os países miembros del Grupo de Lima exhortaron de forma urgente a ese gobierno para que se esclarezca la verdad.
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Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú suscribieron un documento en el que repudiaron intentos de manipulación tras suspicacias de persecución contra diputados de la Asamblea Nacional Constituyente.
Además de condenar la violación del debido proceso penal y de las normas internacionales, tras la detención arbitraria de Juan Carlos Requesens, diputado venezolano, y la orden de captura de Julio Borges, en lo que denominaron como abierta violación a sus fueros parlamentarios y garantías e inmunidades previstas en la constitución de Venezuela, se expresaron inquietudes por la forma en que se utilizan las instituciones del estado en lo que fuere una persecución a la oposición.
“Expresan su profunda inquietud por la utilización de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado venezolano para perseguir a los opositores políticos, lo que evidencia una vez más la ruptura del orden democrático y el quebrantamiento de la Constitución de ese país, contraria a la voluntad del pueblo venezolano”, señala el comunicado conjunto.
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Concluyeron manifestando preocupación por el estado de los presos políticos, exigiendo liberación inmediata y el respeto de las garantías y libertades políticas de los ciudadanos venezolanos sumado a un llamado para que haya elecciones democráticas bajo el término de la transparencia. El compromiso compartido es para tomar acciones que permitan la búsqueda de la restauración de la institucionalidad democrática.
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