Un tribunal de la ciudad meridional china de Guilin condenó hoy a una pena de muerte suspendida durante dos años a Liu Xingtai, exvicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Hainan (sur), por haber aceptado más de 316 millones de yuanes en sobornos (44,1 millones de dólares, 38 millones de euros).La sentencia incluye la privación de derechos políticos de por vida, el decomiso de la totalidad de sus bienes personales y la recuperación de los ingresos ilícitos para su ingreso en el erario público, informó el tribunal en su cuenta oficial en la red social Wechat.De acuerdo con la resolución, entre 2003 y 2024 Liu se valió de los cargos que ocupó para favorecer a entidades y particulares en asuntos relacionados con la gestión de empresas, la adjudicación de negocios y la asignación de fondos, percibiendo de forma directa o a través de terceros bienes por un importe total superior a 316 millones de yuanes (44,1 millones de dólares, 38 millones de euros).El fallo señala que, entre 2003 y 2024, Liu ocupó sucesivamente puestos de dirección en el Partido Comunista Chino (PCCh) y la administración en la provincia oriental de Shandong y, posteriormente, cargos de alto nivel en Hainan.El tribunal consideró probado que los hechos constituyen soborno, que la cuantía aceptada es "especialmente grande" y que se causó un perjuicio "especialmente grave" a los intereses del Estado y de la ciudadanía, aunque señaló circunstancias atenuantes como la confesión de Liu y la devolución de los sobornos recibidos.La pena de muerte se suspende por un plazo de dos años, durante los cuales, si Liu no comete nuevos delitos y muestra buen comportamiento, su sentencia será conmutada a cadena perpetua, una práctica común en los casos de corrupción en China.Este proceso judicial se enmarca en la campaña anticorrupción que emprendió el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012 y que ha dejado a varios altos cargos condenados por aceptar sobornos millonarios.La campaña apunta a ámbitos tan diferentes como el deportivo, el tabacalero, el financiero y el farmacéutico, entre otros, en medio de las sospechas por parte de algunos expertos de que las acusaciones forman parte de una estratagema para acabar con sus críticos y rivales.
Colombia enfrenta una alarmante realidad: los delitos sexuales contra menores de edad han aumentado en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2023 se registraron más de 27.000 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, una cifra que evidencia la magnitud del problema. Casos recientes como el de Laura Sofía, en el que el agresor ya tenía antecedentes por abuso, han reavivado un debate que genera posiciones encontradas: ¿deberían endurecerse las penas para los abusadores sexuales de menores? ¿Debe contemplarse incluso la pena de muerte?En este contexto, emerge la voz de Diego Caro, activista y promotor de una iniciativa ciudadana que busca llevar a consulta popular una propuesta para endurecer radicalmente las penas contra quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad. En entrevista con Camila Zuluaga, Caro defendió su iniciativa, argumentando que es hora de poner en primer plano los derechos de los niños y no los de los criminales."Yo creo que sobre la agenda justamente lo que usted dice, hay que poner la discusión. Acá no podemos estar siempre simplemente utilizando la Constitución para beneficio de unos cuando se necesita..."Con estas palabras, Caro señala una de las premisas principales de su movimiento: la Constitución no debe ser un obstáculo cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Critica que se haya reformado la Carta Magna para favorecer políticamente a grupos como las FARC, mientras que aún no se contemplan cambios para castigar ejemplarmente a quienes abusan de menores. Su discurso apunta a una doble moral del sistema judicial y político, donde, según él, los derechos de las víctimas han sido sistemáticamente