Penitenciario, 8.491 personas cumplen actualmente sentencia por este delito.
El exministro de Justicia Yesid Reyes analiza la reforma a la justicia que propone rebaja de penas para delitos como abuso sexual, secuestro u homicidio contra menores. Esto dijo el exfuncionario.El reciente caso del asesinato y desmembramiento de Sofía Delgado, una niña de doce años, ha encendido la indignación en Colombia y avivado el debate sobre la reforma a la justicia. Yesid Reyes, exministro de Justicia, abordó este tema en una reciente entrevista, donde expuso la necesidad de examinar el sistema penal en relación con los delitos contra menores.La indignación nacional y la respuesta del CongresoLuego de la tragedia de Sofía Delgado, la opinión pública se ha mostrado inflexible ante cualquier insinuación de beneficios a los criminales que cometen actos atroces contra niños. Las críticas se centraron particularmente en las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre una propuesta que permite reducir penas si los delincuentes colaboran o confiesan. La respuesta de Yesid Reyes fue clara: "No debería haber privilegios para quienes cometen crímenes contra niños".El dilema de la celeridad en los procesos judicialesReyes argumentó que es vital encontrar un balance entre la severidad de las penas y la celeridad de los procesos judiciales. Señaló que la prohibición de los preacuerdos ha llevado a un aumento en la duración de los procesos y una disminución en el porcentaje de condenas. "Desde que se prohibieron las rebajas, hemos visto que los casos se prolongan y son pocos los que llegan a condena".Un punto de debate relevante es si realmente los criminales de delitos contra menores estarían dispuestos a confesar a cambio de una rebaja de pena. Reyes aseguró que existen estadísticas que demuestran que antes de la prohibición de preacuerdos, los niveles de condena eran más altos. Este fenómeno tiende a hacer que los delincuentes opten por arriesgarse en juicio, especialmente ante la falta de incentivos para aceptar la culpabilidad.La dilación y su contextoA pesar de que las reducciones de penas fueron inicialmente diseñadas para desmantelar organizaciones criminales, Reyes defiende la idea de que deben también aplicarse al contexto de delitos individuales contra niños."El tema de la rebaja de penas puede ayudar a que se impongan sentencias más rápidamente, en lugar de tener casos que se alargan en el tiempo", mencionó.La propuesta de aumentar las penasFrente a la creciente presión por mayores castigos, Reyes propuso una solución intermedia: aumentar las penas de los delitos contra niños y al mismo tiempo permitir una reducción para quienes acepten su responsabilidad. Esto se presentaría como un equilibrio que podría mejorar las tasas de condena sin necesariamente rebajar las penas.Sin embargo, la posibilidad de implementar una cadena perpetua ha sido descartada por la Corte Constitucional, que ha establecido que dicha pena violaría derechos fundamentales. Aún así, el debate continúa, y muchos congresistas siguen presionando por un endurecimiento de las penas.El caso de Sofía Delgado y la posibilidad de una reforma efectiva a la justicia en Colombia está en la mesa. La discusión se centra no sólo en qué tan severas deben ser las penas, sino en cómo mejorar la celeridad en el sistema judicial para proteger a los niños. Jesse Reyes deja claro que el reto es encontrar un equilibrio que garantice justicia efectiva sin comprometer los derechos fundamentales de los acusados. En un contexto donde el clamor por justicia es intenso, el futuro del sistema penal colombiano depende del diálogo y la búsqueda de soluciones efectivas.Escuche la entrevista completa acá:
