El Congreso de Paraguay no aceptó la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña y decidió avanzar con el juicio político en su contra, en medio de la crisis desatada por el cierre de Ueno Bank, entidad financiera señalada por recibir millonarios recursos de instituciones públicas durante su Gobierno. La decisión mantiene al mandatario formalmente en el cargo, mientras los legisladores buscan su destitución.
En este contexto, los abogados de Peña, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, acudieron este viernes al Senado para presentar la defensa técnica y jurídica del gobernante, quien había sido convocado personalmente para comparecer ante el Legislativo, pero decidió no asistir y delegar su representación.
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Los defensores llegaron al pleno cerca de las 13:00 horas locales (16:00 GMT), luego de que el Senado rechazara la solicitud del mandatario de obtener una prórroga de 72 horas para preparar su estrategia. Peña había advertido que las 12 horas concedidas por el Legislativo eran insuficientes para ejercer adecuadamente su derecho a la defensa.
Durante la sesión, los abogados comenzaron a refutar los señalamientos que sustentan el juicio político, en una jornada marcada por la expectativa de una votación que podría terminar con la destitución del presidente. Sin embargo, el escenario político parece desfavorable para el mandatario, pues una amplia mayoría de los legisladores estaría dispuesta a respaldar su salida del poder.
¿Por qué el Congreso no aceptó la renuncia de Santiago Peña?
La decisión de no tramitar la renuncia de Peña está relacionada con las consecuencias políticas y jurídicas que tendría su salida voluntaria frente a una destitución mediante juicio político.
El mandatario presentó su dimisión el jueves, en medio del escándalo financiero que involucra a Ueno Bank. No obstante, los legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para pronunciarse sobre su renuncia, por lo que el Congreso no pudo tomar una decisión y Peña permaneció formalmente en la Presidencia.
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La diferencia entre ambos escenarios es significativa: si Peña renunciara y su dimisión fuera aceptada, conservaría los fueros correspondientes a su condición de senador vitalicio. En cambio, si el Parlamento lo destituye mediante el juicio político, perdería esas prerrogativas.
Por esta razón, el Legislativo optó por convocarlo al Senado, que actúa como instancia juzgadora dentro del procedimiento, para que responda a las acusaciones antes de que se produzca una eventual decisión sobre su continuidad en el poder.
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La crisis de Ueno Bank que salpicó al Gobierno
La crisis política que enfrenta Paraguay tiene como detonante la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un proceso de resolución de Ueno Bank, una institución financiera que administraba los recursos de más de 2,9 millones de clientes.
El organismo regulador detectó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
El caso adquirió una dimensión política debido a los vínculos señalados entre el presidente Peña y la entidad financiera, así como a los millonarios recursos que instituciones públicas habrían destinado al banco durante su administración.
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La situación puso bajo presión al Gobierno y terminó por comprometer la continuidad del mandatario, quien presentó su renuncia en medio de los cuestionamientos.
Ahora, con el Congreso sin aceptar su dimisión y el juicio político en marcha, el futuro de Santiago Peña depende de la decisión de los legisladores. La jornada en el Senado es un momento decisivo para la política paraguaya, pues una eventual destitución no solo pondría fin a su mandato, sino que también tendría consecuencias sobre los privilegios institucionales que habría conservado si su renuncia hubiese sido aceptada.