ignorados."La Constitución, el Estado y la misma sociedad le hemos fallado a nuestros niños... Acá no podemos seguir pensando simplemente en los derechos de los criminales..."Aquí, Caro refuerza su postura con un argumento moral: proteger a los niños debe estar por encima de todo. Insiste en que muchos abusadores son reincidentes, lo que a su juicio justifica medidas más duras como la cadena perpetua, la castración química o incluso la pena de muerte.Para que esta iniciativa pueda llegar a ser votada en las urnas, Caro debe recoger un número considerable de firmas. Así lo explica:"Bueno, la Registraduría emite 2 millones, me dice que son 2.050.000 firmas las que me pide, pero vamos a recoger 3 millones..." Caro planea reunir más firmas de las requeridas para evitar anulaciones. Su meta es ambiciosa: alcanzar entre 10 y 15 millones de firmas. Este entusiasmo evidencia que busca que la consulta se convierta en un movimiento masivo, más allá de lo legalmente necesario, y refleje el sentir colectivo frente a una problemática que indigna a la ciudadanía."Esto es algo que nos compete a todos... que simplemente queremos que los niños crezcan en un ambiente sano"Caro apela a la conciencia colectiva, buscando conectar con padres, madres y cualquier ciudadano preocupado por la seguridad infantil. Su estrategia comunicativa se centra en la empatía y en la idea de que el abuso a menores no es un problema aislado, sino una amenaza estructural.En cuanto al contenido de la consulta, Caro detalla las preguntas que se le plantearían al pueblo colombiano:"Está si la persona quiere o no quiere que exista pena de muerte... castración química... cadena perpetua... Registro Nacional Permanente para abusadores sexuales"Estas preguntas revelan el corazón de su propuesta: sanciones extremas para crímenes extremos. También busca que exista un registro público, accesible a cualquier ciudadano, para identificar a los abusadores condenados, similar al sistema estadounidense."Nosotros lo que pedimos con esta plataforma es que sea público... que las personas tengan derecho a acceder..."Aquí, Caro critica que actualmente solo ciertas instituciones tienen acceso a esa información. Él propone mayor transparencia y derecho ciudadano a saber cuántos agresores viven cerca, aunque esto podría colisionar con normas de habeas data y protección de datos.Ante las críticas de que su iniciativa sería inconstitucional, especialmente por plantear medidas ya rechazadas por la Corte Constitucional como la pena de muerte o la cadena perpetua, Caro afirmó que "la consulta jurídica ya la hice... nosotros tenemos que volver a poner sobre la mesa la discusión política"Reconoce que su propuesta no es viable bajo el marco actual de la Constitución, pero insiste en que abrir el debate podría llevar a una reforma. En su visión, la presión ciudadana puede empujar al Congreso a cambiar las leyes."No podemos quedarnos simplemente en el hecho de que esto es inconstitucional... tenemos que buscar una salida para proteger y defender a los niños"Este punto refleja una estrategia de choque: no se trata solo de viabilidad legal, sino de movilizar a la ciudadanía para forzar un cambio institucional. Caro compara su iniciativa con las concesiones políticas otorgadas a las FARC, afirmando que si se modificó la Constitución para permitir su participación política, también debería poder hacerse para proteger a los menores."18677 niños abusados en las FARC... también tenemos que buscar la forma... obligarnos como Estado..."Caro cierra con una frase que sintetiza su lucha: exigir que el país alce la voz por los niños, así como lo ha hecho en otros temas. Su propuesta puede parecer extrema para muchos, pero también interpela a un dolor real y profundo de la sociedad colombiana.¿Podrá esta propuesta transformar el orden legal actual en Colombia? ¿O será otra iniciativa frustrada por las barreras constitucionales? El tiempo, y la ciudadanía, lo dirán.
