La ofensiva del Gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) podría tener repercusiones más allá de ese país y alcanzar a naciones como Colombia, que históricamente han mantenido una relación con este tribunal.
Así lo explicó el abogado Raúl Eduardo Sánchez, litigante admitido ante la CPI y profesor de la Universidad del Rosario, quien advirtió que el debilitamiento de esta instancia tendría implicaciones para la justicia internacional.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el experto hizo un repaso de la relación entre Washington y la Corte Penal Internacional, al tiempo que explicó por qué la situación también resulta relevante para Colombia y otros países de la región.
¿Por qué Estados Unidos busca debilitar la Corte Penal Internacional?
Según Sánchez, la posición de Estados Unidos frente a la CPI no es nueva. Recordó que el país firmó el Estatuto de Roma durante el gobierno de Bill Clinton, pero nunca lo ratificó, y posteriormente la administración de George W. Bush retiró incluso ese respaldo inicial.
El abogado señaló que uno de los principales motivos de la oposición estadounidense ha sido evitar que sus ciudadanos puedan ser investigados por presuntos crímenes internacionales.
Explicó que esa tensión aumentó cuando la entonces fiscal de la CPI abrió investigaciones sobre posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán, en las que podían aparecer involucrados ciudadanos estadounidenses.
A ello se sumaron investigaciones relacionadas con actuaciones del Reino Unido en Irak, lo que, según el experto, incrementó el rechazo de algunos gobiernos hacia el tribunal.
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¿Cómo impacta esta situación a Colombia?
Sánchez recordó que Colombia mantiene una relación histórica con la Corte Penal Internacional y que incluso suscribió acuerdos con Estados Unidos mediante los cuales militares estadounidenses quedaron protegidos frente a eventuales investigaciones del tribunal.
El jurista explicó que esos acuerdos establecen que los soldados estadounidenses no pueden ser entregados ni investigados por la CPI a través de los Estados firmantes, lo que calificó como mecanismos de inmunidad.
Por esa razón, considera que cualquier intento por debilitar el funcionamiento de la Corte tiene repercusiones para países que hacen parte del Estatuto de Roma, entre ellos Colombia.
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¿Qué ocurre si un país abandona la Corte Penal Internacional?
Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que un Estado decida retirarse del Estatuto de Roma, como se ha planteado en medio de la discusión sobre Venezuela.
Frente a ello, Sánchez aclaró que abandonar la Corte no significa que desaparezcan automáticamente las investigaciones en curso.
"Aunque se retire cualquier Estado de la Corte Penal Internacional, la competencia y la jurisdicción se mantienen vigentes hasta el día de su retiro", explicó.
En ese sentido, sostuvo que los procesos abiertos contra funcionarios o autoridades por hechos ocurridos mientras el país pertenecía al tratado continúan su curso.
¿Qué pasa con Venezuela?
El abogado recordó que Venezuela enfrenta una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con hechos ocurridos desde 2014.
Precisó que ese proceso se originó tras una remisión presentada en 2018 por varios países, entre ellos Colombia, Argentina, Canadá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Por ello, explicó que incluso si Venezuela decidiera retirarse del Estatuto de Roma, la investigación seguiría adelante respecto de los hechos ocurridos mientras el país hacía parte del sistema.
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Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
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