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El gobierno de Daniel Ortega liberó este martes a medio centenar de "presos políticos", entre ellos los principales dirigentes de las protestas ciudadanas que estallaron hace más de un año bajo una ley de Amnistía que, según la oposición, dejará impune la represión gubernamental.
También quedaron en libertad los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, a quienes un juez afín al presidente Ortega había condenado a 216 y 210 años de prisión, respectivamente.
Además, a los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nahiroby Olivas, Byron Corea y Kevin Espinoza; a la líder de los comerciantes Irlanda Jérez; y los dirigentes opositores Yubrank Suazo y Cristhian Fajardo.
Asimismo, el coronel retirado Carlos Brenes, fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS) y antiguo compañero de guerrilla del presidente Ortega, el mayor retirado Tomás Maldonado, y el catedrático Ricardo Baltodano, hermano de la antigua comandante guerrillera sandinista y ahora opositora Mónica Baltodano.
inculpados por la muerte de un periodista.
Vea aquí: Nicaragua aprueba amnistía para presos y responsables de reprimir protestas
El Ministerio de Gobernación explicó en una declaración que el mandatario ordenó la liberación de 56 personas que guardaban prisión "por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública", en cumplimiento a una polémica Ley de Amnistía.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trasladó a las 56 personas hasta sus domicilios para entregarlos a sus familiares, de acuerdo con la información.
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La liberación de los principales dirigentes de las protestas ciudadanas se dio en medio de un ambiente de fiesta y júbilo, pero también de denuncias sobre los malos tratos vividos en prisión.
Cada uno fue recibido por sus familiares y vecinos en ambientes festivos, en algunos casos, con música tradicional nicaragüense o símbolos religiosos, pero siempre con banderas de Nicaragua, globos blanquiazules y el himno nacional, unas manifestaciones que las autoridades consideran subversivas.
Entre las primeras cosas que hicieron los recién liberados fue denunciar las torturas que vieron y vivieron durante meses dentro de las cárceles de Nicaragua.
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La periodista Lucía Pineda relató que el aislamiento y el maltrato marcaron su detención de unos seis meses: "durante dos semanas estuve defecando en mi mano porque el inodoro de mi celda no funcionaba", afirmó.
En tanto, la líder opositora Irlanda Jerez denunció que fue víctima de abusos sexuales.
Tras ser liberados, los opositores gritaban consignas como "viva Nicaragua libre", "patria libre para vivir", "justicia", mientras se fundían en abrazos, empuñaban sus manos en señal de victoria, levantaban banderas y entonaban las notas del himno nacional.
El líder opositor Yubrank Suazo, quien en 2018 Suazo declaró a Masaya "territorio libre del dictador", fue recibido este martes como héroe en su ciudad, tras permanecer nueve meses en la cárcel.
Suazo reclamó elecciones inmediatas pues "Nicaragua necesita un cambio", y afirmó que Ortega "se equivocó" con la Ley de Amnistía, "porque se mantienen firmes".
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó la liberación de 56 "presos políticos", pero consideró que "cumplir íntegramente lo acordado y avanzar en temas pendientes es imprescindible para los y las nicaragüenses".
La Secretaría General de la OEA ha actuado como garante y testigo del diálogo entre el gobierno nicaragüense y la opositora Alianza Cívica, que comenzó el 27 de febrero y se suspendió el 3 de abril ante la imposibilidad de lograr acuerdos.
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Costa Rica celebró asimismo la liberación de los detenidos en Nicaragua, entre ellos la periodista costarricense-nicaragüense, Lucía Pineda.
"Costa Rica, como país defensor de los Derechos Humanos y de las libertades, celebra que la periodista Lucía Pineda y otros presos políticos han sido sacados de la cárcel, donde nunca debían haber estado por hacer uso de su libertad expresión", afirmó en un comunicado el canciller costarricense, Manuel Ventura.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno reconoce solo 199.
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