En 1966, Iwao Hakamada era un exboxeador que trabajaba en una fábrica de miso. Su vida dio un giro trágico cuando fue acusado de asesinar a su jefe, su esposa y sus dos hijos en un crimen que conmocionó a Japón. Aunque siempre declaró su inocencia, una confesión forzada bajo tortura lo llevó al corredor de la muerte, donde pasó casi 48 años, convirtiéndose en el preso condenado a la pena capital que más tiempo esperó su ejecución, según el Libro Guinness de los Récords.El caso comenzó el 18 de agosto de 1966, cuando los cuerpos de la familia fueron hallados apuñalados y calcinados en su casa en Shizuoka. La policía acusó a Hakamada de robar 200.000 yenes (unos 17.000 dólares de la época) y luego cometer los asesinatos.Aunque inicialmente negó su participación, después de 20 días de interrogatorios brutales, confesó. Sin embargo, más tarde denunció que lo habían golpeado y presionado para declararse culpable, sin acceso a un abogado.En 1968, un tribunal lo sentenció a muerte basándose en prendas manchadas de sangre encontradas en un tanque de miso, supuestamente vinculadas al crimen. A pesar de las irregularidades, la Corte Suprema confirmó la sentencia en 1970.Casi medio siglo esperando la ejecuciónHakamada pasó 48 años en el corredor de la muerte, en condiciones inhumanas, sin saber cuándo sería ejecutado. Mientras tanto, su hermana Hideko (ahora de 92 años) y organizaciones de derechos humanos lucharon incansablemente por revisar su caso.En 2014, tras nuevas pruebas de ADN que demostraron que la sangre en la ropa no era suya, un tribunal lo liberó. Pero no fue hasta septiembre de 2024 que, en un segundo juicio, fue declarado inocente y absuelto definitivamente.El 24 de marzo de 2024, el Estado japonés le otorgó 1,4 millones de dólares (85 dólares por cada día en prisión), la compensación más alta en un caso así. Sin embargo, su abogado, Hideyo Ogawa, afirmó que "nada repara el daño psicológico y los años perdidos".Hoy, con 89 años, Hakamada vive con las secuelas de casi cinco décadas de encierro. Su hermana Hideko, emocionada tras la absolución, dijo a Amnistía Internacional: "Cuando escuché 'no culpable', lloré sin parar. Fueron años de lucha, pero al fin hay justicia".
El estado de Florida ejecutó este jueves a Edward James, condenado por el asesinato en 1993 de una niña de ocho años y su abuela, en lo que supone la décima ejecución en lo que va de este 2025 en Estados Unidos.James, de 63 años, fue declarado muerto a las 20.15 hora local (00.15 GMT del viernes) tras recibir una inyección letal en una prisión estatal de Florida, según informó el Departamento de Correcciones del estado.Fue ejecutado por el asesinato, el 19 de septiembre de 1993, de Betty Dick, de 58 años, y su nieta Toni Neuner, de 8, quien fue violada.Esa noche, la abuela estaba en su casa de Casselberry, en Florida, con cuatro de sus nietos, de entre 2 y 10 años, cuando llegó James, quien llevaba unos seis meses alquilando una habitación en la vivienda y conocía a la familia desde hacía años, según medios locales.James había consumido hasta 24 cervezas en una fiesta, además de ginebra y LSD, y llegó en estado de embriaguez.Al llegar, agarró a la niña de ochos años, que dormía, la estranguló y la violó antes de arrojar su cuerpo tras una cama.Luego entró en el dormitorio de la abuela, la golpeó, intentó violarla y la apuñaló 23 veces antes de huir con su bolso, sus joyas y su automóvil.El crimen desató una intensa búsqueda a nivel nacional, con James incluido en la lista de los fugitivos más buscados del país.Finalmente, fue arrestado el 6 de octubre de ese año en Bakersfield (California), donde la Policía, tras interrogarlo, obtuvo una confesión grabada en video.Durante años, los abogados de James presentaron varios recursos ante cortes federales y estatales, todos rechazados.En ellos argumentaron que el consumo prolongado por parte de James de drogas y alcohol, así como varios traumatismos craneales y un infarto que sufrió en 2023, le habían provocado un grave deterioro mental que hacía que su ejecución pudiera ser considerada como un castigo cruel e inhumano.Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Florida utiliza para sus ejecuciones un cóctel de tres fármacos: un sedante, un paralizante y una sustancia que detiene el corazón.La de James fue la cuarta ejecución en Estados Unidos en tres días, en un lapso de poco más de 48 horas. El martes fue ejecutado Jessie Hoffman en Luisiana, el miércoles Aaron Gunches en Arizona y este jueves por la mañana Wendell Grissom en Oklahoma.Se trata de la décima ejecución del año en Estados Unidos y la segunda en Florida.Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte hace casi 50 años, el país ha ejecutado a 1.617 personas, de ellas 108 en Florida.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, propuso este martes la pena de muerte para violadores de menores, tras el asesinato de una niña de 12 años que fue agredida sexualmente el fin de semana en un barrio pobre de Lima.Partidaria de la mano dura contra la delincuencia, la mandataria conservadora afirmó que llegó "el momento" de discutir el restablecimiento de la pena capital, que fue abolida en 1979 y que por décadas estuvo reservada para delitos como traición a la patria y homicidio agravado."Es momento que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas; es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores", dijo Boluarte.Durante una ceremonia pública ante la Fuerza Aérea de Perú, la mandataria expresó su indignación por el asesinato de una niña cuyo cuerpo fue hallado el domingo en el distrito de Villa María del Triunfo, en el sur de la capital peruana.La menor había sido reportada como desaparecida el sábado. Su cadáver estaba envuelto en frazadas y alfombras debajo de la cama del presunto agresor de 26 años, identificado como Gerson Juárez y quien fue detenido por la policía, de acuerdo con autoridades.Este martes un juez de Lima dispuso prisión preventiva por siete días contra el sospechoso, según informó el poder judicial en sus redes sociales."No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos (...) No debemos de tener ningún tipo de contemplación con quienes se atreven a tocar a nuestros niños y niñas, que son lo más sagrado e intocable para nuestras familias peruanas", enfatizó Boluarte.La pena de muerte solo podría ser restablecida mediante una reforma constitucional que apruebe el Congreso. La iniciativa, sin embargo, chocaría con compromisos internacionales que asumió Perú en defensa de los derechos humanos y en contra de este tipo de castigos.Desde 1995, el poder legislativo ha hundido al menos ocho proyectos de ley que buscaban restaurar la pena de muerte.La actual normativa prevé la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años. Según el Instituto Nacional Penitenciario, 8.491 personas cumplen actualmente sentencia por este delito.
El exministro de Justicia Yesid Reyes analiza la reforma a la justicia que propone rebaja de penas para delitos como abuso sexual, secuestro u homicidio contra menores. Esto dijo el exfuncionario.El reciente caso del asesinato y desmembramiento de Sofía Delgado, una niña de doce años, ha encendido la indignación en Colombia y avivado el debate sobre la reforma a la justicia. Yesid Reyes, exministro de Justicia, abordó este tema en una reciente entrevista, donde expuso la necesidad de examinar el sistema penal en relación con los delitos contra menores.La indignación nacional y la respuesta del CongresoLuego de la tragedia de Sofía Delgado, la opinión pública se ha mostrado inflexible ante cualquier insinuación de beneficios a los criminales que cometen actos atroces contra niños. Las críticas se centraron particularmente en las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre una propuesta que permite reducir penas si los delincuentes colaboran o confiesan. La respuesta de Yesid Reyes fue clara: "No debería haber privilegios para quienes cometen crímenes contra niños".El dilema de la celeridad en los procesos judicialesReyes argumentó que es vital encontrar un balance entre la severidad de las penas y la celeridad de los procesos judiciales. Señaló que la prohibición de los preacuerdos ha llevado a un aumento en la duración de los procesos y una disminución en el porcentaje de condenas. "Desde que se prohibieron las rebajas, hemos visto que los casos se prolongan y son pocos los que llegan a condena".Un punto de debate relevante es si realmente los criminales de delitos contra menores estarían dispuestos a confesar a cambio de una rebaja de pena. Reyes aseguró que existen estadísticas que demuestran que antes de la prohibición de preacuerdos, los niveles de condena eran más altos. Este fenómeno tiende a hacer que los