Un hombre en Texas, condenado por causar la muerte de su hija, insistió en su inocencia este martes, apoyado por el policía que antes lo acusó y respaldado por el activista en la lucha contra errores judiciales, John Grisham.Robert Roberson, de 57 años, tiene su ejecución programada para el 17 de octubre, luego de que un tribunal de Texas lo hallara culpable en 2003 de provocar un daño mortal a su bebé de 2 años, conocido como síndrome del bebé sacudido, que ocurre cuando el menor es agitado con fuerza.Basándose en nueva evidencia, sus abogados, apoyados por legisladores, médicos y activistas de distintas banderas presentaron el martes un pedido de clemencia al gobierno de Texas y a la Junta de Indultos, para que consideren una pena menor o una prórroga de 180 días para evaluar el pedido.Aseguran que la hija de Roberson murió por una neumonía no diagnosticada y falta de atención médica oportuna en un hospital de un pueblo rural de Texas. Detallan que, días antes de su fallecimiento, Roberson buscó atención médica para su hija porque presentaba problemas respiratorios, pero fue enviada de vuelta a casa con un tratamiento que empeoró su condición.El día del incidente, Roberson llevó a su hija en grave estado al hospital. Médicos reactivaron su corazón, pero ella ya presentaba señales de muerte cerebral.Sin oxígeno, el cerebro de la niña se hinchó y desplazó y la sangre bombeada por el corazón se acumuló en la cabeza. Los médicos diagnosticaron el caso como síndrome del bebé sacudido y Roberson fue responsabilizado, sostienen sus abogados.Médicos y policías basaron también sus apreciaciones en que Roberson no mostraba emociones, lo que pudo deberse a su espectro autista, diagnosticado posteriormente a la condena. Ello condicionó la acusación, dijo la defensa."Texas se está preparando para ejecutar a Forrest Gump", consideró la abogada de Roberson, Gretchen Sween, en referencia al protagonista de la película que interpretó Tom Hanks. Describió a su defendido como un hombre bondadoso y que atravesó problemas desde su juventud, por su autismo."No se trata de un caso en el que el sistema se equivocó de persona, sino de uno en el que no se cometió ningún delito", dijo el escritor y abogado John Grisham."Siempre estaré atormentado por el papel que desempeñé al ayudar al Estado a poner a este hombre inocente en el corredor de la muerte (...) El caso de Robert siempre será una carga en mi corazón y en mi alma. Pero no es demasiado tarde para que Texas cambie de rumbo y detenga su ejecución", ha dicho Brian Warton, el policía que lideró la investigación que lo acusó.
El expresidente y candidato presidencial Donald Trump prometió este viernes que aplicará la pena de muerte para tres categorías de personas: aquellos que maten a un policía, narcotraficantes y proxenetas.Trump hizo la 'promesa' durante un mitin ante la Fraternidad de Policía de Charlotte (Carolina del Norte), ante un público entregado; allí, Trump dedicó lo esencial de su discurso a la inseguridad y "las bandas criminales que están arrasando nuestras ciudades".Fue entonces cuando desgranó las que serían en su nuevo mandato las penas que impondrá para los crímenes más graves: "Pena de muerte para los narcotraficantes y cualquiera culpable de tráfico sexual de niños y mujeres, que está sucediendo en cifras masivas, y también pedimos una contundente pena de muerte para quien mate a un agente de policía".La audiencia de policías y allegados estalló entonces en un largo aplauso.En lo relativo a los narcotraficantes, aseguró que tomó la idea del presidente chino Xi Jinping, con quien se "llevaba muy bien" en los años prepandemia"."Le dije, ¿ustedes tienen un problema de drogas? No, ninguno. ¿Y a qué se debe? A la pena de muerte, pena de muerte para los narcotraficantes, y así no tienen ni el menor problema con eso. El único problema es que nos envían la droga a nosotros", concluyó.Trump dijo que a su contrincante y actual vicepresidenta, "Kamala Harris y los comunistas", se les debe "esa plaga de derramamiento de sangre, crímenes, caos, miseria y muerte sobre nuestras ciudades", y detalló entonces algunas cifras de criminalidad en ciudades como Chicago -"es peor que Afganistán"- o Baltimore.Continuó describiendo ciudades como Nueva York pobladas por vagabundos "en cifras no vistas en veinte años", inmigrantes ilegales, madres "que no se atreven a salir con sus hijos al parque", donde "los grafitis lo invaden todo" y los inocentes "son víctimas de ataques aleatorios o brutales".Antes de la reunión de Trump con la junta directiva del grupo policial esta tarde, el grupo anunció que lo respaldaba para presidente. Se trata del grupo laboral policial más grande, con más de 350.000 miembros, y en el pasado ha respaldado a candidatos de ambos partidos principales, pero es la tercera vez que apoya a Trump.