delincuentes opten por arriesgarse en juicio, especialmente ante la falta de incentivos para aceptar la culpabilidad.La dilación y su contextoA pesar de que las reducciones de penas fueron inicialmente diseñadas para desmantelar organizaciones criminales, Reyes defiende la idea de que deben también aplicarse al contexto de delitos individuales contra niños."El tema de la rebaja de penas puede ayudar a que se impongan sentencias más rápidamente, en lugar de tener casos que se alargan en el tiempo", mencionó.La propuesta de aumentar las penasFrente a la creciente presión por mayores castigos, Reyes propuso una solución intermedia: aumentar las penas de los delitos contra niños y al mismo tiempo permitir una reducción para quienes acepten su responsabilidad. Esto se presentaría como un equilibrio que podría mejorar las tasas de condena sin necesariamente rebajar las penas.Sin embargo, la posibilidad de implementar una cadena perpetua ha sido descartada por la Corte Constitucional, que ha establecido que dicha pena violaría derechos fundamentales. Aún así, el debate continúa, y muchos congresistas siguen presionando por un endurecimiento de las penas.El caso de Sofía Delgado y la posibilidad de una reforma efectiva a la justicia en Colombia está en la mesa. La discusión se centra no sólo en qué tan severas deben ser las penas, sino en cómo mejorar la celeridad en el sistema judicial para proteger a los niños. Jesse Reyes deja claro que el reto es encontrar un equilibrio que garantice justicia efectiva sin comprometer los derechos fundamentales de los acusados. En un contexto donde el clamor por justicia es intenso, el futuro del sistema penal colombiano depende del diálogo y la búsqueda de soluciones efectivas.Escuche la entrevista completa acá:
Un hombre en Texas, condenado por causar la muerte de su hija, insistió en su inocencia este martes, apoyado por el policía que antes lo acusó y respaldado por el activista en la lucha contra errores judiciales, John Grisham.Robert Roberson, de 57 años, tiene su ejecución programada para el 17 de octubre, luego de que un tribunal de Texas lo hallara culpable en 2003 de provocar un daño mortal a su bebé de 2 años, conocido como síndrome del bebé sacudido, que ocurre cuando el menor es agitado con fuerza.Basándose en nueva evidencia, sus abogados, apoyados por legisladores, médicos y activistas de distintas banderas presentaron el martes un pedido de clemencia al gobierno de Texas y a la Junta de Indultos, para que consideren una pena menor o una prórroga de 180 días para evaluar el pedido.Aseguran que la hija de Roberson murió por una neumonía no diagnosticada y falta de atención médica oportuna en un hospital de un pueblo rural de Texas. Detallan que, días antes de su fallecimiento, Roberson buscó atención médica para su hija porque presentaba problemas respiratorios, pero fue enviada de vuelta a casa con un tratamiento que empeoró su condición.El día del incidente, Roberson llevó a su hija en grave estado al hospital. Médicos reactivaron su corazón, pero ella ya presentaba señales de muerte cerebral.Sin oxígeno, el cerebro de la niña se hinchó y desplazó y la sangre bombeada por el corazón se acumuló en la cabeza. Los médicos diagnosticaron el caso como síndrome del bebé sacudido y Roberson fue responsabilizado, sostienen sus abogados.Médicos y policías basaron también sus apreciaciones en que Roberson no mostraba emociones, lo que pudo deberse a su espectro autista, diagnosticado posteriormente a la condena. Ello condicionó la acusación, dijo la defensa."Texas se está preparando para ejecutar a Forrest Gump", consideró la abogada de Roberson, Gretchen Sween, en referencia al protagonista de la película que interpretó Tom Hanks. Describió a su defendido como un hombre bondadoso y que atravesó problemas desde su juventud, por su autismo."No se trata de un caso en el que el sistema se equivocó de persona, sino de uno en el que no se cometió ningún delito", dijo el escritor y abogado John Grisham."Siempre estaré atormentado por el papel que desempeñé al ayudar al Estado a poner a este hombre inocente en el corredor de la muerte (...) El caso de Robert siempre será una carga en mi corazón y en mi alma. Pero no es demasiado tarde para que Texas cambie de rumbo y detenga su ejecución", ha dicho Brian Warton, el policía que lideró la investigación que lo acusó.
El expresidente y candidato presidencial Donald Trump prometió este viernes que aplicará la pena de muerte para tres categorías de personas: aquellos que maten a un policía, narcotraficantes y proxenetas.Trump hizo la 'promesa' durante un mitin ante la Fraternidad de Policía de Charlotte (Carolina del Norte), ante un público entregado; allí, Trump dedicó lo esencial de su discurso a la inseguridad y "las bandas criminales que están arrasando nuestras ciudades".Fue entonces cuando desgranó las que serían en su nuevo mandato las penas que impondrá para los crímenes más graves: "Pena de muerte para los narcotraficantes y cualquiera culpable de tráfico sexual de niños y mujeres, que está sucediendo en cifras masivas, y también pedimos una contundente pena de muerte para quien mate a un agente de policía".La audiencia de policías y allegados estalló entonces en un largo aplauso.En lo relativo a los narcotraficantes, aseguró que tomó la idea del presidente chino Xi Jinping, con quien se "llevaba muy bien" en los años prepandemia"."Le dije, ¿ustedes tienen un problema de drogas? No, ninguno. ¿Y a qué se debe? A la pena de muerte, pena de muerte para los narcotraficantes, y así no tienen ni el menor problema con eso. El único problema es que nos envían la droga a nosotros", concluyó.Trump dijo que a su contrincante y actual vicepresidenta, "Kamala Harris y los comunistas", se les debe "esa plaga de derramamiento de sangre, crímenes, caos, miseria y muerte sobre nuestras ciudades", y detalló entonces algunas cifras de criminalidad en ciudades como Chicago -"es peor que Afganistán"- o Baltimore.Continuó describiendo ciudades como Nueva York pobladas por vagabundos "en cifras no vistas en veinte años", inmigrantes ilegales, madres "que no se atreven a salir con sus hijos al parque", donde "los grafitis lo invaden todo" y los inocentes "son víctimas de ataques aleatorios o brutales".Antes de la reunión de Trump con la junta directiva del grupo policial esta tarde, el grupo anunció que lo respaldaba para presidente. Se trata del grupo laboral policial más grande, con más de 350.000 miembros, y en el pasado ha respaldado a candidatos de ambos partidos principales, pero es la tercera vez que apoya a Trump.
El español Daniel Sancho asegura estar "preparado para lo mejor y para lo peor" ante la sentencia que determinará el 29 de agosto si es o no culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia el pasado año."Estoy preparado para lo mejor y para lo peor", dijo Sancho el 22 de agosto en la prisión de Samui (sur de Tailandia) al ser preguntado cómo afronta el fallo, aunque se mostró optimista y convencido de que el juez va a descartar que la muerte de Arrieta se debiera a un asesinato premeditado.El español consideró que durante el juicio "quedó claro que fue un accidente", en referencia a la muerte de Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Phangan, y citó las pruebas forenses presentadas por la defensa que, según él, demostrarían que el fallecimiento se debió a una pelea.Sancho, de 30 años, hizo estas declaraciones durante una visita a la cárcel y la conversación se llevó a cabo a través de un cristal y un teléfono sin que se pudiera grabar ni tomar notas.Tras más de un año en prisión preventiva, el joven admitió que vive con impaciencia la espera para conocer la sentencia y que los meses desde la celebración del juicio, que concluyó el pasado mayo, se le han hecho "muy largos"."Hasta el juicio era un hombre con una misión", afirmó, e indicó que pasó mucho tiempo centrado y preparándose para el proceso, en el que tuvo un papel muy activo, ya que el juez le permitió hacer preguntas a los testigos.El juicioDurante el juicio, celebrado a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui entre el 9 de abril y el 2 de mayo, el acusado y su equipo de defensa sostuvieron que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea y que el español actuó en defensa propia ante un supuesto intento de agresión sexual.La Fiscalía, por su parte, trató de probar mediante decenas