El español Daniel Sancho asegura estar "preparado para lo mejor y para lo peor" ante la sentencia que determinará el 29 de agosto si es o no culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia el pasado año."Estoy preparado para lo mejor y para lo peor", dijo Sancho el 22 de agosto en la prisión de Samui (sur de Tailandia) al ser preguntado cómo afronta el fallo, aunque se mostró optimista y convencido de que el juez va a descartar que la muerte de Arrieta se debiera a un asesinato premeditado.El español consideró que durante el juicio "quedó claro que fue un accidente", en referencia a la muerte de Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Phangan, y citó las pruebas forenses presentadas por la defensa que, según él, demostrarían que el fallecimiento se debió a una pelea.Sancho, de 30 años, hizo estas declaraciones durante una visita a la cárcel y la conversación se llevó a cabo a través de un cristal y un teléfono sin que se pudiera grabar ni tomar notas.Tras más de un año en prisión preventiva, el joven admitió que vive con impaciencia la espera para conocer la sentencia y que los meses desde la celebración del juicio, que concluyó el pasado mayo, se le han hecho "muy largos"."Hasta el juicio era un hombre con una misión", afirmó, e indicó que pasó mucho tiempo centrado y preparándose para el proceso, en el que tuvo un papel muy activo, ya que el juez le permitió hacer preguntas a los testigos.El juicioDurante el juicio, celebrado a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui entre el 9 de abril y el 2 de mayo, el acusado y su equipo de defensa sostuvieron que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea y que el español actuó en defensa propia ante un supuesto intento de agresión sexual.La Fiscalía, por su parte, trató de probar mediante decenas de pruebas y testigos, incluida la compra de cuchillos y una sierra, que Sancho planificó los días previos el asesinato y descuartizamiento de Arrieta, de 44 años, cuyos restos fueron encontrados en varios lugares de Phangan, incluido el mar.La autopsia efectuada al cirujano colombiano no resultó concluyente al no haberse encontrado partes del cuerpo clave como el torso.El español, quien mantiene los últimos días antes de escuchar la sentencia su rutina habitual de ejercicio y lectura, había quedado con el cirujano colombiano, a quien conocía desde 2022, el mismo día de los hechos.La sentenciaEl acusado, que en un principio confesó el crimen ante la Policía de Phangan, acudirá a la lectura de la sentencia el próximo jueves en el tribunal de Samui, donde se celebró el juicio en medio de una enorme atención mediática.Según fuentes cercanas al caso, la sentencia ya está redactada y ha sido enviada para su ratificación a la oficina del juez decano de Surat Thani (provincia de la que depende Samui).Sancho aseguró que le da "tranquilidad" y "confianza" en el proceso este trámite, habitual en Tailandia para casos graves, tanto penales como civiles, que puedan implicar penas o indemnizaciones altas.El código penal tailandés contempla desde los 15 años de cárcel hasta la pena de muerte en los casos de asesinato, si bien Tailandia apenas aplica este último castigo y se suele conmutar por otros más bajos.Los casos de homicidio involuntario son penados con entre 3 y 15 años de cárcel.El español está acusado también de descuartizar el cuerpo de Arrieta -de lo que se ha declarado culpable- y de hacer desaparecer su pasaporte, delitos que podrían conllevar entre uno y seis años de prisión, respectivamente.El acceso a la sala del tribunal durante la lectura de la sentencia este jueves será muy restringido, y el juez no decidirá hasta el último momento quién puede entrar.Está previsto, sin embargo, que el padre y la madre del acusado, el actor español Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo, sí estén presentes en la sala, así como el fiscal, los abogados tailandeses de la defensa y los que representan en el país asiático a la familia de la víctima.La familia de Arrieta en principio no acudirá a la lectura de la sentencia, y por el momento no han querido hacer declaraciones sobre cómo afrontan el fallo.