de pruebas y testigos, incluida la compra de cuchillos y una sierra, que Sancho planificó los días previos el asesinato y descuartizamiento de Arrieta, de 44 años, cuyos restos fueron encontrados en varios lugares de Phangan, incluido el mar.La autopsia efectuada al cirujano colombiano no resultó concluyente al no haberse encontrado partes del cuerpo clave como el torso.El español, quien mantiene los últimos días antes de escuchar la sentencia su rutina habitual de ejercicio y lectura, había quedado con el cirujano colombiano, a quien conocía desde 2022, el mismo día de los hechos.La sentenciaEl acusado, que en un principio confesó el crimen ante la Policía de Phangan, acudirá a la lectura de la sentencia el próximo jueves en el tribunal de Samui, donde se celebró el juicio en medio de una enorme atención mediática.Según fuentes cercanas al caso, la sentencia ya está redactada y ha sido enviada para su ratificación a la oficina del juez decano de Surat Thani (provincia de la que depende Samui).Sancho aseguró que le da "tranquilidad" y "confianza" en el proceso este trámite, habitual en Tailandia para casos graves, tanto penales como civiles, que puedan implicar penas o indemnizaciones altas.El código penal tailandés contempla desde los 15 años de cárcel hasta la pena de muerte en los casos de asesinato, si bien Tailandia apenas aplica este último castigo y se suele conmutar por otros más bajos.Los casos de homicidio involuntario son penados con entre 3 y 15 años de cárcel.El español está acusado también de descuartizar el cuerpo de Arrieta -de lo que se ha declarado culpable- y de hacer desaparecer su pasaporte, delitos que podrían conllevar entre uno y seis años de prisión, respectivamente.El acceso a la sala del tribunal durante la lectura de la sentencia este jueves será muy restringido, y el juez no decidirá hasta el último momento quién puede entrar.Está previsto, sin embargo, que el padre y la madre del acusado, el actor español Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo, sí estén presentes en la sala, así como el fiscal, los abogados tailandeses de la defensa y los que representan en el país asiático a la familia de la víctima.La familia de Arrieta en principio no acudirá a la lectura de la sentencia, y por el momento no han querido hacer declaraciones sobre cómo afrontan el fallo.
Las autoridades iraníes ejecutaron a un vidente condenado a muerte por violación y agresión sexual tras más de tres años en prisión, anunció el miércoles la agencia oficial de la autoridad judicial."Un vidente que había agredido a mujeres y chicas jóvenes", utilizando sus servicios de adivinación para engañar a sus clientas, "fue ejecutado en la cárcel de Yazd", indicó Mizan Online citando a Hosein Tahmasebi, presidente del Tribunal Supremo de la provincia central donde se encuentra el centro penitenciario.Irán, que mantiene la pena de muerte para varios delitos, entre ellos la violación y la agresión sexual, es el país que más ejecuciones lleva a cabo al año después de China, según la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional.El papa se pronuncia sobre la pena de muerteEl papa Francisco reafirmó su condena a la pena de muerte y aseguró "que no da justicia y es un veneno para la sociedad" en el prefacio del libro recientemente publicado del abogado Dale Recinella, que acompaña espiritualmente a los condenados a muerte en Estados Unidos.En el libro 'Un cristiano en el corredor de la muerte', el papa reitera que "la pena de muerte no es en modo alguno la solución a la violencia que puede afectar a personas inocentes" y que las ejecuciones capitales, lejos de proporcionar justicia, alimentan un sentimiento de venganza que se convierte en un veneno peligroso para el cuerpo de nuestras sociedades civiles"."Los Estados deberían preocuparse por permitir a los prisioneros a oportunidad de cambiar verdaderamente sus vidas, en lugar de invertir dinero y recursos en reprimirlos, como si fueran seres humanos que ya no merecen vivir y ser eliminados", escribe Francisco.