Las autoridades iraníes ejecutaron a un vidente condenado a muerte por violación y agresión sexual tras más de tres años en prisión, anunció el miércoles la agencia oficial de la autoridad judicial."Un vidente que había agredido a mujeres y chicas jóvenes", utilizando sus servicios de adivinación para engañar a sus clientas, "fue ejecutado en la cárcel de Yazd", indicó Mizan Online citando a Hosein Tahmasebi, presidente del Tribunal Supremo de la provincia central donde se encuentra el centro penitenciario.Irán, que mantiene la pena de muerte para varios delitos, entre ellos la violación y la agresión sexual, es el país que más ejecuciones lleva a cabo al año después de China, según la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional.El papa se pronuncia sobre la pena de muerteEl papa Francisco reafirmó su condena a la pena de muerte y aseguró "que no da justicia y es un veneno para la sociedad" en el prefacio del libro recientemente publicado del abogado Dale Recinella, que acompaña espiritualmente a los condenados a muerte en Estados Unidos.En el libro 'Un cristiano en el corredor de la muerte', el papa reitera que "la pena de muerte no es en modo alguno la solución a la violencia que puede afectar a personas inocentes" y que las ejecuciones capitales, lejos de proporcionar justicia, alimentan un sentimiento de venganza que se convierte en un veneno peligroso para el cuerpo de nuestras sociedades civiles"."Los Estados deberían preocuparse por permitir a los prisioneros a oportunidad de cambiar verdaderamente sus vidas, en lugar de invertir dinero y recursos en reprimirlos, como si fueran seres humanos que ya no merecen vivir y ser eliminados", escribe Francisco.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció dos grandes operaciones este jueves que golpearon a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En la principal de ellas, se logró la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, pareja sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', señalado cabecilla de la estructura mencionada.Ese operativo se llevó a cabo de forma simultánea en las poblaciones de Santa Marta y Ciénaga, donde la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas.Dentro del mismo fueron incautadas cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. Del mismo modo, anunció el presidente, fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de alias 'Pinocho'En otra operación que llevó por nombre Kratos, las autoridades de antinarcóticos, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, capturaron en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos.La investigación estableció una conexión de esta organización con el Cártel de Sinaloa, a través de alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’. Asimismo, se informó que la red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y, al parecer, lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.“He ordenado seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices. Hay que caminarles a todos”, fueron las palabras del presidente De La Espriella en sus redes sociales.“Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde. Gracias a la Policía Nacional, al Ejército, a la Fiscalía y a la DEA por su trabajo”, finalizó.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, con corte al 23 de septiembre, el sismo ha dejado 486.917 personas afectadas, agrupadas en 303.934 familias, en 500 municipios de 16 departamentos del país..Las cifras oficiales también reportan 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas. Además, se contabilizan 36.478 viviendas destruidas, de acuerdo con los reportes que complementan la información del Registro Único de Damnificados.En materia de infraestructura, el balance señala afectaciones en 4.431 centros educativos, 402 centros de salud, 6.094 centros comunitarios y 182 acueductos.Sin embargo, desde la OCHA advierten que estas cifras todavía pueden cambiar debido a las dificultades para consolidar y actualizar la información en algunas zonas.Uno de los principales vacíos está precisamente en la identificación de daños en municipios apartados y zonas rurales dispersas, donde hay baja capacidad técnica y limitada presencia institucional. Esta situación es particularmente evidente en departamentos como Chocó y Valle del Cauca.En Chocó, por ejemplo, existen diferencias entre los registros de las evaluaciones de daños, los reportes de las secretarías departamentales y municipales y otras fuentes sectoriales. Según la OCHA, estas diferencias dificultan conocer oportunamente las necesidades en salud, alojamientos temporales y vigilancia epidemiológica.Además, las dificultades de conectividad, las barreras geográficas y la presencia de grupos armados complican el acceso a comunidades rurales. En zonas como el Atrato, San Juan y Baudó, incluso la movilidad por los ríos presenta dificultades, lo que afecta el reporte oportuno de las necesidades.Otro de los problemas identificados es que personas refugiadas y migrantes que están en algunas de las zonas más afectadas no estarían quedando registradas, lo que puede limitar su acceso a derechos y a las ayudas disponibles.En Risaralda también persiste un vacío importante, el informe señala que la evaluación de estructuras continúa siendo baja, especialmente en Pereira y otros municipios afectados.A esto se suma que algunas familias todavía no tienen suficiente información sobre los resultados de las evaluaciones estructurales ni sobre las rutas disponibles para acceder a soluciones de vivienda y otros servicios.En los alojamientos temporales también continúan las necesidades. La OIM identificó alrededor de 6.903 personas, correspondientes a 1.970 hogares, ubicadas en 105 alojamientos temporales de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Caldas.En Chocó, cerca de 501 personas de 173 familias permanecen en nueve alojamientos temporales ubicados en Quibdó, Istmina, Nóvita y Condoto.Allí se mantienen necesidades relacionadas con agua potable, saneamiento, condiciones de habitabilidad, atención en salud física y mental y prevención de enfermedades como dengue y malaria.En Valle del Cauca, especialmente en Buenaventura, persisten problemas en los alojamientos temporales, con dificultades de acceso a agua potable, saneamiento y servicios básicos, además de afectaciones en infraestructura de salud y educación.El informe también advierte que algunas comunidades continúan enfrentando una doble afectación, debido a que, además de las consecuencias del terremoto, tienen necesidades relacionadas con el conflicto armado, lo que dificulta el acceso a servicios y la recuperación.Hasta la fecha, al menos 31 organizaciones humanitarias han atendido a más de 137.000 personas, unas 32.600 familias, en 53 municipios de los departamentos priorizados.La asistencia ha incluido alimentos, agua, elementos de alojamiento e higiene, atención en salud física y mental, educación en emergencias, protección y transferencias monetarias. Desde la OCHA señalan que los socios humanitarios continúan focalizando acciones en zonas rurales donde persisten vacíos de atención.