Un temblor de magnitud 6,7 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El temblor se sintió a las 07.34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
Un sismo de magnitud 7,4 sacudió buena parte del territorio colombiano durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m., hora local, y tuvo como epicentro un punto ubicado a 20 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Según el reporte actualizado del SGC, el evento tuvo una profundidad de 96 kilómetros, con coordenadas aproximadas de 5,04 grados de latitud y -76,34 grados de longitud.UNGRD activa protocolos tras el fuerte sismo en ColombiaTras el movimiento telúrico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó los protocolos de seguimiento y verificación en las diferentes zonas del país donde fue percibido.La entidad informó que mantiene comunicación con las autoridades territoriales y con las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para establecer si se presentaron daños o afectaciones.“Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (#SNGRD) para verificar posibles afectaciones”, informó la entidad.Por ahora, el proceso se concentra en recopilar reportes de las regiones donde la intensidad del movimiento fue mayor y determinar si existen afectaciones en viviendas, infraestructura, vías o servicios públicos.Sismo se sintió en varias ciudades de ColombiaLa magnitud del evento hizo que el temblor fuera percibido en diferentes departamentos del país.Los reportes ciudadanos señalaron que el movimiento se sintió en ciudades como Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué, entre otras zonas del occidente y centro de Colombia.La profundidad del sismo, establecida en 96 kilómetros, también es un factor relevante para explicar que las ondas sísmicas fueran percibidas a una distancia considerable del epicentro.¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?El epicentro del sismo de este lunes 10 de agosto de 2026 fue localizado por el Servicio Geológico Colombiano a 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó.El boletín actualizado establece:Hora: 7:34 a. m.Magnitud: 7,4Epicentro: 20 km de San José del Palmar, ChocóProfundidad: 96 kmLatitud: 5,04Longitud: -76,34El SGC advierte que la información de sus boletines sísmicos está sujeta a cambios mientras avanzan los procesos de revisión y procesamiento de los datos.
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La captura de alias ‘Bonito’ o ‘Boni’, señalado como segundo cabecilla de los ‘Comandos de Frontera’ e integrante de las disidencias de las Farc, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, confirmó que este objetivo de alto valor utilizaba tácticas de ocultamiento sofisticadas, que incluían intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia física y evadir a las autoridades.¿Quién es alias ‘Bonito’ y por qué era un objetivo prioritario?Alias ‘Bonito’ mantenía una trayectoria criminal de más de 20 años. Según el coronel Reyes, el capturado no solo tenía injerencia en departamentos como Caquetá, Huila y Putumayo, sino que extendía sus tentáculos hasta el Amazonas y el vecino país de Ecuador. “Coordinaba todas las actividades de narcotráfico y acciones contra la fuerza pública y población civil. Tenía un alcance importante”, explicó el oficial. Este hombre, que respondía a cabecillas como alias ‘El Árabe’, era pieza clave en el control de economías ilícitas y el sicariato en la región.¿Cómo lograba evadir a las autoridades este cabecilla?La investigación reveló que ‘Bonito’ adoptó el perfil de los denominados "narcos invisibles". En lugar de refugiarse en campamentos tradicionales en la selva, el criminal se hacía pasar por un próspero empresario o ganadero de la región. Esta fachada, sumada a su capacidad económica, le permitía vivir en propiedades de lujo que contrastaban con su actividad delictiva.El aspecto físico fue una de sus herramientas de camuflaje más recurrentes. "Estos sujetos, con su capacidad económica, pueden lograr cambios en su aspecto con cirugías. Al parecer sí se había hecho algunas mejoras o cambios en su fisonomía, por eso no era tan fácil llegar a ellos", señaló el coronel Reyes.¿Qué implica esta captura para la seguridad en el Meta?La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, resaltó que este resultado es fruto de una fuerza pública que hoy se siente "más confiada y tranquila" para ejecutar operativos. La mandataria enfatizó que, más allá de la acción militar, es imperativo un trabajo mancomunado que incluya la presencia integral del Estado. “Necesitamos llegarle más a la población con inversión en vías, salud y educación, para contrarrestar el control territorial que ejercen estos grupos insurgentes mediante la coerción a las comunidades”, indicó la gobernadora.Tras ser conducido a Bogotá, alias ‘Bonito’ quedó a disposición de las autoridades competentes. La operación, que requirió meses de trabajo conjunto entre el Gaula, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial, es vista como un golpe contundente a la estructura de los ‘Comandos de Frontera’, debilitando así la cadena de mando del narcotráfico en el sur del país.
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".