Carlos Montoya sale de la presidencia de Colpensiones. El presidente Abelardo De La Espriella pidió su renuncia tras las dificultades que tuvo durante su intervención en la Comisión Séptima del Senado de la República donde no respondió todos los requerimientos sobre el sistema pensional del país.En desarrollo...
El Grupo Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de 200 millones de dólares para Colombia (aprox 654 mil millones de pesos) , destinado a fortalecer las labores de respuesta y recuperación tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Los recursos buscan respaldar los esfuerzos del Gobierno para atender las necesidades de las poblaciones afectadas y avanzar en las acciones de recuperación luego de la emergencia. Este nuevo financiamiento se suma a los 200 millones desembolsados en agosto para la respuesta inmediata ante la emergencia, según aseguró Susana Cordeiro, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial.El nuevo financiamiento complementa un préstamo de Políticas de Desarrollo para la Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado en febrero, que cuenta con una opción de desembolso diferido ante catástrofes. Este mecanismo permite que Colombia pueda acceder rápidamente a recursos cuando se presenta un desastre natural o una emergencia de gran magnitud, con el propósito de garantizar liquidez para atender las necesidades más urgentes.Juan Martínez Álvarez, representante del Banco Mundial en Colombia, destacó que estos recursos “permitirán incrementar la capacidad de respuesta financiera del país y contribuirán a que los recursos lleguen de manera oportuna a las poblaciones afectadas”. También señaló que el mecanismo busca fortalecer las herramientas con las que cuentan las instituciones para enfrentar las labores de recuperación después de una emergencia.El Banco Mundial recordó que este tipo de instrumentos ya ha sido utilizado por Colombia para responder ante crisis anteriores, entre ellas las relacionadas con el fenómeno de La Niña y la pandemia de COVID-19. Con esta nueva operación, la entidad y el Gobierno buscan fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la capacidad financiera del país para responder no solo a los efectos del terremoto de agosto, sino también ante futuras emergencias.“Este financiamiento adicional del Banco Mundial es una muestra de confianza en Colombia y en la capacidad del Gobierno para responder con responsabilidad en momentos difíciles”, fue lo que dijo Miguel Gomez Martinez, ministro de Hacienda, tras el anuncio.
El Chance Paisita Noche continúa entre los sorteos más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia. Sus diferentes modalidades de apuesta permiten participar con distintas combinaciones y revisar el resultado oficial para comprobar si el tiquete obtuvo algún premio.Además, este chance cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y ofrece una alternativa complementaria para los participantes.Resultado del Paisita Noche hoy, jueves 24 de septiembre de 2026El número ganador del chance Paisita Noche para este jueves 24 de septiembre de 2026 fue el 1806. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 1806.Dos últimas cifras: 06.Tres últimas cifras: 806.Los jugadores pueden consultar el resultado en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para verificar si su tiquete fue ganador.¿A qué hora se juega Paisita Noche?Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario depende de la jornada:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor es necesario acertar el número completo en el mismo orden anunciado oficialmente.Modalidades de apuesta en Paisita NocheEl juego dispone de varias opciones para participar, de acuerdo con la modalidad elegida.Cuatro cifras directo o superplenoConsiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del resultado oficial.Combinado de cuatro cifrasPermite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directoPremia cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial y conservan el mismo orden.Combinado de tres cifrasEntrega premio cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en una posición diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.Una cifra o uñaEsta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.Quinta balota: una alternativa adicionalLa quinta balota fue incorporada al Paisita Noche durante 2025. Se trata de una cifra adicional que acompaña al resultado principal y permite acceder a posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.Esta alternativa se suma a las diferentes modalidades disponibles para los jugadores habituales del sorteo.Requisitos para reclamar premiosEl proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.Documentos básicosTiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Premios menores a 48 UVTSolo requieren la documentación básica para realizar el cobro.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVTTambién será necesario presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la posibilidad de participar mediante la quinta balota, el Paisita Noche continúa siendo uno de los chances más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia.
